Carlos Alberto Angelino Barron
Expediente 26/2023 tramitado ante el Juzgado Decimosexto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 3 actuaciones registradas, la última del 26 de enero de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 26/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 26/01/2023
Partes del expediente
- Edwin Daniel Guerra Cordova
- Carlos Alberto Angelino Barron
Actuaciones
- Principal
Cúmplase.
- Principal
Agréguese a los autos la constancia de notificación personal de dieciocho de enero actual, por la que se notificó a la parte quejosa el proveído de trece de enero de dos mil veintitrés en que se desechó la demanda de amparo, de la que se advierte que el quejoso representante común, ****************** manifiesta: "interpongo queja"(sic). Con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso a), 98, 99 y 100 de la Ley de Amparo, téngase por interpuesto el recurso de queja en contra de dicho acuerdo. Remítase al Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, en turno, copia certificada de la referida diligencia en que realizó su manifestación, para la substanciación del medio de impugnación, así como la copia correspondiente para el agente del Ministerio Público de la Federación de su adscripción. Con fundamento en el artículo 101 de la Ley de Amparo, se informa atentamente al Tribunal Colegiado que le corresponda conocer del recurso de mérito, que es cierto el auto que se impugna, pues este juzgado, emitió el trece de enero de dos mil veintitrés, en el que se desechó por notoriamente improcedente la demanda de amparo.
- Principal
El Juzgado Decimoprimero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, declinó su competencia a favor del juez de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, en turno, por lo que remite copia certificada del juicio de amparo 879/2022 de su índice, aparentemente promovido por ********************, ***************, ***************, ********************, **************, ********, *****************, ***************, ****************, *****************, ********************, *******************, ***************** y *************, contra actos del Director de la Penitenciaría de la Ciudad de México y otras autoridades. Cn fundamento en los artículos 1° y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 33, fracción IV, 35 y 37 de la Ley de Amparo, fórmese expediente impreso y electrónico, regístrese en el libro de gobierno con el número 26/2023-I. Los actos reclamados se ubican en las hipótesis del artículo 56 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, esto es, son competencia de un Juez de Distrito de Amparo en Materia Penal; además, es claro que a este órgano de control de la constitucionalidad no le reviste el carácter de autoridad responsable. Hágase saber a la autoridad declinante que este Juzgado Decimosexto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, después de analizar la demanda, acepta la competencia planteada y se avoca al conocimiento del asunto. Previo a determinar sobre la admisión o no de la demanda de amparo, se precisa que de una lectura íntegra, se tiene que los actos que se reclaman no son de los emitidos por los Jueces de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, por lo cual se debe concluir que los señalados como responsables, incluido este juzgado, no revisten el carácter de autoridades responsables. Si bien los actos que reclama al Juzgado Decimoprimero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, son los señalados como la violación al principio pro persona y la inaplicación de criterios internacionales, de la lectura íntegra de la demanda destaca que la parte quejosa reclama, en esencia: 1) Traslado de la Penitenciaría de la Ciudad de México a otro centro diverso dentro o fuera de la Ciudad de México. 2) Reubicación de los quejosos de sus actuales dormitorios a otros. Sin inadvertirse que los quejosos aduzcan que de llevarse a cabo los actos enunciados se les pondría en riesgo psicofísico que les generaría angustias y dolor psíquico; aunado a referir que los mismos se pretenden ejecutar con fines de tortura; además, de que también se aluda a actos de los considerados como prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 15 de la Ley de Amparo, intimidación, discriminación, violación al principio pro persona e inaplicación de criterios internacionales. Sin embargo, se observa que dependen de ejecutarse la orden de traslado reclamada y/o el cambio de dormitorio; por tanto, este juzgado considera que se trata únicamente de actos futuros de realización incierta, aunado a que en cuanto a las afectaciones aducidas, no se indican los actos que en específico le causan y/o le causarían tortura; además, se insiste, para que exista la posibilidad inminente de que esos actos se realicen, primero se tendría que trasladar y/o reubicar a los quejosos, lo que tampoco ha sucedido en la especie de acuerdo con lo mínimamente narrado en la demanda, por lo que dichas manifestaciones se traducen en simples expectativas o suposiciones relacionadas por el quejoso a dichos actos. Por los que hace a los "actos prohibidos en el artículo 22 de la Constitución", el amparista no mencionó expresamente alguno de éstos o del diverso 15 de la ley de la materia. Máxime que los quejosos no precisan en los antecedentes, ni siquiera indiciariamente, cómo se han materializado aquellos por las autoridades que señalan como responsables. De conformidad con las disposiciones señaladas, el juicio de amparo constituye un medio de control constitucional que se inicia mediante la acción de una persona por sí o en representación de otra, quien alega sufrir un agravio personal y directo, esto es, por el titular de la acción o su legal representante; manifestación de la voluntad que se exterioriza, al asentar en la demanda de amparo o del documento respectivo, la firma autógrafa, o bien la firma electrónica de conformidad con el artículo 3 de la ley de la materia. Atento a ello, es necesario precisar que la demanda que se analiza fue presentada de manera electrónica por medio de las herramientas tecnológicas instauradas para ello; ahora, dicha circunstancia no exime a la parte promovente de la obligación de manifestar su voluntad por medio de la firma, que será el medio por el cual se cumple con el requisito necesario de que la demanda sea promovida siempre a instancia de parte agraviada - principio de instancia de parte-. Asimismo, de conformidad con los artículos 59, 62, 64, 65 interpretado a contrario sensu, 72 y 76 todos del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se advierte que el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación es el sitio web a través del cual las partes podrán promover demandas de amparo, promociones y recursos; para acceder a dicho sistema se deberá estar registrado en el mismo y contar con una firma electrónica emitida y reconocida por la Unidad del Poder Judicial de la Federación para el Control de Certificación de Firmas. Respecto de los actos reclamados consistentes en el traslado o reubicación de los amparistas, restricciones de comunicación, contacto y de convivencia entre quejosos, como medio de coacción, intimidación y represalias atribuidas al comité técnico de la penitenciaría de la ciudad de México; se actualizaría la diversa causal de improcedencia establecida en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, ya que los peticionarios no agotaron el principio de definitividad en forma previa a acudir a esta instancia constitucional, al no interponer en contra de dichos actos el medio ordinario de defensa contemplado en la Ley Nacional de Ejecución Penal. Se itera, al no satisfacerse el principio de instancia de parte agraviada, ni actualizarse alguno de los supuestos de excepción que contempla la norma, se actualiza la causa de improcedencia invocada, por lo que se desecha de plano la demanda de amparo.
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