Carlos Alberto Angelino Barrón

Expediente 104/2022 tramitado ante el Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 3 actuaciones registradas, la última del 20 de mayo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
104/2022
Año
2022
Actuaciones
3
Última actuación
20/05/2022

Partes del expediente

  • Carlos Alberto Angelino Barrón

Actuaciones

  1. Principal

    Agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda el oficio recibido vía Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), proveniente del Juzgado Primero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con residencia en San Andrés Cholula, a través del cual informa que el uno de marzo de dos mil veintidós, el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Zacatecas, aceptó la competencia planteada y se avocó al conocimiento del juicio de amparo que promovieron por propio derecho, mismo que registró bajo el número de amparo 466/2022, de su índice. Así entonces, en su oportunidad archívese el presente asunto como totalmente concluido; y háganse las anotaciones en el libro de gobierno.

  2. Principal

    Visto el contenido de la certificación de cuenta, se advierte que a la fecha no obra el acuse del oficio 1661, girado a la autoridad tercero interesada Agente del Ministerio Público adscrito a la Tercera Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con residencia en Mexicali, Baja California, para efecto de notificar el proveído de doce de enero del año en curso, en el que se declaró cumplido el fallo protector concedido en este asunto. En consecuencia, a fin de agilizar el procedimiento en la instancia constitucional que nos ocupa, acorde con el principio de economía procesal bajo el cual se constituye el juicio de amparo, así como tener procedimientos ágiles, que se desenvuelvan en el menor tiempo posible y con el menor empleo de recursos, en fiel seguimiento de la garantía de pronta administración de justicia tutelada por el artículo 17 de la Constitución Federal, reexpídase el oficio 1661, y envíese al correo electrónico francisco.valdez@fgebc.gob.mx, así como por mensajería acelerada y requiérase a la autoridad antes mencionada, residente en Mexicali, Baja California, para que dentro del término de veinticuatro horas se sirva acusar recibo del oficio de referencia. Para lo anterior, se proporciona como cuenta de correo electrónica la de este juzgado de Distrito 2jdo15ctoaj@correo.cjf.gob.mx, sin perjuicio de que confirme su recepción por la misma vía o en su caso, en teléfono móvil del Secretario de guardia que aparece registrado en el Sistema de Registro y Control de Guardias de los Juzgados de Distrito y los Tribunales de Circuito del Consejo de la Judicatura Federal. Con el apercibimiento que de no hacerlo así, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 237, fracción I, en relación con el diverso 259, ambos de la Ley de Amparo, se les impondrá, en lo individual, una multa por el equivalente a cincuenta veces el valor de la unidad de medida y actualización; medida que se estima prudente fijar en dicho monto, a fin de cumplir con el mandato judicial establecido y lograr la eficaz prosecución del procedimiento.

  3. Principal

    Vista la certificación de cuenta en relación al turno de la promoción que a continuación se atiende; se toma la nota correspondiente. Por otra parte visto de igual forma el oficio proveniente del Juzgado Primero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con sede en San Andrés Cholula, en el que acompaña una demanda que promovieron Carlos Alberto Angelino Barrón Jesús Solórzano Martínez, Juan Manuel Espinoza González, Marcelino Sánchez Segura, Luis Gabriel Jop Corzo, Enrique Mejía Bello, Enrique Alvarado Saucillo Eduardo Ampudia Fraustro, Eduardo Flores Castro José Otón Ramiro Hernández Lima, José Antonio Contreras Chávez, Irvin o Edwin Daniel Guerra Córdova, Renán Hidalgo González, Alejandro Díaz Madrid, Diego Isaac Hernández González, Jaime León Flores, Hugo Melchor Nieto y Pablo Velázquez Jiménez, contra actos del Comité Técnico de la Penitenciaria de la Ciudad de México y otras autoridades. Luego del contenido del oficio Que suscribe el Titular del Juzgado Primero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con sede en San Andrés Cholula, se advierte que dicho órgano jurisdiccional estimó que carecía de competencia legal para conocer de la demanda de amparo interpuesta y declinó la competencia en favor del Juez de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de Baja California en turno, con residencia en esta ciudad, para que conozca de dicha controversia constitucional, por las razones que ahí se exponen. Por tanto, fórmese expediente y anótese su ingreso en el libro de gobierno correspondiente, con el número 104/2022-D4. Ahora, del análisis íntegro de los motivos que precisó el Juez Primero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con sede en San Andrés Cholula, se advierte que al ser señalado como autoridad responsable, declinó la competencia para conocer de la demanda de derechos fundamentales en favor del Juez de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de Baja California, en turno, de esta ciudad, pues precisó que la parte quejosa señaló como autoridades responsables a todos los Jueces de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla y Ciudad de México; así como los diversos con residencia en Aguascalientes, Campeche, Colima, Coahuila, Chiapas Chihuahua, Estado de México, Durango, Guerrero, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Querétaro, Sonora, Sinaloa, San Luis Potosí, Tabasco, Tlaxcala, Tamaulipas, Veracruz, Yucatán y Zacatecas; con excepción de los órganos jurisdiccionales que ejercen competencia en Baja California y Baja California Sur; en esa medida, señaló que resultaba necesario establecer cuál era el juzgado cercano para establecer la competencia para dar trámite a la demanda de amparo. Así estimó que los Juzgados de Distrito más próximos son los que tienen jurisdicción en esta entidad federativa, y más concretamente lo que tienen su residencia en la ciudad de Tijuana, lo que concluyó tomando en consideración, que la distancia entre esta municipalidad y la Ciudad de México es de dos mil ochocientos setenta y un kilómetros con sesenta metros, conforme a la información que les arrojó la página oficial de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. En ese orden de ideas, es necesario puntualizar los siguientes artículos: Artículo 48. Cuando se presente una demanda de amparo ante juez de distrito o tribunal unitario de circuito y estimen carecer de competencia, la remitirán de plano, con sus anexos, al juez o tribunal competente, sin decidir sobre la admisión ni sobre la suspensión del acto reclamado, salvo que se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. Recibida la demanda y sus anexos por el órgano requerido, éste decidirá de plano, dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes, si acepta o no el conocimiento del asunto. Si acepta, comunicará su resolución al requirente, previa notificación de las partes. En caso contrario, devolverá la demanda al requirente, quien deberá resolver dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes si insiste o no en declinar su competencia. Si no insiste, se limitará a comunicar su resolución al requerido y se dará por terminado el conflicto competencial. Si insiste en declinar su competencia y la cuestión se plantea entre órganos de la jurisdicción de un mismo tribunal colegiado de circuito, remitirá los autos al tribunal colegiado de circuito de su jurisdicción, el cual dará aviso al requerido para que exponga lo que estime pertinente. Si el conflicto competencial se plantea entre órganos que no sean de la jurisdicción de un mismo tribunal colegiado de circuito, lo resolverá el que ejerza jurisdicción sobre el requirente, quien remitirá los autos y dará aviso al requerido para que exponga lo conducente debiéndose estar a lo que se dispone en el artículo anterior. Recibidos los autos y el oficio relativo, el tribunal colegiado de circuito tramitará el expediente y resolverá dentro de los ocho días siguientes quién debe conocer del juicio; comunicará su resolución a los involucrados y remitirá los autos al órgano declarado competente. Admitida la demanda de amparo indirecto ningún órgano jurisdiccional podrá declararse incompetente para conocer del juicio antes de resolver sobre la suspensión definitiva. Por su parte, el artículo 37 de la Ley de Amparo, dice: Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." Asimismo, el diverso numeral 38 de la ley de la materia, señala lo siguiente: "Artículo 38. Es competente para conocer del juicio de amparo indirecto que se promueva contra los actos de un juez de distrito, otro del mismo distrito y especialización en su caso y, si no lo hubiera, el más cercano dentro de la jurisdicción del circuito al que pertenezca. El primero de los numerales reproducidos establece, en lo que aquí interesa, que cuando ante un Juez de Distrito se promueva un juicio de amparo del que otro deba conocer, se declarará incompetente de plano y comunicará su resolución al juez, que, en su concepto, deba conocer de dicho juicio, acompañándole copia del escrito de demanda, quien decidirá de plano, dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes, si acepta o no el conocimiento del asunto. Por su parte, los restantes numerales transcritos, establecen, en lo que aquí es materia de estudio, como regla de excepción a lo previsto en el artículo 37 de la Ley de Amparo, que corresponde conocer de un juicio de amparo promovido contra actos de un Juez de Distrito, a otro del mismo distrito y especialización en su caso y si no lo hubiera, el más cercano dentro de la jurisdicción del circuito al que pertenezca. Precisado lo anterior, este Juzgador estima que, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 38 de la Ley de la Amparo carece de competencia legal para conocer de la demanda de amparo de que se trata por las razones que a continuación se explicarán. En primer término, se estima que este Juzgado de Distrito no es el más cercano al de la jurisdicción del Juez declinante. Ello es así porque bajo una interpretación del artículo 38 de la Ley de Amparo que de su contenido se aprecia que el legislador dispuso un criterio de excepción a las reglas generales de competencia establecidas en el artículo 37 del mismo ordenamiento legal, la cual atiende a la autoridad responsable que emite el acto reclamado en el juicio de amparo indirecto -Juez de Distrito-. Mientras que las reglas generales previstas en el artículo 37 de la Ley de Amparo, definen la competencia de los Jueces de Distrito para conocer de un juicio de amparo en atención a la ejecución del acto reclamado. Por tanto, si en un juicio de amparo indirecto la autoridad responsable lo es un Juez de Distrito a quien se le atribuye el acto reclamado -en este caso el Juzgado Primero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con sede en San Andrés Cholula-, la regla aplicable será la prevista en el artículo 38 de la Ley de Amparo y, por ende, en este caso, la competencia recaerá en otro Juez del mismo distrito y especialización y, si no lo hubiera, en el más cercano dentro de la jurisdicción del circuito al que pertenezca. Dicha regla de excepción será aplicable, con independencia de si el acto reclamado en el juicio de amparo tiene ejecución material o no la tiene, ya que esa circunstancia no es determinante para establecer la competencia del Juez de Distrito, porque no fue considerada por el legislador como parámetro para delimitar la competencia. A esa conclusión arribó la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al emitir la tesis que al rubro dice1: COMPETENCIA POR TERRITORIO PARA CONOCER DE UN JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN EL QUE ES SEÑALADO COMO AUTORIDAD RESPONSABLE UN JUEZ DE DISTRITO. CONFORME A LA REGLA ESPECIAL DEL ARTÍCULO 38 DE LA LEY DE AMPARO, SE SURTE A FAVOR DE OTRO JUEZ DEL MISMO DISTRITO Y ESPECIALIZACIÓN QUE EL SEÑALADO COMO RESPONSABLE Y, SI NO LO HUBIERA, DEL MÁS CERCANO DENTRO DE LA JURISDICCIÓN DEL CIRCUITO AL QUE PERTENEZCA. Una vez precisado lo anterior, conviene destacar que la distancia más próxima no es en relación a los órganos jurisdiccionales instaurados en la Ciudad de México, sino a los que residen en el Estado de Puebla, pues el artículo 38 de la dispone que corresponde conocer del amparo al órgano 1 Tesis 1a./J. 44/2021 (11a.) Libro 8, Diciembre de 2021, Tomo II, página 1230, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época. Registro digital 2023895. más cercano dentro de la jurisdicción del circuito al que pertenezca. Bajo este tópico, se toma la información que proporciona la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, de la cual se advierte que la distancia entre Tijuana y San Andrés Cholula, lugar de residencia del órgano declinante, es de dos mil ochocientos setenta y dos kilómetros. Mientras que de la localidad referida en último término, y la ciudad de Mexicali de dos mil seiscientos noventa y siete kilómetros con novecientos sesenta metros. Ahora si bien la referida fuente de información arroja que distancia entre La Paz, Baja California Sur y San Andrés Cholula es de cuatro mil trescientos treinta y dos kilómetros con cuarenta y cuatro metros, ello no corresponde a la distancia más corta en línea recta. Para aclarar esa circunstancia, se consultó la aplicación de búsqueda de ubicaciones Google maps, la cual arrojó que la distancia entre la ciudad de La Paz, Baja California Sur y San Andrés Cholula, Puebla es de mil trescientos sesenta y nueve kilómetros. De lo anterior, se concluye que la ciudad de Tijuana, Baja California, no es la más cerca a San Andrés Cholula, Puebla, en términos de lo dispuesto por el artículo 38 de la Ley de Amparo. Finalmente, cabe destacar que no es posible determinar si en el caso se señalaron como autoridades responsables a los Jueces de Distrito de los Estados de Querétaro, Yucatán y Zacatecas, pues al parecer la demanda de amparo se encuentra incompleta, como se observa de la imagen que para tal efecto se inserta: Con base a lo anterior, se itera que este órgano jurisdiccional carece de competencia legal para conocer de la demanda de amparo de que se trata. Comuníquese lo anterior a la autoridad oficiante, a fin de que se encuentre en aptitud de proveer lo que estime pertinente. Ahora, toda vez que actualmente el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal ha tomado medidas relativas con motivo de la contingencia por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19, con la finalidad de evitar concentración de personas y, con ello, la propagación del mencionado virus, de conformidad con el numeral 22, del multicitado Acuerdo, se exhorta a las partes para que, de ser posible, accedan a las herramientas tecnológicas continuar con la tramitación del presente asunto, a través del esquema de juicio en línea, hasta su conclusión y archivo. De igual forma, para que proporcionen un número de teléfono móvil, una cuenta de correo electrónico o servicios de mensajería instantánea para que se establezca el contacto respectivo en los casos en que se estimen necesario. También, hágase saber a las partes, que en términos de lo dispuesto por el artículo 3 del citado Acuerdo General, a partir del tres de agosto de dos mil veinte, estará disponible en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, un micrositio sobre "Servicios Jurisdiccionales", en el que encontrarán el sistema "Agenda OJ", en el que aparecerán las fechas y horarios disponibles en cada órgano jurisdiccional para la generación de citas para consultar expedientes y el desahogo de comparecencias o requerimientos. En la inteligencia que la generación de citas, será un proceso automatizado que otorgará a la persona a cuyo nombre se solicite, un Código QR que, a su vez, permitirá el ingresen al órgano jurisdiccional, bajo y con observación de los lineamientos ahí establecidos. De igual forma, se reitera a las responsables que cualquier tipo de promoción que pretendan presentar, habrán de efectuarlo -mientras sea viable- al correo oficial 2jdo15ctoaj@correo.cjf.gob.mx; lo anterior, atento a lo establecido en el acuerdo emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal citado en párrafos que anteceden, mismo que establece los lineamientos esenciales a seguir para el trámite de los diversos asuntos de la competencia de los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación ante la actual contingencia sanitaria mundial, dentro de los cuales se ha adoptado para ello un esquema de distanciamiento social y de prioridad al trabajo a distancia como elementos centrales para mantener la continuidad de las labores y salvaguardar la salud de los servidores públicos. Por último, atento a lo previsto en los artículos 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 3, fracción XIV, inciso c), 4, fracción III, 8, 20 y 21 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como en los ordinales 5, 6, 7 y 8 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la invocada legislación, hágase saber a las partes el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, al hacerse pública la sentencia que se dicte en este asunto; apercibidas que de no hacerlo, en la versión pública que se realice de dicha determinación, se suprimirá la información considerada legalmente reservada o confidencial que encuadre en los supuestos señalados en los numerales 3, 13, 14, 18 y 22 de la ley citada en primer término, lo que se hará en los términos de los criterios para la supresión de información confidencial o reservada y de la elaboración de versiones públicas, previstos en los artículos 5, 14, 25, 28, 44, 54, 55 y 56 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce.

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