Carlos Alberto Angelino Barrón Y Otros
Expediente 256/2023 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán. 3 actuaciones registradas, la última del 28 de abril de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 256/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 28/04/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Carlos Alberto Angelino Barrón Y Otros
Actuaciones
- Principal
En veintiocho de abril de dos mil veintitrés, la Secretaria da cuenta al Juez, con un oficio y anexos recibido a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y registrado bajo el folio 5396. Conste.Uruapan, Michoacán de Ocampo, veintiocho de abril de dos mil veintitrés. Visto lo de cuenta, agréguese a los autos el oficio y anexos signado por la Secretaria del Juzgado Cuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal, en la Ciudad de México, mediante el cual, devuelve diligenciado el exhorto 87/2023 número de orden 273/2023, del índice de este juzgado; dese de baja la citada comunicación oficial enviada y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Sin que sea el caso acusar recibo toda vez que el propio sistema lo genera. Cúmplase. Así lo acordó y firma René Castro Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, quien actúa asistido de la secretaria Rocío Guía Calderón, quien da fe.
- Principal
En veinticinco de abril de dos mil veintitrés, la secretaria da cuenta al Juez, con un oficio recibido a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y registrado bajo el folio 5257. Conste.Uruapan, Michoacán de Ocampo, veinticinco de abril de dos mil veintitrés. JUEZ ACEPTA COMPETENCIA PLANTEADA. Visto lo de cuenta, agréguese a los autos el oficio firmado electrónicamente por el actuario del Juzgado Decimocuarto de Distrito en el Estado de Sonora, con residencia en Hermosillo; en atención su contenido se le tiene informando que dentro del juicio de amparo 572/2023, el titular de ese órgano jurisdiccional se avocó al conocimiento de la declinatoria planteada en este asunto. ORDEN DE ARCHIVO. En consecuencia, se ordena el archivo definitivo, del cuaderno de antecedentes en que se actúa, para lo cual, previo a su remisión física al edificio habilitado para esos efectos, se instruye a la secretaría encargada del asunto para que coteje que todas las constancias físicas, así como las que forman parte del expediente electrónico son coincidentes entre sí, situación que deberá ser certificada. Hecho lo anterior, deberá entregarlo al área correspondiente para la anotación en el libro de gobierno y en los medios electrónicos. VALORACIÓN. En términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el cuaderno de antecedentes en que se actúa es SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN. Por tanto, de conformidad con el artículo 20, del referido acuerdo, una vez que transcurra el plazo de seis meses de conservación, dentro de los treinta días siguientes destrúyase, debiendo remitir constancia de ello a la Dirección General de Archivo y Documentación. Notifíquese. Así lo acordó y firma René Castro Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, quien actúa asistido de la secretaria Rocío Guía Calderón, quien da fe.
- Principal
Uruapan, Michoacán de Ocampo, dieciocho de abril de dos mil veintitrés. 1. DETERMINACIONES ESPECÍFICAS EN RELACIÓN CON LA ACCIÓN DE AMPARO. Estas son las que se toman enseguida: 1.1. RECEPCIÓN. Vista la demanda recibida electrónicamente (sin evidencia criptográfica) de amparo promovida por ********************y ********************, contra actos del Director de la Penitenciaria de la Ciudad de México y otras autoridades. 1.2. REGISTRO. Fórmese expediente, captúrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), y regístrese en el libro de gobierno bajo el juicio de amparo número ********************/2023. Del análisis de la demanda de amparo, se advierte que los quejosos, reclaman diversos actos acaecidos en su reclusión en la Penitenciaria de la Ciudad de México. 1. 2. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, de la lectura integral de la demanda se advierte que los promoventes del amparo reclaman: 1) Reubicación de ********************, del dormitorio 4 Zona I Estancia 11, a otro diverso que le genera afectaciones a su salud y dignidad, así como afectaciones psicofísicas y emocionales y tortura psicofísica y emocional con fines intimidatorios de tracto sucesivo y como forma de coacción y es un acto de represalia por su activismo social y de derechos humanos y LGBTTTIQ y por ser persona inscrita en el Renavi. 2) Ataques y actos de coacción contra ******************** por ser defensor y promotor de Derechos Humanos y LGBTTTIQ+ así como represalia y agresiones por custodios del segundo y tercer grupo y del director, subdirección jurídica, subdirección de apoyo técnico, subdirección de seguridad, jefatura de unidad departamental de centro de diagnóstico ubicación y determinación de tratamiento y de jurídica y normativa de la Penitenciaría de la ciudad de México y de custodio ********************, rondines del segundo grupo de seguridad y líder coordinador A y B del tercer grupo de seguridad de la Penitenciaría de la ciudad de México y con ello violan la convención de la Habana 1990. 3) Reubicación de ********************, del dormitorio 4 Zona 1 Estancia 11, a otro dormitorio diverso o área diversa que le genera tormento psicofísico y afectación psicoemocional de tracto sucesivo y coacción para desistir de amparos judiciales y de reubicarlo a área de población con contubernio del comité técnico así como la reubicación obligada que el jefe de unidad departamental de centro de diagnóstico ubicación y determinación de tratamiento de la Penitenciaría de la ciudad de México ******************** quiere hacer del quejoso al área de población ya que el quejoso NO HA SOLICITADO su reubicación a dicha área y en represalia por su activismo de derechos humanos y LGBTTTIQ y por su afinidad con ******************** al ser pareja sentimental de él. 4) Reubicación de ********************, del dormitorio 4 Zona 1 Estancia 5, a otro diverso que pone en riesgo su vida y genera tormento psicofísico y afectación psicoemocional de tracto sucesivo y en represalia por su activismo de derechos humanos y LGBTTTIQ y afinidad y amistad con ********************. 5) Reubicación de ********************, del Dormitorio 4 Zona 3 Estancia 8 a otro diverso que le genera tormento Psicofísico y afectación psicoemocional de tracto sucesivo y en represalia por su activismo de derechos humanos y afinidad y amistad con ********************. 6) Reubicación de ******************** y ********************, del Dormitorio 4 Zona 3 Estancia 9, a otro diverso que genera tormento psicofísico y afectación psicoemocional de tracto sucesivo y en represalia por su activismo de derechos humanos. 7) Reubicación de ********************, del Dormitorio 4 Zona 3 Estancia 12, a otro diverso que le genera tormento psicofísico y afectación psicoemocional de tracto sucesivo y en represalia por su activismo de derechos humanos. 8) Reubicación de ********************, del Dormitorio 4 Zona 3 Estancia 7 a otro diverso que le genera tormento psicofísico y afectación psicoemocional de tracto sucesivo y en represalia por su activismo de derechos humanos. 9) actos de molestia, intimidación, extorsión y de coacción de custodios del segundo y tercer grupo de seguridad de la Penitenciaría. 10) ******************** y ********************, reclaman la Restricción de reubicación al dormitorio cuatro ya que le genera afectaciones a su salud y dignidad personal así como lo pone en riesgo psicofísico y genera angustia, así como afectaciones psicofísicas y psicoemocional de tracto sucesivo y es un acto de discriminación y represalia por su afinidad con ******************** y tener vínculos afectivos con este promotor de derechos humanos. 11) violencia y agresiones psicoemocionales como medio de intimidación y de coacción por autoridades penitenciarias y en represalia por su activismo de derechos humanos y LGBTTTIQ. 12) Desacato de cumplir órdenes judiciales y las órdenes de suspensión dictadas por jueces y tribunales federales. 13) Traslados de los quejosos de la penitenciaría de la ciudad de México a otro centro diverso dentro y fuera de la ciudad de México con fines intimidatorios y por represalias que ponen en riesgo su vida y dignidad, y les genera tormento psicofísico y afectación psicoemocional de tracto sucesivo y que por su activismo de derechos humanos es represalia de las autoridades penitenciarias. 14) Actos prohibidos en el artículo 22 de la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos y 15 de la Ley de Amparo de tracto sucesivo. 15) Intimidación, castigos ilegales y agresiones como medios de represalia contra quejosos y en represalia por su activismo de derechos humanos y LGBTTTIQ. 16) Discriminación por ideología, preferencia y condiciones socioeconómicos. 17) Violación al principio Pro persona. 18) Inaplicación de criterios internacionales. 19) Omisión de investigar actos constitutivos de delitos cometidos por servidores públicos contra los quejosos. 20) Omisión de suspender de sus funciones a los Servidores públicos bajo investigación ministerial, por la comisión de actos constitutivos de delitos. 21) Encubrimiento de actos constitutivos del Delito de tortura. 22) Restricción de comunicación, contacto y de convivencia entre quejosos como medio de Coacción, intimidación y represalias, atribuidas al comité técnico de esta penitenciaria. 23) La inconstitucionalidad del obsoleto reglamento de reclusorios 2006 y que usan las autoridades a su discrecionalidad y siempre en nuestro perjuicio, siendo que no está armonizada con los Derechos Humanos, más fundamentales, y los tratados internacionales signados por México en ese sentido, colisionando además, con la Ley Nacional de ejecución de Sanciones Penales, que tampoco se respeta y en represalia por su activismo de derechos humanos y LGBTTTIQ. 24) intimidación y discriminación y coacción de parte de ********************, Guillermo Mandujano Rosillo, Yesenia Sánchez Ortega y ******************** contra los quejosos. 25) audiencias de comité técnico sin presencia de asesores jurídicos y contrarias a las establecidas por la ley nacional de ejecución ya que se sesionan en protocolo de consejo técnico y no como comité técnico (presencia de más de seis funcionarios) lo cual es ilegal conforme a la ley de ejecución de sanciones penales 26) la negación de otorgar Kits de limpieza y aseo personal a los quejosos. 27) negación del servicio médico y dental. 28) discriminación y actos de molestia e intimidación del custodio Manuel González Farías, ******************** Edgar Iván Arellano, Ricardo Romero Villalobos del tercer grupo de seguridad así como ******************** del segundo grupo de seguridad de la Penitenciaría de la ciudad de México. 29) actos de molestia intimidación y represalia por parte de custodios y rondín del primer, segundo y tercer grupo de seguridad de la Penitenciaría de la ciudad de México y en represalia por su activismo de derechos humanos y LGBTTTIQ. 30) Obligar a realizar fajina (trabajos forzados) a los quejosos por custodios de la Penitenciaría de la ciudad de México. 31) coacción de ******************** contra el quejoso ******************** y ********************, para coaccionarlo de desistir de los amparos con ello poniendo en riesgo inminente su vida integridad y dignidad sicofísica y sicoemocional por motivos discriminatorios y de intimidación y en represalia por su activismo de derechos humanos y LGBTTTIQ. 32) coacción del comité técnico contra los quejosos para desistir de los amparos promovidos mediante escritos falsos dónde supuestamente se desisten de los recursos. 33) intimidación contra ******************** por el comité técnico y el jefe de unidad departamental de centro de diagnóstico ubicación y determinación de tratamiento de la Penitenciaría de la ciudad de México por su afinidad con ******************** y en represalia por su activismo de derechos humanos y LGBTTTIQ y por ser pareja de él. 34) restricción de reubicar a ********************, Axel García Bonilla y ********************, al dormitorio cuatro para proteger y salvaguardar su integridad personal y sicoemocional y en represalia por su activismo de derechos humanos y LGBTTTIQ. 35) intimidación contra ******************** y ********************, por el comité técnico y el jefe de unidad departamental de centro de diagnóstico ubicación y determinación de tratamiento de la Penitenciaría de la ciudad de México por su afinidad con ******************** así como reclaman la restricción de reubicarlos al dormitorio cuatro para proteger su integridad personal y sicoemocional por su afinidad con ********************. 36) restricción de la entrega de colchones a los quejosos así como ropa de lluvia y de invierno y de botas para lluvia. 37) negación de reparar el techo de la estancia once zona uno dormitorio cuatro. 38) actos de molestia de los médicos y personal de enfermería del servicio médico de la Penitenciaría de la ciudad de México contra los quejosos cómo represalia por la certificación de estado sicofísico de los quejosos. 39) negación de inscribir a los quejosos como víctimas de tortura en el RENAVI. 40) actos de molestia y discriminación de los tres grupos de seguridad de la Penitenciaría de la ciudad de México por su condición y activismo y por su afinidad con ********************. 41) reubicación de los quejosos del dormitorio cuatro a los módulos siete, ocho o nueve de castigo y segregación en represalia y con fines de Intimidación y tortura sicofísica y sicoemocional. 42) restricción de visita familiar los días sábados y martes en el módulo cuatro de la Penitenciaría. 43) sobreprecios de productos de canasta básica, insumos de limpieza e higiene y de alimentación. 44) alimentos proporcionados por la institución en mal estado y que no corresponden a los que se indican en el menú que se envía a la subsecretaría de sistema penitenciario y la jefatura de gobierno de la ciudad de México. 45) falta de agua potable de consumo humano accesible. 46) acoso de custodios del tercer y segundo grupo de seguridad de la Penitenciaría de la ciudad de México. 47) revisiones fuera de procedimiento y que conllevan a incautación y confiscación ilegal de bienes. 48) la restricción de recibir remuneración económica por la comisión laboral ejercida por los quejosos por parte de la institución penitenciaria. 49) Omisión de remunerar a los quejosos por la comisión laboral ejercida desde que están dados de alta en dicha comisión en la Penitenciaría. 2. SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Lo anterior revela que los quejosos reclaman diversos actos con motivo de su reclusión en el Centro Penitenciario de la Ciudad de México; sin embargo, de la certificación de cuenta se aprecia que respecto de dichos actos el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en Salina Cruz, ya concedió la suspensión de plano para que de inmediato cese la intimidación, discriminación, represalias y atención médica y dental deficiente en contra del quejoso 15. ********************. Asimismo, se advierte que en el diverso juicio de amparo ********************, del consecutivo del Juzgado Sétimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia, en Salina Cruz, se concedió la suspensión de plano en favor de los quejosos ********************, ********************, ********************, ********************, ********************, Axel García Bonilla, ********************, ********************, ********************, ********************, ********************, Luis Alberto Flores Maldonado, Cristian Eduardo Nava Verde y********************para que cese de inmediato la intimidación, discriminación, represalias y atención médica y dental deficiente en su contra. Por tanto, se hace innecesario pronunciarse y conceder de nuevo la suspensión de plano. Cabe señalar que este Juzgador no soslaya que los quejosos también señalaron como actos reclamados, entre otros, la orden de traslado del centro penitenciario en el que se encuentran, a uno diverso; así como la reubicación de los mismos de los dormitorios en que se encuentran a uno diverso, módulo diverso o área diversa. Sin embargo, al respecto, es improcedente conceder la suspensión de plano en relación con dichos actos, porque "dichos actos no constituyen una violación directa a la Constitución Federal, al ser dictados dentro del procedimiento correspondiente", y al respecto, existen medios ordinarios de defensa previstos en la Ley Nacional de Ejecución Penal, con los cuales la determinación que al efecto se dicte, puede ser efectivamente combatida. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis 1a. XXIV/2021 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, registro digital 2023190, Undécima Época, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 2, Junio de 2021, Tomo IV, página 3506, del siguiente contenido: "ORDEN DE TRASLADO DE UN CENTRO PENITENCIARIO A OTRO SIN INTERVENCIÓN JUDICIAL PREVIA. LA CONTROVERSIA JUDICIAL PREVISTA EN LOS ARTÍCULOS 52 Y 117, FRACCIÓN III, DE LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL, ES EL MEDIO DE DEFENSA IDÓNEO PARA IMPUGNARLA, AUN CUANDO EL AFECTADO NO TENGA UNA RESOLUCIÓN TANGIBLE QUE RECURRIR Y, POR TANTO, DEBE AGOTARLO ANTES DE PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, EN ATENCIÓN AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. Hechos: Una persona privada de la libertad en un centro penitenciario, promovió juicio de amparo indirecto con el argumento de que la autoridad administrativa le había notificado verbalmente una orden para trasladarlo del centro en que se encontraba interna a uno diverso. La demanda se desechó de plano, al considerar que se actualizaba la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, porque la parte quejosa no agotó el medio de defensa regulado en la Ley Nacional de Ejecución Penal, antes de promover el juicio constitucional. Criterio jurídico: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, considera que la controversia judicial, regulada en los artículos 52 y 117, fracción III, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, es el medio de defensa idóneo para combatir la orden de traslado que se emite sin autorización judicial previa, aun cuando el afectado alegue que sólo se le notificó verbalmente ese acto y no tenga una resolución tangible que recurrir, porque ese recurso tiene potencial para confirmar, modificar o revocar la determinación de traslado, sin rebasar los requisitos que la Ley de Amparo prevé en el artículo 61, fracción XX, y por ello, debe agotarse previamente a la promoción del juicio de amparo indirecto. Justificación: El artículo 52, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, establece que la autoridad penitenciaria tiene facultad para ordenar y ejecutar el traslado de un centro penitenciario a otro, sin autorización judicial previa, en los supuestos de urgencia y excepción que señala el primero de los preceptos citados, esto es, tratándose de delincuencia organizada y medidas especiales de seguridad; riesgo objetivo para la integridad y la salud de la persona privada de su libertad; y, cuando se ponga en riesgo la seguridad o gobernabilidad del centro penitenciario, ya que en esos supuestos se autoriza a la autoridad administrativa para que el control judicial se realice dentro de las veinticuatro horas siguientes a la ejecución del traslado. En ese contexto, dado que el control judicial se reserva para un momento posterior a que es ejecutado el traslado, es válido considerar que, sin perjuicio de las hipótesis enunciadas, cuando se presenten casos en que la persona privada de la libertad reclame una orden de traslado que no se materializó, ni se tenga certeza de la calificación que sobre su legalidad emite la autoridad jurisdiccional, como sucede cuando se alega que la autoridad administrativa sólo comunicó de forma verbal esa medida, lo procedente será que el afectado promueva la controversia judicial a que se refiere el precepto 52 en cita, ya que de conformidad con el artículo 117, fracción III y último párrafo, de la ley mencionada, la persona privada de la libertad puede intentar el aludido medio de defensa y hacer valer cualquier cuestión relacionada con la afectación a sus derechos en materia de traslado, en el momento de la notificación de ese acto, dentro de los diez días siguientes a la misma, o dentro de los diez días siguientes a su ejecución, cuando no hubiera sido notificado previamente. Asimismo, de los artículos 122 y 124, de la propia ley en cita, se destaca que el afectado puede solicitar la suspensión de la orden del traslado mediante petición simple en el escrito inicial de la controversia judicial y la autoridad judicial podrá, si lo considera pertinente, conceder la medida cautelar de manera inmediata hasta en tanto se resuelve en definitiva, o incluso, pronunciarse de oficio, con lo cual evitará que la controversia quede sin materia. De igual forma, se entiende que la referida orden de traslado sin autorización judicial previa no carece de fundamentación, ni se traduce en una violación directa a la Constitución General, porque las hipótesis en que puede ejecutarse están previstas en la citada ley especial, y se trata de un acto que emite una autoridad competente dentro del correspondiente procedimiento. Lo que lleva a concluir que la controversia judicial es un medio de defensa idóneo para impugnar y suspender los efectos de la orden de traslado urgente o excepcional cuando no se cuenta con la resolución en la que la autoridad judicial califique la legalidad del acto, ya que no rebasa las previsiones del artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, sin soslayar que la Ley Nacional de Ejecución Penal, en el artículo 132, fracción VII, prevé la procedencia del recurso de apelación en caso de inconformidad con la resolución que decida la controversia judicial, por lo que, el afectado tiene la obligación de agotar los referidos medios de defensa previamente a acudir a la instancia constitucional. Se precisa que este resolutor no desconoce el contenido de la jurisprudencia 1a./J. 58/2016 (10a.), de la propia Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, registro digital 2013066, Décima Época, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 36, Noviembre de 2016, Tomo II, página 865, de la que, de su testo se aprecia la procedencia de la suspensión de plano, tratándose de una orden de traslado de un Centro Penitenciario a otro, a otro, según se lee: "ORDEN DE TRASLADO DE UN CENTRO PENITENCIARIO A OTRO. PROCEDE CONCEDER LA SUSPENSIÓN DE OFICIO Y DE PLANO CUANDO SE EMITE SIN LA INTERVENCIÓN DE LA AUTORIDAD JUDICIAL RECTORA, AUN CUANDO SÓLO SE AFECTE LA LIBERTAD PERSONAL DE MANERA INDIRECTA. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en las tesis de jurisprudencia 1a./J. 17/2013 (10a.) y 1a./J. 83/2015 (10a.), (1) ha establecido, respectivamente, que la orden de traslado de un recluso de un centro penitenciario a otro produce una afectación a la libertad personal de manera indirecta; y, que cuando dicha orden se ejecuta sin la intervención de la autoridad jurisdiccional rectora del proceso o de la fase de ejecución de sentencia, no puede estimarse que se trate de un acto emitido en razón del procedimiento. Luego, si la literalidad del artículo 126 de la Ley de Amparo precisa que la suspensión de plano y de oficio se concederá cuando se trate de actos que importen ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, las condiciones para actualizar el supuesto son precisamente las que de manera clara y concreta se establecen en el propio precepto y consisten solamente en: a) que se trate de un acto que conlleve privación de la libertad personal; y, b) que tal acto sea dictado fuera de procedimiento, sin que sea dable añadir como requisito que la afectación a la libertad se deba verificar de manera directa o indirecta, pues adicionar un nuevo requisito para la procedencia de la suspensión de plano a través de una interpretación sería en detrimento del derecho fundamental de tutela judicial efectiva. En ese sentido, si el precepto de que se habla únicamente refiere que se debe tratar de un acto que ataque a la libertad personal y que dicho acto se emita fuera de procedimiento, lo que tiene lugar, precisamente, en el caso de la orden de traslado de un centro penitenciario a otro cuando es emitida por autoridades de carácter administrativo, es inconcuso que respecto de la mencionada orden debe concederse la suspensión de oficio y de plano, aun cuando ésta únicamente afecte la libertad personal del recluso de manera indirecta." Empero, dicho criterio, quedó superado al emitir la tesis de rubro: "ORDEN DE TRASLADO DE UN CENTRO PENITENCIARIO A OTRO SIN INTERVENCIÓN JUDICIAL PREVIA. LA CONTROVERSIA JUDICIAL PREVISTA EN LOS ARTÍCULOS 52 Y 117, FRACCIÓN III, DE LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL, ES EL MEDIO DE DEFENSA IDÓNEO PARA IMPUGNARLA, AUN CUANDO EL AFECTADO NO TENGA UNA RESOLUCIÓN TANGIBLE QUE RECURRIR Y, POR TANTO, DEBE AGOTARLO ANTES DE PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, EN ATENCIÓN AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD", en la que se adoptó el criterio jurídico en el que la controversia judicial, regulada en los artículos 52 y 117, fracción III, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, es el medio de defensa idóneo para combatir la orden de traslado que se emite sin autorización judicial previa, aun cuando el afectado alegue que sólo se le notificó verbalmente ese acto y no tenga una resolución tangible que recurrir, porque ese recurso tiene potencial para confirmar, modificar o revocar la determinación de traslado, sin rebasar los requisitos que la Ley de Amparo prevé en el artículo 61, fracción XX, y por ello, debe agotarse previamente a la promoción del juicio de amparo indirecto. A igual pronunciamiento se arriba respecto de los actos reclamados identificados como: "omisión de investigar actos constitutivos de delitos cometidos por servidores públicos contra los quejosos", y la "omisión de suspender de sus funciones a los servidores públicos bajo investigación ministerial por la comisión de actos constitutivos de delitos", en razón que tales actos no se encuentran contemplados en el artículo 15 de la Ley de Amparo, como actos que atenten contra la vida y la dignidad humana o de los previstos en el artículo 22 constitucional. Asimismo, no pasan inadvertidos los diversos actos reclamados inherentes a sus condiciones de internamiento, no obstante, los actos reclamados por los quejosos constituyen condiciones de internamiento, entendidas según se estableció en la ejecutoria 1a./J. 79/2018 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como cualquier medio o acto que garantice una vida digna y segura a la persona privada de su libertad dentro del centro de reinserción social, en contra de las cuales procede el mecanismo de control previsto en la Ley Nacional de Ejecución Penal, bien sea a través de una petición de carácter no urgente ante la autoridad penitenciaria, o de naturaleza urgente ante la autoridad judicial, con la posibilidad, en este último supuesto, de suspender los actos reclamados con los efectos ya descritos. Jurisprudencia que a la letra señala: "OMISIONES INHERENTES A LAS CONDICIONES DE INTERNAMIENTO. PARA RECLAMARLAS, LA PERSONA PRIVADA DE SU LIBERTAD DEBE AGOTAR EL MECANISMO DE CONTROL PREVISTO EN LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL, ANTES DE ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. Del contenido de los artículos 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 30, 107 a 115, 117, fracción I, 122 y 131 a 135 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, se advierte que el procedimiento de ejecución penal contiene un mecanismo de control denominado peticiones administrativas, a través del cual las personas privadas de su libertad pueden reclamar, sin mayores formalismos, ante la autoridad penitenciaria o el Juez respectivo, las omisiones inherentes a sus condiciones de internamiento que vulneran sus derechos. Ahora bien, este mecanismo de control constituye un verdadero procedimiento conformado de diversas etapas, pues inicia con la presentación de una petición formulada por los internos ante la autoridad penitenciaria correspondiente, en donde pueden ofrecer pruebas o que la autoridad las recabe de oficio; en el caso de que el acto sea urgente puede ser suspendido de oficio y de inmediato por un Juez, o bien, que éste ordene las acciones positivas necesarias para que cese, en caso de constituir una omisión; asimismo, se prevé la posibilidad de que las decisiones adoptadas por la autoridad penitenciaria relacionadas con la petición sean impugnadas a través de los recursos correspondientes. En esa virtud, el citado mecanismo de control previsto en la Ley Nacional de Ejecución Penal constituye un medio de defensa sencillo, rápido y eficaz por medio del cual la persona privada de su libertad, puede reclamar omisiones inherentes a sus condiciones de internamiento, por lo que antes de acudir al juicio de amparo indirecto, debe agotar dicho mecanismo y los medios de impugnación previstos en su contra por la ley referida. Por lo que, si el interno promueve la acción constitucional contra las omisiones inherentes a sus condiciones de internamiento, sin que previamente hubiera agotado el citado mecanismo de control, actualizará la causa de improcedencia del juicio prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, en atención al principio de definitividad". 3. INCOMPETENCIA. Ahora, de la lectura integral de la demanda de amparo, se considera que el suscrito carece de competencia legal para conocer la demanda de amparo que se recibe, lo anterior toda vez que los quejosos señalan como autoridades responsables a: Jueces de Distrito de amparo de materia penal de la ciudad de México, del primero al décimo sexto. Jueces de Distrito de amparo en materia administrativa y civil de la ciudad de México, del primero al décimo séptimo. Jueces de Distrito de Aguascalientes, Colima, Chiapas, Campeche, Coahuila, Chihuahua, Durango, Estado de México, Guerrero, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Nayarit, Nuevo León, Morelos, Michoacán, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Tamaulipas, Sinaloa, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán, Tabasco y Zacatecas. De ahí, que si entre otras autoridades responsables, señalan a este Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, con residencia en la ciudad de Uruapan y demás restantes jueces de Distrito en el Estado de Michoacán, así como a los jueces de Distrito de Aguascalientes, Colima, Chiapas, Campeche, Coahuila, Chihuahua, Durango, Estado de México, Guerrero, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Nayarit, Nuevo León, Morelos, Michoacán, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Tamaulipas, Sinaloa, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán, Tabasco y Zacatecas; resulta evidente que este órgano jurisdiccional carece de competencia para conocer del asunto. En principio, el artículo 38 de la Ley de Amparo establece que la autoridad judicial competente para conocer de actos atribuidos a un Juez de Distrito, será otro de la misma categoría que resida dentro del mismo distrito y especialización en su caso, y si no lo hubiera, el más cercano dentro de la jurisdicción del circuito al que pertenezca. Cabe destacar, que si bien el artículo referido en el párrafo precedente, no establece la hipótesis de que el juicio de amparo se promueve contra todos los jueces de distrito del mismo ámbito territorial, es lógico establecer que debe aplicarse la regla relativa a que la competencia debe fincarse en el homologo más próximo a la residencia de los jueces señalados como autoridad responsable. El escrito de demanda revela que los quejosos señalan como autoridades responsables entre otras, a este Juzgado Sexto de Distrito del Estado de Michoacán de Ocampo, con residencia en la ciudad de Uruapan, como actos reclamados los referidos. Lo anterior revela la actualización del supuesto previsto en el artículo 38 de la Ley de Amparo, pues los quejosos señalan como autoridad responsable, entre otras, a este Juzgado de Distrito. En consecuencia, atendiendo a lo establecido en el artículo 38 de la Ley de Amparo, es procedente declinar competencia al Juzgado de Distrito residente con mayor proximidad a este órgano judicial. Tiene aplicación a lo anterior la jurisprudencia 1a./J. 44/2021 (11a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, registro digital 2023895, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 8, Diciembre de 2021, Tomo II, página 1230, de rubro y texto: "COMPETENCIA POR TERRITORIO PARA CONOCER DE UN JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN EL QUE ES SEÑALADO COMO AUTORIDAD RESPONSABLE UN JUEZ DE DISTRITO. CONFORME A LA REGLA ESPECIAL DEL ARTÍCULO 38 DE LA LEY DE AMPARO, SE SURTE A FAVOR DE OTRO JUEZ DEL MISMO DISTRITO Y ESPECIALIZACIÓN QUE EL SEÑALADO COMO RESPONSABLE Y, SI NO LO HUBIERA, DEL MÁS CERCANO DENTRO DE LA JURISDICCIÓN DEL CIRCUITO AL QUE PERTENEZCA. Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes sostuvieron criterios distintos al determinar cuál Juez de Distrito es legalmente competente, por razón de territorio, para conocer del juicio de amparo indirecto promovido contra actos atribuidos a un Juez de Distrito, ya que para resolver, uno de ellos aplicó la regla general de competencia prevista en el último párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo, para establecer que en este caso, la competencia se surte a favor del Juez de Distrito del lugar donde puede materializarse el acto reclamado; mientras que para el otro era aplicable la regla especial prevista en el artículo 38 de dicho ordenamiento, para establecer que la competencia se surte a favor de otro Juez del mismo distrito y, en su caso, de la misma especialización. Criterio jurídico: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que, para efectos de fincar competencia territorial a los Jueces de Distrito cuando se reclamen en un juicio de amparo indirecto actos atribuidos a otro Juez de Distrito, debe aplicarse la regla especial contenida en el artículo 38 de la Ley de Amparo, porque dicha regla sólo será aplicable cuando en el juicio de amparo indirecto la autoridad responsable sea un Juez de Distrito. Justificación: Ello es así, porque del contenido del mencionado precepto se aprecia que el legislador dispuso un criterio de excepción a las reglas generales de competencia establecidas en el artículo 37 del mismo ordenamiento legal, la cual atiende a la autoridad responsable que emite el acto reclamado en el juicio de amparo indirecto -Juez de Distrito-. Mientras que las reglas generales previstas en el artículo 37 de la Ley de Amparo, definen la competencia de los Jueces de Distrito para conocer de un juicio de amparo en atención a la ejecución del acto reclamado. Por tanto, si en un juicio de amparo indirecto la autoridad responsable lo es un Juez de Distrito a quien se le atribuye el acto reclamado, la regla aplicable será la prevista en el artículo 38 de la Ley de Amparo y, por ende, en este caso, la competencia recaerá en otro Juez del mismo distrito y especialización y, si no lo hubiera, en el más cercano dentro de la jurisdicción del circuito al que pertenezca. Dicha regla de excepción será aplicable, con independencia de si el acto reclamado en el juicio de amparo tiene ejecución material o no la tiene, ya que esa circunstancia no es determinante para establecer la competencia del Juez de Distrito, toda vez que no fue considerada por el legislador como parámetro para delimitar la competencia." Así, de conformidad con el Acuerdo 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, el Juzgado con mayor proximidad es el Juzgado de Distrito en el Estado de Sonora, con residencia en Hermosillo, en turno, quien de acuerdo con la lectura de la demanda de amparo, no fue señalado como responsable. Por ende, este Juzgado de Distrito declina competencia para conocer de la demanda que se trata a favor del Juzgado de Distrito en el Estado de Sonora, con residencia en Hermosillo, en turno, al no estar señalado como responsable; ello, como se vio, de acuerdo al contenido del artículo 38 de la Ley de Amparo. Lo anterior, en la inteligencia de que no podría declinar su competencia en favor de los Jueces de Distrito en Materia Penal de la Ciudad de México, lugar donde se encuentran recluidos los quejosos, en virtud de que también fueron señaladas como autoridades responsables. En virtud de lo expuesto, se ordena remitir el asunto a dicho órgano judicial, por conducto de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Sonora, con residencia en Hermosillo, en turno, para que acorde a lo dispuesto por el artículo 38 y 48 de la Ley de Amparo tenga a bien pronunciarse con libertad de jurisdicción respecto de la demanda de cuenta debiendo formarse el cuaderno de antecedente respectivo. Se solicita al órgano jurisdiccional que reciba el presente asunto, que tenga a bien acusar recibo correspondiente. 4. REPRESENTANTE COMÚN. Toda vez que la demanda de amparo se promovió por más de dos quejosos con un interés común, con fundamento en el artículo 13 de la ley de la materia, este órgano jurisdiccional designa como representante común a ********************, sin perjuicio de que sea sustituido por otro, y en el entendido que las subsecuentes notificaciones de los diversos impetrantes se entenderán con él. 5. SE GIRA EXHORTO. Ahora, toda vez que los quejosos se encuentran recluidos en la Penitenciaria de la Ciudad de México, se ordena girar exhorto al Juzgado de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, en turno, a efecto de que proceda a notificar el presente auto, en el Centro Penitenciario citado, al representante común de los quejosos, a fin de que se impongan de su contenido. En la inteligencia que se otorga plenitud de jurisdicción al Juez exhortado para llevar a cabo la diligencia ordenada, facultándolo para que se practiquen las diligencias necesarias para ello, incluyendo habilitar días y horas inhábiles e imponer las medidas de apremio que la ley establezca. Hecho que sea, se sirva devolver la comunicación oficial a la brevedad posible. Sin que sea necesario que acuse recibo de la presente comunicación, pues genera el mismo el propio sistema. Se solicita de la manera más atenta, a la autoridad que conozca del referido exhorto, lo devuelva a la brevedad posible. Para lo cual, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan horas y días inhábiles, para que se practique la diligencia encomendada. Notifíquese. Así lo acordó y firma René Castro Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Uruapan, quien actúa asistido de la Secretaria Marcela Cortez Ruíz, quien da fe.
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