Carlos Alberto Angelino Barron

Expediente 87/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Coahuila. 4 actuaciones registradas, la última del 19 de mayo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
87/2021
Año
2021
Actuaciones
4
Última actuación
19/05/2021

Partes del expediente

  • Carlos Alberto Angelino Barron
  • CARLOS ALBERTO ANGELINO BARRON y Otros.

Actuaciones

  1. Principal

    1. Declara firme. Visto el cómputo que antecede realizado por la Secretaría de trámite, del que se desprende que ha transcurrido el plazo que señala el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera interpuesto recurso de queja contra el auto diecinueve de abril de dos mil veintiuno, en el que se desechó la demanda de amparo intentada. En consecuencia, con apoyo en dicho precepto legal, se declara firme el mencionado proveído, para todos los efectos legales consiguientes. Hágase las anotaciones en el libro de gobierno. 2. Archivo del asunto. En cumplimiento a lo señalado en el artículo 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, relativo a los criterios de valoración para los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, esto es, de relevancia documental, conservable, depurable o destruible, decrétese el valor correspondiente del presente expediente, y archívese este asunto como concluido. 3. Valoración. Ahora bien, toda vez que no existen documentos considerados originales, en términos del artículo 3, fracción XVIII, del aludido Acuerdo General, y atendiendo a que se desechó la demanda de amparo, de acuerdo a los criterios de valoración, encuadra en el supuesto previsto en el inciso d) del numeral 21 del referido Acuerdo General; en consecuencia, se ordena su destrucción. Además, se estima que el acto reclamado carece de relevancia documental, ya que no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el artículo 15 del referido Acuerdo General; asimismo, este Juzgador atendiendo a la importancia del asunto por su trascendencia jurídica, social o económica en el ámbito nacional, no estima que debe ser considerado como tal. 4. Destino. Por tanto, transcurrido el plazo de conservación de tres años, contado a partir de la fecha en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, procédase a la destrucción del presente asunto. 5. Anotaciones. Como lo dispone el artículo 35 del acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente, en los libros de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); una vez que transcurra el plazo de noventa días naturales, se ordena a la Secretaría archivar físicamente el asunto como totalmente concluido, sin mayor proveído y haciendo del conocimiento dicha circunstancia al oficial administrativo encargado del libro de control.

  2. Principal

    1. Promoción. Agréguese a los presentes autos el oficio de cuenta, remitido vía electrónica, por el Secretario del Juzgado Decimotercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, mediante el cual devuelve diligenciado el exhorto 369/2021-LRPE, con número de orden 412/2021, que le fue enviado para notificar a los quejosos ***, el proveído de ocho de febrero del presente año. Del mismo, se advierte que los aquí quejosos ratifican la demanda de amparo, por medio del cual dan cumplimiento al requerimiento efectuado en proveído de ocho de febrero de la presente anualidad. 1.1 Anotaciones. Dése de baja la comunicación de cuenta; háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno; sin que resulte necesario acusar recibo, toda vez fue remitida mediante la plataforma virtual Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E), la cual genera dicho acuse. 2. Desechamiento. A efecto de proveer respecto de la admisión de la demanda, se debe considerar lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo. De la anterior disposición legal se desprende que el Juez de Distrito tiene la obligación de examinar la demanda de garantías, para que en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia se deseche de plano; en ese sentido, se procede a efectuar el análisis respectivo. El concepto motivo manifiesto e indudable de improcedencia, ha sido explicado en la jurisprudencia I.1º.A. J/4. Esencialmente la jurisprudencia en cuestión refiere que para el desechamiento de plano de una demanda de garantías, es necesario que se advierta un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que este motivo sea manifiesto; es decir, cuando deviene en forma patente y absolutamente clara, de la lectura del líbelo y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. En el caso a estudio, los aquí quejosos ***, reclaman su orden de traslado efectuada por la Penitenciaria de la Ciudad de México, a un centro diverso. Lo anterior permite establecer que en el caso se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo. Ahora bien, del precepto antes mencionado en su fracción XX se obtiene que el juicio de amparo es improcedente contra actos de autoridades distintas a los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, cuando proceda en su contra algún recurso o medio legal de defensa, en virtud del cual dichos actos puedan ser modificados, revocados o nulificados; lo anterior, siempre y cuando para la procedencia del recurso no se exijan más requisitos que los previsto en la Ley de Amparo, así como si sólo se alegan violaciones directas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por lo que del citado artículo y fracción se puede advertir uno de los principios rectores del juicio de amparo como medio de control constitucional de carácter extraordinario, esto es, el principio de definitividad, que consiste en que la parte que busca la protección constitucional, previo a accionar la misma, debe agotar todos los recursos o medios de defensa ordinarios mediante los cuales el acto reclamado pueda ser modificado, revocado o nulificado, como lo prevee el artículo 107, fracciones III y IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ahora bien, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión remota de veinticuatro de marzo de dos mil veintiuno, por unanimidad de votos, emitió jurisprudencia al resolver la contradicción de tesis 448/2019, en la que se decidió que cuando una persona privada de su libertad reclama una orden de traslado calificada como urgente o excepcional, de un centro penitenciario a otro, sin tener certeza de su legalidad, no deberá promover un juicio de amparo sino el recurso denominado "controversia judicial" previsto en la Ley Nacional de Ejecución Penal, a fin de que sea el juez de control o de ejecución de sentencia quien resuelva respecto a la posible afectación a alguno de sus derechos fundamentales. En ese sentido, la Primera Sala refirió que el artículo 117, fracción III, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, dispone que las personas privadas de su libertad podrán presentar la controversia judicial contra las cuestiones relacionadas con sus derechos en materia de traslados. De resultar desfavorable la decisión judicial, podrán interponer un recurso de apelación, de conformidad con el artículo 132, fracción VII, del mismo ordenamiento, a fin de que tal resolución pueda ser confirmada, modificada o revocada, por un tribunal de alzada. Asimismo, se consideró que la controversia judicial es un medio de defensa legal que prevé la posibilidad de que el juez de ejecución ordene la suspensión inmediata de la orden de traslado presumiblemente emitida por la autoridad administrativa sin autorización judicial previa, la cual no exige mayores requisitos que los que la Ley de Amparo establece para tal efecto, ya que únicamente requiere que el interesado la pida en su escrito inicial, e incluso, de no hacerlo, la autoridad jurisdiccional puede pronunciarse de oficio respecto del otorgamiento de dicha suspensión. Por lo anterior, en jurisprudenica emiida por la Primera Sala, determinó que la orden de traslado urgente o excepcional no constituye una violación directa a la Constitución federal que haga procedente el juicio de amparo indirecto como excepción al principio de definitividad, pues se trata de un acto dentro del procedimiento respecto del cual existe un medio ordinario de defensa que permite combatirlo e incluso suspenderlo. En mérito de lo expuesto, con fundamento en lo previsto por los artículos antes mencionados y en el diverso 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de garantías que se estudia, por actualizarse de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia antes invocada. 3. Domicilio para notificaciones. Finalmente, del exhorto con que se dio cuenta, se aprecia que los quejosos señalaron como domicilio para oír y recibir notificaciones la lista de acuerdos, que se fija en un lugar visible de este órgano de control constitucional; por lo tanto, la presente determinación y las subsecuentes que sean de manera personal deberán realizarse en la forma que la parte quejosa decidió.

  3. Principal

    1. Estado de autos. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que no obra constancia del envío del exhorto 216/2021 (orden 221/2021), del índice de este Juzgado, librado al Juez de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México en Turno, con la finalidad de que en auxilio de las labores de este órgano jurisdiccional, se sirviera notificar personalmente el proveído de ocho de febrero del presente año, a la parte quejosa para que estuvieran en aptitud de ratificar su demanda. 1.1 Anotaciones. En consecuencia, dése de baja la comunicación de cuenta y háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno. 2. Exhorto. Ahora bien, de la demanda de amparo se advierte que los quejosos ... se encuentran recluidos en el Centro Penitenciario de la Ciudad de México, con fundamento en los artículos 298 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo y 158 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y el capítulo segundo del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios de interconexión tecnológica entre los órganos jurisdiccionales con diversas instituciones públicas, gírese exhorto vía electrónica a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), al Juez de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, en turno, para que en auxilio de las labores de este órgano jurisdiccional, se sirva instruir al Actuario de su adscripción para que se constituya en las instalaciones del Centro Penitenciario de esa ciudad y notifique personalmente el proveído de ocho de febrero de dos mil veintiuno, a los quejosos Carlos Alberto Angelino Barrón y Juan Manuel Espinosa González, debidamente identificados en el lugar de su reclusión, y hecho lo anterior, en el acto de la notificación realice lo siguiente: i) De lectura de la demanda de amparo y del presente acuerdo a los quejosos, con un lenguaje sencillo y comprensible acorde a la situación que se le presente. ii) Los requieran para que manifiesten ante su presencia, si ratifican la demanda que presentaron con sus nombres. Para lo cual, se anexa copia simple de la demanda de amparo indirecto. 2.1 Apercibimiento. Además, deberá apercibirlos que de no cumplir la prevención en el plazo que se les otorga, se tendrá por no presentada la demanda de amparo, como lo prevé el segundo párrafo del artículo 114 de la ley de la materia. 3. Señalamiento de domicilio. Igualmente, se deberá requerir a la parte quejosa para señalar domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad de Piedras Negras, Coahuila de Zaragoza, de lo contrario las subsecuentes notificaciones aun las que le resulten en forma personal, se les harán por medio de lista de acuerdos que se fije en los estrados de este juzgado, de conformidad con el artículo 27, fracción II, de la Ley de Amparo.

  4. Principal

    1. Razón actuarial. Vista la razón actuarial de cuenta, se desprende la imposibilidad de notificar al tercero interesado L***, el proveído de dos de febrero del año en curso. 2. Acuerdo. Se reserva a acordar lo conducente, hasta en tanto concluya el plazo de tres días que le fue concedido mediante auto de quince de enero del presente año, toda vez que quedó notificado por medio de lista de acuerdo el tres de febrero de dos mil veintiuno.

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