Carlos Alberto Angelino Barron y Otros.
Expediente 1018/2021 tramitado ante el Juzgado Decimocuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 16 actuaciones registradas, la última del 19 de septiembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1018/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 16
- Última actuación
- 19/09/2022
Partes del expediente
- Carlos Alberto Angelino Barron y Otros.
- Carlos Alberto Angelino Barron
Actuaciones
Las 4 más recientes de 16.
- Principal
Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que feneció el término de cinco días establecido por el artículo 98 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 97, fracción I, inciso a), ambos de la Ley de Amparo, para impugnar el auto de treinta de agosto de dos mil veintidós, en el que se desechó la demanda de amparo; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de la invocada ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, según su numeral 2°, se declara que aquél HA CAUSADO ESTADO. Realícense las anotaciones en el libro de gobierno y en virtud de que en el presente expediente no obra ningún documento importante y/o relevante, archívese como asunto totalmente concluido. Ahora bien, conforme a los numerales 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que Establece las Disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales Generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se estima que el presente asunto encuadra en la hipótesis prevista en el inciso b), del numeral 21 de dicho cuerpo normativo y por tanto, una vez que transcurran tres años; será SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN. En consecuencia, una vez transcurridos tres años procédase a su destrucción y remítase el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación.
- Principal
Agréguese el ocurso firmado por **, Defensora Pública del quejoso ***, mediante el cual, en atención a lo establecido en proveído de dieciséis de agosto de dos mil veintidós, comunica que realizó entrevista con el aludido impetrante, a fin de brindarle la asesoría jurídica en el presente juicio de amparo, y al efecto desahoga la prevención inserta en auto de veinticuatro de marzo de dos mil veintidós. En atención al contenido del escrito de cuenta, se advierte que la parte quejosa previa asesoría, manifiesta que no cuenta con mayores elementos para desahogar la prevención inserta, ni exhibir el escrito original; sin embargo, de la lectura íntegra se aprecia que su pretensión es que se tenga como autoridades responsables a diversos Jueces de Distrito con residencia en Aguascalientes, Colima, Campeche, Chihuahua, Coahuila, Chiapas, Durango, Estado de México, Guerrero, Guanajuato, Jalisco, Hidalgo, Morelos, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Querétaro, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas, a quienes les atribuye únicamente de manera concreta y específica los actos reclamados consistes en: Discriminación. Violación al principio pro persona. Inaplicabilidad de criterios internacionales pro persona; y, Violación a los artículos 1, 4, 8, 14, 16, 17, 18, 19 y 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ahora bien, sin que haya lugar a tener como acto reclamado el consistente en "la violación a los artículos 1, 4, 8, 14, 16, 17, 18, 19 y 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos"; en virtud de que dicha manifestación la realiza a manera de conceptos de violación de los diversos actos reclamados. II. DESECHAMIENTO. Como quedó precisado en párrafos que anteceden, es claro que los actos reclamados en esta instancia son: Discriminación. Violación al principio pro persona. Inaplicabilidad de criterios internacionales pro persona. Actos respecto de los cuales el suscrito advierte que se actualiza de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XXIII, en relación con los diversos 3 y 6, todos de la Ley de Amparo; toda vez que no se satisface el principio de instancia de parte agraviada. Así las cosas, el precepto 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, refiere que el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada. En ese contexto, el artículo 113 de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Mientras que el numeral 6° de la citada legislación, dispone: "Artículo 6o. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5° de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta ley lo permita." Así también, el dispositivo 15 del referido ordenamiento, prevé: "Artículo 15. Cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, y el agraviado se encuentre imposibilitado para promover el amparo, podrá hacerlo cualquiera otra persona en su nombre, aunque sea menor de edad." De lo antes transcrito, se colige que uno de los principios fundamentales para la procedencia del juicio consiste en que debe ser siempre promovido a instancia de parte agraviada. Por su parte, el arábigo 3º de la Ley de la materia dispone: "Artículo 3o. En el juicio de amparo las promociones deberán hacerse por escrito. Podrán ser orales las que se hagan en las audiencias, notificaciones y comparecencias autorizadas por la ley, dejándose constancia de lo esencial. Es optativo para el promovente presentar su escrito en forma impresa o electrónicamente. Las copias certificadas que se expidan para la substanciación del juicio de amparo no causarán contribución alguna. Los escritos en forma electrónica se presentarán mediante el empleo de las tecnologías de la información, utilizando la Firma Electrónica conforme la regulación que para tal efecto emita el Consejo de la Judicatura Federal. La Firma Electrónica es el medio de ingreso al sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación y producirá los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa, como opción para enviar y recibir promociones, documentos, comunicaciones y notificaciones oficiales, así como consultar acuerdos, resoluciones y sentencias relacionadas con los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales. [.] No se requerirá Firma Electrónica cuando el amparo se promueva en los términos del artículo 15 de esta Ley. En ese orden de ideas, tomando en consideración que, si bien la demanda fue promovida por propio derecho por ***, y que ésta fue recibida mediante el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), lo cierto es que, como se indicó, el juicio de amparo se rige por el principio de instancia de parte agraviada, y la firma en un escrito de demanda es un requisito fundamental para darle validez a la petición que en el mismo se hace, esto es, la manifestación expresa de la voluntad; sin embargo, en el caso la misma carece de la firma del justiciable, por lo cual no satisface dicho principio. A mayor abundamiento, las demandas presentadas a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, a fin de que exista cierto grado de confiabilidad de que el promovente es justamente el quejoso, deben contener la evidencia criptográfica generada con motivo del envío de la demanda, en la que se advierta indubitablemente que la firma. Lo anterior, con excepción del supuesto establecido en el artículo 109 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 15 del mismo ordenamiento -cuando se trate, entre otros, de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, deportación, extradición, desaparición forzada o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución General-. Para uno de los tribunales contendientes la demanda debía desecharse de plano, al implicar el incumplimiento del principio de instancia de parte agraviada y no ser el único medio para promover el amparo; mientras que para el otro debía admitirse sin exigir la firma electrónica del quejoso, al sólo contar con esa vía para instar el juicio constitucional, lo que generaba una excepción al referido principio. Al respecto, el Pleno de la SCJN no advirtió una razón suficiente para que en este período se dispensara la firma electrónica para presentar la demanda de amparo a través del Portal de Servicios en Línea del PJF, como una excepción temporal al principio de instancia de parte agraviada, pues no era la única vía al alcance del justiciable para acudir al amparo, ya que la forma impresa también se garantizó para promover las demandas. En este sentido, señaló que, si bien durante la contingencia sanitaria se limitó la posibilidad de que los justiciables acudieran físicamente a realizar los trámites para obtener su FIREL, tal requisito no constituía una carga excesiva o desproporcional que impidiera el acceso a la justicia, ya que siempre estuvieron en aptitud de presentar la demanda electrónicamente o por escrito." En ese sentido, al inadvertirse la voluntad expresa del promovente, no puede entenderse que existe certeza respecto de su intención de iniciar la acción constitucional, ya que al ser considerada la signatura como una formalidad esencial que denota la pretensión de promover el juicio, su ausencia implica que éste no se instó, conforme a lo dispuesto por el artículo 6° de la ley de la materia. Criterio además sustentado por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Noveno Circuito, en la queja administrativa 87/2017, quien señaló que no debe considerarse que el desechamiento de la demanda, por no estar firmada electrónicamente por la parte promovente, implique desatender el principio de acceso a la justicia previsto en el artículo 17 constitucional, ya que no se advierte que esto constituya un obstáculo para ejercer el derecho de acción, pues la ley prevé diversos mecanismos para la presentación de la demanda de amparo, los cuales tienen como finalidad dar plenitud al ejercicio de dicha prerrogativa fundamental. En ese sentido, como quedó acreditado en el apartado I de este proveído, en el presente asunto no se configura alguno de los supuestos que establece el citado numeral 15 de la Ley de la materia, o el diverso 22 de la Constitución Federal, por consiguiente no se actualiza la excepción establecida en el último párrafo del artículo 3° de la Ley de Amparo, así como en la parte final del criterio jurisprudencial P./J. 8/2019 (10a.), y por lo resuelto en la contradicción de tesis 100/2021, que dispone que resulta innecesaria la firma electrónica cuando la demanda de amparo se promueva en los términos del citado artículo 15. Consecuentemente, al no haberse demostrado la voluntad de iniciar la acción de garantías por la persona señalada con antelación y al no actualizarse la excepción, para soslayar la falta de firma electrónica SE DESECHA la demanda en estudio por lo que a ella respecta y por los actos que reclama, con fundamento en el dispositivo 113, en relación con los arábigos 6° y 15 de la Ley de Amparo. Máxime que de la lectura integral de la demanda y su desahogo, no se advierte que el quejoso se encuentre en alguno de los supuestos que establece el artículo 15 de la Ley de la materia, o el diverso 22 de la Constitución Federal.
- Principal
Agréguese el ocurso firmado por la licenciada **********, Defensora Pública del quejoso **********, mediante el cual, en atención a lo establecido en proveído de veintidós de julio de dos mil veintidós, comunica que realizó entrevista con el aludido impetrante, a fin de brindarle la asesoría jurídica en el presente juicio de amparo, y al efecto remite las constancias que estimó pertinentes para acreditarlo. Sin embargo a lo anterior, se advierte de la cédula interna de registro de asesoría jurídica, que el directo quejoso señaló en lo que interesa, lo siguiente:**********. En consecuencia, se advierte que la parte quejosa no desahogó cabalmente la prevención inserta, requerimiento que no ha sido desahogada cabalmente en todos sus puntos, esto obedece en cumplimiento como esta ordenado en la queja penal **********, de treinta de junio de dos mil veintidós, del Noveno Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito. En ese sentido, toda vez que el suscrito debe velar porque los quejosos privados de la libertad, cuenten con una defensa adecuada, no sólo en su aspecto formal, sino material, de tal manera que el asesor técnico satisfaga un estándar mínimo de diligencia en el cumplimiento de sus deberes, a fin de garantizar que el quejoso tenga la asistencia de una persona capacitada que le permita ejercer el recurso judicial efectivo; por tanto, requiérase a la Lic. **********, Defensora Pública de la Dirección General de Servicios Legales de la Consejería Jurídica de esta ciudad, para que en cumplimiento de los deberes de defensa, brinde orientación y asesoría al directo quejoso, a fin de que lo asista y de manera conjunta con el peticionario de garantías, informen a este Juzgado de Distrito los puntos de prevención requeridos mediante auto de veintidós de julio de dos mil veintidós, debido a que el plazo de cinco días otorgado se computa a partir del momento en que surta efectos la notificación que le fue realizada; lo anterior, en virtud de que los artículos 112 y 114 de la Ley de Amparo, no prevén nuevo periodo para tal efecto. Lo anterior en virtud, de que una verdadera defensa adecuada no puede limitarse a meros aspectos procesales o de trámite pues el nombramiento de un licenciado en Derecho para asumir la defensa no satisface ni hace efectivo, por ese hecho, el derecho a gozar de una defensa material, en tanto para eso se requiere implementar todas las medidas necesarias las cuales garanticen que la persona tenga la asistencia de un técnico capacitado para su defensa. En la inteligencia de que subsiste el término concedido y vigente el apercibimiento decretado en el auto de veintidós de julio de dos mil veintidós. Asimismo, se apercibe a la Lic. **********, Defensora Pública de la Dirección General de Servicios Legales de la Consejería Jurídica de esta ciudad, que de no desahogar el presente requerimiento, se le impondrá una multa.
- Principal
Intégrese a los autos para que conste como corresponda la razón actuarial de cuenta, de la que se desprende que, al notificar al quejoso *** el proveído de once de julio actual, éste manifestó: ***. En ese sentido, ténganse por hechas sus manifestaciones y, en cumplimiento a lo ordenado por el Noveno Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, con copia del proveído de once de julio del año en curso, gírese atento oficio al Titular del Instituto de Defensoría Pública de la Ciudad de México, a efecto de hacer de su conocimiento las deficiencias en que incurrió la defensora pública Adriana García García en el presente asunto, para lo cual deberá anexarse a la comunicación respectiva copia de la resolución dictada en el recurso de queja 114/2022. Lo anterior, para los efectos que a sus atribuciones competa. Consecuentemente, y tal como lo ordenó el Tribunal de Alzada, instrúyase al fedatario judicial de la adscripción para que notifique a dicha funcionaria el proveído de prevención, así como el diverso de veinticuatro de marzo del año en curso, ello a efecto de dar cabal cumplimiento a lo establecido en dichas determinaciones. En el entendido que el plazo de cinco días concedido para desahogar la prevención formulada en autos, comenzará a computarse a partir de su respectiva notificación. Finalmente, por lo que hace a la solicitud del justiciable para efecto de entrevistarse con la defensora pública de referencia, désele vista a dicha funcionaria para lo que a su representación legal competa.
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