CARLOS ALBERTO ANGELINO BARRON y Otros.
Expediente 683/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sinaloa. 3 actuaciones registradas, la última del 15 de julio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 683/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 15/07/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sinaloa · Sinaloa
Partes del expediente
- CARLOS ALBERTO ANGELINO BARRON y Otros.
- Edwin Daniel Guerra Córdova
Actuaciones
- Principal
Agréguese el oficio 723/2022 y anexo recibido vía estafeta, procedente del Juzgado Noveno de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, mediante el cual devuelve diligenciado el exhorto 258/2022 encomendado por este órgano jurisdiccional, del que se advierte que se notificó a la parte quejosa por conducto de su representante común ** , el auto de cuatro de julio del año actual, dictado en el juicio de amparo que nos ocupa. Ahora bien, tomando en consideración que el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Sonora, con residencia en Ciudad Obregón, aceptó la competencia declinada por este juzgado y se avocó al conocimiento del asunto que radicó bajo el juicio de amparo número 797/2022. En tal contexto, remítase al Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Sonora, con residencia en Ciudad Obregón, el exhorto que se recibe, previa copia que se deje agregada en autos. Se solicita acuse de recibo.
- Principal
Agréguese el oficio *** y anexo recibido vía electrónica, procedente del Juzgado Noveno de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, mediante el cual devuelve diligenciado el exhorto 258/2022 encomendado por este órgano jurisdiccional, del que se advierte que se notificó a la parte quejosa por conducto de su representante común ***, el auto de cuatro de julio del año actual, dictado en el juicio de amparo que nos ocupa. Sin que haya lugar a acusar de recibo, toda vez que el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) expide dicha constancia. Por otra parte, agréguese el oficio 21484/2022 recibido vía electrónica, procedente del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Sonora, con residencia en Ciudad Obregón, mediante el cual transcribe el proveído de ocho de julio del año en curso, del que se advierte que aceptó la competencia declinada por este juzgado y se avocó al conocimiento del asunto que radicó bajo el juicio de amparo número ****. Asimismo, archívese este cuaderno de antecedentes como asunto concluido, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo. Finalmente, en cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se determina que el expediente cuaderno de antecedentes principal es destruible.
- Principal
Vista la demanda de amparo promovida por Vista la demanda de amparo promovida vía electrónica por *** , de conformidad con el último párrafo del artículo 3 de la Ley de Amparo, toda vez que se promueve el presente juicio en términos del numeral 15 de la ley en cita, respecto de actos reclamados del Director de la Penitenciaría de la Ciudad de México, y otras autoridades; con fundamento en los artículos 103, fracción I, 107, fracciones I, VII y XV, de la Constitución Federal; 1°, fracción I, 15, 17, fracción IV, 20, 109 y 126 de la Ley de Amparo, dese curso de inmediato a la misma respecto a los actos reclamados consistentes en los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. I V. Suspensión de plano sin materia por existencia del juicio de amparo 394/2022 del índice de este juzgado y de los diversos 323/2022 de la estadística del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Quintana Roo, con sede en Chetumal, y 1071/2022 y su acumulado, del índice del Juzgado Tercero de Distrito en Materia Administrativa en el Estado de Nuevo León. Respecto la suspensión de plano que solicitan los promoventes por lo que hace a los actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, incluidos ataques a la integridad, dignidad personal y psicoemocional, afectación psicofísicas y emocionales, tortura psicofísica, intimidación, represalias, discriminación, salud y vida, por parte del personal del centro penitenciario en el que se encuentran recluidos los quejosos, con motivo de las ordenes de cambio de dormitorio y/o traslado que dice se emitieron en su contra. Se destaca que con fundamento en el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, constituye hecho notorio para este órgano jurisdiccional las actuaciones que integran el juicio de amparo 394/2022, del índice de este Juzgado Federal y de los diversos 323/2022 de la estadística del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Quintana Roo, con sede en Chetumal, y 1071/2022 y su acumulado, del índice del Juzgado Tercero de Distrito en Materia Administrativa en el Estado de Nuevo León (estos últimos localizados en el cuaderno de varios 100/2022 y 186/2022 del índice de este juzgado), presentadas vía electrónica entre otros, por los mismos promoventes que la que dio origen al presente juicio, contra la mismas autoridades responsables y por idénticos actos reclamados, de las que se advierte que el dieciocho de abril, el dos de mayo y el treinta de junio, todos del año en curso, se concedió la suspensión de plano por lo que se estima que no hay materia que suspender, de conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo. Se cita en apoyo la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 285 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXV, Junio de 2007, Novena Época, con registro electrónico 172215, que dice: "HECHO NOTORIO. PARA QUE SE INVOQUE COMO TAL LA EJECUTORIA DICTADA CON ANTERIORIDAD POR EL PROPIO ÓRGANO JURISDICCIONAL, NO ES NECESARIO QUE LAS CONSTANCIAS RELATIVAS DEBAN CERTIFICARSE. Conforme al artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, los órganos jurisdiccionales pueden invocar hechos notorios aun cuando no hayan sido alegados ni demostrados por las partes. Así, los titulares de los órganos jurisdiccionales pueden válidamente invocar como hechos notorios las resoluciones que hayan emitido, sin que resulte necesaria la certificación de las mismas, pues basta con que al momento de dictar la determinación correspondiente la tengan a la vista". Al igual que la tesis sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible a página 1946, del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Tomo II, marzo de 2014, del tenor siguiente: "SISTEMA INTEGRAL DE SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES. LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN PUEDEN INVOCAR EN SUS RESOLUCIONES LA INFORMACIÓN OBTENIDA DE ÉSTE COMO HECHO NOTORIO Y CONCEDERLE VALOR PROBATORIO PLENO. El Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, en términos de los artículos primero y segundo del Acuerdo General 28/2001 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado el veinticinco de mayo del dos mil uno en el Diario Oficial de la Federación, fue instaurado obligatoriamente en todos los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, con excepción de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Tribunal Electoral, a fin de mantener un registro permanentemente actualizado y veraz de los movimientos relativos a los asuntos de su conocimiento, razón por la que tales órganos pueden invocar en sus resoluciones la información obtenida de éste como hecho notorio y concederle valor probatorio pleno, con apoyo en lo dispuesto por los artículos 79, párrafo segundo, 80 y 197 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del numeral 2o., párrafo segundo, de la Ley de Amparo". VI. Incompetencia. Por otra parte, es necesario destacar que la competencia es un presupuesto procesal básico para ejercer jurisdicción, que por su trascendencia implica una cuestión de orden público, por tanto, es de estudio previo al pronunciamiento sobre la admisión o no de la demanda de amparo. Destacado lo anterior, se precisa que en la demanda que nos ocupa los promoventes señalan como autoridades responsables ordenadoras, entre otras, a los Jueces de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, Jueces de Distrito en Materia Administrativa y Civil en la Ciudad de México, Jueces de Distrito en los Estados de Aguascalientes, Colima, Chiapas, Campeche, Coahuila, Chihuahua, Durango, Estado de México, Guerrero, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Nayarit, Nuevo León, Morelos, Michoacán, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán, Tabasco, Zacatecas y Sonora (excepto los de Ciudad Obregón, Sonora). Ahora bien, el artículo 38 de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 38. Es competente para conocer del juicio de amparo indirecto que se promueva contra los actos de un juez de distrito, otro del mismo distrito y especialización en su caso y, si no lo hubiera, el más cercano dentro de la jurisdicción del circuito al que pertenezca". Por su parte, el primer párrafo del numeral 48 del invocado cuerpo de leyes establece: "Artículo 48. Cuando se presente una demanda de amparo ante jueza o juez de distrito o tribunal colegiado de apelación y estimen carecer de competencia, la remitirán de plano, con sus anexos, a la jueza, juez o tribunal competente, sin decidir sobre la admisión ni sobre la suspensión del acto reclamado, salvo que se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. [.]". En ese contexto y tomando en consideración que los promoventes, como ya se dijo, señalaron como autoridades responsables a los Jueces de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, Jueces de Distrito en Materia Administrativa y Civil en la Ciudad de México, Jueces de Distrito en los Estados de Aguascalientes, Colima, Chiapas, Campeche, Coahuila, Chihuahua, Durango, Estado de México, Guerrero, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Nayarit, Nuevo León, Morelos, Michoacán, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán, Tabasco, Zacatecas y Sonora (excepto los de Ciudad Obregón, Sonora), es evidente que dichos órganos jurisdiccionales tienen el carácter de autoridades responsables en el presente juicio de amparo, acorde al artículo 5, fracción II, de la Ley de la materia; pues con independencia de que hayan emitido o no el acto reclamado destacado, con la calidad señalada ya han adquirido cargas procesales como rendir el informe justificado a que se refiere el artículo 117 de la legislación en comento, puesto que al ser señalados como autoridades responsables, han pasado a ser parte en el respectivo juicio constitucional y no pueden tener el doble carácter de parte procesal y Juez. Ante tales circunstancias, se concluye que los Jueces de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, Jueces de Distrito en Materia Administrativa y Civil en la Ciudad de México, Jueces de Distrito en los Estados de Aguascalientes, Colima, Chiapas, Campeche, Coahuila, Chihuahua, Durango, Estado de México, Guerrero, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Nayarit, Nuevo León, Morelos, Michoacán, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán, Tabasco, Zacatecas y Sonora (excepto los de Ciudad Obregón, Sonora), carecen de competencia legal para tramitar la presente demanda. Ahora bien, en el caso se surten los supuestos a que se refiere el numeral 38 de la Ley de Amparo antes transcrito, el cual establece que es competente para conocer del juicio de amparo que se promueva contra actos de un juez de distrito, otro de la misma categoría, dentro del mismo circuito y, si no lo hubiera, el más cercano dentro de la jurisdicción del circuito al que pertenezca; en consecuencia, con fundamento en el artículo 48 de la Ley de Amparo, se ordena remitir la demanda de amparo al Juez de Distrito en el Estado de Sonora, con residencia en Ciudad Obregón, pues no fue señalado como autoridad responsable y es el más cercano a la jurisdicción de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, lugar en el que se encuentran recluidos los quejosos. Solicítese al homólogo federal que corresponda acuse recibo dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes e indique dentro del mismo lapso si acepta o no la competencia declinada para conocer de la demanda de amparo en cuestión, de conformidad con lo establecido en el segundo párrafo del artículo 48 de la ley de la materia. Sirve de apoyo a lo anterior, por las razones jurídicas que la informan, la jurisprudencia 88/2006, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 75, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXV, Febrero de 2007, que dice: "COMPETENCIA EN EL JUICIO DE AMPARO. CUANDO SE RECLAMA UNA ORDEN DE APREHENSIÓN Y SE SEÑALAN COMO AUTORIDADES RESPONSABLES A TODOS LOS JUECES DE DISTRITO DE UN MISMO ÁMBITO TERRITORIAL, SE SURTE A FAVOR DEL MÁS INMEDIATO. Cuando en una demanda de amparo se reclama una orden de aprehensión y se señalan como autoridades responsables a todos los Jueces de Distrito de un mismo ámbito territorial, éstos tendrán el carácter de autoridad responsable durante toda la secuela procesal conforme al artículo 5o., fracción II, de la Ley de Amparo, por lo que no puede operar la regla general para fijar la competencia establecida en el artículo 36, párrafo primero, de dicho ordenamiento, ya que el juzgador que ha sido señalado como autoridad responsable, independientemente de que ejerza jurisdicción en el lugar en que el acto reclamado podría ejecutarse, ya es parte en el juicio de garantías respectivo y no puede tener el doble carácter de parte procesal y Juez, pues se actualizaría el impedimento previsto en el artículo 66, fracción IV, de la Ley citada. En consecuencia, se concluye que en la hipótesis referida debe atenderse a la regla de excepción contenida en el artículo 42, primer párrafo, de la Ley de Amparo y señalar como competente al Juez de Distrito más inmediato." Sin que sea factible proveer sobre la suspensión del acto reclamado consistente en las órdenes de cambio de dormitorio y traslado, toda vez que no están previstas en el artículo 126 de la Ley de Amparo, en el que se establecen los actos que son susceptibles de suspensión de oficio y de plano, y de conformidad con la tesis 1a. XXI/2021 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada el siete de mayo de dos mil veintiuno, en el Semanario Judicial de la Federación, registro digital 2023063, de rubro: "ORDEN DE TRASLADO DE UN CENTRO PENITENCIARIO A OTRO SIN INTERVENCIÓN JUDICIAL PREVIA. AL CONTAR CON UNA REGULACIÓN ESPECÍFICA EN LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL, CONSTITUYE UN ACTO DICTADO DENTRO DEL PROCEDIMIENTO, AL QUE LE ES APLICABLE EL PLAZO GENÉRICO DE QUINCE DÍAS PARA LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO [ABANDONO DE LAS JURISPRUDENCIAS 1a./J. 83/2015 (10a.) Y 1a./J. 58/2016 (10a.)]". VII. Notificación a la parte quejosa. Con fundamento en el artículo 26, fracción I, inciso a) de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 298 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en auxilio de las labores de este juzgado, gírese exhorto al Juez de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, en turno, para que ordene a quien corresponda notifique el presente auto a Carlos Alberto Angelino Barrón, como representante común de los quejosos, quien se encuentra recluido en las instalaciones de la Penitenciaría de la Ciudad de México. VIII. Habilitación de días y horas inhábiles. Con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que el actuario judicial pueda realizar las diligencias correspondientes. IX. Transparencia y acceso a la información. En términos de los artículos 8, 73,113, 116 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la información Pública, y 5, 6, 7, 8 y 9, del Título Segundo del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la citada ley, es pública la información que tiene bajo su resguardo este juzgado y las partes únicamente pueden oponerse a la publicación de sus datos personales, salvo su nombre en los términos y casos a que se refieren los preceptos antes invocados. X. Digitalización de actuaciones e integración del expediente electrónico. Se comisiona al Secretario actuante, a los oficiales administrativos correspondientes y demás encargados de la digitalización de constancias, y a los Actuarios Judiciales en lo conducente, para efectos de supervisar y/o realizar la captura electrónica de los acuerdos emitidos en el presente asunto, y la digitalización de todas las promociones y documentos que presenten las partes, así como los acuerdos, resoluciones o sentencias y toda información relacionada con el presente asunto, asimismo, en caso de que las promociones y documentos se presenten en forma electrónica, se proceda a su impresión para ser incorporada al expediente impreso, de conformidad con lo previsto en el numeral 3 de la Ley de Amparo, así como en el Capítulo Cuarto, Sección Primera del Acuerdo General 12/2020, del Consejo de la Judicatura Federal, que regula el uso de la tecnología para la impartición de justicia federal, los servicios en línea, los servicios de interconexión, así como los sistemas electrónicos necesarios para el trámite y resolución de los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del Consejo de la Judicatura Federal.
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