Carlos Alberto Angelino Barrón
Expediente 16/2023 tramitado ante el Juzgado Decimosexto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 4 actuaciones registradas, la última del 17 de marzo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 16/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 17/03/2023
Partes del expediente
- Edwin Daniel Guerra Córdova
- Carlos Alberto Angelino Barrón
Actuaciones
- Principal
El Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito remite el testimonio de la resolución aprobada en el recurso de queja *****************, mediante sesión virtual de dos de marzo de dos mil veintitrés, resolviendo: "Único. Es INFUNDADO el recurso de queja."
- Principal
El Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito acusa recibo de la copia certificada y simple de la constancia de notificación de la parte quejosa e informa que se admitió a trámite el recurso de queja interpuesto por el representante común de los quejosos, contra el proveído de diez de enero de dos mil veintitrés, el que se registró como *******************. Cúmplase.
- Principal
Agréguese a los autos la constancia de notificación personal de dieciocho de enero actual, por la que se notificó a la parte quejosa el proveído de diez de enero de dos mil veintitrés en que se desechó la demanda de amparo, de la que se advierte que el quejoso ******************** manifiesta: "como representante común interpongo queja"(sic). Con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso a), 98, 99 y 100 de la Ley de Amparo, téngase por interpuesto el recurso de queja en contra de dicho acuerdo. Remítase al Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, en turno, copia certificada de la referida diligencia en que realizó su manifestación, para la substanciación del medio de impugnación, así como la copia correspondiente para el agente del Ministerio Público de la Federación de su adscripción. Con fundamento en el artículo 101 de la Ley de Amparo, se informa atentamente al Tribunal Colegiado que le corresponda conocer del recurso de mérito, que es cierto el auto que se impugna, pues este juzgado, emitió el diez de enero de dos mil veintitrés, en el que se desechó por notoriamente improcedente la demanda de amparo.
- Principal
El Tribunal Colegiado del Trigésimo Segundo Circuito, envía testimonio de la ejecutoria emitida el once de noviembre de dos mil veintidós en el conflicto competencial *****************, en la que se determinó la competencia a favor del juez de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, en turno, para conocer del juicio de amparo ***************** del índice del Juzgado Tercero de Distrito en el estado de Colima, con sede en Colima, promovido por *******************, contra actos del Director de la Penitenciaría de la Ciudad de México y otras autoridades, el cual remite para los efectos legales conducentes. En mérito de lo anterior, con fundamento en los artículos 1° y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 33, fracción IV, 35 y 37 de la Ley de Amparo, fórmese expediente impreso y electrónico, regístrese en el libro de gobierno con el consecutivo 16/2023-I. Acorde con lo que se determina en la ejecutoria de cuenta, se tiene que los actos reclamados se ubican en las hipótesis del artículo 56 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, esto es, son competencia de un Juez de Distrito de Amparo en Materia Penal; además, es claro que a este órgano de control de la constitucionalidad no le reviste el carácter de autoridad responsable. Previo a determinar sobre la admisión o no de la demanda de amparo, cabe hacer las siguientes acotaciones que se obtienen de la lectura íntegra de las constancias, incluida la demanda de amparo: A) Se tiene que el declinante Juzgado Tercero de Distrito en el estado de Colima, con sede en Colima, no efectuó pronunciamiento respecto de la suspensión de plano, por las consideraciones siguientes: 1. Los actos reclamados, en esencia, consisten en la orden de traslado de los quejosos, de los centros penitenciarios en los que se encuentran recluidos, a uno diverso y, en consecuencia, la reubicación de los dormitorios en los que actualmente se encuentran a otros de diverso módulo o área. 2. Vierten manifestaciones de actos prohibidos en el artículo 22 de la Constitución Federal y 15 de la Ley de Amparo que hacen valer como consecuencia del posible traslado del centro penitenciario y reubicación de dormitorio, sin impugnarse de forma destacada e independiente. 3. De la certificación del secretario adscrito a ese juzgado, se tiene que los quejosos ********************** han promovido, reiteradamente, juicios de amparo en los que reclaman, entre otros actos, órdenes de traslado y reubicación de dormitorios bajo el mismo contexto de la demanda actual, ingresados a diversos juzgados del país. Por lo que plantea que se trata de una mera estrategia para obtener sistemáticamente suspensiones contra actos como los planteados. B) Aunado a que, respecto de este juzgado, considera que los actos reclamados no son de los emitidos por los jueces de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, por lo cual, -concluyó- que los órganos jurisdiccionales señalados como responsables, incluido este juzgado, no revisten el carácter de autoridades responsables. Sostuvo que si bien los actos que reclama son, entre otros, los señalados como la violación al principio pro persona y la inaplicación de criterios internacionales, de la lectura íntegra de la demanda, se tiene que la parte quejosa reclama, en esencia: 1) Traslado de la Penitenciaría de la Ciudad de México a otro centro diverso dentro o fuera de la Ciudad de México. 2) Reubicación de los quejosos de sus actuales dormitorios a otros. Sin que se inadvierta el hecho de que los quejosos aduzcan que de llevarse a cabo los actos enunciados se les pondría en riesgo psicofísico que les generaría angustias y dolor psíquico, aunado a que los mismos se pretenden ejecutar con fines de tortura; además, de que se aluda a actos de los considerados como prohibidos en el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 15 de la Ley de Amparo, intimidación, discriminación, violación al principio pro persona e inaplicación de criterios internacionales. Sin embargo, se observa que dependen de que se ejecute la orden de traslado reclamada y/o el cambio de dormitorio; por tanto, ese juzgado consideró que se trata únicamente de actos futuros de realización incierta, aunado a que, en cuanto a las afectaciones aducidas, no se indican los actos que en específico le causan y/o le causarían tortura, se insiste, para que exista la posibilidad inminente de que esos actos se realicen, primero se tendría que trasladar y/o reubicar a los quejosos, lo que tampoco ha sucedido de acuerdo con lo mínimamente narrado en la demanda, por lo que dichas manifestaciones se traducen en simples expectativas o suposiciones relacionadas por los quejosos a dichos actos. Por los que hace a los "actos prohibidos en el artículo 22 de la Constitución", los amparistas no mencionan expresamente alguno de éstos o del diverso precepto 15 de la ley de la materia. Máxime que, los quejosos no precisan en los antecedentes, ni siquiera indiciariamente, cómo se han materializado aquellos por las autoridades que señalan como responsables. Argumentos que se comparten, por lo que no se emitirá el pronunciamiento respecto de la suspensión de plano solicitada. Ahora, el escrito de demanda aparentemente promovido por ******************, como se asentó en la certificación de cuenta, carece de firmas electrónicas, autógrafas o huellas digitales; por lo que es indudable que no contiene la voluntad de los quejosos en comprometerse con su contenido, pues el acto de estampar el signo gráfico correspondiente a sus firmas o firmas electrónicas, sirve para que no quede duda acerca de la circunstancia de que las manifestaciones ahí vertidas son de la voluntad de las personas que aparecen como suscriptores; toda vez que la firma no constituye un elemento de forma, sino un requisito esencial para dar validez a un documento. Al ser de estudio preferente, se tiene que en el presente asunto se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 107, fracción I, del texto fundamental, y con el diverso numeral 6 de la Ley de Amparo. De conformidad con las disposiciones señaladas, el juicio de amparo constituye un medio de control constitucional que se inicia mediante la acción de una persona por sí o en representación de otra, quien alega sufrir un agravio personal y directo, esto es, por el titular de la acción o su legal representante; manifestación de la voluntad que se exterioriza, al asentar en la demanda de amparo o del documento respectivo, la firma autógrafa, o bien la firma electrónica de conformidad con el artículo 3 de la ley de la materia. Se precisa que la demanda que se analiza fue presentada de manera electrónica por medio de las herramientas tecnológicas instauradas para ello; ahora, dicha circunstancia no exime a la parte promovente de la obligación de manifestar su voluntad por medio de la firma, que será el medio por el cual se cumple con el requisito necesario de que la demanda sea promovida siempre a instancia de parte agraviada - principio de instancia de parte-. La firma electrónica, de acuerdo con lo establecido en la ley de la materia, hará las veces de la firma autógrafa, es decir, será ésta la que acredite la voluntad de promover el juicio de amparo en el caso de que las demandas sean presentadas vía electrónica. El registro de los usuarios en el sistema, así como la firma electrónica en el archivo que contenga la demanda de amparo, no serán exigibles cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos en el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; es decir, que en los demás casos, como el que se analiza, será exigible dicho registro, así como que el archivo que contenga la demanda de amparo sea firmado electrónicamente, pues en la presente demanda de amparo, como ya se precisó, no se reclama alguno de los actos antes citados. Al ser presentada a través de los medios electrónicos permitidos y no encontrarse firmada electrónicamente por los directos quejosos, no es manifiesta su voluntad y, en consecuencia, no se cumple con el principio de instancia de parte previsto en la Ley de Amparo. Entonces, de conformidad con el artículo 107, fracción I, de la Carta Magna, en relación con los diversos 6 y 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo por su notoria e indudable improcedencia. Respecto de los actos reclamados consistentes en el traslado o reubicación de los amparistas, restricciones de comunicación, contacto y de convivencia entre quejosos, como medio de coacción, intimidación y represalias atribuidas al comité técnico de la penitenciaría de la ciudad de México; se actualizaría la diversa causal de improcedencia establecida en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, ya que los peticionarios no agotaron el principio de definitividad en forma previa a acudir a esta instancia constitucional, al no interponer contra dichos actos el medio ordinario de defensa contemplado en la Ley Nacional de Ejecución Penal. En tales condiciones, se itera, al no satisfacerse el principio de instancia de parte agraviada, ni actualizarse alguno de los supuestos de excepción que contempla la norma, se actualiza la causa de improcedencia invocada, por lo que se desecha de plano la demanda de amparo.
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