Carlos Alberto Angelino Barrón

Expediente 246/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Baja California. 11 actuaciones registradas, la última del 27 de abril de 2023.

Datos del expediente

Expediente
246/2022
Año
2022
Actuaciones
11
Última actuación
27/04/2023

Partes del expediente

  • Carlos Alberto Angelino Barrón

Actuaciones

Las 4 más recientes de 11.

  1. Principal

    Visto el estado que guardan los presentes autos, al examinar el escrito de demanda de amparo, en términos de lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se debe analizar si existe o no un motivo manifiesto o indudable de improcedencia y, en tal supuesto, debe desecharse de plano la demanda. No se opone a la presente determinación, el hecho que este juzgado Federal en diversos asuntos que se tramitan se haya optado por diverso criterio en el trámite de los asuntos relacionados con los citados quejosos, ya que ante los criterios de los Tribunales Colegidos de este Circuito y argumentos que en seguida se expondrán, se hace una nueva reflexión para resolver lo siguiente: Al respecto, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis 2a. LXXI/2002, determinó que por manifiesto se entiende aquello que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, el término indudable, implica tener la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. Así, un indicador de que se está ante una causa manifiesta e indudable de improcedencia es que aun cuando se continuara con el trámite de la demanda de amparo, de ninguna manera pudiera desvanecerse el motivo de improcedencia. Bajo esas circunstancias, este juzgador advierte en el caso concreto, respecto de los actos reclamados identificados en la demanda origen, se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, por no respetar los directos quejosos el principio de definitividad que rige en este juicio. Lo anterior, por los motivos siguientes. ... Consecuentemente, al tratarse lo reclamados por los quejosos, de los actos que identifica como reubicación de dormitorios (condiciones de internamiento), son actos de autoridades distintas a los tribunales judiciales administrativos o del trabajo, respecto al cual, la Ley Nacional de Ejecución Penal establece un mecanismo de control que cumple cabalmente con los requisitos previstos en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, por lo que debe ser agotado por la persona privada de su libertad antes de acudir al juicio de amparo indirecto, lo que no ocurrió en el caso, por lo que ha lugar a desechar la demanda. ...-Notificación por exhorto- Ahora bien, toda vez que los quejosos se encuentran recluidos en el Centro Penitenciario de la Ciudad de México, mismo que se encuentra fuera de la jurisdicción de este juzgado, en términos del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, gírese atento exhorto vía electrónica SISE al Juez de Distrito de Amparo en Material Penal, en turno, con sede en la Ciudad de México, para que tenga a bien comisionar al personal a su cargo a fin de que se notifique la presente determinación a los referidos peticionarios de amparo por conducto de su representante común -a saber ********************- corriéndole traslado con copia simple de la presente determinación.

  2. Principal

    Mexicali, Baja California, veintiséis de julio de dos mil veintidós. Agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda, el comunicado que envía la Secretaria del Juzgado Decimosexto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, mediante el cual devuelve debidamente diligenciada la comunicación oficial 174/2022, con número de orden 239/2022, derivada del presente juicio constitucional, del que se advierte que las asesores jurídicas Paulina Abigail Durán, Claudia Danino López y Adriana García García, adscritas a la Defensoría Pública de la Ciudad de Ciudad de México, fueron notificadas del auto de siete de julio en curso, así como del diverso de diecinueve de abril de dos mil veintidós; sin que sea el caso enviar el acuse de recibo en virtud de que el sistema lo generó de forma automática. Asimismo, hágase la anotación correspondiente en el Libro de Gobierno de Comunicaciones Oficiales Enviadas. Sin que sea necesario emitir pronunciamiento al respecto, toda vez que en proveído que antecede de veinticinco de los presentes, se acordó en relación a las manifestaciones realizadas por parte de las asesoras jurídicas referidas en párrafos que anteceden. Por otro lado, agréguense a los autos para que obre como legalmente corresponda, el escrito signado electrónicamente por Claudia Ivonne Dañino López, asesora jurídica adscrita a la Defensoría Pública de la Ciudad de Ciudad de México, mediante el cual informa que el quejoso Carlos Alberto Angelino Barrón, manifestó su deseo de designarla como su asesora jurídica, sin embargo, no se encuentra facultada para atender el requerimiento realizado, ya que es el Director de la Defensoría Pública, a quien le corresponde hacer dicha designación. Por lo anterior, gírese oficio al Director de la Defensoría de la Ciudad de México, únicamente para conocimiento, toda vez que en acuerdo que antecede de veinticinco de julio en curso, se tuvo a Paulina Abigail Durán Camargo y Adriana García García, asesoras adscritas a la Defensoría Pública de la Ciudad de Ciudad de México, realizando dicha manifestación. Notifíquese.

  3. Principal

    Mexicali, Baja California, veinticinco de julio de dos mil veintidós. Agréguense a los autos para que obren como legalmente correspondan, los escritos signados electrónicamente por Paulina Abigail Durán Camargo y Adriana García García, Asesoras Jurídicas adscritas a la Defensoría Pública de la Ciudad de México, mediante los cuales, informan; respectivamente, que el quejoso Carlos Alberto Angelino Barrón, manifestó su deseo de designarlas como sus asesoras jurídica, junto con otros Defensores Públicos, sin embargo no se encuentran facultadas para atender el requerimiento realizado, ya que es el Director de la Defensoría Pública, a quien le corresponde hacer dicha designación. Por lo anterior, a fin de evitar mayores dilaciones procesales y garantizar el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, gírese oficio al Director de la Defensoría de la Ciudad de México, para que dentro del plazo de tres días, previsto en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, contados a partir de que reciba el oficio en el que se le notifique el presente proveído, manifieste en relación a lo informado por la Defensora Pública Federal en los escritos que se reciben, y comunique a este juzgado federal lo que en derecho corresponda respecto a la designación de las Defensoras Públicas adscritas, en el presente juicio de amparo, a efecto de que se otorgue la asesoría y representación legal que corresponda a la parte quejosa; en el entendido de que de no ser estas profesionistas las designadas para dicha representación, designe a diversa persona que asista a los citados quejosos en el presente juicio de amparo, debiendo informar el nombre del profesionista que fungirá como tal; así como el domicilio donde pueda ser notificado. Sobre el tema se cita la jurisprudencia PC.VIII. J/6 P (11a.), con registro digital 2024648, instancia Plenos de Circuito, Undécima Época, Materias Común, Penal, fuente Semanario Judicial de la Federación, que reza: "DEFENSORÍA PÚBLICA FEDERAL. LE CORRESPONDE PROPORCIONAR EL SERVICIO DE ASISTENCIA JURÍDICA, CUANDO SE PROMUEVE UN JUICIO DE AMPARO Y LA PERSONA QUEJOSA ESTÁ PRIVADA DE SU LIBERTAD EN UN CENTRO FEDERAL DE READAPTACIÓN SOCIAL QUE SE UBICA EN UNA ENTIDAD FEDERATIVA DISTINTA A LA DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE, CUYO JUICIO DE ORIGEN DERIVA DE UN ASUNTO QUE CORRESPONDE AL FUERO COMÚN. Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes se pronunciaron de manera divergente en relación con el servicio de defensoría pública que debe brindarse en un juicio de amparo indirecto en materia penal, cuando la persona quejosa está privada de su libertad, en un centro federal de readaptación social que se ubica en una entidad federativa distinta a la de la autoridad responsable, cuyo juicio de origen deriva de un asunto que corresponde al fuero común, ya que para uno de ellos es la defensoría pública local la que debe prestar el servicio, por tratarse de un asunto del orden común; mientras que para el otro, no existe impedimento para que la defensoría pública federal brinde la asistencia técnica jurídica, a efecto de salvaguardar el derecho de tutela jurisdiccional efectiva del quejoso. Criterio jurídico: El Pleno del Octavo Circuito determina que corresponde a la defensoría pública federal brindar asistencia jurídica a un quejoso que se encuentra privado de su libertad en un centro federal de readaptación social que se ubica en una entidad federativa distinta a la de la autoridad responsable, cuyo juicio de origen deriva de un asunto que corresponde al fuero común. Justificación: Lo anterior es así, porque los artículos 6 y 12 de la Ley Federal de Defensoría Pública deben ser interpretados de manera extensiva y armónica con el derecho de tutela jurisdiccional efectiva, previsto en los artículos 17 de la Constitución General, así como 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en virtud de que el Instituto Federal de Defensoría Pública es el que cuenta con mayor infraestructura, recursos humanos, materiales y regulación de funcionamiento para brindar un servicio óptimo que abarque la República Mexicana, pues los servicios públicos estatales tienen una delimitación territorial respecto de la prestación de los servicios de asistencia técnica jurídica, lo que podría impactar en forma determinante en el derecho de defensa del promovente del amparo, dado que la necesidad de asistencia legal es apremiante y se encuentra en un estado de vulnerabilidad que le impide tener acceso a las actuaciones que resultan necesarias para su defensa; máxime que el defensor público y el asesor jurídico federal están facultados para tener contacto directo con el promovente del amparo y coordinarse con su homólogo de otra entidad federativa para recabar actuaciones, desahogar prevenciones, ofrecer pruebas, interponer recursos, expresar alegatos y presentar cualquier promoción ante el órgano de amparo, conforme a lo establecido en el artículo 5, fracción XIV, de las Bases Generales de Organización y Funcionamiento del Instituto Federal de Defensoría Pública." Apoya a lo anterior, el criterio jurisprudencial sostenido por la Primera Sala, tesis 1a./J. 43/2019 (10a.), de la Décima Época, localizable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 69, Agosto de 2019, Tomo II, página 1301, con registro digital: 2020495, con título y contenido siguiente: "TUTELA JURISDICCIONAL EFECTIVA. PARA GARANTIZAR QUE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN MATERIA PENAL SEA ACORDE CON ESE DERECHO, EL QUEJOSO PRIVADO DE LA LIBERTAD DEBE CONTAR CON LA ASISTENCIA DE UN ABOGADO." De igual manera, cobra aplicación a lo anterior la jurisprudencia XXIV.2o. J/2 (10a.), sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 41, Abril de 2017, Tomo II, página 1616, décima época, con registro digital: 2014075, cuyo rubro y texto señalan: "PERSONA PRIVADA DE SU LIBERTAD, PROVISIONAL O DEFINITIVAMENTE. ATENTO A QUE CONFORMA UN GRUPO VULNERABLE POR SU CONDICIÓN DE INTERNO, SI PROMUEVE JUICIO DE AMPARO INDIRECTO Y DE SU DEMANDA NO SE ADVIERTE QUE HAYA SEÑALADO UN ABOGADO QUE LA REPRESENTE, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ASIGNARLE UN DEFENSOR PÚBLICO PARA QUE LA ASESORE ADECUADAMENTE Y SE POTENCIALICE SU DERECHO HUMANO A UNA DEFENSA ADECUADA, YA QUE OMITIRLO ACTUALIZA UNA VIOLACIÓN A LAS LEYES DEL PROCEDIMIENTO QUE AMERITA SU REPOSICIÓN,HECHA EXCEPCIÓN CUANDO HA DE PRIVILEGIARSE EL EXAMEN DE LA DECISIÓN DE FONDO, AL TRAER CONSIGO MAYOR BENEFICIO AL QUEJOSO. El recurso efectivo fue instituido en una disposición internacional desde la aprobación del artículo 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. En el ámbito interamericano también se estableció como derecho humano en el artículo 25, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Acorde con esa regulación, el recurso efectivo tiene una naturaleza dual, en tanto que constituye un instrumento (aspecto procesal o formal) para lograr que se examine, de fondo, la cuestión efectivamente planteada (aspecto sustantivo), fin último de dicha garantía. En el Estado Mexicano, el juicio de amparo goza de esa categoría, según se ha definido en las tesis de jurisprudencia 1a./J. 22/2014 (10a.) y 2a./J. 12/2016 (10a.), de títulos y subtítulos: "DERECHO FUNDAMENTAL A UN RECURSO JUDICIAL EFECTIVO. EL HECHO DE QUE EN EL ORDEN JURÍDICO INTERNO SE PREVEAN REQUISITOS FORMALES O PRESUPUESTOS NECESARIOS PARA QUE LAS AUTORIDADES DE AMPARO ANALICEN EL FONDO DE LOS ARGUMENTOS PROPUESTOS POR LAS PARTES, NO CONSTITUYE, EN SÍ MISMO, UNA VIOLACIÓN DE AQUÉL." Y "RECURSO JUDICIAL EFECTIVO. EL JUICIO DE AMPARO CUMPLE CON LAS CARACTERÍSTICAS DE EFICACIA E IDONEIDAD A LA LUZ DEL ARTÍCULO 25 DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS.", respectivamente, para precisar, por regla general, lo concerniente a la vulneración o no de derechos humanos. Proceso de amparo donde deben respetarse las formalidades esenciales del procedimiento, tuteladas por el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, donde está inmersa la de otorgar al quejoso la oportunidad de ejercer una adecuada defensa. Desde esta perspectiva, cuando una persona privada de la libertad personal (de forma provisional - sujeta a proceso- o definitiva - sentenciada-), acude al juicio de amparo indirecto y de su demanda no se advierte que haya señalado un abogado que la represente, atento a que conforma un grupo vulnerable, puesto que la calidad de interno en un centro de reclusión significa que está impedido para enfrentar, al menos directamente, las etapas que se suscitan en el juicio constitucional, con fundamento en los artículos 1, 2, 4, fracción I y 6o., fracciones I a IV, de la Ley Federal de Defensoría Pública, desde que inicia el juicio, el Juez de Distrito debe designarle un defensor público para que la asesore, ya que acorde con lo establecido por este Tribunal Colegiado de Circuito en la tesis de jurisprudencia XXIV.2o. J/1 (10a.), de título y subtítulo: "FALTA DE ATENCIÓN MÉDICA ADECUADA EN LOS CENTROS DE RECLUSIÓN. LA COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO EN SU CONTRA SE SURTE A FAVOR DE LOS JUZGADOS DE DISTRITO EN MATERIA PENAL, AUN CUANDO DICHO ACTO RECLAMADO PROVENGA DE UNA AUTORIDAD FORMALMENTE ADMINISTRATIVA (PENITENCIARIA) Y CON INDEPENDENCIA DE QUE EL INTERNO TENGA LA CALIDAD DE PROCESADO O SENTENCIADO.", todos los actos que tienen injerencia en personas privadas de la libertad personal quedan comprendidos en la materia penal, pese a que provengan de una autoridad formalmente administrativa (penitenciaria). Luego, con esa designación, se potencializa su eficacia de derecho humano a una defensa adecuada, mediante un recurso efectivo, por lo que omitir dicho nombramiento actualiza una violación a las leyes del procedimiento que amerita su reposición, y debe ser advertido por el Tribunal Colegiado de Circuito al resolver el recurso de revisión, sin tomar en cuenta la parte que lo interponga, por tratarse, la designación, de una formalidad esencial que debe ser llevada a cabo dentro del procedimiento por el juzgador de amparo. Ello, con excepción de que, deba privilegiarse el estudio del fondo del asunto por encima de dicha transgresión procedimental, por representar un mayor beneficio jurídico para el quejoso." -Comunicación oficial- Toda vez que la parte quejosa señaló que se encuentran recluidos en el Centro Penitenciario de la Ciudad de México, mismo que se encuentra fuera de la jurisdicción de este juzgado, en términos del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, gírese atenta comunicación oficial electrónica (exhorto) al Juez de Distrito de Amparo en Material Penal, en turno, con sede en la Ciudad de México, a fin de que: Notifique el presente acuerdo a Carlos Alberto Angelino Barrón en su calidad de representante común de los quejosos. En el supuesto de que los buscados no se encuentren en las citadas instalaciones y se le informe al Actuario correspondiente que están en diverso lugar o advierta por medio de sus sentidos esa situación; se autoriza a dicho funcionario para que se traslade al lugar que considere necesario para cumplir con el presente mandamiento. Se otorga al órgano jurisdiccional exhortado, amplias facultades legales, a efecto de que tome las medidas necesarias para que la comunicación oficial que se gira, sea devuelta debidamente diligenciada, para resolver las situaciones de facto que pudieran obstaculizarla, así como para haga uso de los medios de apremio que estime pertinentes para lograrlo, se insiste, en el supuesto de que los buscados no se encuentren en las citadas instalaciones, DEBERÁ REALIZARSE UNA BÚSQUEDA en diversos lugares que considere necesario para cumplir con el presente mandamiento.

  4. Principal

    Agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda, el comunicado que remite vía electrónica la Secretaria del Juzgado Cuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, al que adjunta debidamente diligenciada la comunicación oficial 181/2022, número de orden 186/2022 de la estadística de este juzgado, toda vez que el quejoso ********, representante común de los quejosos, fue debidamente notificado del auto de trece de junio de dos mil veintidós, el uno de julio en curso.

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