CARLOS ALBERTO ANGELINO BARRÓN y Otros.
Expediente 1057/2020 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 4 actuaciones registradas, la última del 28 de enero de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 1057/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 28/01/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- CARLOS ALBERTO ANGELINO BARRÓN y Otros.
- Carlos Alberto Angelino Barrón
Actuaciones
- Principal
Agréguese a los autos únicamente como constancia, el oficio del Subsecretario del Sistema Penitenciario de la Ciudad de México, en virtud de que por auto de veintidós de diciembre de dos mil veinte, se ordenó el archivo del presente expediente como totalmente concluido. Por otra parte, tomando en consideración que por auto de veintidós de diciembre de dos mil veinte, se ordenó remitir el expediente original que dio origen al presente juicio al Juez Décimo Primero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, una vez que se reanudaran los plazos, en términos de la circular CAP/3/2020, en virtud que las medidas adoptadas con motivo de la contingencia de salud pública derivada del virus Covid-19, que imposibilitaban al personal de este juzgado el ingreso a las oficinas, para estar en aptitud de realizar el envío físico del expediente; en tales condiciones, remítase el original del presente asunto al citado homologo federal, para los efectos legales procedentes, solicitando se sirva acusar el recibo de estilo correspondiente. Fórmese, con las constancias necesarias, el expedientillo de amparo respectivo.
- Principal
Agréguense a los presentes autos los oficios signados por el Juez Décimo Primero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, con el primero, devuelve diligenciado el original del despacho número 205/2020 del índice de este Juzgado, mediante el cual se ordenó la notificación a la parte quejosa en su lugar de reclusión. Acúsese recibo a la autoridad oficiante, dese de baja en la estadística de este juzgado y hágase las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente. Por su parte, con el segundo informa que acepta la competencia planteada y se avoca al conocimiento del presente asunto promovido por ***, en nombre de los quejosos directos ***, por lo que, como lo solicita, remítase el original del presente asunto, dejando copia certificada del mismo. En el entendido que la remisión del expediente original, se realizará una vez que se reanuden los plazos, en términos de la circular CAP/3/2020, en virtud que las medidas adoptadas con motivo de la contingencia de salud pública derivada del virus Covid-19, imposibilitan a personal de este juzgado el ingreso a las oficinas, para estar en aptitud de realizar el envío físico del expediente. Ahora bien, al no existir acuerdo pendiente por desahogar en el presente asunto, se ordena archivar el mismo como totalmente concluido. Por otra parte, ya que el presente juicio, carece de relevancia documental, sin que se advierta del mismo documento alguno en original exhibido por las partes, con fundamento en el artículo 6, fracción I, y, 21 inciso j), Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se hace la indicación de que el presente expediente en que se actúa, es SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, al ser un juicio de amparo en el que se declaró carecer de competencia para conocer de la demanda de amparo, en el que no existen documentos originales exhibidos por las partes; por lo cual, una vez transcurridos TRES AÑOS a partir de esta fecha, se proceda en términos del ante penúltimo párrafo del citado artículo 21. Por otro lado, se ordena hacer la anotación correspondiente en la carátula del expediente, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del citado acuerdo. Finalmente, se hace constar que la parte quejosa no ejerció el derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales.
- Principal
Vista la razón de cuneta de la que se advierte que el Actuario Judicial informa la imposibilidad que tiene para notificar el oficio 53441/2020 dirigido al SUBSECRETARIO DE SISTEMA PENITENCIARIO DE LA CIUDAD DE MEXICO, por las razones que expone en la misma, se ordena remitir el oficio de mérito por la vía ordinaria, lo anterior para los efectos legales a que haya lugar. Por otra parte, atento al estado que guaran los autos, se advierte que a ha transcurrido el término otorgado a las autoridades responsables con excepción del SUBSECRETARIO DE SISTEMA PENITENCIARIO DE LA CIUDAD DE MEXICO, a efecto de que informaran sobre el cumplimiento a la suspensión de plano concedida a la parte quejosa. En tales condiciones, se requiere al COMITÉ TÉCNICO DE LA PENITENCIARÍA DE LA CIUDAD DE MEXICO, DIRECTOR DE LA PENITENCIARÍA DE LA CIUDAD DE MEXICO, SUBDIRECTOR DE SEGURIDAD Y CUSTODIA DE LA PENITENCIARÍA DE LA CIUDAD DE MEXICO, JEFE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE CDUDT DE LA PENITENCIARÍA DE LA CIUDAD DE MEXICO y SUBDIRECTOR JURÍDICO DE LA PENITENCIARÍA DE LA CIUDAD DE MEXICO, para que en el término de QUINCE HORAS, contadas a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído, informen acerca de su cumplimiento, debiendo remitir las constancias conducentes que lo acrediten. Así mismo, se les apercibe que de no cumplir con lo anterior en el término concedido o no manifestar el impedimento que tengan para ello, se les impondrá, a cada una, MULTA EQUIVALENTE A MIL VECES el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, que tenga al momento en que se emite el presente proveído; lo anterior, con fundamento en los artículos 237, fracción I, 238 y 257 de la Ley de Amparo. Se le reitera que la violación a la medida concedida entraña la comisión de un delito equiparable al de ABUSO DE AUTORIDAD, conforme a lo dispuesto en el artículo 215, fracción XIII, del Código Penal Federal, por lo que de consumarse el mismo de inmediato se dará vista al Agente del Ministerio Público Federal para los efectos a que haya lugar. Se hace del conocimiento de las autoridades responsables que deberán remitir su informe y constancias que justifiquen la emisión del acto, por vía electrónica, a fin de dar continuidad e integrar en esa forma el presente expediente, lo anterior conforme a lo previsto en el artículo 28 del referido Acuerdo General 21/2020. Las direcciones de correo electrónico son los siguientes: Correo electrónico oficial: 5jdo6ctop@correo.cjf.gob.mx maryte_3@hotmail.com Debiendo confirmar su recepción al teléfono móvil con número 2224372234. En la inteligencia que en el supuesto excepcional de que tal informe y constancias relativas -como discos ópticos u otro tipo de anexos-, no puedan remitirse electrónicamente, la recepción física se hará en la Oficialía de Partes para este juzgado, instalada en calle 23 Poniente # 2509, colonia Los Volcanes, Puebla, Puebla, C.P. 72410.
- Principal
... Agréguese a los presentes autos el escrito de demanda de amparo promovida por Guillermo Figueroa Hernández, a favor de Juan Manuel Espinosa González y Carlos Alberto Angelino Barrón contra los actos del COMITÉ TÉCNICO DE LA PENITENCIARIA CDMX y otras autoridades. Fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno correspondiente bajo el número 1057/2020. SUSPENSIÓN DE PLANO A) Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 15 y 126 de la Ley de Amparo, se decreta la suspensión de plano a favor de los quejosos Juan Manuel Espinosa González y Carlos Alberto Angelino Barrón para el efecto de que cesen de inmediato los actos de tortura así como cualquier otro de los actos prohibidos por el artículo 22 Constitucional; lo anterior comuníquese de inmediato por medio de oficio, fax y/o correo electrónico a las autoridades responsables. Requiérase a las autoridades responsables, para que informen dentro del plazo de VEINTE HORAS, siguientes a la notificación del presente proveído, acerca de la forma y términos en que den cumplimiento a esta suspensión, previniéndosele a la autoridad responsable que la violación a este mandato traerá como consecuencia la aplicación de lo dispuesto en los artículos 262, fracción III, de la Ley de Amparo y 215 del Código Penal Federal. Así mismo, se apercibe a las autoridades responsables que de no cumplir con lo anterior en el término concedido o no manifestar el impedimento que tengan para ello, se les impondrá UNA MULTA EQUIVALENTE A CIEN VECES el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, que tenga al momento en que se emite el presente proveído; lo anterior, con fundamento en los artículos 237, fracción I, 238 y 259 de la Ley de Amparo. Hágase saber a las autoridades responsables que la violación a esta medida suspensional entraña la comisión de un delito equiparable al de ABUSO DE AUTORIDAD, conforme a lo dispuesto en el artículo 215, fracción XIII, del Código Penal Federal, por lo que de consumarse el mismo de inmediato se dará vista al Agente del Ministerio Público Federal para los efectos a que haya lugar. Se hace del conocimiento de la autoridad responsable que el secretario autorizado para recibir fuera del horario de labores de la Oficialía de Partes del Juzgado Quinto de Distrito de Amparo en Materia Penal, así como en días inhábiles es María Teresa Rodríguez y Guarnero, con teléfono 2224372234, y que podrán dar cumplimiento a la suspensión de plano decretada vía fax o correo electrónico a las direcciones y número siguientes: Correo electrónico oficial: maria.rodriguez.yguarnero@correo.cjf.gob.mx 5jdo6ctop@correo.cjf.gob.mx Número de fax: 01 22 2 37 66 67. Debiendo confirmar su recepción. A fin de dar una comunicación efectiva, en términos del artículo 126, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se ordena notificar de manera inmediata el contenido de esta resolución a la autoridad responsable mediante oficio por cualquiera de las vías antes indicadas. INCOMPETENCIA Ahora bien, del análisis integral de la demanda de amparo se advierte que los quejosos señalan como autoridades responsables a las siguientes: 1. COMITÉ TÉCNICO DE LA PENITENCIARIA CDMX. 2. DIRECTOR DE LA PENITENCIARIA CDMX. 3. SUBDIRECTOR DE SEGURIDAD Y CUSTODIA DE LA PENITENCIARIA CDMX. 4. JEFE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE CDUDT DE LA PENITENCIARIA CDMX. 5. SUBDIRECTOR JURÍDICO DE PENITENCIARIA CDMX. 6. SUBSECRETARIO DE SISTEMA PENITENCIARIO CDMX. A quienes les reclama el acto siguiente: ". Reubicación del quejoso Juan Manuel Espinosa González del dormitorio 4 zona uno estancia once al dormitorio módulo diverso de castigo ocho desde el cinco de diciembre de dos mil veinte que ocasiona y genera en forma actual real indudable y manifiesta los actos de tortura intimidación segregación incomunicación confinamiento aislamiento dolor sicofisico (sic) angustia tormento y actos prohibidos por el artículo 22 constitucional y artículo 15 de la Ley de Amparo dicha reubicación no está autorizada por autoridad judicial." así como "actos de represalias discriminación y prohibidos en el artículo 22 constitucional y artículo 15 de la Ley de Amparo en contra de ambos quejosos Carlos Alberto Angelino Barrón y Juan Manuel espinosa González". En tales condiciones, tomando en consideración la naturaleza del acto reclamado anteriormente referido, se advierte que a este juzgado federal no le corresponde el conocimiento de la demanda de amparo que se provee, por los motivos que a continuación se exponen. Al respecto, debe destacarse que en conformidad con el artículo 37 de la Ley de Amparo, cuando el acto reclamado tenga ejecución será competente el Juez de Distrito que tenga jurisdicción en el lugar en que: a) Deba tener ejecución; b) Trate de ejecutarse; c) Se esté ejecutando; o, d) Se haya ejecutado. En el caso, el impetrante reclamó la reubicación del quejoso Juan Manuel Espinosa González del dormitorio 4 zona uno estancia once al dormitorio módulo diverso de castigo ocho desde el cinco de diciembre de dos mil veinte y como consecuencia del mismo actos de tortura intimidación segregación incomunicación confinamiento aislamiento dolor sicofisico (sic) angustia tormento y actos prohibidos por el artículo 22 constitucional, así como actos de represalias discriminación y prohibidos en el artículo 22 constitucional y artículo 15 de la Ley de Amparo en contra de ambos quejosos Carlos Alberto Angelino Barrón y Juan Manuel Espinosa González; mismos que conllevan una ejecución material, por lo que para determinar la competencia del juez para conocer del asunto se debe atender al lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado. En esa tesitura, es necesario precisar que los quejosos de amparo refieren, que se encuentran recluidos en PENITENCIARÍA CDMX; por ende, es inconcuso que la ejecución del acto que tildan de inconstitucional, se surte en aquella Entidad Federativa y, en consecuencia, tiene que conocer del presente juicio de amparo el Juez de Distrito con jurisdicción en aquel lugar. Sirve de apoyo a lo anterior la Tesis: PC.XVI.P. J/3 P (10a.), visible en la página 2124 décima época del Libro 64, marzo de 2019, Tomo III, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguiente: COMPETENCIA TERRITORIAL PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO EN EL QUE SE RECLAME LA OMISIÓN DE BRINDAR ATENCIÓN MÉDICA A LOS INTERNOS EN UN CENTRO DE RECLUSIÓN. RECAE EN EL JUEZ DE DISTRITO QUE EJERZA JURISDICCIÓN EN EL LUGAR AL QUE CORRESPONDA EL DOMICILIO DEL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO, AL SER UN ACTO NEGATIVO CON EFECTOS POSITIVOS. De lo sostenido por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis aislada 1a. XVII/2018 (10a.), de título: "CONCEPTO DE OMISIÓN COMO ACTOS DE AUTORIDAD.", se advierte que para que la inactividad de la autoridad constituya, en el ámbito jurídico, una omisión, es imprescindible que exista el deber de realizar una conducta y que alguien haya incumplido con esa obligación. Por otra parte, los artículos 34 y 72 a 80 de la Ley Nacional de Ejecución Penal imponen a las autoridades penitenciarias la obligación de garantizar atención médica a los internos bajo su resguardo, en tutela al derecho humano a la salud. Ahora bien, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado que la ejecución material de un acto reclamado no atiende solamente a su contenido -en el sentido de que establezca una orden, un mandato, el cumplimiento o la prohibición de llevar a cabo algo-, sino que también comprende los alcances materiales que tuviera o llegara a producir en el mundo fáctico o real. Así, la omisión de las autoridades penitenciarias de brindar atención médica a los internos bajo su resguardo constituye un acto negativo con efectos positivos, pues produce una afectación que trasciende a la materialidad, ante la alteración o agravamiento de su estado de salud, por lo que posee el atributo de ser ejecutable materialmente. Con base en lo anterior, se concluye que la regla de competencia por territorio a la que hay que acudir, es la prevista en el primer párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo, que finca los atributos para conocer de la demanda relativa, a favor del Juez de Distrito que ejerza jurisdicción en el lugar en el que deba, trate, se esté o se haya ejecutado el acto reclamado, es decir, en el domicilio del establecimiento penitenciario. De igual manera, sirve de sustento a lo anterior la Jurisprudencia: 1ª./J. 86/2019 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguiente: "OMISIÓN DE BRINDAR ATENCIÓN MÉDICA A PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD. ES LEGALMENTE COMPETENTE PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EL JUEZ DE DISTRITO QUE EJERZA JURISDICCIÓN EN EL DOMICILIO DONDE SE ENCUENTRE EL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO EN EL QUE SE ENCUENTRE RECLUIDA LA PERSONA. De conformidad con el numeral 4o. de la Constitución Federal en relación con los artículos 34, 73, 74, 76 y 77 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, las autoridades penitenciarias se encuentran obligadas a proporcionar atención médica a las personas que se encuentran privadas de su libertad. En ese contexto, la omisión de brindar atención médica por parte de las autoridades penitenciarias, produce consecuencias materiales en el mundo fáctico, pues existe un vínculo indisoluble entre: a) la obligación del Estado de proporcionar atención médica a las personas privadas de su libertad en su centro de reinserción social; b) la omisión de proporcionar dichos servicios a dichas personas; y c) la afectación del derecho fundamental a la salud en éstos, en el caso de que tal servicio no se proporcione. De esta manera, se actualiza la regla de competencia prevista en el primer párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo, por lo que debe conocer de dicha demanda el Juez de Distrito que ejerza jurisdicción en el domicilio del centro penitenciario donde se encuentre recluido el promovente de amparo." Por tanto, al consistir el acto reclamado en el cambio de dormitorio del quejoso y hace valer como consecuencia de éste la actualización de diversos actos prohibidos por el artículo 22 constitucional, entonces tales actos tiene ejecución material en el lugar en el que éstos se encuentran recluidos; por ende, es competente el Juez de Distrito que ejerce jurisdicción en el lugar en el que los quejosos se encuentran recluidos, en el caso, el Juez de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, en turno, en conformidad en los acuerdos segundo, fracción III, y cuarto, fracción III, del Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito. En consecuencia, con fundamento en el artículo 48 de la Ley de Amparo, remítase al Juez de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, en turno, el original del presente juicio de amparo. Asimismo, se solicita al homólogo federal se sirva acusar el recibo de estilo correspondiente. Fórmese el expedientillo de antecedentes correspondiente y, una vez que el Juez de Distrito a quien le corresponda conocer de la incompetencia planteada comunique la resolución recaída al respecto, archívese el presente asunto como totalmente concluido, previas las anotaciones en el libro de gobierno de este juzgado. REPRESENTANTE COMÚN Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 13 de la Ley de Amparo, en virtud de que los quejosos omitieron designar representante común, se tiene como tal al primero de los mencionados quejosos, sin perjuicio de que lo substituyan posteriormente. NOTIFICACIÓN A LOS QUEJOSOS Ahora bien, toda vez que los quejosos se encuentran recluidos en la PENITENCIARÍA CDMX gírese exhorto al Juez de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, en turno, para que en auxilio de la labores de este Juzgado, ordene a quien corresponda notifique personalmente el contenido del presente proveído a los quejosos, por conducto del represente común Juan Manuel Espinosa González, para lo cual, deberá realizar lo siguiente: Se constituya en las instalaciones del PENITENCIARIA CDMX; Busque, por conducto del personal de custodia correspondiente, al quejoso en cita, en su carácter de representante común, y se cerciore de su identidad; Le haga saber el órgano jurisdiccional que ordena su notificación "Juzgado Quinto de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla", así como el número de expediente -juicio de amparo 1057/2020; Le notifique el presente acuerdo; Le corra traslado con copia del presente proveído; y, Asiente razón en el sentido de si el quejoso quiso o no recibir la notificación, así como si fue su deseo o no firmar para constancia. Solicitándole que, una vez que se encuentre diligenciada dicha comunicación, remita a este Juzgado por la misma vía. Se solicita al Juez exhortado que, de no tener inconveniente legal alguno, con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo, habilite al funcionario encargado de practicar la notificación ordenada en este proveído, para que de ser necesario la realice aun en días y horas inhábiles. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN Finalmente en conformidad con los preceptos 6o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 11, fracción VI, 16 y 68, éste último en relación con los diversos 110, 113 y 118, todos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace del conocimiento de las partes que este órgano al emitir la sentencia respectiva y con el objeto de respetar el derecho humano de acceso a la información, elaborará la versión pública protegiendo aquella considerada legalmente como confidencial o reservada. INSTRUCCIÓN AL ACTUARIO JUDICIAL Se instruye al actuario judicial adscrito a este órgano jurisdiccional para que tan luego practique las notificaciones ordenadas en el presente acuerdo y los subsecuentes, digitalice las razones circunstanciadas correspondientes y las entregue al personal operativo encargado del expediente para su integración al expediente electrónico o, en su caso, realice lo mismo con la propia razón de imposibilidad, en el entendido de que a las notificaciones que impliquen adjuntar copias autorizadas con firma electrónica, documentos y anexos, el fedatario judicial deberá cerciorarse que los traslados correspondientes se encuentren completos. Lo anterior en razón de que conforme a lo dispuesto en el penúltimo párrafo del artículo 3º de la Ley de Amparo, el expediente electrónico debe coincidir en su totalidad con el expediente electrónico. Además, de existir la necesidad de practicar alguna notificación derivada del presente expediente que exija su presencia física en el lugar de la notificación, la desahogue en estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal y por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo, ello con el fin de resguardar la propia integridad y salud y de las partes con las que se entienda
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