Carlos Alberto Angelino Barrón

Expediente 1402/2021 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Mexicali. 7 actuaciones registradas, la última del 1 de junio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1402/2021
Año
2021
Actuaciones
7
Última actuación
01/06/2022

Partes del expediente

  • Carlos Alberto Angelino Barrón

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    Mexicali, Baja California, a uno de junio de dos mil veintidós. Firme desechamiento. Agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda, el oficio de cuenta signado por el Secretario Adscrito al Sexto Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito, con residencia en esta ciudad, al que acompaña testimonio autorizado de la ejecutoria dictada dentro del recurso de queja penal 78/2022 de su índice, misma que se resolvió en los términos siguientes: "PRIMERO. Se declara INFUNDADO el recurso de queja interpuesto por **** por sí y en su carácter de representante común de los quejosos, ****. SEGUNDO. Se confirma el auto recurrido." Acuse. Acúsese el recibo correspondiente al Sexto Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito, con residencia en esta ciudad. Documentos originales. No hay para su devolución. Constancias o actuaciones. No hay para su devolución. Destrucción. Este expediente es susceptible de destrucción en un plazo de tres años, conforme al artículo 21, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, dado que se desechó la demanda de amparo. Relevancia documental. El presente asunto carece de ella en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos establecidos en el artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, el cual establece que se conservarán en su integridad los asuntos que se consideren de relevancia documental, entre los que se encuentran, los que versen sobre delitos contra la seguridad de la Nación; los relativos a delitos contra el derecho internacional; Delitos contra la humanidad; los que traten de delitos contra la administración de justicia; los correspondientes a delitos contra el ambiente y gestión ambiental; los que contengan resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes; los que traten sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; los generados por los Plenos de Circuito, siempre que se haya establecido jurisprudencia; los que versen sobre materia agraria; y los relativos a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito; asimismo, podrán ser considerados de relevancia documental aquellos expedientes que determine el titular del órgano jurisdiccional atendiendo a la importancia del asunto por su trascendencia jurídica, social o económica en el ámbito nacional. Información reservada o confidencial. No existe un dato o elemento sobre el particular. Carátula. Se ordena que la carátula del presente expediente contenga impresas las anotaciones de "no es de relevancia documental" y "destruible", acorde con lo que establece el artículo 35 del Acuerdo General invocado en el presente acuerdo. Certificación de coincidencia en su totalidad entre expediente electrónico como impreso. Ahora, vista la certificación de cuenta, se advierte de conformidad con los artículos 25 y 35 del multicitado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se han incorporado cada promoción, acuerdo, constancia y acuse tanto al expediente físico, como electrónico, mismos que coinciden en su totalidad, lo que se verificó al realizar la revisión en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Archivo y anotaciones. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, envíese el presente expediente al archivo y realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE". Notifíquese.

  2. Principal

    Mexicali, Baja California, a ocho de abril de dos mil veintidós. Oficio. Agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda, el oficio con auto inserto de cuenta, signado por el Actuario Judicial Federal del Primer Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito, con sede en esta ciudad, mediante el cual informa que en proveído de cinco de abril del presente año, se admitió el recurso de queja interpuesto por la parte quejosa en contra del auto de dieciséis de marzo de dos mil veintidós dictado, dentro del presente juicio de amparo; el cual quedó registrado bajo recurso de queja 78/2022 de su índice. Notifíquese.

  3. Principal

    Mexicali, Baja California, a veinticinco de marzo de dos mil veintidós. Exhorto diligenciado. Agréguense a los autos para que surtan sus efectos legales, el oficio y exhorto en línea remitidos por el Secretario del Juzgado Primero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México; atento a lo anterior, téngase a la autoridad oficiante devolviendo debidamente diligenciado el exhorto con número de orden 96/2022 (número de origen 66/2022), del índice de este Juzgado. Acuse de recibo. Resulta innecesario acusar de recibo del presente exhorto, dado que fue recibida a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, el cual genera el acuse de recibo respectivo. Anotaciones. Háganse las anotaciones relativas en el libro de gobierno correspondiente. Recurso de queja. Por otra parte, y en atención a lo asentado en la notificación personal practicada a ******, en su carácter de representante común de los demás quejosos, personalidad que le fue reconocida en auto de veinticinco de noviembre de dos mil veintiuno, dictado en el diverso juicio de amparo 1294/2021, por el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Sonora, con residencia en Ciudad Obregón; por tanto, téngase al citado quejoso por sí y en representación de los demás quejosos, interponiendo expresamente recurso de queja contra el auto de dieciséis de marzo del año en curso, en atención al contenido del mismo, acuérdese lo siguiente: Recurso de queja. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 97, fracción I, inciso a), 98, 99, 100 y 101, de la Ley de Amparo, téngase por interpuesto el recurso de queja contra el auto de dieciséis de marzo del año en curso, que desechó la demanda de amparo. Remisión a la Superioridad. Con apoyo en el último de los numerales invocados, remítase copia certificada de la constancia de notificación en la que se interpone el recurso interpuesto, copia certificada de las constancias respectivas, así como el informe sobre la materia de la queja, al Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito, en turno, con residencia en esta ciudad. Informe. Ríndase el informe respectivo, en el sentido de que es cierto el acto que se reclama, en cuanto a que en el expediente principal fue dictado el proveído recurrido que desechó la demanda de amparo, anexando para ello las constancias necesarias a fin de apoyarlo. Así como, que en el caso, si bien los quejosos se encuentran privados de su libertad, no obstante no existe la obligación procedimental de garantizar el derecho de tutela judicial efectiva en el juicio de amparo para que designaran a un abogado, o bien, a la Defensoría Pública para que les asignara un defensor. ***Hechos: Una persona detenida en un centro penitenciario promovió juicio de amparo indirecto contra actos relacionados con las condiciones de su internamiento. El Juez de Distrito, sin requerirla previamente para que designara a un abogado, o bien, a la Defensoría Pública para que le asignara un defensor, en atención a su deber de garantizar el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva conforme a la jurisprudencia 1a./J. 43/2019 (10a.), desechó de plano la demanda, al estimar que de manera manifiesta e indudable se actualizó la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, pues previamente a la promoción del juicio constitucional, el quejoso debió agotar el mecanismo de control previsto en la Ley Nacional de Ejecución Penal. Inconforme, éste interpuso recurso de queja. Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que se actualiza una excepción al deber de garantizar el derecho de tutela jurisdiccional efectiva conforme a la jurisprudencia 1a./J. 43/2019 (10a.), si el estudio oficioso de la improcedencia del juicio de amparo promovido contra las condiciones de internamiento en un centro de reclusión, origina el desechamiento de plano de la demanda, al derivar de la interpretación jurisprudencial de la norma aplicable realizada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Justificación: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis de jurisprudencia 1a./J. 79/2018 (10a.), de título y subtítulo: "OMISIONES INHERENTES A LAS CONDICIONES DE INTERNAMIENTO. PARA RECLAMARLAS, LA PERSONA PRIVADA DE SU LIBERTAD DEBE AGOTAR EL MECANISMO DE CONTROL PREVISTO EN LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL, ANTES DE ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO.", estableció que el juicio de amparo promovido contra las omisiones inherentes a las condiciones de reclusión en un centro penitenciario, sin interponer previamente el mecanismo de control previsto en la Ley Nacional de Ejecución Penal es improcedente, porque se actualiza la causa prevista en la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo, por no agotarse el principio de definitividad que rige al juicio de amparo. Por otra parte, en el diverso criterio jurisprudencial 1a./J. 43/2019 (10a.), de título y subtítulo: "TUTELA JURISDICCIONAL EFECTIVA. PARA GARANTIZAR QUE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN MATERIA PENAL SEA ACORDE CON ESE DERECHO, EL QUEJOSO PRIVADO DE LA LIBERTAD DEBE CONTAR CON LA ASISTENCIA DE UN ABOGADO.", la misma Sala dispuso el deber de los Jueces de Distrito de garantizar al quejoso el derecho fundamental de tutela jurisdiccional efectiva, mediante la designación de un representante, así como para el tribunal revisor de verificar que en el inicio del procedimiento del juicio de amparo se tuteló esa prerrogativa a favor de la parte inconforme y, en caso contrario, ordenar la reposición del procedimiento. Sin embargo, se actualiza una excepción a este último criterio obligatorio para los Jueces de Distrito, cuando el estudio oficioso de la improcedencia del juicio respecto de los actos referidos dé origen al desechamiento de plano de la demanda, al derivar de la interpretación jurisprudencial de la norma aplicable realizada por el propio Tribunal Constitucional, pues ante ese escenario, es evidente que la condición de defensa garantizada al quejoso en la parte inicial del juicio de amparo, no podría superar la obligatoriedad en la aplicación de la jurisprudencia que define la improcedencia del juicio, en términos del artículo 217, párrafo primero, de la Ley de Amparo (vigente hasta el 7 de junio de 2021). De ahí que a ningún fin práctico conduciría que el tribunal revisor ordenara la reposición del procedimiento para el efecto de que desde el inicio del juicio de amparo el Juez de Distrito garantice el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva por medio de la representación del quejoso, si al proveer sobre la admisión de la demanda presentada por éste contra las condiciones de su reclusión, antes de intentar el amparo, debía agotar el mecanismo de controversia ante el Juez de Ejecución o el de Control, según se trate, lo que de inobservarse necesariamente obligaría al Juez de Distrito a arribar a la misma determinación, en el sentido de que se actualiza, de manera manifiesta e indudable, la causa de improcedencia referida, decretada vía jurisprudencial por el Máximo Tribunal del País. Por ello, se concluye que esa obligación procedimental de garantizar el derecho de tutela judicial efectiva en el juicio de amparo, únicamente opera en favor del quejoso cuando la procedencia del juicio sea viable, esto es, cuando no encuentra obstáculo en la declaración de improcedencia emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, mediante la jurisprudencia aplicable." Notificación por exhorto. Ahora bien, en virtud de que el quejoso se encuentra recluido en la Penitenciaría de la Ciudad de México, al resultar necesaria la práctica de notificación personal, con fundamento en el artículo 298 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2º, así como los artículos 79, 80, 81 y 82 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los Órgano jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, gírese atento exhorto vía electrónica "SISE" con los insertos necesarios al Juzgado de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, en turno, para que en auxilio a las labores de este Juzgado de Distrito, instruya al Actuario de su adscripción, se constituya en la Penitenciaría de la Ciudad de México, a fin de notificar el presente proveído a Carlos Alberto Angelino Barrón. Se autoriza al Juez exhortado a fin que dicte los acuerdos, actuaciones y lo que sea necesario para la debida diligenciación de este exhorto, la habilitación de días y horas inhábiles. Sin que en el caso resulte necesario solicitar el acuse correspondiente, dado que el propio sistema electrónico a través del cual se remite el exhorto, lo genera. Notifíquese, y personalmente al quejoso ****, vía exhorto.

  4. Principal

    Mexicali, Baja California, a dieciséis de marzo de dos mil veintidós. Oficio. Agréguese a los autos el oficio registrado con el número de orden 3818 y, remitido por el Secretario de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Quinto Circuito, con sede en Hermosillo, Sonora, al cual anexa testimonio de la resolución del conflicto competencial 5/2022, así como los autos originales del juicio de amparo 1294/2021 del índice del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Sonora, con residencia en Ciudad Obregón, Sonora. Por lo que hace a la decisión del asunto, la Superioridad resolvió: "ÚNICO. Se declara LEGALMENTE COMPETENTE al Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Mexicali, para conocer y decidir sobre la demanda de amparo que originó la controversia de competencia." Acúsese el recibo de estilo correspondiente. Integración. Agréguense al presente juicio de amparo registrado previamente con el número 1402/2021 del índice de este juzgado, las actuaciones originales del cuadernillo formado con motivo del conflicto competencial respectivo, debiéndose destruir el resto de las constancias que lo conforman. Anotaciones. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo. Instancia de parte. Visto el estado de autos, se advierte que la demanda inicial fue promovida por ******, sin firma autógrafa, ni electrónica. Ahora, de acuerdo a la papeleta de turno de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgado de Distrito en Ciudad Obregón, Sonora, se desprende que la demanda fue presentada en línea el veintitrés de noviembre de dos mil veintiuno y, recibida por el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Sonora, con residencia en Ciudad Obregón, en veinticuatro del mismo mes y año; no obstante lo anterior, dado el sentido de la presente determinación, como enseguida se expondrá, no se hace mayor pronunciamiento respecto a dicha situación, sin que obste que los quejosos *****, refieran encontrarse privados de su libertad, lo que los coloca en estado de vulnerabilidad; sin embargo, se insiste, atento a la determinación que se expondrá a continuación no se hace mayor pronunciamiento. Además de que, al haber sido presentada la demanda de amparo vía electrónica, no resulta factible exigirles cuenten con firma electrónica; lo anterior, encuentra apoyo en la tesis jurisprudencial sustentada por el Noveno Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, con datos de registro: ****Desechamiento. Dado que el Juzgador declinante no se pronunció respecto a la admisión o no de la demanda, con motivo de la incompetencia declarada, luego, procede abordar lo relativo a la admisión o desechamiento de la demanda, para lo cual, se debe tener en cuenta, que en términos de lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, al examinar el escrito de demanda de amparo, se debe analizar si existe o no un motivo manifiesto o indudable de improcedencia y, en tal supuesto, debe desecharse de plano la demanda. Al respecto, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis 2a. LXXI/2002, determinó que por manifiesto se entiende aquello que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, el término indudable, implica tener la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. Así, un indicador de que se está ante una causa manifiesta e indudable de improcedencia es que aun cuando se continuara con el trámite de la demanda de amparo, de ninguna manera pudiera desvanecerse el motivo de improcedencia. Bajo esas circunstancias, este juzgador advierte en el caso concreto, respecto de los actos reclamados identificados en la demanda origen, se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, por no respetar los directos quejosos el principio de definitividad que rige en este juicio. Lo anterior, por los motivos siguientes. Respecto del principio de definitividad, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 317/2011 señaló que ello implica el agotamiento previo del recurso ordinario procedente respecto de un determinado acto de autoridad, es decir, es la obligación que tiene el quejoso de agotar, antes de acudir a la instancia constitucional, el recurso ordinario procedente que pudiera tener efectos de revocar o modificar el acto reclamado. De igual manera, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostuvo -para los efectos del juicio de amparo- un medio ordinario de defensa es aquel que se encuentra establecido dentro del procedimiento, regulado por la ley que rige el acto, que tenga por objetivo modificar, revocar o nulificar dicho acto. En resumen, para que opere el principio de definitividad, es necesario exista un recurso ordinario señalado en la ley mediante el cual se pueda modificar, revocar o nulificar el acto de autoridad. Ahora, dada la naturaleza de los actos reclamados, debe atenderse la reforma constitucional de los artículos 18 y 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dieciocho de junio de dos mil ocho, que entró en vigor el diecinueve de junio de dos mil once, así como la diversa publicada el diez de junio de dos mil once del citado artículo 18 y 1°. Constitucional, pues de ellas se advierte se introdujo el modelo penitenciario de reinserción social y la judicialización del régimen de penas. Al examinar la primera de las citadas reformas, el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo en revisión 151/2011, del que luego derivó jurisprudencia P./J. 17/2012 (10a.), de rubro: "PENAS. SU EJECUCIÓN ES COMPETENCIA EXCLUSIVA DEL PODER JUDICIAL, A PARTIR DEL 19 DE JUNIO DE 2011.", concluyó a partir de aquellas reformas, todas las cuestiones de trascendencia jurídica que puedan surgir durante la ejecución de la pena y los aspectos relacionados con los problemas cotidianos, deberían quedar bajo la supervisión de la autoridad judicial en materia penal (Jueces de Ejecución), tanto en el ámbito federal como local, velando siempre porque los derechos humanos se garanticen y efectivicen. Para complemento de lo anterior, el dieciséis de junio de dos mil dieciséis, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, la Ley Nacional de Ejecución Penal que entró en vigor al día siguiente, cuya finalidad radica en implementar los mecanismos necesarios a través de los cuales, en cumplimiento de los derechos humanos, se resuelvan las controversias que surjan con motivo de la prisión preventiva, la ejecución de la sentencia penal o de la sujeción a medidas de seguridad. Luego, los actos suscitados en relación con las cuestiones de internamiento o de ejecución de sentencias de las personas privadas de su libertad, sean procesadas o sentenciadas, deben ceñirse a las disposiciones de la aludida Ley Nacional de Ejecución Penal. En el caso, los quejosos internos en un centro de reinserción social (Penitenciaría de la Ciudad de México) acudieron al juicio de amparo indirecto para reclamar de las autoridades responsables lo siguiente: Traslado de la penitenciaria de la Ciudad de México a otro diverso. Reubicación de dormitorios. Intimidación equiparada a actos de tortura "psicofísica" y "psicoemocional". Represalias y Discriminación. Intimidación. Violación al principio pro persona. Inaplicabilidad de criterios internacionales pro persona. Actos prohibidos en el Artículo 22 Constitucional y 15 de la Ley de Amparo. Sin embargo, en los términos anotados, los quejosos no atendieron el principio de definitividad, necesario para la procedencia del juicio de amparo, pues respecto del acto reclamado consistente en el traslado debieron interponer la controversia judicial prevista en el artículo 117, fracción III de la Ley Nacional de Ejecución Penal y, respecto del diverso relacionado con la reubicación de dormitorios, como personas privadas de su libertad, debieron intentar el procedimiento administrativo de peticiones, seguido de ser necesario por la controversia ante el Juez de Ejecución, mediante el cual pueden hacer valer sus derechos atinentes a dichas condiciones por tratarse de las relativas a su internamiento, conforme los artículos 1, 2, 9, 30, 34, 74, 76 a 78, 107 a 115 y 130 a 135 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, e incluso, intentar contra lo resuelto en aquellas, los recursos ordinarios que prevé. Traslado. En principio, respecto del traslado, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 448/2019, emitió la jurisprudencia 27/2021, en la cual estableció, la orden de traslado de un centro penitenciario a otro sin intervención judicial es un acto que se dicta dentro del procedimiento y por ende, no constituyen una violación directa a la Constitución. Por tanto, la Primera Sala en la jurisprudencia que se alude, concluyó que cuando una persona privada de la libertad -como en el caso los quejosos- busque inconformarse con la orden de traslado de un centro penitenciario a otro, emitida sin autorización previa de la autoridad judicial, antes de la promoción del juicio de amparo, debe interponer la controversia judicial prevista en el artículo 117, fracción III, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, para que sea el juez de control o de ejecución, quien resuelva la legalidad de ese posible traslado, a fin de respetar el principio de definitividad que rige en el amparo. ****Luego, es una causa manifiesta e indudable que justifica el desechamiento del asunto, la existencia de dicho criterio jurisprudencial que define, específicamente que cuando el quejoso reclame la orden de traslado de un centro penitenciario a otro, emitida sin autorización previa de la autoridad judicial, antes de la promoción del juicio de amparo, debe interponerse la controversia judicial prevista en el artículo 117, fracción III, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, para respetar el principio de definitividad que rige en el amparo. Esto, porque tal consecuencia ha sido determinada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en jurisprudencia, de observancia obligatoria en términos del artículo 217, párrafo primero, de la Ley de Amparo, para todos los órganos de menor jerarquía, motivo por el cual, no hay posibilidad que dicho obstáculo declarado para entrar al estudio del fondo del asunto, sea superado, pues el aludido numeral regula la obligatoriedad de los criterios sustentados por el Alto Tribunal, respecto de la constitucionalidad o la convencionalidad de previsiones legales, protegiéndose de esta forma el derecho humano de seguridad y certeza jurídicas, reconocido en los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal. En otras palabras, la jurisprudencia es de observancia obligatoria para todas las autoridades jurisdiccionales del país, incluidos los integrantes del Poder Judicial de la Federación, por disposición expresa del artículo 217 de la Ley de Amparo, máxime la emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, obliga a todas las autoridades jurisdiccionales sin distingo alguno, obligatoriedad que se extiende a la misma Suprema Corte de Justicia de la Nación. Por ello, debe considerarse la existencia de criterio jurisprudencial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, constituye una inexcusable obligación constitucional de los órganos jurisdiccionales al resolver las controversias sometidas a su conocimiento; además, si bien es cierto que los juzgadores, por virtud de la función que desempeñan, deben dejar de aplicar una disposición secundaria que atente contra los derechos humanos, no menos lo es que tal circunstancia no puede acontecer en relación con una jurisprudencia. Lo hasta aquí expuesto lleva a demostrar la posibilidad del desechamiento de la demanda como causa notoria y manifiesta cuando una demanda de amparo indirecto, cuando se promueve como en el caso, contra una orden de traslado. Sostener lo contrario implicaría admitir que un órgano de menor jerarquía pueda revisar un criterio obligatorio que se dio como resultado de un ejercicio hermenéutico del contenido de una norma, lo que sería tanto como permitir distorsionar la certeza y la seguridad jurídica que genera la definición del tema vía jurisprudencia del máximo intérprete constitucional. Condiciones de internamiento. Ahora, respecto de los actos restantes, consistentes en la reubicación de dormitorios, conforme los artículos 1, 2, 9, 30, 34, 74, 76 a 78, 107 a 115 y 130 a 135 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, los quejosos -como personas privadas de su libertad-, cuentan con el procedimiento administrativo de peticiones, mediante el cual pueden hacer valer sus derechos atinentes a dichas condiciones de internamiento. Al respecto, después de realizar una interpretación sistemática, en la parte conducente, de los artículos 3, fracciones XVII y XXV; 9, fracciones I, II, III, VI y VII; 10, fracciones II, IV y V; y 30, todos de la Ley Nacional de Ejecución Penal, se obtiene que tales condiciones de internamiento, conforme la aludida ley, se refieren a cualquier medio u acto que garantice una vida digna y segura a la persona privada de su libertad dentro del centro de reinserción social (entre otros, el suministro de agua corriente y potable, alimentos, prestación de servicio médico o asistencia médica, ropa, colchones y ropa de cama, artículos de aseo personal y de limpieza, libros y útiles escolares, así como los instrumentos de trabajo, y artículos para el deporte y la recreación). En ese panorama, la Ley Nacional de Ejecución Penal establece en el título cuarto denominado "Del procedimiento de ejecución", en la parte correspondiente a su capítulo III, relativo al "Procedimiento administrativo", un mecanismo de control mediante el cual una persona privada de su libertad, sea en su carácter de procesada o sentenciada, tiene el derecho de reclamar, entre otras, situaciones inherentes a sus condiciones de internamiento, esto es, cualquiera que impida que la persona interna tenga una vida digna y segura dentro del centro de reinserción social. Ese mecanismo debe regirse por los principios de dignidad, igualdad, legalidad, debido proceso, transparencia, confidencialidad, publicidad, proporcionalidad, y reinserción social y faculta a la persona privada de su libertad a formular peticiones denominadas administrativas ante la autoridad penitenciaria o el Juez respectivo, por lo que el mismo inicia con la presentación de una petición ante la autoridad correspondiente e incluso, pueden ser presentadas por el interno, sus familiares o defensores, entre otros. Peticiones administrativas que tienen por objeto que la autoridad penitenciaria declare si ha existido o no, una afectación en las condiciones de vida digna y segura del interno, o bien, si existió afectación a los derechos de terceras personas y, en caso de existir, lograr la subsanación de dicha afectación; incluso, tal mecanismo de control establece dos modalidades, a saber, las peticiones no urgentes y las urgentes, cuyo trámite dependerá del carácter apremiante de la petición realizada. Las peticiones administrativas no urgentes se formularán por escrito, sin formalidad alguna, ante el director del centro en donde se encuentren recluida la persona. Los solicitantes podrán desistir de su petición en cualquier momento, salvo que el tema planteado se refiera al interés general del centro o de un sector de su población. El desistimiento del interno no implica la pérdida de su derecho a formular una petición sobre la misma materia con posterioridad. En el escrito de petición se podrá aportar información que se considere pertinente con el objeto de atender las condiciones de vida y seguridad en reclusión. Cuando el interno lo solicite, la autoridad administrativa del centro lo auxiliará para que formule el escrito correspondiente. Cuando las peticiones recaigan sobre casos urgentes, siendo éstas, entre otras, acciones u omisiones relativas a condiciones de internamiento que por su carácter apremiante deban ser atendidas de inmediato, pues de lo contrario quedarían sin materia. De lo expuesto se colige, el mecanismo de control denominado peticiones administrativas cumple con todas las características de un medio de defensa sencillo, rápido y eficaz, a través del cual, los internos se encuentran facultados para reclamar sin mayores formalismos, ante la autoridad penitenciaria o el Juez respectivo, las omisiones inherentes a sus condiciones de internamiento y además, ofrece una asistencia continúa y personalizada al interno, pues en ciertos supuestos podrá acudir de manera directa a la autoridad penitenciaria a explicarle la misma, la razón de ésta y podrá presentar las pruebas que estime conducentes para apoyarla. De hecho, la autoridad penitenciaria, con la finalidad de proteger los derechos del interno, deberá allegarse oficiosamente de las pruebas necesarias para responder de manera óptima la petición. El mecanismo también ofrece la posibilidad que la omisión reclamada sea reparada por la autoridad penitenciaria y el interno impugne la respuesta, si estima que ésta es contraria a sus intereses, ante el Juez de Ejecución o Control, según corresponda. Finalmente, el mecanismo de control otorga la facultad a la parte legitimada para que sea ella quien decida optar por la petición administrativa no urgente, o bien, la petición administrativa por caso urgente, así como la posibilidad real y efectiva de que el acto omisivo de ser procedente sea suspendido, y las autoridades administrativas realicen las acciones positivas necesarias, a fin de que la omisión reclamada cese de inmediato o deje de existir. Incluso, no obstante la posibilidad de la petición administrativa, la Ley Nacional de Ejecución Penal, cuando se trate de un caso que estime urgente, concede al interno la posibilidad de acudir directamente a oponer controversias ante el Juez de Ejecución respectivo, quien previamente a resolver en definitiva, suspenderá de oficio y de inmediato el acto de ser positivo, o bien, si es omisivo, ordenará a la autoridad penitenciaria, también de oficio y de inmediato, que realice las acciones correspondientes; además, contra la respuesta del Juez, el interno podrá interponer recurso de apelación. Luego, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó cuando -como en el caso- una persona privada de su libertad reclame situaciones inherentes a sus condiciones de internamiento, antes de acudir al juicio de amparo indirecto, sí debe agotar el mecanismo de control previsto en el procedimiento de ejecución que regula la Ley Nacional de Ejecución Penal, el cual inicia con una petición denominada administrativa ante la autoridad correspondiente. Lo anterior, porque: a) Constituye un verdadero procedimiento conformado de diversas etapas, a través de las cuales los internos, pueden ofrecer pruebas y la autoridad recabarlas de oficio. b) El acto de ser urgente será suspendido de oficio y de inmediato por un Juez, o bien, que éste ordene las acciones positivas necesarias para que el mismo cese, en caso de constituir una omisión. c) Asimismo, establece la posibilidad de que la respuesta a la petición sea impugnada a través de los recursos correspondientes, en caso de que considere que vulnera sus derechos. Por ello, el mismo debe ser agotado previamente a acudir al juicio de amparo indirecto. Incluso, cuando los actos reclamados constituyen situaciones (acciones u omisiones) inherentes a las condiciones de internamiento y la persona privada de su libertad aún no ha formulado la petición administrativa correspondiente, éste constituye un acto omisivo cuyo cumplimiento de hacer recae en las autoridades penitenciarias, al estar dentro de sus atribuciones la administración de los centros penitenciarios, así como el ejecutar la restricción de la libertad impuesta a la persona, conforme al marco constitucional y legal antes expuesto. En efecto, es la autoridad penitenciaria la que organizará la administración y operación del sistema penitenciario sobre la base del respeto a los derechos humanos, el trabajo, la capacitación para el mismo, la educación, la salud, y el deporte, como medios para procurar la reinserción de la persona sentenciada a la sociedad; además, supervisará las instalaciones de los centros penitenciarios para mantener la seguridad, tranquilidad e integridad, entre otras, de las personas privadas de la libertad, ejerciendo las medidas y acciones pertinentes para el buen funcionamiento de éstas. Todo lo anterior cumple con el requisito exigido por el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, pues si la parte quejosa desea que su acto u omisión sea suspendido, tiene la posibilidad de acudir directamente al Juez que corresponda presentar su petición (Juez de Ejecución), quien ordenará de oficio y de inmediato la suspensión del acto, paralizándolo de plano e inmediato, o bien, ordenando a la autoridad administrativa que realice las acciones positivas conducentes a fin de que cese la omisión. Además, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que la suspensión establecida en la Ley Nacional de Ejecución Penal tiene los mismos alcances que la diversa de la Ley de Amparo, dado que no exige mayores requisitos que los de esta para concederla, y tampoco un plazo mayor del que esta ley determina para el otorgamiento de la suspensión provisional. Por el contrario, se insiste, el citado mecanismo ofrece una oportunidad real, ágil y eficaz para que las peticiones de la persona privada de su libertad sean atendidas de inmediato, sin mayor trámite ni dilación alguna, incluso de manera personalizada frente a la autoridad correspondiente, en donde la persona interna podrá formular de viva voz sus inquietudes y también las razones del porqué las omisiones que están reclamando atentan contra su derecho a tener una vida digna y segura dentro del centro de reinserción social, otorgando con ello la posibilidad de que en ese mismo acto o audiencia la autoridad correspondiente, frente al interno, ordene el cese inmediato de la omisión reclamada, es decir, la suspensión del acto reclamado. En tal virtud, acorde con lo sostenido por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación las personas privadas de su libertad, antes de acudir al juicio de amparo indirecto para reclamar situaciones inherentes con sus condiciones de internamiento, deben agotar el mecanismo de control establecido en la Ley Nacional de Ejecución Penal, así como los medios de impugnación previstos en la ley referida, el cual inicia con la formulación de una petición denominada administrativa ante la autoridad correspondiente. Con dicho criterio, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación busca darle funcionalidad y coherencia a las reformas constitucionales de los artículos 18, 21, y 73, fracción XXI, de la Constitución Federal, que en su conjunto, como ya se examinó, implementaron un modelo penitenciario de reinserción social, la judicialización del régimen de penas, control judicial de las cuestiones inherentes a las condiciones de internamiento, así como la creación de un Juez cuya función primordial sería, entre otras, la de proteger y velar por los derechos humanos de quienes en su condición de interno acuden ante su potestad. También, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el diverso conflicto competencial 3/2020, estableció las sanciones disciplinarias en un centro penitenciario no guardan relación alguna con los aspectos sustantivos, lo que resulta necesario distinguir pues permite fijar un criterio para distinguir la competencia de un Juez o Jueza de Ejecución conforme a la naturaleza del acto que se somete a su consideración: de naturaleza sustantiva inherentes a la pena impuesta (es decir, las que impactan en su modificación, duración o extinción) y, por otro, cuestiones de tipo adjetivo (como lo son las sanciones disciplinarias). En efecto, la Suprema Corte ha señalado que las infracciones a la normativa de un centro penitenciario (reglamentado y administrado por el Poder Ejecutivo respectivo) no implican un proceso que dé como consecuencia un impacto sustantivo en la pena, como sí lo implican los beneficios preliberacionales, pues aquellas infracciones únicamente denotan las condiciones administrativas internas de seguridad, el procedimiento de determinación de faltas y el cumplimiento de las sanciones administrativas. Por ende, consideró las sanciones disciplinarias, también se contemplan dentro de ese género de condiciones de internamiento que no guardan relación alguna con un aspecto sustantivo al no constituir una variante de la ejecución de la pena o de su modificación o duración, motivo por el cual, no existe una conexión directa entre el fuero en el cual fue sentenciada la persona (federal o local) y el análisis de tales sanciones impuestas en el centro de reclusión en que la persona se encuentra interna, como sí existe en el caso de los beneficios preliberacionales. Así, la Primera Sala ha determinado las personas privadas de la libertad incluso respecto de sanciones disciplinarias pueden oponer controversias ante el Juez de Ejecución respectivo en contra de las omisiones o determinaciones que afecten las condiciones de su internamiento en los centros de reclusión en que se encuentren, acorde con las disposiciones relativas de la Ley Nacional de Ejecución Penal. En estos casos, si bien la controversia se resuelve adjetivamente conforme a la Ley Nacional de Ejecución Penal, el fondo del asunto se decide atendiendo a los preceptos jurídicos específicos al centro penitenciario en cuestión, como lo es su reglamento interior y demás disposiciones administrativas que le sean aplicables, pero en definitiva, no se relacionan con aspectos sustantivos de las penas impuestas, pues las cuestiones de internamiento están disociadas de las causas que originaron la privación de la libertad de la persona, lo que permite sentar las primeras bases para resolver esta contradicción de tesis. Además, contra dicha resolución, es decir, la del Juez de Ejecución, la persona privada de su libertad o la parte promovente, puede interponer recurso de apelación ante la alzada, en caso de que considere que la decisión adoptada por el Juez vulnera sus derechos, medio de impugnación que tiene por objeto modificar, revocar o confirmar la determinación impugnada. Consecuentemente, al tratarse los actos reclamados por los quejosos, de aquellos que identifica como reubicación de dormitorios (condiciones de internamiento), son actos de autoridades distintas a los tribunales judiciales administrativos o del trabajo, respecto al cual, la Ley Nacional de Ejecución Penal establece un mecanismo de control que cumple cabalmente con los requisitos previstos en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, por lo que debe ser agotado por la persona privada de su libertad antes de acudir al juicio de amparo indirecto, lo que no ocurrió en el caso, por lo que ha lugar a desechar la demanda. Sin que obste para ello que los quejosos consideraran que tales actos constituyen intimidación equiparada a actos de tortura "psicofísica" y "psicoemocional", represalias y discriminación, intimidación, violación al principio pro persona e inaplicabilidad de criterios internacionales pro persona, por ende, estiman derivan en un riesgo a su integridad, salud y dignidad personal, psicofísica y emocional y por ello, son de los prohibidos por el artículo 22, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y referidos en el artículo 15, de la Ley de Amparo. Esto porque de la lectura integral de la demanda no se observó dato o información que evidenciara se llevaran a cabo dichos actos contra los solicitantes de amparo, por lo que se concluye que esa circunstancia la hicieron depender de la ejecución de los diversos actos que reclamaron como lo son el traslado a otro centro penitenciario o bien de un dormitorio a otro del propio centro penitenciario donde guardan reclusión, pues con el sólo hecho de invocar los artículos 15 de la ley de la materia y 22 de la Carta Magna, no se puede tener por satisfecha la excepción a que alude el diverso 109 de la Ley de Amparo. Es decir, de la demanda de amparo se advierte se reclaman actos relacionados con las condiciones de internamiento en el Centro Penitenciario de la Ciudad de México en el que se encuentran recluidos quienes aparecen como directos quejosos, como parte del sistema penitenciario de ese lugar, el cual, acorde con la reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos del diez de junio de dos mil once, se organizará, entre otros aspectos, en el trabajo como medio para lograr la reinserción del sentenciado a la sociedad, tal como se prevé el artículo 18, por lo que no se trata de aquellos prohibidos por el artículo 22, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se estima aplicable la tesis del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, con datos de registro y rubro: ***** En consecuencia, se actualiza la causal de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo y, debe desecharse de plano la demanda de amparo indirecto presentada vía medios electrónicos por (1) Carlos Alberto Angelino Barrón, *****. Esto, porque se estima actualizado un caso de excepción y, ante la improcedencia del juicio respecto de los actos reclamados y por ende, el desechamiento de plano de la demanda, al derivar de la interpretación jurisprudencial de la norma aplicable realizada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues ante ese escenario, es evidente la condición de defensa garantizada a los quejosos en la parte inicial del juicio de amparo, no podría superar la obligatoriedad en la aplicación de la jurisprudencia que define la improcedencia del juicio, en términos del artículo 217, párrafo primero, de la Ley de Amparo. ****En similares términos se pronunció el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito, con residencia en Zacatecas, Zacatecas, al declarar infundado el recurso de queja 121/2021 de su índice. Pronunciamiento de la suspensión de plano. Al respecto se señala que el juzgador que se declaró incompetente ya proveyó lo conducente respecto a la suspensión de plano de los actos reclamados. Sin embargo, este juzgador estima que no ha lugar a pronunciarse respecto de la aludida suspensión de plano solicitada, pues esta medida se encuentra condicionada a la vida del juicio constitucional, lo que no se actualiza cuando la demanda -como en el caso- fue desechada de plano. ****Notificación por exhorto. Ahora bien, en virtud de que los quejosos ****, se encuentran recluidos en la Penitenciaría de la Ciudad de México, al resultar necesaria la práctica de notificación personal, con fundamento en el artículo 298 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2º, así como los artículos 79, 80, 81 y 82 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, gírese atento exhorto vía electrónica SISE con los insertos necesarios al Juzgado de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, en turno, para que en auxilio a las labores de este Juzgado de Distrito, instruya al Actuario de su adscripción, se constituya en la Penitenciaría de la Ciudad de México, a fin de notificar a los directos quejosos el presente proveído. Se autoriza al Juez exhortado a fin que dicte los acuerdos, actuaciones y lo que sea necesario para la debida diligenciación de este exhorto. Habilitación de días y horas. Con fundamento en el artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para llevar a cabo las notificaciones personales que se ordenen en el presente juicio de amparo. Digitalización. De conformidad con el artículo 3°, párrafo octavo, de la ley de la materia, procédase a la digitalización de las promociones, resoluciones y documentos judiciales, para los efectos legales conducentes. Medios electrónicos. En términos de la circular 12/09 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza a las partes el uso de medios electrónicos para que se impongan de los autos de este juicio, desde luego, bajo el cuidado y vigilancia del personal judicial respectivo, haciéndose saber al interesado que la posibilidad de fotografiar o utilizar cualquier medio electrónico, no puede trastocar el buen funcionamiento del tribunal al grado que el uso de esa prerrogativa se convierta en instrumento de abuso, por lo que debe ajustarse a la disponibilidad de un tiempo prudente para no obstaculizar las cargas de trabajo o distraer innecesariamente a un funcionario público en las labores que esencialmente debe prestar en su servicio. Asimismo, para mayor eficacia en la notificación de las comunicaciones oficiales, se autoriza para efectos de enviarlas y recibirlas, el uso de los medios electrónicos, sin perjuicio de hacerlo por la vía ordinaria. Transparencia y acceso a la información. De conformidad con los artículos 3°, 6°, 8°, 68, 98, 110, 112, 113 y 117, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 23, 70, fracción XXXVI, 73, fracción II, 116 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace saber a las partes no sólo que deben hacerse públicas las resoluciones que causen estado, sino también que pueden solicitar la supresión de sus nombres en las listas publicadas en medios electrónicos, y que para permitirse el acceso a información confidencial que contenga datos personales concernientes a una persona identificada o identificable, se requiere el consentimiento del titular de la información relativa, salvo las hipótesis legales reguladas por la ley de la materia. Finalmente, hágaseles ver que con independencia de que las partes manifiesten o no su oposición a la publicación de sus datos, la versión pública de la sentencia que se emita en el presente asunto, se suprimirán los datos confidenciales que puedan contener de conformidad con el artículo 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y con lo dispuesto en el acuerdo general del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal de veintisiete de noviembre de dos mil trece, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce. Notifíquese y por exhorto a los quejosos.

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