Carlos Alberto Angelino Barrón
Expediente 48/2021 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Sinaloa. 2 actuaciones registradas, la última del 12 de febrero de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 48/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 12/02/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Sinaloa · Sinaloa
Partes del expediente
- Carlos Alberto Angelino Barrón
Actuaciones
- Principal
Mazatlán, Sinaloa, doce de febrero de dos mil veintiuno. Estado procesal. Visto el estado procesal de autos, con apoyo en los artículos 97 y 98, ambos de la Ley de Amparo, 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, en razón de que la parte promovente no recurrió el auto de veintiocho de enero del año en curso, por medio del cual se desechó la demanda de amparo, en consecuencia, se declara que el mismo ha causado estado; háganse las anotaciones en el libro de gobierno y archívese el presente expediente como asunto concluido. Orden de destrucción. De acuerdo a lo establecido en el artículo 21, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el presente expediente es susceptible de destrucción, toda vez que se desechó la demanda de amparo. Información reservada. Hágase saber para los efectos establecidos en el multicitado acuerdo que el presente expediente no contiene información reservada, como tampoco información de relevancia documental e histórica. Oposición de datos personales. De la certificación de cuenta se advierte que la parte promovente no manifestó oposición a que sus datos personales se incluyeran en la publicación con motivo de las consultas solicitadas por terceros. Devolución de documento. De la certificación de cuenta se advierte que las partes no manifestaron oposición a que sus datos personales se incluyeran en la publicación con motivo de las consultas solicitadas por terceros. Notifíquese. Así lo acuerda y firma Ramón Lozano Bernal, Juez Décimo de Distrito en el Estado de Sinaloa, ante Leonor González Hernández, secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
Mazatlán, Sinaloa, veintiocho de enero de dos mil veintiuno. Radicación y creación del expediente. Se tiene por recibido el escrito de demanda de amparo promovida, al parecer por Miguel Ángel Fonseca Valencia, según se refiere en representación de Carlos Alberto Angelino Barrón; fórmese expediente, regístrese en el Libro de Gobierno relativo; dese de alta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes con el número 48/2021 e intégrese expediente electrónico. II. Decisión sobre la instancia constitucional. a) Desechamiento. Del análisis de la demanda de amparo se advierte que el juicio de amparo es improcedente y, por tanto, debe desecharse, como se verá. El artículo 113 de la Ley de Amparo dispone lo siguiente: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De la interpretación gramatical de esta disposición legal se advierte que la demanda de amparo debe desecharse cuando se advierta un motivo manifiesto e indudable de improcedencia del juicio de amparo. En el presente caso, la demanda de amparo fue recibida vía juicio en línea; sin embargo, de la certificación de cuenta, se hace constar que no cuenta con la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL). Ahora, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 8/2019, estableció que la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), es equiparable a un documento de identidad, al ser el instrumento a través del cual se ingresa al sistema electrónico para actuar en los asuntos de la competencia, entre otros, de los juzgados de Distrito, con los mismos efectos jurídicos de la firma autógrafa; de suerte que la posibilidad de presentar una demanda de amparo por vía electrónica no implicó soslayar el principio de "instancia de parte agraviada" previsto en los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6° de la Ley de Amparo. De igual forma, enfatizó que únicamente tuvo como objetivos fundamentales, entre otros, simplificar la actuación procesal de los órganos jurisdiccionales y modernizar el sistema de impartición de justicia otorgando validez a las promociones judiciales realizadas a través de medios digitales usando la FIREL. En el caso, debe desecharse de plano la demanda de amparo indirecto presentada a través de juicio vía línea o electrónica, porque carece de la FIREL del quejoso o de quien promueve en su representación, porque la falta de la firma electrónica de quien promueve el amparo no puede equipararse a una irregularidad subsanable a través de la prevención a que hace alusión el artículo 114 de la Ley de Amparo, sino que se trata del incumplimiento de uno de los principios rectores del juicio de amparo que no amerita prevención alguna, como sucede ante la falta de la firma autógrafa de una demanda de amparo presentada de forma ordinaria. Además, si de conformidad con lo dispuesto en el artículo 3° de la Ley de Amparo, es una "opción" para el promovente el presentar su escrito de demanda en forma impresa o electrónicamente (como facilidad procesal), debe tomar en consideración que si decide hacerlo electrónicamente (a través de juicio en línea), es requisito sine qua non que lo haga mediante el empleo de las tecnologías de la información utilizando su firma electrónica (FIREL). Encuentra apoyo a lo expuesto, las jurisprudencias de textos siguientes: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. PUEDE PROMOVERSE POR PROPIO DERECHO O EN REPRESENTACIÓN DE DIVERSA PERSONA FÍSICA, MEDIANTE EL USO DE LA FIRMA ELECTRÓNICA (FIREL). Acorde con el artículo 3o. de la Ley de Amparo es optativo para el promovente presentar su escrito en forma impresa o electrónicamente; los escritos en forma electrónica se presentarán mediante el empleo de las tecnologías de la información, utilizando la firma electrónica conforme a la regulación que emita el Consejo de la Judicatura Federal. Así, dicho órgano administrativo y el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitieron la normativa aplicable para la implementación y uso de esa herramienta en los Acuerdos Generales Conjuntos Número 1/2013 y 1/2015, en los que establecieron la posibilidad de que las demandas de amparo se recibieran por medio de la firma electrónica implementada. En tal virtud, una persona física por sí sola y por su propio derecho, puede presentar escrito de demanda de amparo, siempre y cuando cuente con la aludida firma electrónica "FIREL"; o bien, si lo hace por conducto de su apoderado especial, es necesario que acompañe copia digitalizada del documento que acredita que previamente contaba con esa capacidad jurídica, acorde con el inciso f) del artículo 12 del referido Acuerdo General Conjunto 1/2013, y adjuntarlo al escrito relativo, pues se presume que dicho documento anexo, vía electrónica, es copia íntegra e inalterada del propio documento impreso, al haber sido ingresado al sistema en uso del certificado digital "FIREL", por lo que produce los mismos efectos que los presentados con firma autógrafa, en términos del artículo 10 de la ley de la materia, el cual establece que en los casos no previstos por dicha legislación, la personalidad se acreditará en la misma forma que determina la ley que rija la materia de la que emana el acto reclamado; además, de estimar lo contrario, se impediría a la quejosa el acceso a la tutela jurisdiccional que puede definirse como el derecho público subjetivo que toda persona tiene, dentro de los plazos y términos que fijen las leyes, para acceder de manera expedita a tribunales independientes e imparciales, a plantear una pretensión o a defenderse de ella, con el fin de que, a través de un proceso en el que se respeten ciertas formalidades, se decida sobre la pretensión o la defensa y, en su caso, se ejecute esa decisión." (Décima Época, Registro: 2015060, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 46, Septiembre de 2017, Tomo III, Materia(s): Común, Tesis: III.4o.T. J/5 (10a.), Página: 1729). "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO PRESENTADA A TRAVÉS DEL PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. PROCEDE DESECHARLA DE PLANO CUANDO CARECE DE LA FIRMA ELECTRÓNICA DEL QUEJOSO. El artículo 3o. de la Ley de Amparo establece la posibilidad de actuar ante el Poder Judicial de la Federación mediante el empleo de las tecnologías de la información utilizando una firma electrónica, cuya regulación se encomendó al Consejo de la Judicatura Federal, órgano que actuando con la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, expidió los Acuerdos Generales Conjuntos Número 1/2013 y 1/2015, de los que se advierte, en suma, que la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), es equiparable a un documento de identidad, al ser el instrumento a través del cual se ingresa al sistema electrónico para actuar en los asuntos de la competencia de la Suprema Corte, del Tribunal Electoral, de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, con los mismos efectos jurídicos de la firma autógrafa; de suerte que la posibilidad de presentar una demanda de amparo por vía electrónica no implicó soslayar el principio de "instancia de parte agraviada" previsto en los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6o. de la Ley de Amparo, sino que únicamente tuvo como objetivos fundamentales, entre otros, simplificar la actuación procesal de los órganos jurisdiccionales y modernizar el sistema de impartición de justicia otorgando validez a las promociones judiciales realizadas a través de medios digitales usando la FIREL. En consecuencia, debe desecharse de plano la demanda de amparo indirecto presentada por vía electrónica cuando carezca de la FIREL del quejoso, porque la falta de la firma electrónica de quien promueve el amparo no puede equipararse a una irregularidad subsanable a través de la prevención a que hace alusión el artículo 114 de la Ley de Amparo, sino que se trata del incumplimiento de uno de los principios rectores del juicio de amparo que no amerita prevención alguna, como sucede ante la falta de la firma autógrafa de una demanda de amparo presentada de forma ordinaria. Cabe señalar que este criterio resulta inaplicable tratándose del supuesto expreso del artículo 109 de la Ley de Amparo, conforme al cual será innecesaria la firma electrónica cuando el juicio de amparo se promueva con fundamento en el artículo 15 de la ley referida". (Décima Época. Registro: 2019715 Instancia: Pleno. Tipo de Tesis: Jurisprudencia. Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 65, Abril de 2019, Tomo I. Materia(s): Común. Tesis: P./J. 8/2019 (10a.).Página: 79). No se soslaya que, en asuntos similares, este órgano jurisdiccional ha otorgado la posibilidad de que la persona señalada como directo quejoso ratifique la demanda de amparo, pues en dichos supuestos se contaba con voluntad expresa de diversa persona (autorizados); sin embargo, el presente caso, no se ubica en tal hipótesis, dado que, como se indicó, la demanda carece de ese requisito de manera absoluta. Aunado a lo anterior, y toda vez que de conformidad con el artículo 107, fracción I, constitucional, el juicio de amparo debe seguirse a instancia de parte de agraviada y, como en el caso la demanda de cuenta presentada según se indica por Miguel Ángel Fonseca Valencia a favor del directo quejoso Carlos Alberto Angelino Barrón, carece de firma (autógrafa o electrónica), lo cual dejó asentado tanto el encargado de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Sinaloa, con sede en Mazatlán, como el oficial de parte de este órgano jurisdiccional; por lo que, resulta obvio que no existe manifestación de su voluntad de promover el juicio constitucional, en atención a lo dispuesto por el numeral 3 de la Ley de la materia, por tanto, al no satisfacerse el principio de instancia de parte agraviada, como lo exige el precepto constitucional antes mencionado, así como el diverso 6o. de la Ley de Amparo, se considera que se actualiza la causal de improcedencia prevista por la fracción XXIII del artículo 61 de la de la citada ley, en relación con los preceptos legales invocados con antelación. Consecuentemente, ante la causa evidente e indudable de improcedencia en mención, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo. Lo manifiesto e indudable de la causal de improcedencia señalada, estriba en que aun cuando se admitiera a trámite la demanda a nada práctico conduciría, ya que seguiría subsistiendo dicha causal. III. Intervención a las partes del juicio de amparo. a) Domicilio y autorizado. Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 27 fracción lll y 29 de la Ley de Amparo, se ordena notificar por lista al promovente de la demanda, el presente proveído, así como las subsecuentes notificaciones aún las de carácter personal, toda vez que en el escrito inicial de demanda no señala domicilio ni autorizados para tal efecto. IV. Habilitación de días y horas. Con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, para no retardar el procedimiento, en caso necesario, se habilitan desde ahora días y horas inhábiles, para la práctica de las notificaciones que se ordenen en este expediente. V. Medida de mitigación de riesgos. En el entendido de que subsisten las medidas de mitigación del riesgo para el personal de este órgano jurisdiccional y de las partes, que en su caso, se hayan adoptado durante la contingencia, así como las medidas especiales de operatividad relativas a la habilitación actuarial de notificaciones por correo electrónico a las autoridades responsables y comunicación telefónica, siempre y cuando no depare perjuicios procesales. VI. Se exhorta a las partes a hacer uso del juicio en línea. Con Fundamento en el artículo 22 del citado Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se exhorta a las partes a que hagan uso del juicio en línea, por medio del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación (http://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/ juicioenlinea), para presentar futuras promociones, acceder al expediente electrónico y notificarse electrónicamente de las resoluciones judiciales emitidas en el presente juicio; lo anterior previa solicitud de autorización que se trate. Asimismo, se conmina a las partes a que propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones. VII. Habilitación de comunicación telefónica a la actuaría. Además, en el caso de que se ordene una notificación personal, se autoriza a la actuaria que corresponda, para entablar comunicación a través de los medios de comunicación que tenga a su alcance [correo electrónico o vía telefónica], con el fin de coordinar la diligencia de notificación personal en un día y hora específico. Diligencia que se atenderá con las medidas sanitarias que prevalecen en el país, con motivo de la declaración de estado de emergencia por la epidemia originada por el virus causante del COVID- 19. Lo anterior a fin de mitigar el riesgo al personal de este órgano jurisdiccional y de las partes y únicamente por el periodo que dure la citada contingencia. VIII. Transparencia. En cumplimiento a los artículos 1, 9, 68 y118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, comuníquese a las partes que al hacerse pública la sentencia que se dicte en el presente asunto o resolución que ponga fin al juicio, se testará la información que de conformidad con los artículos 110 y 113 de la Ley en cita sea considerada como reservada o confidencial. Notifíquese. Así lo acuerda y firma Ramón Lozano Bernal, Juez Décimo de Distrito en el Estado de Sinaloa, con residencia en Mazatlán, ante Leonor González Hernández, secretaria de juzgado con quien actúa y da fe.
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