Carlos Alberto Angelino Barrón

Expediente 388/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Sinaloa. 8 actuaciones registradas, la última del 1 de agosto de 2022.

Datos del expediente

Expediente
388/2022
Año
2022
Actuaciones
8
Última actuación
01/08/2022

Partes del expediente

  • Edwin Daniel Guerra Cordova
  • Carlos Alberto Angelino Barrón
  • Enrique Alvarado Saucillo y Otros.
  • Carlos Alberto Angelino Barrón y Otros.
  • Enrique Alvarado Saucillo

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    En Culiacán, Sinaloa, a uno de agosto de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el oficio de cuenta remitido por la Secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el Estado, mediante el cual informa que se remitieron los autos originales al Tribunal Colegiado en Materia Penal del Noveno Circuito, a efecto de que proceda a calificar el impedimento que ahí menciona. En atención a lo anterior, se queda a la espera de lo que resuelva esa Superioridad. Notifíquese. Así lo acordó el licenciado Pedro Jara Venegas, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Sinaloa, asistido del licenciado José Alejandro Bringas Aquino, Secretario que da fe.

  2. Principal

    Culiacán, Sinaloa, diecinueve de julio de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el oficio que remite el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con residencia en Tampico, al que acompaña el juicio de amparo 555/2022-V de su índice relativo al juicio de amparo 388/2022 del índice de este Juzgado virtud que rechazó la competencia declinada para conocer del asunto. En atención a lo anterior, de conformidad con el artículo 48 de la Ley de Amparo, cuando se presenta demanda de amparo ante Juez de Distrito y estima carece de competencia para su conocimiento, deberá remitir la demanda con sus anexos al juez o tribunal competente para que decida si acepta o no la competencia. Ahora, del análisis íntegro de la demanda de amparo se advierte que este juzgado carece de competencia para conocer de ésta, en atención que la parte quejosa reclama la reubicación en la Penitenciaria de la Ciudad de México o su traslado. Al respecto, este órgano jurisdiccional estima que carece de legal competencia en razón de territorio para conocer del estudio de la demanda, ya que el acto tendrá ejecución en Ciudad de México; para evidenciarlo, conviene citar el artículo 37 de la Ley de Amparo, que dice lo siguiente: 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Del numeral trascrito, se desprenden tres reglas generales respecto de la competencia de los Jueces de Distrito para conocer de los juicios de amparo que se promuevan ante su potestad, a saber: Cuando el acto reclamado requiere ejecución material, será competente para conocer del asunto, el juez en cuya jurisdicción deba ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado dicho acto. Tratándose de actos que puedan tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Si el acto reclamado no requiere ejecución material, es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. En ese contexto, se colige que el punto toral para determinar la competencia de los Juzgados de Distrito, en el caso en que el acto reclamado sea de naturaleza positiva, es decir, implique hacer de la autoridad responsable, o bien que surta sus efectos en un distrito judicial determinado; esto es, ante un acto positivo que tiene por efecto producir alguna alteración al mundo fáctico, es el lugar donde tenga verificativo su ejecución o sus consecuencias. En el caso concreto, como se precisó, parte quejosa reclama la orden de reubicación en el centro de reclusión, es decir, la Penitenciaria de la Ciudad de México, a diversas áreas. En tal virtud, con ello se surte la hipótesis prevista en el primer párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo. En efecto, al no tener noticia cierta que la reubicación reclamada tendrá ejecución en esta ciudad, en tanto, lo único objetivo es que los quejosos están recluidos en el indicado centro, luego, ahí empezara la ejecución del acto reclamado, lo que da competencia al Juzgado de Distrito en dicha ciudad. Al tenor es aplicable la jurisprudencia 1a./J. 64/2019 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada el viernes 18 de octubre de 2019, en el Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, que dice: COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO CONTRA LA ORDEN DE TRASLADO DE UN INTERNO DE UN CENTRO DE RECLUSIÓN A OTRO, CUANDO SÓLO SE TIENE NOTICIA CIERTA DEL LUGAR DONDE COMENZARÁ LA EJECUCIÓN DE ESE ACTO, PERO NO DEL SITIO DONDE CONTINUARÁ EJECUTÁNDOSE. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO CON RESIDENCIA EN EL LUGAR DONDE EL QUEJOSO SE ENCUENTRE RECLUIDO. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 90/2007- PS, de la que derivó la jurisprudencia 1a./J. 35/2008, de rubro: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO INTERPUESTO CONTRA UNA ORDEN DE TRASLADO DE UN REO DE UN CENTRO PENITENCIARIO A OTRO. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO QUE PREVINO.", determinó que, la orden para trasladar a un reo de un centro de reclusión a otro, por su naturaleza jurídica, es un acto de tracto sucesivo, pues sus efectos no se agotan con su sola emisión, sino que se prolongan en el tiempo con motivo de su ejecución, la cual culmina hasta que es ingresado en el otro centro penitenciario; dicho criterio tomó como referencia lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo 36 de la Ley de Amparo abrogada, cuyo contenido es similar a la regla competencial prevista en el segundo párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo vigente. En esa ocasión no se analizó si tal porción normativa resultaba aplicable para determinar qué Juez de Distrito es el legalmente competente por razón de territorio para conocer de una demanda de amparo indirecto promovida contra la orden de traslado de un interno de un centro penitenciario a otro, ubicado en un Distrito Judicial distinto, cuando sólo se tiene noticia cierta sobre el lugar donde comenzará la ejecución de ese acto, pero no del sitio donde continuará ejecutándose. Así, para esta Primera Sala en ese caso específico no puede aplicarse esa regla competencial, dado que su actualización parte de la existencia de datos objetivos que permitan colegir que el acto reclamado tendrá ejecución en un Distrito Judicial distinto del cual se tenga noticia cierta. De no constar esa información, la competencia para conocer del asunto corresponderá al Juez de Distrito con residencia en el lugar donde el quejoso se encuentre recluido, en términos del párrafo primero del mencionado artículo 37, pues no hay duda de que ahí se iniciará a materializar ese acto de autoridad y no se sabe si tal traslado será o no a un Distrito Judicial distinto. De lo contrario, la delimitación de la competencia territorial quedaría a voluntad del quejoso, quien estaría en condiciones de presentar la demanda en un lugar distinto al sitio donde está recluido, bajo la sola manifestación, no corroborada de que la citada orden de traslado "podría" ejecutarse en aquella demarcación territorial, sin importar si efectivamente esto será o no así. Por tanto, la regla prevista en el párrafo segundo del artículo 37 de la Ley de Amparo para decidir qué Juez de Distrito es el competente para conocer del asunto, a prevención, sólo es aplicable cuando el traslado: a) efectivamente sea a un centro de reclusión ubicado en un distinto Distrito Judicial; y b) se tenga noticia cierta del Distrito Judicial al que se trasladará. En relatadas condiciones, este órgano jurisdiccional declara que carece de competencia legal por territorio para conocer del presente juicio, por lo que debe conocer el Juez de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, San Luis Potosí, virtud que la parte quejosa señaló como autoridades responsables a todos los Jueces de Distrito de Amparo en Materia Penal de Ciudad de México, así como a los Jueces de Distrito de los Estados de: Aguascalientes, Colima, Chiapas, Campeche, Coahuila, Chihuahua, Durango, Estado de México, Guerrero, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Nayarit, Nuevo León, Morelos, Michoacán, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí (excepto la capital), Sinaloa, Sonora, Tlaxcala, Veracruz, Tabasco, Yucatán y Zacatecas. De ahí que se determine que el juez competente más cercano para conocer de la presente demanda de amparo es el residente en el Estado de San Luis Potosí, con sede en San Luis Potosí. Por tanto, fórmese el cuaderno de antecedentes respectivo y remítase la demanda a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, con residencia en San Luis Potosí. Notifíquese.

  3. Principal

    Culiacán, Sinaloa, dos de junio de dos mil veintidós. Agréguese a los autos los oficios remitidos por el Director, Subdirección Jurídica, el Secretario del Comité Técnico, la Jefe de la Unidad Jurídica y Normativa, la Subdirección de Seguridad, la Subdirectora de Apoyo Técnico y el Jefe del Centro de Diagnóstico, Ubicación y Determinación de Tratamiento, todos de la Penitenciaria de la Ciudad de México, mediante los cuales rinden informe en relación a la suspensión de plano; lo que se agrega con fundamento en el artículo 126 de la Ley de Amparo. Notifíquese.

  4. Principal

    Culiacán, Sinaloa, tres de mayo de dos mil veintidós. Agréguese a los autos los oficios remitidos por el Director General de Servicios Legales en representación de la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México y por el Director de Normatividad de la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico de la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México, mediante los cuales rinden informe en relación a la suspensión de plano; lo que se agrega con fundamento en el artículo 126 de la Ley de Amparo. Notifíquese.

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