Carlos Alberto Angelino Barrón

Expediente 731/2022 tramitado ante el Juzgado Decimocuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 4 actuaciones registradas, la última del 1 de febrero de 2023.

Datos del expediente

Expediente
731/2022
Año
2022
Actuaciones
4
Última actuación
01/02/2023

Partes del expediente

  • Carlos Alberto Angelino Barrón y Otros.
  • Carlos Alberto Angelino Barrón

Actuaciones

  1. Principal

    Téngase por recibido el oficio firmado por el Secretario de Acuerdos del Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, por el que envía copia certificada del juicio de amparo ***, de este índice, así como testimonio de la resolución dictada en el amparo en el recurso de queja *** de su índice, en la que se determinó: "PRIMERO. Es infundada la queja." En consecuencia, hágase del conocimiento de las partes y previas las anotaciones en el libro de gobierno, archívese este asunto como totalmente concluido. Hágase del conocimiento de las partes, que respecto al destino de este expediente, es susceptible de depuración.

  2. Principal

    Agréguese a los autos el oficio de cuenta signado por el Secretario de Acuerdos del Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, por el cual acusa recibo y comunica a este órgano de control constitucional que se admitió a trámite el recurso de queja planteado por el impetrante ********** -representante común de la parte quejosa-, mismo que se registró con el número Q. P. 264/2022; en consecuencia, téngasele informando lo anterior para los efectos legales a que haya lugar.

  3. Principal

    Vista la constancia de notificación personal realizada por el fedatario adscrito a este órgano de control constitucional, de la que se advierte que al hacer del conocimiento de los quejosos ********** y otros, por conducto de su representante común, el proveído de nueve de diciembre del año en curso, manifestó: "interpongo queja y recibo copia" (sic) En consecuencia, con fundamento en los artículos 97, fracción I inciso a) y 98 a 101, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, remítanse al Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, en turno, copia certificada de la constancia de notificación de mérito, el informe de ley, así como facsímil autorizado de todo lo actuado en la presente incidencia.

  4. Principal

    Visto el oficio de cuenta signado por el Secretario del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, mediante el cual remite el original del expediente *** del índice del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Quintana Roo; toda vez que en resolución de once de noviembre de los actuales, dictada dentro del conflicto competencial **, el tribunal de alzada resolvió: PRIMERO. Existe conflicto competencial. SEGUNDO. Es competente el Juzgado Decimocuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, para que conozca del juicio de amparo indirecto y siga los lineamientos establecidos en este fallo, conforme a los razonamientos expuestos en el considerando tercero de esta sentencia. En consecuencia, con fundamento en el numeral 48 de la ley reglamentaria este órgano jurisdiccional se avoca al conocimiento bajo el consecutivo **. Comuníquese lo anterior a al Tribunal Colegiado para los efectos legales correspondientes En el caso, el escrito de demanda aparentemente promovido por **, carece de firmas autógrafas, huellas digitales o firmas electrónicas; es indudable que, no contiene la voluntad de éstos en comprometerse con su contenido, pues el acto de estampar el signo gráfico correspondiente a su firma o firma electrónica, sirve para que no quede duda acerca de la circunstancia de que las manifestaciones ahí vertidas son de la voluntad de la persona que aparece como suscriptor; toda vez que la firma no constituye un elemento de forma, sino un requisito esencial para dar validez a un documento. El precepto 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, refiere que el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada. En ese contexto, el artículo 113 de la Ley de Amparo En ese orden de ideas, tomando en consideración que, si bien la demanda fue promovida por propio derecho por y que ésta fue recibida mediante el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), lo cierto es que, como se indicó, el juicio de amparo se rige por el principio de instancia de parte agraviada, y la firma en un escrito de demanda es un requisito fundamental para darle validez a la petición que en el mismo se hace, esto es, la manifestación expresa de la voluntad; sin embargo, en el caso la misma carece de la firma de los justiciables, por lo cual no satisface dicho principio. A mayor abundamiento, las demandas presentadas a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, a fin de que exista cierto grado de confiabilidad de que el promovente es justamente el quejoso, deben contener la evidencia criptográfica generada con motivo del envío de la demanda, en la que se advierta indubitablemente que la firma. Para uno de los tribunales contendientes la demanda debía desecharse de plano, al implicar el incumplimiento del principio de instancia de parte agraviada y no ser el único medio para promover el amparo; mientras que para el otro debía admitirse sin exigir la firma electrónica del quejoso, al sólo contar con esa vía para instar el juicio constitucional, lo que generaba una excepción al referido principio. Al respecto, el Pleno de la SCJN no advirtió una razón suficiente para que en este período se dispensara la firma electrónica para presentar la demanda de amparo a través del Portal de Servicios en Línea del PJF, como una excepción temporal al principio de instancia de parte agraviada, pues no era la única vía al alcance del justiciable para acudir al amparo, ya que la forma impresa también se garantizó para promover las demandas. En este sentido, señaló que, si bien durante la contingencia sanitaria se limitó la posibilidad de que los justiciables acudieran físicamente a realizar los trámites para obtener su FIREL, tal requisito no constituía una carga excesiva o desproporcional que impidiera el acceso a la justicia, ya que siempre estuvieron en aptitud de presentar la demanda electrónicamente o por escrito." En ese sentido, al inadvertirse la voluntad expresa de los promoventes, no puede entenderse que existe certeza respecto de su intención de iniciar la acción constitucional, ya que al ser considerada la signatura como una formalidad esencial que denota la pretensión de promover el juicio, su ausencia implica que éste no se instó, conforme a lo dispuesto por el artículo 6° de la ley de la materia. Criterio además sustentado por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Noveno Circuito, en la queja administrativa 87/2017, quien señaló que no debe considerarse que el desechamiento de la demanda, por no estar firmada electrónicamente por la parte promovente, implique desatender el principio de acceso a la justicia previsto en el artículo 17 constitucional, ya que no se advierte que esto constituya un obstáculo para ejercer el derecho de acción, pues la ley prevé diversos mecanismos para la presentación de la demanda de amparo, los cuales tienen como finalidad dar plenitud al ejercicio de dicha prerrogativa fundamental. En ese sentido, en el caso que nos ocupa, no se advierte que se configure alguno de los supuestos que establece el citado numeral 15 de la Ley de la materia, o el diverso 22 de la Constitución Federal, por consiguiente no se actualiza la excepción establecida en el último párrafo del artículo 3° de la Ley de Amparo, así como en la parte final del criterio jurisprudencial P./J. 8/2019 (10a.), que dispone que resulta innecesaria la firma electrónica cuando la demanda de amparo se promueva en los términos del citado artículo 15.Máxime que de la lectura integral de la demanda no se advierte que los quejosos se encuentren en alguno de los supuestos que establece el artículo 15 de la Ley de la materia, o el diverso 22 de la Constitución Federal; ello en virtud de que las manifestaciones consistentes en ".intimidación, discriminación restricción de comunicación.", constituyen conjeturas que se hacen derivar de la ejecución de las órdenes de traslado y reubicación y su cumplimiento que se combaten. Consecuentemente, al no satisfacerse el principio de instancia de la parte agraviada, ni actualizarse algunos de los supuestos de excepción que contempla la norma, SE DESECHA PARCIALMENTE la demanda en estudio, con fundamento en el dispositivo 113, en relación con los arábigos 6° y 15 de la Ley de Amparo. En ese orden, de conformidad con lo establecido en el numeral 38 de la Ley de Amparo, este Juzgado de Distrito se declara legalmente incompetente para conocer de la demanda de amparo de que se trata, en cuanto a los citados actos reclamados a este juzgador por las razones siguientes.La parte quejosa expresamente señala como autoridad responsable de los actos señalados en la demanda como 17 y 18, ya precisados, a este Juzgado Decimocuarto, lo cual pone en evidencia que el que suscribe no debe conocer del asunto que nos ocupa, pues ya de manera concreta se me atribuyen actos específicos de autoridad. Por tanto, de conformidad en el numeral 48 de la Ley de la Materia, se ordena remitir el presente asunto al Juzgado de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México (con excepción de este Juzgado Decimocuarto), a quien se considera competente para conocer de ella, por tratarse de un órgano jurisdiccional que conoce de la misma naturaleza que este juzgado, por ya no encontrarse señalado como responsable y por ser el más cercano a la jurisdicción de éste órgano de control constitucional. Solicitándole al órgano jurisdiccional que corresponde el conocimiento, el acuse de recibo y que informe si acepta la competencia declinada; por tanto, fórmese cuaderno de antecedentes.

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