Carlos Alberto Angelino Barrón
Expediente 81/2021 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 3 actuaciones registradas, la última del 25 de febrero de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 81/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 25/02/2021
Partes del expediente
- Carlos Alberto Angelino Barrón
Actuaciones
- Principal
Tijuana, Baja California, veinticinco de febrero de dos mil veintiuno. Vista la certificación secretarial que antecede y el estado procesal que guarda el presente asunto, se advierte que a la fecha transcurrió el plazo que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes hayan interpuesto recurso de revisión, en contra de la sentencia dictada el seis de noviembre de dos mil veinte, en consecuencia, con fundamento en el artículo 2 de la ley invocada, en relación con los diversos, artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria, en la que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal al quejoso Juventino Jiménez Serrano. En consecuencia, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable Comisión de Honor y de Justicia de la Secretaría de Seguridad Ciudadana del H. VII Ayuntamiento de Playas de Rosarito, Baja California, para que dentro del plazo de tres días, contados a partir de la notificación de este proveído, informe y remita las constancias con las que acredite el cumplimiento dado a la sentencia que concedió el amparo y la protección de la Justicia Federal a la parte quejosa; apercibida que de no hacerlo así dentro del término concedido para ello, se le impondrá una multa equivalente a la Unidad de Medida y Actualización, multiplicada por cien, de conformidad con el decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en Materia de Desindexación del Salario Mínimo, con fundamento en los artículos 192, 238 y 258 de la Ley de Amparo. En el entendido de que el amparo y la protección de la Justicia Federal concedido a los quejosos, lo fue para: a) Deje sin efectos el acuerdo de inicio del procedimiento de separación definitiva de fecha veinticuatro de veintisiete de diciembre de dos mil diecinueve, en el expediente identificado como RE9/093/2019, así como todas y cada una de las actuaciones relativas a los mismos. b) Con libertad de jurisdicción, resuelva lo que conforme a derecho proceda respecto al inicio de procedimiento con motivo de los exámenes de evaluación y control de confianza que le fueron informados por parte del Directora del Centro de Evaluación y Control de Confianza de Baja California, en el que, además de cumplir con el derecho de audiencia señalando los requisitos de permanencia incumplidos por no aprobar el proceso de evaluación de control de confianza, así como qué exámenes se le practicaron, cuál o cuáles de ellos no fueron aprobados y las razones de dicho resultado, deberá respetar el derecho de defensa por lo cual ordenará que al momento de la notificación del acuerdo de inicio se corra traslado con los exámenes que no aprobó, los respectivos resultados y las pruebas existentes en su contra, asimismo haga constar su entrega y recepción, prescindiendo de la información respecto de la evaluación que sea para el hoy quejoso de carácter confidencial, por ser quien se encuentra implicado en dichas evaluaciones, y así poder determinar la situación jurídica que guarda el impetrante del amparo con la institución." Se hace del conocimiento de la autoridad en mención, que de no quedar cumplida dicha ejecutoria de amparo, sin causa justificada, en el plazo fijado, se hará pronunciamiento al respecto, y además de la multa aludida en el presente acurdo, se remitirán los autos al Tribunal Colegiado de Circuito que corresponda, para seguir el trámite de inejecución que podría culminar con la separación de su puesto y su consignación, lo anterior en términos del artículo 193 de la Ley de Amparo. Comuníquese a las partes lo anterior, y hágase las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE". Notifíquese.
- Principal
Tijuana, Baja California, dieciocho de febrero de dos mil veintiuno. Vista la certificación secretarial que antecede, de la que se advierte que mediante oficio SEADS/51/2021 de trece de enero de dos mil veintiuno, suscrito por el Secretario Ejecutivo de Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal, se informó que el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de la misma fecha, determinó la readscripción de quien suscribe a este órgano jurisdiccional con efectos a partir del dieciséis de febrero del mismo año. En consecuencia, hágase lo anterior del conocimiento de las partes a efecto de que estén en posibilidad de hacer valer, en su caso, alguno de los impedimentos previstos en el artículo 51 de la Ley de Amparo, conforme a lo establecido en la jurisprudencia 2ª./J. 104/2010 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página trescientos doce, del Tomo XXXII, julio de dos mil diez, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro siguiente: "SENTENCIA DE AMPARO INDIRECTO. EL CAMBIO DE TITULAR DEL ÓRGANO QUE LA DICTARÁ DEBE NOTIFICARSE A LAS PARTES, PUES DE LO CONTRARIO SE ACTUALIZA UNA VIOLACIÓN PROCESAL QUE AMERITA REPONER EL PROCEDIMIENTO, SIEMPRE QUE SE HAGA VALER EN LOS AGRAVIOS DEL RECURSO DE REVISIÓN EL ARGUMENTO REFERENTE AL IMPEDIMENTO DEL JUEZ A QUO PARA CONOCER DEL ASUNTO Por otra parte, agréguese a los autos el oficio y anexo de cuenta, remitido por el Secretario del Juzgado Segundo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, al que adjunta debidamente diligenciado el exhorto 13/2021, orden 13/2021, del índice de este juzgado, derivado del presente asunto; sin que sea el caso acusar de recibido, ya que el sistema por el que se realiza la devolución, lo genera de manera automática. En consecuencia, como se advierte de la certificación de cuenta, y de conformidad con lo establecido en el artículo 98 de la Ley de Amparo, aún se encuentra transcurriendo el plazo que dicho numeral señala -cinco días-, para la interposición del recurso de queja contra la resolución inicial -desechamiento- emitida dentro del presente juicio de amparo, el cual empezó a computarse a partir del dieciocho y feneciendo el veinticuatro del presente mes y año, ello sin contar los días veinte y veintiuno de igual mes, por tratarse de sábado y domingo respectivamente; ya que se evidencia de la comunicación oficial aludida, la parte quejosa quedó notificada personalmente el dieciséis de febrero de dos mil veintiuno. Finalmente, estese a la espera de que transcurra el plazo indicado, a fin de proveer lo que en derecho corresponda. Notifíquese.
- Principal
Tijuana, Baja California, a trece de febrero de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos el oficio el oficio 59/2021, suscrito por la secretaria del Juzgado Tercero de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de Baja California, al que anexa demanda electrónica promovida por Carlos Alberto Angelino Barrón; fórmese expediente, hágase las anotaciones correspondientes y regístrese en el Libro de Gobierno que se lleva en este juzgado con el número 81/2020-E. Atento a lo anterior, se procede a examinar la demanda de amparo, ya que el artículo 113 de la ley de la materia confiere facultad a la autoridad constitucional que conozca de una demanda para desecharla si de su examen se advierte una causa manifiesta e indudable de improcedencia. En efecto, el precepto en mención es del tenor literal siguiente: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Del ordinal reproducido se observa que para desechar una demanda de amparo sólo deben concurrir los siguientes requisitos: a) Que exista un motivo de improcedencia; y; b) Que ese motivo sea manifiesto e indudable. El Máximo Tribunal del País ha establecido en reiteradas ocasiones, que las características destacadas en el anotado inciso b) se actualizan cuando de la simple lectura de la demanda aparece comprendido alguno de los supuestos de improcedencia que señala el artículo 61 de la Ley de Amparo, o bien, la demanda misma no encuadra en las hipótesis de procedencia que el artículo 107 de dicha legislación prevé. En esa tesitura, es claro que a la decisión de desechar una demanda de amparo, debe antecederle un examen acucioso de todos sus componentes, que finalmente provoque plena convicción de que aún ordenando la substanciación del juicio, sería imposible arribar a una conclusión diversa. Por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente en el juicio de amparo, como lo establece el artículo 62 de la Ley de Amparo, se debe analizar su procedencia, ya sea por causas que hagan valer las partes o aquellas que de oficio advierta este órgano de control constitucional. Sustenta lo anterior, la tesis de jurisprudencia número 814, del Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, que no se opone a la Ley de Amparo vigente, como lo establece el artículo Sexto Transitorio del Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, localizable en el Apéndice de 1995; Tomo VI, Parte TCC; Materia(s): Común; Página: 553, que dice: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia en el juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." En ese sentido, no obstante la certeza de los actos reclamados, quien resuelve, advierte la causa de improcedencia, prevista en el artículo 61, fracción X, de la Ley de Amparo, la cual dispone lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] X. Contra normas generales o actos que sean materia de otro juicio de amparo pendiente de resolución promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas, salvo que se trate de normas generales impugnadas con motivo de actos de aplicación distintos. En este último caso, solamente se actualizará esta causal cuando se dicte sentencia firme en alguno de los juicios en la que se analice la constitucionalidad de las normas generales; si se declara la constitucionalidad de la norma general, esta causal no se actualiza respecto de los actos de aplicación, si fueron impugnados por vicios propios [.]" Del precepto legal transcrito, se desprende que la causa de improcedencia prevista en la fracción X del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo que comúnmente se conoce como litispendencia, pretende evitar que se emitan sentencias contradictorias sobre la misma controversia, pues no es posible que en varios juicios se examine el mismo acto, ya que su constitucionalidad sólo puede juzgarse una vez, de manera que su actualización depende, necesariamente, de que exista identidad en el quejoso, las autoridades responsables y el acto reclamado pero, sobre todo, que al momento de presentar la demanda de amparo exista otro juicio constitucional que se encuentre pendiente de resolución. Esto es, el juicio de amparo será improcedente por litispendencia cuando exista otro juicio en trámite o pendiente de resolución -en primera o segunda instancia-, y se promueva una segunda o ulterior demanda de amparo: por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades responsables y por el mismo acto o norma general. En este caso, basta que se reúnan los anteriores requisitos para que el amparo sea improcedente aunque las violaciones que se aduzcan sean distintas. Esto es, no constituye un requisito indispensable que se trate de demandas de amparo idénticas. Entendiéndose por juicio de amparo en trámite, aquel asunto que ya ha sido promovido y que no se ha resuelto en definitiva, o si se trata de un juicio de amparo cuya sentencia admita la procedencia del recurso de revisión, se encuentre transcurriendo el plazo para su interposición, o bien, que ya se haya interpuesto dicho recurso y no haya sido resuelto a la fecha de presentación de la segunda o ulterior demanda con las características señaladas. También puede actualizarse esta causa de improcedencia aunque al señalarse autoridades ejecutoras, éstas sean distintas a las designadas en el amparo anterior; ello, siempre que los actos reclamados a dichas ejecutoras sólo se impugnen como consecuencia de los actos que se atribuyen a la autoridad ordenadora y no por vicios propios pues, en caso contrario, respecto de los actos de ejecución no operaría la hipótesis legal relativa. Y un aspecto importante a destacar lo constituye el hecho de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado que esta causa de improcedencia también se actualiza cuando en una segunda demanda de amparo se combaten actos que, sin ser los mismos que los reclamados en la demanda presentada en primer término, realmente sólo constituyen las consecuencias legales de los reclamados en ésta. En este contexto, sólo podrá presentarse una segunda demanda de amparo contra actos que son una consecuencia legal de los reclamados en la primera demanda, si se tuvo conocimiento de aquéllos con posterioridad de los originalmente reclamados y ya no se pudo ampliar la demanda por haberse celebrado la audiencia constitucional. Por tanto, si no se cumplen estos últimos requisitos, la demanda de amparo contra actos que no son sino la consecuencia legal de otro que se encuentra en trámite, será improcedente. Ahora bien, del escrito de demanda de amparo promovido por Carlos Alberto Angelino Barrón, por su propio derecho, contra actos del Juez Séptimo de Distrito en el Estado de México, y otras autoridades, se advierte que los actos que reclama son que se hacen consistir en la orden de tortura, malos tratos, tormentos, azotes, palos, privarme de la vida y ataques a su salud, así como la prohibición de ingesta de alimentos tres veces al día, el celular y Smart tv,. De igual forma, de una consulta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), así como de los Libros de Gobierno que se llevan en este órgano jurisdiccional, se advierte que se encuentra radicado el diverso Juicio de Amparo 80/2021 promovido por el aquí quejoso, contra el mismo acto reclamado y autoridades responsables. Lo que constituye un hecho notorio para este órgano jurisdiccional en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria de la Ley de Amparo; por tanto, una vez realizado el contenido de las actuaciones que obran dentro del presente asunto, -como se anticipó-, se actualiza en forma manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción X, de la ley de la materia. Lo anterior es así, toda vez que el acto reclamado por la parte quejosa en el presente juicio son materia del diverso juicio de amparo 80/2021, del índice de este Juzgado Sexto de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad; en virtud de ello, es procedente su desechamiento. Es decir, la litispendencia planteada se ve reflejada con motivo de que existen, por lo menos, dos juicios de amparo promovidos por el aquí quejoso en contra del mismo acto y autoridades responsables, ambos radicados en este órgano jurisdiccional bajo los números 80/2021-D y 81/2021-E. Motivo por el cual, al actualizarse la causa de improcedencia de que se trata, se pretende evitar que se emitan sentencias contradictorias sobre la misma controversia, pues no es posible que en "varios juicios" se examine el mismo acto, ya que su constitucionalidad sólo puede juzgarse una vez, de manera que su actualización depende, necesariamente, de que exista identidad en el quejoso, las autoridades responsables y el acto reclamado pero, sobre todo, que al momento de presentar la demanda de amparo exista otro juicio constitucional que se encuentre pendiente de resolución. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis I.11o.C.31 K (10a.) emitida por el Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en la página tres mil veintinueve, tomo dos, libro sesenta y tres, de febrero de dos mil diecinueve, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que señala (énfasis añadido): "LITISPENDENCIA. CASOS EN QUE SE ACTUALIZA ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN X, DE LA LEY DE AMPARO. La causa de improcedencia prevista en la fracción X del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo que comúnmente se conoce como litispendencia, pretende evitar que se emitan sentencias contradictorias sobre la misma controversia, pues no es posible que en varios juicios se examine el mismo acto, ya que su constitucionalidad sólo puede juzgarse una vez, de manera que su actualización depende, necesariamente, de que exista identidad en el quejoso, las autoridades responsables y el acto reclamado pero, sobre todo, que al momento de presentar la demanda de amparo exista otro juicio constitucional que se encuentre pendiente de resolución. Esto es, el juicio de amparo será improcedente por litispendencia, cuando exista otro juicio en trámite o pendiente de resolución -en primera o segunda instancia-, y se promueva una segunda o ulterior demanda de amparo: por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades responsables y por el mismo acto o norma general. En este caso, basta que se reúnan los anteriores requisitos para que el amparo sea improcedente aunque las violaciones que se aduzcan sean distintas. Esto es, no constituye un requisito indispensable que se trate de demandas de amparo idénticas. Entendiéndose por juicio de amparo en trámite, aquel asunto que ya ha sido promovido y que no se ha resuelto en definitiva, o si se trata de un juicio de amparo cuya sentencia admita la procedencia del recurso de revisión, se encuentre transcurriendo el plazo para su interposición, o bien, que ya se haya interpuesto dicho recurso y no haya sido resuelto a la fecha de presentación de la segunda o ulterior demanda con las características señaladas. También puede actualizarse esta causa de improcedencia aunque al señalarse autoridades ejecutoras, éstas sean distintas a las designadas en el amparo anterior; ello, siempre que los actos reclamados a dichas ejecutoras sólo se impugnen como consecuencia de los actos que se atribuyen a la autoridad ordenadora y no por vicios propios pues, en caso contrario, respecto de los actos de ejecución no operaría la hipótesis legal relativa. Un aspecto importante a destacar lo constituye el hecho de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado que esta causa de improcedencia también se actualiza cuando en una segunda demanda de amparo se combaten actos que, sin ser los mismos que los reclamados en la demanda presentada en primer término, realmente sólo constituyen las consecuencias legales de los reclamados en ésta. En este contexto, sólo podrá presentarse una segunda demanda de amparo contra actos que son una consecuencia legal de los reclamados en la primera demanda, si se tuvo conocimiento de aquéllos con posterioridad de los originalmente reclamados y ya no se pudo ampliar la demanda por haberse celebrado la audiencia constitucional. Por tanto, si no se cumplen estos últimos requisitos, la demanda de amparo contra actos que no son sino la consecuencia legal de otro que se encuentra en trámite, será improcedente." En consecuencia, se actualiza de forma manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción X, de la Ley de Amparo, por lo que con fundamento en el numeral 113 de la misma ley, lo procedente es desechar de plano la presente demanda de amparo por las razones ya expuestas. Notificación al promovente. Tomando en consideración que el presente asunto se encuentra considerado como urgente con fundamento en la circular SECNO/6/2021 emitida por la Secretaria Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, en su artículo I, subsección 1, 2 y 3; así como en los diversos artículos 26, fracción I, inciso c), y 27, fracción II, ambos de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 298 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, y 158, segundo párrafo, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, gírese atento exhorto vía electrónica al Juez de Distrito en Materia Penal en la Ciudad de México, en turno, a fin que en auxilio de las labores de este juzgado comisione a quien corresponda, se constituya en el centro penitenciario referido y proceda a notificar de manera personal al quejoso Carlos Alberto Angelino Barrón, el presente proveído, debiéndose adjuntar copia del escrito inicial de demanda. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 21 de la Ley de Amparo, se solicita atentamente al Juez exhortado para que, de considerarlo necesario, habilite días y horas inhábiles para la práctica de la notificación siempre que así lo permita la contingencia sanitaria decretada por el virus COVID-19. Se faculta al juez exhortado, a fin de que, de haberse remitido el exhorto de que se trata, a un órgano diferente al que deba prestar el auxilio, lo envíe directamente al que corresponda, si le consta cual es la jurisdicción competente, con la solicitud que de no existir inconveniente al respecto, lo haga del conocimiento de este juzgado. Directrices para cualquier notificación personal que derive de la tramitación del presente juicio. A efecto de proteger la integridad del actuario comisionado, se reitera que al efectuar las diligencias encomendadas, deberá de cumplir con las medidas implementadas por el Consejo de la Judicatura Federal, de la cual ya tiene conocimiento, cuando se trate de un caso que por sus características, implique un peligro de contagio por el virus SARSCo2 (COVID-19), en las notificaciones que aquellos efectúen no se estampe la firma por la respectiva persona a notificar, y solamente se haga constar cómo se cercioró de que es la persona indicada y pormenorizar las circunstancias en que se encuentre. Comunicación con los justiciables durante la vigencia de las medidas tendentes a evitar la concentración de personas y la propagación del virus Covid-19. Se hace del conocimiento a las partes, que a partir de esta fecha está disponible en el Portal de Servicios en Línea un micrositio sobre "servicios jurisdiccionales" (que localizarán en la siguiente dirección electrónica https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/ServiciosJurisdiccionales, dentro del cual encontrarán teléfonos, correos electrónicos institucionales y demás información de contacto de todos los órganos jurisdiccionales a cargo del Consejo de la Judicatura Federal, así como las listas de acuerdos. La lista de acuerdos se publicará en internet conforme a lo previsto en el artículo 29 de la Ley de Amparo y además en un espacio de fácil acceso para las personas en términos del artículo 21 del referido Acuerdo General 21/2020. Requerimiento a las partes. Con independencia de lo anterior se requiere a las partes para que, a la brevedad, proporcionen un número de teléfono móvil y una cuenta de correo electrónico para que se establezca el contacto respectivo en los casos que este órgano jurisdiccional estime necesarios; esto con apoyo en el artículo 22, fracción II, del citado Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Exhortación a las partes para continuar la tramitación mediante "juicio en línea". Con fundamento en el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos de competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo; así como lo establecido en los numerales 22 y 28 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia del virus COVID-19; se exhorta a las partes para que de ser su deseo continúen con la tramitación del presente asunto mediante el esquema de "juicio en línea", es decir, utilizando los medios electrónicos disponibles desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Por lo que se hace de su conocimiento que, para acceder a los servicios que se prestan en el Portal de Servicios en Línea -presentar solicitudes, demandas, recursos y promociones en general, así como acceder a los expedientes electrónicos y notificarse electrónicamente de las resoluciones judiciales, entre otros- será necesario que las personas interesadas cuenten con una firma electrónica emitida o reconocida por el Poder Judicial de la Federación; como lo es la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, conocida como "FIREL", o en su caso, la firma electrónica "e.firma" (antes firma electrónica avanzada o "FIEL"), o bien, cualquier otra cuyo certificado digital homologado sea validado por el Consejo de la Judicatura Federal en términos de lo establecido en el artículo 5, párrafo segundo, del Acuerdo General Conjunto Número 1/2013. Asimismo, para registrarse en el Portal las personas usuarias deberán: (I) indicar su nombre, correo electrónico y CURP; (II) crear un "Nombre de Usuario" y una "Contraseña"; y (III) vincular su Firma Electrónica al registro respectivo; en el entendido, que el registro de cada usuaria o usuario en el sistema es de carácter personal y en ningún caso una persona podrá hacerlo a nombre de otra. Se hace del conocimiento de las partes que para efecto de que tengan mayor claridad sobre las condiciones y términos que implica la acción mediante "juicio en línea", el manual de uso actualizado se encuentra a su disposición en la siguiente liga del propio Portal de Servicios en Línea: https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea/Home/Ayuda. Notifíquese personalmente.
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