Carlos Alberto Angelino Barrón y Otros.

Expediente 872/2020 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 4 actuaciones registradas, la última del 18 de febrero de 2021.

Datos del expediente

Expediente
872/2020
Año
2020
Actuaciones
4
Última actuación
18/02/2021

Partes del expediente

  • Carlos Alberto Angelino Barrón y Otros.
  • Carlos Alberto Angelino Barrón

Actuaciones

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, dieciocho de febrero de dos mil veintiuno. SE DA CUENTA CON AUTOS Y SE ORDENA ARCHIVO Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, específicamente el proveído de dieciocho de diciembre de dos mil veinte, a través del cual el Juez Décimo Primero de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México se avocó al conocimiento del presente asunto. En virtud de lo anterior, con fundamento en los artículos 12 y 20 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se ordena el archivo del expediente auxiliar en que se actúa como asunto totalmente concluido, el cual es susceptible de destrucción dentro del término de seis meses. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y una vez que concluya el plazo de seis meses de archivo que prevé el artículo 20 del Acuerdo en mención, contado a partir de esta propia fecha, destrúyase este expediente dentro de los treinta días siguientes. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa con Luis Felipe Sánchez Luna, Secretario que autoriza.- Doy fe.

  2. Principal

    Morelia, Michoacán, ocho de enero de dos mil veintiuno. HOMÓLOGO FEDERAL SOLICITA CONSTANCIAS Agréguese a los presentes autos el oficio de cuenta signado y remitido vía electrónica por el Secretario del Juzgado Décimo Primero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, a través del cual solicita la constancias de ratificación de demanda promovida por Yoanna Fonseca Valencia en favor de Carlos Alberto Angelino Barrón y Juan Manuel Espinosa González. En tal virtud, toda vez que por auto de dieciocho de diciembre de dos mil veinte se acordó lo conducente en relación con la diligencia que solicita el homólogo federal, aunado a la suspensión de labores a partir del veintidós de diciembre del año pasado, se ordena que una vez se ingrese al juzgado se remitan dichas constancias vía interconexión para los efectos legales conducentes. AUTORIDAD RESPONSABLE INFORMA CUMPLIMIENTO A SUSPENSIÓN DE PLANO Asimismo, téngase por recibido el oficio de cuenta signado por el Subsecretario del Sistema Penitenciario de la Ciudad de México, a través del cual informa el cumplimiento a la suspensión de plano concedida en autos; virtud a lo anterior, se ordena enviar dicha constancia al Juzgado que ahora le corresponde el conocimiento del presente asunto. JUZGADO EXHORTANTE REMITE CONSTANCIAS Finalmente, agréguese a los presentes autos el oficio de cuenta, signado y remitido vía electrónica por la Secretaria del Juzgado Décimo Segundo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, a través del cual remite los oficios de las autoridades responsables que contienen el cumplimiento a la suspensión de plano decretada en autos. En tal virtud, mediante oficio que al efecto se gire, remítanse dichas constancias, junto con las acordadas en párrafos que anteceden al Juzgado Décimo Primero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, quien es el que conoce del presente juicio. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa con Luis Felipe Sánchez Luna, Secretario que autoriza.- Doy fe.

  3. Principal

    Morelia, Michoacán, dieciocho de diciembre de dos mil veinte. ESTADO DE AUTOS. Visto el estado que guardan los presentes autos, específicamente la cédula de notificación que obra en autos del juicio en que se actúa, de la que se advierte que el actuario adscrito a este órgano jurisdiccional en data de veinticuatro de noviembre del año en curso, asentó lo siguiente:".No existe la responsable con tal denominación, Actualmente, conoce del asunto la autoridad que recibe. Doy Fe."; y por tanto, entregó el oficio con número 8830, de seis de noviembre pasado, dirigido al Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Familiar de este Distrito Judicial, al Juez Séptimo de Primera Instancia en Materia Familiar de este Distrito Judicial Atento a lo antes expuesto; se ordena suspender toda comunicación con la autoridad responsable señalada en el libelo constitucional como Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Familiar de este Distrito Judicial, y se procede tener al Juez Séptimo de Primera Instancia en Materia Familiar de este Distrito Judicial, como autoridad sustituta de la misma. Sobre el particular tiene aplicación la Tesis Jurisprudencia número 98, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 64, del apéndice al Semanario Judicial de la Federación de los años 1917-1995, que a la letra dice: "AUTORIDAD RESPONSABLE. SUBSTITUCIÓN DE LA.- Si aquella contra quien se pidió el amparo cesa de tener jurisdicción en el negocio, por impedimento, excusa o cualquier otra cosa, tiene el carácter de responsable la que se avoca al conocimiento del asunto, por ser la única que está en condiciones de cumplir con todas las determinaciones dictadas en el amparo y de ejecutar la sentencia que se dicte en el juicio constitucional, independientemente de la responsabilidad que en el caso pueda corresponder, personalmente, a la autoridad que haya dictado la resolución, materia de la demanda". Ahora bien, como de autos se advierte que ya obra el informe justificado de la antes autoridad señalada como responsable Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Familiar de este Distrito Judicial, hágase del conocimiento de la autoridad sustituta Juez Séptimo de Primera Instancia en Materia Familiar de este Distrito Judicial, para que en el término de tres días contados a partir de la notificación del presente proveído, este en aptitud de manifestarse en relación con el informe de referencia, precisando si en efecto actualmente es quien conoce del juicio sumario familiar 556/2018, que antes correspondía al índice del Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Familiar de esta ciudad; lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. DIFERIMIENTO DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Para dar margen a lo anterior, se difiere la celebración de la audiencia constitucional señalada para hoy, la que tendrá verificativo a las DIEZ HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL DIECIOCHO DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTIUNO. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa con Esperanza Fuentes Reyes, Secretario que autoriza.- Doy fe. *lsm. El suscrito Secretario hace constar que con motivo del acuerdo que antecede se generaron los oficios números 10926. Conste.

  4. Principal

    Morelia, Michoacán, diecisiete de diciembre de dos mil veinte. AUTO DE RADICACIÓN. Fórmese expediente con el escrito de demanda promovida por Yoanna Fonseca Valencia en favor de Carlos Alberto Angelino Barrón y Juan Manuel Espinosa González, contra actos del Subsecretario de Sistema Penitenciario de la Ciudad de México y otras autoridades. Regístrese bajo el número que le corresponda en el libro de gobierno respectivo de este Juzgado. SE ENVÍA DEMANDA POR INCOMPETENCIA. Ahora bien, en términos de lo dispuesto por el artículo 37 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, éste juzgado se declara legalmente incompetente para conocer de la demanda de que se trata, estimando que debe remitirse al Juez de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México en turno, pues los actos que reclama la parte promovente tendrían ejecución material en el centro donde guardan reclusión los quejosos, lugar en donde no ejerce jurisdicción este tribunal federal, como se justifica a continuación. El artículo 37 de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." De lo anterior se desprende, que el precepto legal transcrito, establece tres hipótesis para que se surta la competencia en favor de los Juzgados de Distrito, la primera, se refiere a la competencia que tiene el juez de Distrito, en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; la segunda, establece que si el acto puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda; y, la tercera, contempla que es competente el juez de Distrito, donde se haya presentado la demanda, cuando el acto reclamado no requiera ejecución material. En el libelo que se estudia la promovente de la demanda reclama en favor de los quejosos directos la orden de traslado no ejecutada fuera de procedimiento con actos de tortura intimidatorios y prohibidos por el artículo 22 constitucional, del Subsecretario de Sistema Penitenciario de la Ciudad de México y otras autoridades. De lo expuesto, el que suscribe estima que, los actos reclamados antes precisados tendrían ejecución en el centro donde guardan reclusión los quejosos directos, motivo por el cual, en la especie, se actualiza la primer regla contenida en el primer párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo, que indica que será competente para conocer del juicio de amparo el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se ejecute el acto reclamado, conforme a la cual, la competencia para conocer de la demanda de cuenta, se surte a favor de un Juez de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México en turno. Lo anterior, conforme a lo establecido por el Acuerdo General 3/2013, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, aprobado en sesión ordinaria de veintitrés de enero de dos mil trece, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el quince de febrero del propio año, al encontrarse en la Ciudad de México, comprendido en el territorio en el que ejercen jurisdicción los citados juzgados federales. Sirve de apoyo las tesis siguientes: "Registro digital: 2020946 Aislada Materias(s): Común, Penal Décima Época Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Tomo: Libro 72, Noviembre de 2019 Tomo III Tesis: II.1o.55 P (10a.) Página: 2311 COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO CONTRA LA ORDEN DE TRASLADO DE UN CENTRO DE RECLUSIÓN A OTRO QUE AÚN NO SE MATERIALIZA. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO CON JURISDICCIÓN EN EL LUGAR DONDE SE ENCUENTRE RECLUIDO EL QUEJOSO. El artículo 37, párrafo primero, de la Ley de Amparo dispone que es Juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado, por lo que si se trata de una orden de traslado de un reo de un centro de reclusión a otro que aún no se materializa, se actualiza la hipótesis referida, pues en caso de demostrarse su existencia, tendría ejecución material en el lugar donde se encuentre interno el quejoso, ya que si bien es verdad que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 1a./J. 35/2008, de rubro: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO INTERPUESTO CONTRA UNA ORDEN DE TRASLADO DE UN REO DE UN CENTRO PENITENCIARIO A OTRO. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO QUE PREVINO.", indicó que la orden de traslado es un acto de tracto sucesivo, porque atendiendo a su naturaleza jurídica, sus efectos no se agotan con la sola emisión, sino que, con motivo de su ejecución, aquéllos se prolongan en el tiempo, pues la autoridad que ordenó el traslado sigue actuando constantemente hasta su ejecución, que culmina con la reclusión de la persona en el otro centro penitenciario; también lo es que si el quejoso señala como acto reclamado la orden de traslado no ejecutada a cualquier otro centro penitenciario, sin que se tenga certeza a cuál, es innegable que al no encontrarse materializada, es competente para conocer del juicio de amparo indirecto promovido en su contra el Juez de Distrito que tenga jurisdicción en el lugar donde se encuentre recluida la persona, pues allí es donde iniciará a perpetrarse tal acto. PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEGUNDO CIRCUITO CON RESIDENCIA EN CIUDAD NEZAHUALCÓYOTL, ESTADO DE MÉXICO. Conflicto competencial 19/2019. Suscitado entre el Juzgado Decimosegundo de Distrito en el Estado de México y el Juzgado Décimo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 11 de julio de 2019. Unanimidad de votos. Ponente: José Manuel Torres Ángel. Secretario: Pablo García de Alba Tapia. Nota: La tesis de jurisprudencia 1a./J. 35/2008 citada, aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXVIII, julio de 2008, página 225, registro digital: 169343. Esta tesis se publicó el viernes 08 de noviembre de 2019 a las 10:19 horas en el Semanario Judicial de la Federación.". En consecuencia, este órgano jurisdiccional declara carecer de competencia legal, por razón de territorio, para conocer de la demanda de amparo que promueve Yoanna Fonseca Valencia en favor de Carlos Alberto Angelino Barrón y Juan Manuel Espinosa González, contra actos del Subsecretario de Sistema Penitenciario de la Ciudad de México y otras autoridades, por lo que, con fundamento en el artículo 48, primer párrafo, de la Ley de Amparo, sin proveer sobre la admisión de la demanda de garantías que se analiza, previa copia que se obtenga de las principales constancias que integran el cuaderno de amparo en que se actúa, remítase el escrito de demanda, Juez de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México en turno, a quien se estima, legalmente competente para conocer del asunto, pues dentro de su jurisdicción territorial, es donde tendrían ejecución material los actos que se reclaman; lo anterior, para que proceda en los términos que establece el citado artículo 48, segundo párrafo, de la ley de la materia; haciéndole la atenta solicitud, de que se sirva acusar el recibo de estilo correspondiente. SUSPENSIÓN DE PLANO Con independencia de la anterior determinación, como la promovente solicita en favor de los directamente quejosos la suspensión de los actos reclamados consistentes en: El traslado fuera de procedimiento con actos de tortura intimidatorios y prohibidos por el artículo 22 Constitucional. Con fundamento en el artículo 107, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en el diverso numeral 138 de la Ley de Amparo, se procede realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y la no afectación del interés social. Para tal efecto, es conveniente destacar que los elementos que nutren a la teoría de la apariencia del buen derecho, son los siguientes: Que el acto reclamado sea en sí mismo suspendible. La demostración presuntiva de un interés legítimo (interés suspensional). La naturaleza de las violaciones aducidas en la demanda. Un juicio de probabilidad y verosimilitud del derecho del solicitante, frente a las violaciones alegadas y; El peligro en la demora del otorgamiento de la medida cautelar. De lo que se sigue que en sí mismo, es susceptible a la medida cautelar, dado que por su naturaleza, produce consecuencias hacia el futuro, y también produce un cambio de situación jurídica en su estatus general que como persona tiene frente al resto de sus congéneres. Asimismo, las violaciones aducidas en la demanda de amparo, tienen vinculación con algunos derechos humanos y las garantías establecidas en la constitución para su protección. Establecido lo anterior, SE CONCEDE LA SUSPENSIÓN DE PLANO en favor de Carlos Alberto Angelino Barrón y Juan Manuel Espinosa González, respecto al acto reclamado a las responsables consistentes en la orden de traslado de la penitenciaría de la Ciudad de México, en el que refieren actualmente encontrarse, a uno diverso, así como los actos que tiendan a aplicar a los quejosos directos palos, azotes, violencia física, torturas o cualquiera otro de los actos prohibidos por el artículo 22 Constitucional, respecto de la cual las autoridades responsables deberán informar dentro de las veinticuatro siguientes a la notificación de este auto, el tratamiento dado a la medida cautelar que ahora se emite a favor de. En el entendido que deberán agregar copia certificada de las constancias correspondientes, tales como la relativa a la puesta a disposición, y hágase del conocimiento de las responsables, que la violación a este mandato, trae como consecuencia la aplicación de lo dispuesto en el artículo 260, fracción II, de la Ley de Amparo, así como 215 del Código Penal Federal. La medida suspensiva que se otorga surte efectos únicamente en el caso de que la orden de traslado haya sido dictada de manera unilateral, por autoridades administrativas, sin intervención de autoridad jurisdiccional rectora, y tendrá por efecto para que en caso de que no se haya ejecutado la orden de traslado, ésta no se lleve a cabo y los quejosos no sean trasladados a otro centro penitenciario o de reclusión del país o de esta entidad federativa, quedando a disposición de los jueces, para la compurgación de la pena a que haya sido condenado, en su caso. La suspensión concedida no surtirá efecto alguno, en el supuesto de que los quejosos directos hayan sido trasladados del mencionado centro de reclusión en donde se encuentran, a cualquier otro. Tampoco surte efectos si el traslado a que se alude está relacionado con el delito de delincuencia organizada o si el quejoso requiere de medidas especiales de seguridad, siempre que se emita por autoridad judicial. Sirve de apoyo la tesis aislada sustentada por el Noveno Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, número I.9º, consultable en la página 129 (10ª), Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación, del rubro y texto siguientes: "Época: Décima Época Registro: 2013709 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación Publicación: viernes 17 de febrero de 2017 10:19 h Materia(s): (Común) Tesis: I.9o.P.129 P (10a.) ORDEN DE TRASLADO DE UN CENTRO PENITENCIARIO A OTRO. DEBE RESTRINGIRSE LA CONCESIÓN DE LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL EN EL AMPARO PROMOVIDO EN SU CONTRA, SI AQUÉLLA ESTÁ RELACIONADA CON EL DELITO DE DELINCUENCIA ORGANIZADA O SI EL QUEJOSO REQUIERE MEDIDAS ESPECIALES DE SEGURIDAD, SIEMPRE QUE SE EMITA POR AUTORIDAD JUDICIAL. La citada medida cautelar contra la orden de traslado de un centro penitenciario a otro, debe restringirse en cuanto a su concesión, si dicha orden se encuentra relacionada con el delito de delincuencia organizada o si el quejoso requiere medidas especiales de seguridad, siempre que se emita por autoridad judicial, porque vulnera el artículo 18 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en razón de que el diverso 128, fracción II, de la Ley de Amparo, así lo condiciona, en el sentido de que esa medida no surtirá efectos si contraviene disposiciones de orden público. En efecto, el precepto citado de la Carta Magna establece que para la reclusión preventiva y la ejecución de sentencias en materia de delincuencia organizada se destinarán centros especiales, y los que revisten este carácter son los centros de reclusión de máxima seguridad, por contar con las medidas de seguridad e instalaciones necesarias para la protección integral de los procesados o sentenciados y la disminución de riesgo de fuga. Incluso, dispone que podrán imponerse medidas de vigilancia especial de seguridad a otros internos que requieran medidas especiales de seguridad, en términos de la ley. Lo que se traduce en que ningún derecho fundamental es absoluto y, en esa medida, todos admiten restricciones, con la salvedad de que no se realicen a costa de una afectación innecesaria o desmedida a otros derechos constitucionalmente protegidos. NOVENO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO. Queja 139/2016. 4 de noviembre de 2016. Unanimidad de votos. Ponente: Héctor Gabriel Espinosa Guzmán, secretario de tribunal autorizado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal para desempeñar las funciones de Magistrado. Secretaria: Angélica Rodríguez Gómez. Esta tesis se publicó el viernes 17 de febrero de 2017 a las 10:19 horas en el Semanario Judicial de la Federación." Es pertinente señalar que la integridad física y moral, así como la seguridad, custodia y guarda de los quejosos en el lugar donde se encuentran internos, queda bajo la más estricta responsabilidad de la autoridad a cuya disposición se encuentran, quien deberá tomar todas y cada una de las medidas pertinentes para tal efecto atendiendo la naturaleza y circunstancia del asunto. Esta suspensión no priva el derecho de las autoridades penitenciarias dentro del centro de reinserción social para verificar y aplicar las medidas disciplinarias que la normatividad les exige, con la finalidad de preservar el orden y la seguridad del centro de reclusión a su cargo. Todo lo anterior es así, salvo que el traslado a que se alude se deba a una segregación impuesta al quejoso como medida de seguridad para salvaguardar el orden en el interior de ese penal o la propia integridad física de la parte quejosa, o bien, que se trate de una sanción correctiva que le fue impuesta por violaciones al reglamento legal de ese complejo penitenciario; o que dicha SUSTRACCIÓN Y/O SEGREGACIÓN en área de tratamientos especiales, haya ocurrido desde su ingreso al Centro de Readaptación Social de marras. Cimenta lo anterior, el criterio emitido por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, contenido en la tesis II.2o.P.85 P, localizable en la página 909, XVIII, Octubre de 2003, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dice: Época: Novena Época Registro: 183133 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XVIII, Octubre de 2003 Materia(s): Penal Tesis: II.2o.P.85 P Página: 909 "CENTROS FEDERALES DE READAPTACIÓN SOCIAL, LA MEDIDA DE CONTAR EN LOS, CON ÁREAS ESPECIALES DE UBICACIÓN DE INTERNOS, NO PUEDE CONSIDERARSE EN SÍ MISMA COMO DE SEGREGACIÓN O AISLAMIENTO. Si desde su ingreso al Centro Federal de Readaptación Social el quejoso ha permanecido en el área de "tratamientos especiales", dicha estancia, lejos de considerarse una "decisión arbitraria y unilateral" de las autoridades de ese centro, obedece al resultado de los estudios en las diversas disciplinas y áreas que se precisan en el acta de designación de estancia reclamada, exámenes mediante los cuales se determina periódicamente la peligrosidad y avance readaptatorio del quejoso y, si en el caso, acorde con las motivaciones que sustentan tal acto, aquél ha revelado una capacidad de expansión criminógena, con conocimiento de los sistemas y procedimientos de seguridad que operaban en el centro penitenciario de su procedencia, esas características lo hacen un sujeto potencialmente de alto riesgo para la seguridad de la institución; por consiguiente, su permanencia en aquella sección atiende a la inconveniencia, por el momento, de que conviva con el resto de la comunidad del centro de reclusión de mérito. SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL SEGUNDO CIRCUITO. Amparo en revisión 382/2002. 31 de enero de 2003. Unanimidad de votos. Ponente: Rubén Arturo Sánchez Valencia. Secretaria: Gabriela González Lozano". Se establece que la presente medida suspensiva tendrá vigencia hasta una vez que se resuelva lo relativo al fondo del asunto. REQUERIMIENTO. Por otro lado, se requiere a las autoridades señaladas como responsables, para que dentro del plazo de veinticuatro horas, a través de oficio, informen acerca de la forma y términos que hayan dado al cumplimiento de esta medida suspensional; debiendo agregar copia certificada de las constancias correspondientes y hágaseles de su conocimiento, que la violación a este mandato, trae como consecuencia la aplicación de lo dispuesto en los artículos 206 de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107, así como del invocado numeral 215 del Código Penal Federal. GIRAR EXHORTO A fin de lograr el objetivo de la de la presente medida cautelar, como la promovente del ampro refiere que los quejosos se encuentran recluidos en la penitenciaria d ela Ciudad de México y las autoridades responsables todas tienen su sede en aquella ciudad capital, con fundamento en el artículo 298, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la ley de la materia, por disposición expresa de su artículo 2°, 27 fracción II, de la Ley de Amparo y 158, la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, gírese atento exhorto al Juez de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México en turno, para que en auxilio de las labores de este juzgado, se sirva comisionar a quien corresponda, se constituya en legal y debida forma en el referido centro penitenciario y notifique personalmente a los quejosos la presente determinación; asimismo, para que en el acto de la diligencia requiera a los quejosos directos a fin de que manifiesten si ratifican la demanda promovida en su favor por Yoanna Fonseca Valencia. De igual manera, comisione a quien corresponda, girar los oficios a las autoridades señaladas como responsables, a fin que queden debidamente notificadas del presente proveído y se encuentren en aptitud de cumplir con las obligaciones impuestas, para lo cual se deberá acompañar copia de la demanda. Hecho lo anterior, de inmediato deberá devolver a este juzgado las constancias respectivas que acrediten lo encomendado, ya sea efectuado personalmente o mediante lista. AUTORIZACIÓN A LOS ACTUARIOS ADSCRITOS. Se autoriza la práctica de notificaciones del presente asunto aún en horas y días inhábiles, conforme lo prevé el artículo 21 de la Ley de Amparo. Se instruye a los actuarios que en caso que no conste en autos domicilio para recibir notificaciones de alguna de las partes, o el señalado resulte inexacto, deberán practicar la notificación personal correspondiente por medio de lista, de conformidad con el artículo 27, fracción III, en relación con el 29 ambos de la Ley de Amparo, excepto en cuanto al emplazamiento del tercero interesado y del particular que se hubiese señalado como autoridad responsable. MEDIDAS DE PREVENCIÓN ANTE CONTINGENCIA SANITARIA. Se reitera a los fedatarios de la adscripción que deberán notificar las determinaciones que lo ameriten, tomando en consideración las recomendaciones de prevención respecto al brote de la enfermedad COVID-19, difundidas por el Gobierno de México, así como por la Organización Mundial de la Salud, consultables en sus respectivos sitios de Internet. HORARIO PARA NOTIFICACIONES EN EL LOCAL DE ESTE JUZGADO Se precisa que las partes podrán ocurrir ante este órgano jurisdiccional para efectos de notificación personal que así se requiera, de las nueve a las quince horas en días hábiles, y dentro del plazo de dos días a que se refieren los incisos b) y c) de la fracción I del artículo 27 de la ley de la materia. De la misma forma, se reitera a las partes que en el micrositio de servicios jurisdiccionales y proceso de generación de citas para consulta de expedientes o comparecencias, estará disponible en el Portal de Servicios en Línea un micrositio sobre "Servicios jurisdiccionales", dentro del cual las personas justiciables encontrarán los teléfonos, correos electrónicos institucionales y demás información de contacto de todos los órganos jurisdiccionales a cargo del Consejo de la Judicatura Federal (en adelante "Consejo"), así como las listas para sesión y de acuerdos. Adicionalmente, en dicho micrositio encontrarán el sistema "Agenda OJ", en el que aparecerán las fechas y horarios disponibles en cada órgano jurisdiccional para la generación de citas para consultar expedientes y el desahogo de comparecencias o requerimientos. Lo anterior, hasta en tanto continúe el regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19. AUTORIZACIÓN DE COPIAS Y DE USO DE INSTRUMENTOS DIGITALES Se autoriza desde este momento la expedición de copias simples y certificadas a las partes de las constancias que obren en el expediente, salvo aquellas respecto de las que deba guardarse sigilo, así como el uso de instrumentos digitales de reproducción o captura, esto último conforme el contenido de la circular 12/2009 del Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. MEDIDAS SOBRE PUBLICACIÓN DE DATOS PERSONALES. Suprímase en la versión pública que se elabore, la información considerada como reservada o confidencial, así como los datos sensibles que pudieran contener las sentencias, resoluciones y demás constancias que obren en el expediente, con fundamento en los artículos 5, 6, y 7 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, ello sin perjuicio del derecho que puedan hacer valer las partes en términos del artículo 8° de la ley de referencia. Notifíquese por exhorto a los quejosos en el lugar donde se encuentran recluidos. Así lo proveyó y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado, quien actúa con Silvia Lorena Arenas Raya, Secretaria que autoriza y da fe.- Doy fe.

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