Carlos Alberto Angelino Barrón
Expediente 418/2021 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Sinaloa. 2 actuaciones registradas, la última del 20 de julio de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 418/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 20/07/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Sinaloa · Sinaloa
Partes del expediente
- Carlos Alberto Angelino Barrón
- Carlos Alberto Angelino Barrón y Otros.
Actuaciones
- Principal
Mazatlán, Sinaloa, veinte de julio de dos mil veintiuno. Estado de autos. Visto el estado procesal de autos, con apoyo en los artículos 97 y 98, ambos de la Ley de Amparo, 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, en razón de que la parte promovente no recurrió el auto de veintiocho de junio de dos mil veintiuno, por medio del cual se desechó la demanda de amparo, en consecuencia, se declara que el mismo ha causado estado; háganse las anotaciones en el libro de gobierno y archívese el presente expediente como asunto concluido. Orden de Archivo. Notifíquese.
- Principal
Mazatlán, Sinaloa, veintiocho de junio de dos mil veintiuno. Radicación y creación del expediente. Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por ***********, en representación de ********** y ********; fórmese expediente, regístrese en el Libro de Gobierno relativo; dese de alta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes con el número 418/2021 e intégrese expediente electrónico. II. Decisión sobre la instancia constitucional. Del examen de la demanda de amparo, se advierte que el juicio de amparo es improcedente y, por tanto, deberá desecharse, como se verá a continuación: El artículo 113 de la Ley de Amparo, dispone lo siguiente: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De ello se sigue que el juzgador debe pronunciarse sobre el contenido de la demanda y considerar si se presenta o no una causa de improcedencia, a fin de no entorpecer la administración de justicia, y admitir a trámite demandas que, a la postre, resulten improcedentes. En la inteligencia de que "manifiesto" es lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara, e "indudable", cuando se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. En el caso, de la demanda de amparo promovida por ***********, en representación de ******** y ************, contra actos del Director de la Penitenciaria de la Ciudad de México, y otras autoridades, se desprende que reclaman lo siguiente: "los actos reclamados bajo protesta de verdad a estas autoridades son traslado fuera de procedimiento (ataques a la libertad personal y por represalias) de la penitenciaría cdmx a otro centro diverso dentro o fuera de CDMX que pone en riesgo grave la vida, salud, integridad y dignidad personal y sicoemocional de los quejosos y actualiza actos prohibidos en el artículo 22 constitucional de amparo y pone en riesgo la integridad como víctimas de los quejosos. Reubicación fuera de procedimiento (ataques a la libertad personal y por motivos discriminatorios y represalias) del dormitorio cuatro, zona uno, estancia once a otro dormitorio diverso, módulo diverso o área diversa que pone en riesgo grave la vida, salud integridad y dignidad personal y sicoemocional de quejosos y actualiza actos prohibidos en el artículo 22 constitucional y 15 ley de amparo y integridad como víctimas de los quejosos Represalias, intimidación, discriminación por condición." De lo que se desprende que los actos reclamados se hacen consistir esencialmente en la orden de traslado y cambios de condiciones de internamiento de los directos quejosos. Ahora, se tiene que, contrario a lo que argumentó el promovente, respecto de los citados actos reclamados, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación realizó pronunciamiento en el sentido que las órdenes de traslado y el cambio de condiciones de internamiento, no constituyen ataques a la libertad fuera de procedimiento, por lo que no se actualiza el supuesto del artículo 15 de la Ley de Amparo, por lo que es improcedente conceder la suspensión de oficio y de plano respecto de la orden de traslado de un centro penitenciario a otro sin autorización judicial previa ni sobre el cambio de condiciones de internamiento, ello en virtud de que cuenta con una regulación específica y un medio de defensa en la Ley Nacional de Ejecución Penal, por tanto, constituyen actos dictados dentro del procedimiento. Ello se obtiene del contenido de los artículos 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 30, 107 a 115, 117, fracción I, 122 y 131 a 135 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, donde se advierte que el procedimiento de ejecución penal contiene un mecanismo de control denominado peticiones administrativas, a través del cual las personas privadas de su libertad pueden reclamar, sin mayores formalismos, ante la autoridad penitenciaria o el juez respectivo, las omisiones inherentes a sus condiciones de internamiento que vulneran sus derechos. Este mecanismo de control constituye un verdadero procedimiento conformado de diversas etapas, pues inicia con la presentación de una petición formulada por los internos ante la autoridad penitenciaria correspondiente, en donde pueden ofrecer pruebas o que la autoridad las recabe de oficio; en el caso que el acto sea urgente puede ser suspendido de oficio y de inmediato por un Juez, o bien, que éste ordene las acciones positivas necesarias para que cese, en caso de constituir una omisión. Asimismo, se prevé la posibilidad de que las decisiones adoptadas por la autoridad penitenciaria relacionadas con la petición sean impugnadas a través de los recursos correspondientes. En esa virtud, el citado mecanismo de control previsto en la Ley Nacional de Ejecución Penal constituye un medio de defensa sencillo, rápido y eficaz por medio del cual la persona privada de su libertad puede reclamar omisiones inherentes a sus condiciones de internamiento, por lo que antes de acudir al juicio de amparo indirecto, debe agotar dicho mecanismo y los medios de impugnación previstos en su contra por la ley referida. Por tanto, en una nueva reflexión, se concluye que, contrario a lo pretendido, los actos reclamados no se encuentran inmersos en el artículo 15 de la Ley de Amparo, ni 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Sentado lo anterior, tomando en cuenta que las causas de improcedencia deben ser examinadas de oficio por el juzgador, acorde con lo previsto en el artículo 62 de la Ley de Amparo, quien esto provee estima que en la especie se actualiza la prevista en el ordinal 61, fracción XXIII, vinculado con el diverso 108, fracción I y 3, quinto párrafo, estos último a contrario sensu, todos de la Ley de Amparo, que establecen: Del dispositivo transcrito en último orden, se obtiene que, el empleo de las tecnologías de la información para actuar ante el Poder Judicial de la Federación, requieren del uso de la firma electrónica, cuya regulación actual se encuentra inmersa en el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y Trámite de Expediente Electrónico y el uso de Videoconferencias en todos los Asuntos Competencia de los Órganos Jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, del que se advierte, en suma, que la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), es equiparable a un documento de identidad, al ser el instrumento a través del cual se ingresa al sistema electrónico para actuar en los asuntos de la competencia de la Suprema Corte, del Tribunal Electoral, de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, con los mismos efectos jurídicos de la firma autógrafa. Por consiguiente, la presentación de una demanda de amparo a través de la plataforma informática del Poder Judicial de la Federación implica necesariamente que cuente con la firma electrónica de su suscriptor, la cual, como se indicó en párrafos precedentes, producirá los mismos efectos jurídicos que una firma autógrafa, lo que en la especie no ocurre. En efecto, del análisis practicado a la demanda de amparo, se obtiene que el escrito de demanda formulado vía juicio en línea por **********, en representación de ****** y *****, no cuenta con la firma electrónica correspondiente. En consecuencia, debe desecharse de plano la demanda de amparo indirecto presentada por vía electrónica cuando carezca de la firma electrónica del promovente, porque la falta de ésta no puede equipararse a una irregularidad subsanable a través de la prevención a que hace alusión el artículo 114 de la Ley de Amparo, sino que se trata del incumplimiento de uno de los principios rectores del juicio de amparo que no amerita prevención alguna, como sucede ante la falta de la firma autógrafa de una demanda de amparo presentada de forma ordinaria. Así, al ser patente y manifiesta la causa de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XXIII, vinculado con el diverso 108, fracción I, y 3, quinto párrafo, a contrario sensu, todos de la Ley de Amparo, entonces se desecha la demanda de amparo de conformidad con el artículo 113 del propio ordenamiento legal. Máxime que como se precisó en líneas anteriores, los actos reclamados no se encuentran incluidos dentro del catálogo previsto en el artículo 15 de la Ley de Amparo, ni 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por las razones desarrolladas. No se soslaya que, del contenido de la demanda se advierte que señala como autoridades responsables, entre otras, a este Juzgado Décimo de Distrito, pues indica "jueces de distrito de. Sinaloa"; a quien reclama actos sumamente abstractos que son "discriminación por condición, violación al principio pro hominem e inaplicabilidad de criterios internacionales pro hominem". Actos los cuales, primero, no permiten identificación en su contenido; segundo, si lo permitieran, de conformidad con lo establecido en el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, es un hecho notorio que en la estadística de este órgano jurisdiccional no se sigue ninguna causa penal en contra de los inconformes, por tanto, el suscrito en ningún momento ha participado en la emisión de los actos reclamados que se le atribuyen, es decir, son inexistentes A mayor abundamiento, aun considerando que se reclame la orden de traslado, recuérdese que no existe causa penal en este juzgado. Además, se estima que la presente determinación no deja en estado de indefensión a los inconformes, en razón que ningún caso práctico tendría realizar el trámite de una demanda que a todas luces es improcedente, en tanto que, como se vio, carece de la expresión de voluntad de su promovente. Resta decir que la demanda refiere actos prohibidos por el artículo 22 constitucional; sin embargo, no se reclaman como presentes, sino como consecuencia de la orden de traslado. III. Notificaciones por lista. Toda vez que la parte promovente no señaló domicilio para oír y recibir notificaciones en el escrito inicial de demanda; de conformidad con lo establecido en el artículo 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, las notificaciones personales a la parte quejosa se efectuarán por lista. IV. Medida de mitigación de riesgos. V. Habilitación de comunicación telefónica a la actuaría. VI. Reproducción electrónica. VII. Habilitación de días y horas. VIII. Transparencia. Notifíquese.
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