Carlos Alberto Angelino Barrón
Expediente 549/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Baja California. 18 actuaciones registradas, la última del 14 de junio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 549/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 18
- Última actuación
- 14/06/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Baja California · Baja California
Partes del expediente
- Carlos Alberto Angelino Barrón y Otros.
- Carlos Alberto Angelino Barrón
- Edwin Daniel Guerra Cordova
Actuaciones
Las 4 más recientes de 18.
- Principal
Mexicali, Baja California, catorce de junio de dos mil veintitrés. Firme desechamiento y no presentada Vista la certificación de cuenta, se advierte que ha transcurrido el término de cinco días hábiles que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se interpusiera recurso de queja a que se refiere el artículo 97, fracción I, inciso a) del ordenamiento en cita, sin que las partes hayan recurrido el proveído de ocho de marzo de dos mil veintitrés, dictado en este juicio En consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho proveído en el que por una parte se tuvo por no presentada la demanda de amparo promovida por ******* y otros, y se desechó la misma por los diversos actos que señaló, ha quedado firme. Calificación del expediente judicial. ... Notifíquese.
- Principal
Mexicali, Baja California, a diecisiete de abril de dos mil veintitrés. Se recibe comunicación oficial Agréguese para que obre como corresponda, el oficio y anexos de cuenta provenientes del Juzgado Quinto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la ciudad de México, mediante el cual devuelve diligenciado el exhorto número 119/2023-Vll, con número de orden 135/2023, de su índice, formado con motivo del diverso exhorto local 73/2023- 3A (número de orden 73/2023-3A), de nuestro índice, ordenado en el presente juicio de amparo; sin que resulte necesario acusar el recibo correspondiente, ya que la constancia generada por el sistema electrónico al momento de su envío, hará las veces del mismo.. Anotaciones en libro de juzgado y sise Hágase la anotación en Libro Cuatro de Juzgado, relativo al registro de Comunicaciones Oficiales Enviadas, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, levántese certificación de tal circunstancia. Notifíquese.
- Principal
Mexicali, Baja California, ocho de marzo de dos mil veintitrés. Vista la certificación de cuenta, así como el estado actual de autos, se desprende que el plazo conferido en proveído de tres de mayo de dos mil veintidós, a la fecha transcurrió para la parte promovente, a efecto de dar cumplimiento a la prevención decretada en autos; en consecuencia, se le hace efectivo el apercibimiento contenido en el mismo, por lo que se tienen por no señalados los actos reclamados precisados en los incisos 11), 13), 17), 19) y 22), de su demanda de amparo, de conformidad con el segundo párrafo, del artículo 114, de la Ley de Amparo. Análisis del escrito petitorio de amparo Ahora, del análisis del escrito de demanda respecto de los restantes actos reclamados; de acuerdo con el artículo 113 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar la demanda y de encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debe desecharla de plano, tomando en cuenta que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda, y lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa. ... Bajo esas circunstancias, esta juzgadora advierte en el caso concreto, respecto de los actos reclamados identificados en la demanda origen, se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo2, por no respetar los directos quejosos el principio de definitividad que rige en este juicio. ... Notifíquese y personalmente a ******* y vía exhorto parte quejosa.
- Principal
CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCION I, INCISO B), SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL PROVEÍDO SIGUIENTE: Mexicali, Baja California, ocho de marzo de dos mil veintitrés. Vista la certificación de cuenta, así como el estado actual de autos, se desprende que el plazo conferido en proveído de tres de mayo de dos mil veintidós, a la fecha transcurrió para la parte promovente, a efecto de dar cumplimiento a la prevención decretada en autos; en consecuencia, se le hace efectivo el apercibimiento contenido en el mismo, por lo que se tienen por no señalados los actos reclamados precisados en los incisos 11), 13), 17), 19) y 22), de su demanda de amparo, de conformidad con el segundo párrafo, del artículo 114, de la Ley de Amparo. Análisis del escrito petitorio de amparo Ahora, del análisis del escrito de demanda respecto de los restantes actos reclamados; de acuerdo con el artículo 113 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar la demanda y de encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debe desecharla de plano, tomando en cuenta que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda, y lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa. Bajo esas circunstancias, esta juzgadora advierte en el caso concreto, respecto de los actos reclamados identificados en la demanda origen, se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo , por no respetar los directos quejosos el principio de definitividad que rige en este juicio. En resumen, para que opere el principio de definitividad, es necesario exista un recurso ordinario señalado en la ley mediante el cual se pueda modificar, revocar o nulificar el acto de autoridad. Ahora, dada la naturaleza de los actos reclamados, debe atenderse la reforma constitucional de los artículos 18 y 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dieciocho de junio de dos mil ocho, que entró en vigor el diecinueve de junio de dos mil once, así como la diversa publicada el diez de junio de dos mil once del citado artículo 18 y 1°. Constitucional, pues de ellas se advierte se introdujo el modelo penitenciario de reinserción social y la judicialización del régimen de penas. Al examinar la primera de las citadas reformas, el Tribunal Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo en revisión 151/2011, del que luego derivó jurisprudencia P./J. 17/2012 (10a.), de rubro: "PENAS. SU EJECUCIÓN ES COMPETENCIA EXCLUSIVA DEL PODER JUDICIAL, A PARTIR DEL 19 DE JUNIO DE 2011.", concluyó a partir de aquellas reformas, todas las cuestiones de trascendencia jurídica que puedan surgir durante la ejecución de la pena y los aspectos relacionados con los problemas cotidianos, deberían quedar bajo la supervisión de la autoridad judicial en materia penal (Jueces de Ejecución), tanto en el ámbito federal como local, velando siempre porque los derechos humanos se garanticen y efectivicen. Para complemento de lo anterior, el dieciséis de junio de dos mil dieciséis, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, la Ley Nacional de Ejecución Penal que entró en vigor al día siguiente, cuya finalidad radica en implementar los mecanismos necesarios a través de los cuales, en cumplimiento de los derechos humanos, se resuelvan las controversias que surjan con motivo de la prisión preventiva, la ejecución de la sentencia penal o de la sujeción a medidas de seguridad. Luego, los actos suscitados en relación con las cuestiones de internamiento o de ejecución de sentencias de las personas privadas de su libertad, sean procesadas o sentenciadas, deben ceñirse a las disposiciones de la aludida Ley Nacional de Ejecución Penal. En el caso, los quejosos internos en un centro de reinserción social (Penitenciaría de la Ciudad de México) acudieron al juicio de amparo indirecto para reclamar de las autoridades responsables lo siguiente: Traslado de un centro penitenciario a otro. Reubicación de dormitorios. Actos de los cuales hacen derivar los diversos que, consideran, se trata de: Restricción de comunicación. Intimidación. Discriminación. Actos que se equiparan a tormento "psicofísico" y afectación "psicoemocional". Violación al principio Pro Persona. Encubrimiento de actos constitutivos del delito de tortura. Restricción de comunicación. Sin embargo, en los términos anotados, los quejosos no atendieron el principio de definitividad, necesario para la procedencia del juicio de amparo, ya que respecto del acto reclamado consistente en el traslado debieron interponer la controversia judicial prevista en el artículo 117, fracción III, de la Ley Nacional de Ejecución Penal y respecto de los restantes relacionados con la reubicación de dormitorios, como personas privadas de su libertad, debieron intentar el procedimiento administrativo de peticiones, seguido de ser necesario por la controversia ante el Juez de Ejecución, mediante el cual pueden hacer valer sus derechos atinentes a dichas condiciones por tratarse de las relativas a su internamiento, conforme los artículos 1, 2, 9, 30, 34, 74, 76 a 78, 107 a 115 y 130 a 135 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, e incluso, intentar contra lo resuelto en aquellas, los recursos ordinarios que prevé. Traslado. En principio, respecto del traslado, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 448/2019, emitió la jurisprudencia 27/2021, en la cual estableció, la orden de traslado de un centro penitenciario a otro sin intervención judicial es un acto que se dicta dentro del procedimiento y por ende, no constituyen una violación directa a la Constitución. Por tanto, la Primera Sala en la jurisprudencia que se alude, concluyó que cuando una persona privada de la libertad -como en el caso los quejosos- busque inconformarse con la orden de traslado de un centro penitenciario a otro, emitida sin autorización previa de la autoridad judicial, antes de la promoción del juicio de amparo, debe interponer la controversia judicial prevista en el artículo 117, fracción III, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, para que sea el juez de control o de ejecución, quien resuelva la legalidad de ese posible traslado, a fin de respetar el principio de definitividad que rige en el amparo. Luego, es una causa manifiesta e indudable que justifica el desechamiento del asunto, la existencia de dicho criterio jurisprudencial que define, específicamente que cuando el quejoso reclame la orden de traslado de un centro penitenciario a otro, emitida sin autorización previa de la autoridad judicial, antes de la promoción del juicio de amparo, debe interponerse la controversia judicial prevista en el artículo 117, fracción III, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, para respetar el principio de definitividad que rige en el amparo. Esto, porque tal consecuencia ha sido determinada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en jurisprudencia, de observancia obligatoria en términos del artículo 217, párrafo primero, de la Ley de Amparo, para todos los órganos de menor jerarquía, motivo por el cual, no hay posibilidad que dicho obstáculo declarado para entrar al estudio del fondo del asunto, sea superado, pues el aludido numeral regula la obligatoriedad de los criterios sustentados por el Alto Tribunal, respecto de la constitucionalidad o la convencionalidad de previsiones legales, protegiéndose de esta forma el derecho humano de seguridad y certeza jurídicas, reconocido en los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal. Lo hasta aquí expuesto lleva a demostrar la posibilidad del desechamiento de la demanda como causa notoria y manifiesta cuando una demanda de amparo indirecto, se promueve como en el caso, contra una orden de traslado. Sostener lo contrario implicaría admitir que un órgano de menor jerarquía pueda revisar un criterio obligatorio que se dio como resultado de un ejercicio hermenéutico del contenido de una norma, lo que sería tanto como permitir distorsionar la certeza y la seguridad jurídica que genera la definición del tema vía jurisprudencia del máximo intérprete constitucional. Condiciones de internamiento. Ahora, respecto de los actos restantes, consistentes en la reubicación de dormitorios, conforme los artículos 1, 2, 9, 30, 34, 74, 76 a 78, 107 a 115 y 130 a 135 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, los quejosos -como personas privadas de su libertad-, cuentan con el procedimiento administrativo de peticiones, mediante el cual pueden hacer valer sus derechos atinentes a dichas condiciones de internamiento. Al respecto, después de realizar una interpretación sistemática, en la parte conducente, de los artículos 3, fracciones XVII y XXV; 9, fracciones I, II, III, VI y VII; 10, fracciones II, IV y V; y 30, todos de la Ley Nacional de Ejecución Penal, se obtiene que tales condiciones de internamiento, conforme la aludida ley, se refieren a cualquier medio u acto que garantice una vida digna y segura a la persona privada de su libertad dentro del centro de reinserción social (entre otros, el suministro de agua corriente y potable, alimentos, prestación de servicio médico o asistencia médica, ropa, colchones y ropa de cama, artículos de aseo personal y de limpieza, libros y útiles escolares, así como los instrumentos de trabajo, y artículos para el deporte y la recreación). En ese panorama, la Ley Nacional de Ejecución Penal establece en el título cuarto denominado "Del procedimiento de ejecución", en la parte correspondiente a su capítulo III, relativo al "Procedimiento administrativo", un mecanismo de control mediante el cual una persona privada de su libertad, sea en su carácter de procesada o sentenciada, tiene el derecho de reclamar, entre otras, situaciones inherentes a sus condiciones de internamiento, esto es, cualquiera que impida que la persona interna tenga una vida digna y segura dentro del centro de reinserción social. Ese mecanismo debe regirse por los principios de dignidad, igualdad, legalidad, debido proceso, transparencia, confidencialidad, publicidad, proporcionalidad, y reinserción social y faculta a la persona privada de su libertad a formular peticiones denominadas administrativas ante la autoridad penitenciaria o el Juez respectivo, por lo que el mismo inicia con la presentación de una petición ante la autoridad correspondiente e incluso, pueden ser presentadas por el interno, sus familiares o defensores, entre otros. Peticiones administrativas que tienen por objeto que la autoridad penitenciaria declare si ha existido o no, una afectación en las condiciones de vida digna y segura del interno, o bien, si existió afectación a los derechos de terceras personas y, en caso de existir, lograr la subsanación de dicha afectación; incluso, tal mecanismo de control establece dos modalidades, a saber, las peticiones no urgentes y las urgentes, cuyo trámite dependerá del carácter apremiante de la petición realizada. Las peticiones administrativas no urgentes se formularán por escrito, sin formalidad alguna, ante el director del centro en donde se encuentren recluida la persona. Los solicitantes podrán desistir de su petición en cualquier momento, salvo que el tema planteado se refiera al interés general del centro o de un sector de su población. El desistimiento del interno no implica la pérdida de su derecho a formular una petición sobre la misma materia con posterioridad. En el escrito de petición se podrá aportar información que se considere pertinente con el objeto de atender las condiciones de vida y seguridad en reclusión. Cuando el interno lo solicite, la autoridad administrativa del centro lo auxiliará para que formule el escrito correspondiente. Cuando las peticiones recaigan sobre casos urgentes, siendo éstas, entre otras, acciones u omisiones relativas a condiciones de internamiento que por su carácter apremiante deban ser atendidas de inmediato, pues de lo contrario quedarían sin materia. En consecuencia, se actualiza la de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, debe desecharse de plano la demanda de amparo indirecto presentada por ***. Esto, porque se estima actualizado un caso de excepción, ante la improcedencia del juicio respecto de los actos reclamados y por ende, el desechamiento de plano de la demanda, al derivar de la interpretación jurisprudencial de la norma aplicable realizada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues ante ese escenario, es evidente la condición de defensa garantizada a los quejosos en la parte inicial del juicio de amparo, no podría superar la obligatoriedad en la aplicación de la jurisprudencia que define la improcedencia del juicio, en términos del artículo 217, párrafo primero, de la Ley de Amparo.
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