Carlos Alberto Angelino Barrón

Expediente 504/2021 tramitado ante el Juzgado Decimosexto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 2 actuaciones registradas, la última del 27 de julio de 2021.

Datos del expediente

Expediente
504/2021
Año
2021
Actuaciones
2
Última actuación
27/07/2021

Partes del expediente

  • Carlos Alberto Angelino Barrón

Actuaciones

  1. Principal

    Agréguese el oficio proveniente del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con residencia en Tampico, de cuyo contenido se advierte que aceptó la competencia planteada y se avocó al conocimiento del presente asunto; de lo que se toma debido conocimiento para los efectos legales a que haya lugar. En tales condiciones, realícense las anotaciones en el libro respectivo; y en su oportunidad ARCHÍVESE EL PRESENTE EXPEDIENTE COMO ASUNTO CONCLUIDO, al no existir promoción pendiente de acordar ni diligencia que practicar.

  2. Principal

    Ahora, como cuestión previa, debe decirse que de la certificación secretarial de cuenta se aprecia que la demanda de amparo carece de firma electrónica, pues de su contenido no se observa que cuente con la evidencia criptográfica correspondiente. Asimismo, es de hacer notar que de una lectura íntegra del escrito de que se trata, no se advierte que se actualice el supuesto de excepción previsto en los numerales 3, último párrafo, 15 y 109, todos de la Ley de Amparo, toda vez que los diversos actos que se reclaman en el escrito inicial, a consideración de la suscrita no corresponden a los enunciados en el segundo de los dispositivos citados, ni corresponden con los prohibidos en el diverso 22 Constitucional, ello, sin que lo anterior prejuzgue sobre la legalidad o ilegalidad de los actos reclamados. Ello es así, porque la circunstancia de que el peticionario de derechos señale como actos reclamados, entre otros, "actos de discriminación por condición", por sí sola no entraña que se trate de aquellos actos proscritos por el artículo 22 constitucional, esto es, que se estén ejecutando en contra del directo quejoso malos tratos, inhumanos o degradantes. En la inteligencia de que, se itera, de la lectura íntegra del libelo constitucional no se advierte algún dato o indicio objetivo que permita inferir que se están llevando a cabo actos prohibidos por el aludido precepto constitucional, en contra del directo agraviado. Además, tampoco se colma el requisito para efectuar la excepción referida, pues no se desprende que el agraviado se encuentre materialmente imposibilitado para promover el amparo. Ahora, no obstante lo anterior, se estima que la suscrita se encuentra imposibilitada para realizar mayor pronunciamiento, dado que por las consideraciones que a continuación se expondrán no puede conocer de la misma, a saber: Luego de realizar un análisis del escrito inicial con el que se da cuenta, se advierte que los diversos actos reclamados, fueron atribuidos a diversas autoridades federales, de entre las que destacan los Jueces de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, entre ellos, este Juzgado de Distrito En ese sentido, si bien fueron señalados como responsables la totalidad de los Jueces de Distrito en Materia Penal en la Ciudad de México, Estado de México, Morelos, Puebla, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Veracruz, Guerrero, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Aguascalientes, Colima, Campeche, San Luis Potosí, Zacatecas, Chiapas, Tabasco, Yucatán, Sinaloa, Sonora, Coahuila, Chihuahua, Nuevo León y Oaxaca, lo cierto es que existen treinta y dos circuitos judiciales, y que no fueron señalados la totalidad de ellos. Así, al actualizarse la hipótesis del artículo 38, de la ley de la materia, en virtud de que este Juzgado Decimosexto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, al haber sido señalado también como responsable, se encuentra impedido para conocer de dicha demanda, por lo cual no puede fungir como Juez y parte, por tal motivo carece de competencia para avocarse al trámite y conocimiento de la referida demanda de amparo. Por tanto al haber sido designado este Juzgado como responsable es incuestionable, que la Suscrita se encuentra impedida para conocer de la demanda, resultando que debe conocer el Juzgador más inmediato a este circuito judicial. En tal virtud, acorde a lo determinado en párrafos que anteceden, se ordena remitir el presente asunto al juzgado más cercano a la sede de este Juzgado de Distrito, esto es, el Juzgado de Distrito en el Estado de Tamaulipas, en turno, para que proceda conforme a derecho corresponda, solicitándole de la manera más atenta tenga a bien acusar el recibo de estilo correspondiente. Sin que sea procedente realizar pronunciamiento alguno en torno a la suspensión de plano solicitada, ya que los actos reclamados en el escrito inicial no encuadran dentro de la circunstancia prevista en el artículo 126 de la ley de la materia, que contempla la suspensión de oficio de los actos combatidos a través del juicio de amparo indirecto. En efecto, el peticionario de derechos señaló como actos reclamados, esencialmente los siguientes: "Discriminación por condición de reo y económica Exigir dádivas y pase de lista por parte de elementos de seguridad y custodia de la penitenciaría cdmx al quejoso Cobro de apertura de puerta de celda (confinamiento obligado) Cobro por servicios y derechos (asistencia al servicio médico y para mantenimiento de estancia)". Respecto de los cuales, no es procedente la concesión de la suspensión de plano, en términos del artículo 126 de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, pues no corresponden a los enunciados en el numeral 15 de la legislación de la materia, ni corresponden con los prohibidos en el diverso 22 Constitucional. Así, de acuerdo al numeral 123 de la Ley de Amparo, la suspensión de oficio de los actos reclamados en el juicio de amparo procede cuando se trata de actos que importen peligro de privación de la vida, deportación o destierro o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o cuando se trata de actos que, si llegaren a consumarse, harían físicamente imposible restituir al quejoso en el goce de la prerrogativa violada, de lo que se sigue que esta clase de suspensión deriva directamente de la naturaleza del acto reclamado, esto es, que para concederla es necesario atender al origen mismo del acto tildado de inconstitucional; de ahí que las manifestaciones del quejoso no determina la procedencia o no de la suspensión de oficio, sino que ello es una atribución exclusiva del Juez de Distrito, quien atendiendo a la naturaleza del acto y no a enfoques subjetivos de las partes, es el único facultado para decidir si se está o no en presencia de un acto que lo obligue a decretar la suspensión de oficio. En la inteligencia de que, se itera, de la lectura íntegra del libelo constitucional no se advierte algún dato o indicio objetivo que permita inferir que se están llevando a cabo actos prohibidos por el aludido precepto constitucional, en contra de los directos agraviados. Además, tampoco se colma el requisito para efectuar la excepción referida, pues no se desprende que el agraviado se encuentre materialmente imposibilitado para promover el amparo. Desde este momento, se autoriza, la expedición de copias simples o certificadas del presente acuerdo, así como de las subsecuentes actuaciones que sean de interés para la parte promovente de amparo y demás partes legítimamente facultadas, con excepción de aquellas que dada su propia y especial naturaleza jurídica se deba guardar sigilo Asimismo, se autoriza a las partes el uso de medios electrónicos y digitales

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