Carlos Alberto Angelino Barrón

Expediente 483/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 5 actuaciones registradas, la última del 30 de diciembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
483/2022
Año
2022
Actuaciones
5
Última actuación
30/12/2022

Partes del expediente

  • Carlos Alberto Angelino Barrón
  • Carlos Alberto Angelino Barrón y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    } JUICIO DE AMPARO 483/2022 -III. Puebla, Puebla, treinta de diciembre de dos mil veintidós. Se ordena la vinculación del expediente electrónico. Se agrega al expediente el oficio de cuenta del Secretario del Juzgado Décimo Primero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, por el cual comunica que el juicio de amparo 1174/2022-II de su índice, guarda relación con este juicio de amparo. En consecuencia, como lo solicita el juzgado homologó, a fin de que el personal de su adscripción esté en aptitud de acceder a todas las constancias necesarias a fin de resolver el juicio de amparo de su índice, se facilita acceso pleno a dicha información, para lo cual, se instruye a la Oficial Judicial "A" encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes habilite en el expediente electrónico de este juicio de amparo, la pestaña correspondiente a "vincular con otro órgano", y así esté en oportunidad de consultarlo de manera íntegra y pueda recabar las constancias que estime pertinentes. Por lo cual, hágase del conocimiento al juzgado oficiante que ha quedado instruida tal habilitación para la consulta del expediente electrónico del presente juicio de amparo. Notifíquese y cúmplase.

  2. Principal

    JUICIO DE AMPARO 483/2022-III. Puebla, Puebla, veintiocho de julio de dos mil veintidós. HOMÓLOGO FEDERAL INFORMA Se agrega al expediente el oficio de cuenta, signado el Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, mediante el cual informa quedar enterado que este juzgado de distrito recibió el juicio de amparo de su índice, se avocó al conocimiento del asunto y desechó la demanda de amparo, por lo que procedió a archivar su juicio de amparo como un asunto concluido. De lo que este juzgado toma conocimiento para los efectos legales procedentes. CAUSA ESTADO AUTO DE DESECHAMIENTO Vista la certificación de cuenta y el estado procesal del presente expediente, se advierte que ha transcurrido el plazo de cinco días previsto en el artículo 98 de la Ley de Amparo; sin embargo, la parte quejosa no se inconformó contra el auto de quince de julio de dos mil veintidós, dictado en este juicio, mediante el cual se desechó la demanda de amparo. Por ello, de conformidad con el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2º, se declara que el referido auto ha causado estado para todos los efectos legales a que haya lugar. ARCHIVO En consecuencia, en términos del artículo 3, fracción VII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, trasferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales -publicado en el Diario Oficial de la Federación de veinticinco de marzo de dos mil diecinueve-, el presente expediente constituye un asunto concluido, por ende se ordena su archivo. VALORACIÓN DOCUMENTAL. En atención a la facultad conferida por los artículos 6 fracción I, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, esta juzgadora, previo análisis de los autos, estima que el presente asunto carece de relevancia documental; ello, porque no se ubica en alguna de las hipótesis previstas por el artículo 15 del referido acuerdo. Con fundamento en los artículos 6, fracción I, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se determina que el sumario constitucional es susceptible de destrucción, lo cual deberá acaecer dentro de los treinta días siguientes al que se cumpla el plazo de conservación de tres años. Ello, en virtud de que se actualiza la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso b), del referido acuerdo; pues, se trata de una resolución en donde sin haber decidido el juicio en lo principal lo dio por concluido. DEVOLUCIÓN DE DOCUMENTOS A LAS PARTES. La revisión efectuada a las actuaciones de este juicio, permitió visualizar que no se tienen documentos originales (anexos) para devolver a quien hubiera presentado la demanda. INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. En virtud de que en el presente juicio no se aperturó incidente de suspensión con relación a los actos reclamados, debido a que se desechó la demanda, se descarta realizar mayor pronunciamiento al respecto. RESGUARDO DEL EXPEDIENTE. Con apoyo en el artículo 9 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se determina que este expediente deberá resguardarse en el archivo físico de este órgano jurisdiccional durante el lapso de tres años. Luego, una vez que transcurra el lapso de conservación, de conformidad con el artículo 24 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, el juicio de amparo deberá destruirse. Hecho lo anterior, remítase el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. CARÁTULA DEL EXPEDIENTE. Se instruye a la secretaria encargada de la tramitación de este expediente para efectos de que realice las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente; ello, conforme al sello autorizado para tal efecto. También, de conformidad con el artículo 25, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, deberá certificar la coincidencia de la versión electrónica con la totalidad de la versión impresa. ANOTACIONES EN LOS LIBROS DE GOBIERNO. Se instruye a la oficial judicial A para efectos de que haga las anotaciones correspondientes, tanto en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes como en el libro de gobierno. Asimismo, deberá verificar que los datos asentados en la caratula de este expediente -conforme se encomendó en el apartado precedente- sean coincidan con las anotaciones en los libros de gobierno (físico y electrónico). REVISIÓN DEL EXPEDIENTE. Por último, se instruye a la secretaria que haga la revisión en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) a efecto de verificar que el presente expediente físico coincida con el expediente electrónico. Ello en cumplimiento al artículo 3, párrafo octavo de la Ley de Amparo. NOTIFICACIÓN DEL PRESENTE PROVEÍDO. Si la fiscal adscrita o los quejosos, desearan conocer el estado de este juicio, se considera que tienen las condiciones para ingresar a la página de internet donde se publicará este acuerdo. Pese a lo anterior, se deja establecido que si alguna parte deseara conocer el estado procesal de este juicio, se le habrá de informar en caso de recibir oficio o escrito donde lo solicite. De ahí que este proveído se habrá de notificar a las partes por medio de lista, sobre todo porque se trata de un asunto concluido. Notifíquese y cúmplase.

  3. Principal

    JUICIO DE AMPARO 483/2022-III. Puebla, Puebla, quince de julio de dos mil veintidós. HOMÓLOGO FEDERAL DECLINA COMPETENCIA Se agrega al expediente el oficio de cuenta, signado por el Juez Segundo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, mediante el cual informa que no acepta la competencia declinada en este juicio y remite el expediente 483/2022, del índice de este juzgado, formado con motivo de la incompetencia declinada en este juicio. Por tanto, se tienen por recibidos los autos, y se asume la competencia; y se ordena acusar el recibo de estilo. REINGRESO Y SE AVOCA AL CONOCIMIENTO Ahora, como la declinación de competencia implica que se vuelve a recibir la demanda de amparo, se ordena registrar el reingreso de este juicio de amparo. Este juzgado de distrito se avoca al conocimiento de la demanda presentada por , contra actos del Director de la Penitenciaría de la Ciudad de México y otras autoridades responsables. En consecuencia y debido a que este órgano federal se avocara al conocimiento del presente asunto, se provee lo conducente: DESECHAMIENTO. El artículo 113 de la Ley de Amparo, establece que el juez de distrito examinará la demanda, y si encontrare causa manifiesta e indudable de improcedencia, la desechará de plano. Lo anterior, porque el derecho de justicia pronta y expedita consagrado en el precepto 17 de la constitución federal, permite considerar que es inviable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, pues debe evitarse el crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal, en particular para asuntos que desde un inicio se advierte que terminarán indudablemente en sobreseimiento. Por causa manifiesta, se entiende lo que es claro y patente; mientras que indudable es aquello de lo cual se tiene la certeza y plena seguridad, en particular de que la causa de improcedencia se actualiza en el caso concreto. De modo que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, de ninguna forma se arribaría a una convicción diversa, independientemente de los elementos que allegaran las partes. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO". Ahora, como se advierte en el proveído inicial, los quejosos reclaman de manera destacada actos que, de primera impresión, pudieran calificarse como crueles, inhumanos, degradantes o de tortura; sin embargo, al señalarlos utilizan expresiones genéricas que impiden a esta juzgadora identificarlos con precisión y, esa inexactitud impide el pronunciamiento sobre la medida cautelar desde este momento. Sin embargo, de la lectura integral de la demanda, se advierte que los quejosos reclaman: una orden traslado, asignación o reubicación en determinados dormitorios, lo cual ha desembocado en el señalamiento estigmatizador por ser defensores de los derechos humanos, promotores y miembros de la comunidad LGBTI, lo que a su vez ha desencadenado una diversidad de actos que atentan la dignidad de los quejosos como personas. Sin embargo, esas consecuencias no pueden ser materia de la suspensión de oficio y de plano, pues todos esos actos (malos tratos) deriva de las condiciones en que los mantienen internos en el centro penitenciario; de ahí que, no son de los previstos en el artículo 15 de la Ley de Amparo o 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, aun cuando así se afirme en la demanda de amparo. Aunado a lo anterior, se tiene que en el Diario Oficial de la Federación de veintitrés de septiembre de dos mil diecinueve, se publicó el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, en relación con las ordenes de traslado, en donde se precisó, particularmente, en el considerando cuarto de dicho acuerdo: ".Se propone la modificación del precepto del Acuerdo General aludido para que los asuntos en los cuales se impugnan las órdenes de traslado, no sean considerados asuntos urgentes para turno, en tanto que corresponde a la autoridad administrativa su determinación en situaciones que resulte necesario hacerlo de forma urgente, y no requerir autorización previa del juez. Además dicha determinación puede ser recurrida, y en su caso confirmada o revocada, conforme al artículo 117, fracción III de la Ley Nacional de Ejecución Penal." De ahí que, derivado de esa reforma, los asuntos relacionados con las órdenes de traslado no resulten de tramitación urgente. Por lo tanto, se tienen como actos reclamados por los quejosos, los siguientes: La orden traslado, asignación o reubicación en determinados dormitorios; y como consecuencia de ello, la diversidad de actos que atentan la dignidad de los quejosos como personas. En ese tenor, respecto de los actos señalados, a criterio de esta juzgadora, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, que consagra el principio de definitividad. Para demostrar la afirmación previa, se acude a los numerales 107, 109, 114 y 115 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, porque estos disponen que las personas privadas de su libertad, pueden formular peticiones administrativas a la autoridad penitenciaria, con el fin de controvertir los actos u omisiones relativos a sus condiciones de internamiento, plan de actividades y aspectos relacionados con ambas. Asimismo, conforme a los artículos 115 y 117, fracción III , de la legislación citada, cuando esas peticiones recaigan sobre cualquier condición de internamiento, que por su carácter apremiante deba ser atendida de inmediato -pues de lo contrario quedarían sin materia como puede suceder con las órdenes de traslado, asignación o reubicación en determinados dormitorios; y como consecuencia de ello, la diversidad de actos que atentan la dignidad de los quejosos como personas -, los internos deben acudir directamente ante el Juez de Ejecución para plantear su petición. En cuyo caso, el citado Juez de acuerdo con la naturaleza de la pretensión, de oficio o a petición de parte, ordenará la suspensión del acto si lo considera pertinente. Así es, porque el trámite previsto en la Ley Nacional de Ejecución Penal para esa hipótesis, en esencia presenta las siguientes características: El promovente de la petición acudirá directamente ante el Juez para plantearle su petición. Hasta en tanto se resuelva la petición en definitiva, el Juez de oficio y de inmediato, si se trata de un acto positivo, suspenderá el hecho o acto que motivó la petición, así como los efectos que tuviere. Tratándose de actos omisivos, el Juez determinará las acciones a realizar por la autoridad penitenciaria en aras de lograr que dicha omisión cese. De ser procedente la petición presentada el Juez reparará la afectación. Del mismo modo, tal petición establece la posibilidad de que el interno interponga recurso de revocación contra las determinaciones de mero trámite que emita el Juez, a fin de que éste examine de nueva cuenta su determinación y dicte la resolución que corresponda. Contra la resolución emitida por el Juez, procederá el recurso de apelación, el cual se interpondrá dentro de los tres días siguientes a la notificación de la resolución o auto que se impugne. De este recurso conocerá la alzada y su objetivo será que se revise la legalidad de la determinación impugnada, a fin de confirmarla, modificarla o revocarla. Si el Juez determina que por la naturaleza de la promoción, ésta no constituye un caso urgente, redirigirá la petición al centro de reinserción correspondiente para su tramitación y la petición se seguirá conforme a lo establecido en párrafos que anteceden. El Juez deberá recabar registro de la entrega al centro de reinserción. Entonces, como se ve, cuando una persona privada de su libertad reclame actos inherentes a sus condiciones de internamiento, como lo es una orden de traslado entre otras, antes de acudir al juicio de amparo indirecto, debe agotar el mecanismo de control judicial establecido en la Ley Nacional de Ejecución Penal. Pues dicho procedimiento judicial cumple con todas las características de un medio de defensa sencillo, rápido y eficaz, a través del cual, los internos se encuentran facultados para reclamar sin mayores formalismos y ante una autoridad judicial independiente a la penitenciaria, los actos que alteren sus condiciones de internamiento. Sobre todo porque otorga al juez la potestad de suspender de oficio y de inmediato el acto impugnado. Y es ahí, justo en esa facultad donde radica la esencia de la improcedencia actualizada. Dado que el juicio de amparo es improcedente contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, cuando proceda en su contra algún juicio, recurso o medio de defensa legal, por virtud del cual, dichos actos puedan ser modificados, revocados o nulificados. Lo anterior, siempre y cuando para la procedencia del recurso no se exijan más requisitos que los que prevé la Ley de Amparo para otorgar la suspensión, ni un plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la misma. Condicionante que el mecanismo judicial previsto en la Ley Nacional de Ejecución Penal en comento, sí cumple, pues, como ya quedó explicado con antelación, si la parte quejosa desea que su acto u omisión sea suspendido, tiene la posibilidad de acudir directamente al Juez que corresponda a presentar su petición, quien ordenará de oficio y de inmediato la suspensión del acto, paralizándolo de plano e inmediato, o bien, ordenando a la autoridad administrativa que realice las acciones positivas conducentes a fin de que cese la omisión. Es decir, la suspensión establecida en la Ley Nacional de Ejecución Penal tiene los mismos alcances que la diversa de la Ley de Amparo, dado que no exige mayores requisitos que los que la ley de la materia consigna para concederla y tampoco un plazo mayor del que esta ley determina para el otorgamiento de la suspensión provisional. Por el contrario, se insiste, el citado mecanismo ofrece una oportunidad real, ágil y eficaz para que las peticiones de la persona privada de su libertad sean atendidas de inmediato, sin mayor trámite ni dilación alguna, incluso de manera personalizada frente a la autoridad correspondiente, en donde la persona interna podrá formular de viva voz sus inquietudes y también las razones del porqué las omisiones que están reclamando atentan contra su derecho a tener una vida digna y segura dentro del centro de reinserción social. Otorgando con ello la posibilidad de que en ese mismo acto o audiencia la autoridad correspondiente, frente al interno, ordene el cese inmediato de la omisión reclamada, es decir, la suspensión del acto reclamado. En esa virtud, es evidente que las personas privadas de su libertad, antes de acudir al juicio de amparo indirecto para reclamar actos inherentes a sus condiciones de internamiento, deben agotar el mecanismo de control establecido en la Ley Nacional de Ejecución Penal. No solo porque la suspensión que prevé tenga los mismos efectos que la regulada por la Ley de Amparo, sino porque por la naturaleza del mecanismo señalado, su petición se desahogara y tramitara en la misma audiencia en la cual la haga valer, es decir, con mayor celeridad. Sustenta todo lo anterior, la ejecutoria que diera vida a la jurisprudencia 79/2018, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la décima época, publicada el viernes siete de diciembre de dos mil dieciocho, en el Semanario Judicial de la Federación, de rubro siguiente: "CONDICIONES DE INTERNAMIENTO. PARA RECLAMARLAS, LA PERSONA PRIVADA DE SU LIBERTAD DEBE AGOTAR EL MECANISMO DE CONTROL PREVISTO EN LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL, ANTES DE ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO." También apoyan los razonamientos desarrollados sobre el recurso de control judicial, las tesis siguientes: "ORDEN DE TRASLADO DE PERSONAS PRIVADAS DE SU LIBERTAD CON MOTIVO DE UN PROCEDIMIENTO DE EXTRADICIÓN (CONCLUIDO) DE UN CENTRO DE RECLUSIÓN A OTRO. AL SER UN ACTO RELACIONADO CON SUS CONDICIONES DE INTERNAMIENTO, ES REPARABLE MEDIANTE EL MECANISMO DE CONTROL DENOMINADO "PETICIONES ADMINISTRATIVAS" ESTABLECIDO EN LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL, POR LO QUE DE NO AGOTARLO PREVIO AL AMPARO, SE ACTUALIZA LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN XX, DE LA LEY DE LA MATERIA". Cabe añadir que, en efecto, se observa que respecto de esa determinación administrativa (orden de traslado, reubicación en determinados dormitorios, entre otros, y su ejecución), proceden dos medios de defensa legal con los que puede ser combatida; el recurso de apelación y la controversia judicial; cuya procedencia, depende del actuar del Juez de Control o de Ejecución, ya que una vez que esa autoridad ha sido notificada de la orden de traslado urgente o excepcional, cuenta con cuarenta y ocho horas para emitir la resolución en la que calificará la legalidad de la orden de traslado, y contra dicha resolución es procedente el recurso de apelación. En cambio, si la autoridad judicial es omisa en pronunciarse sobre la legalidad de la determinación administrativa que ordena el traslado dentro del término fijado, se actualizará la procedencia de la controversia judicial. Así, cuando se susciten casos como el presente, en que la persona privada de su libertad, reclama una orden de traslado que no se materializó, ni se tenga certeza de la calificación que sobre su legalidad emite el Juez de Ejecución, en tanto que la presumible determinación administrativa se comunicó al quejoso por la propia autoridad administrativa, de forma verbal, lo procedente será que el afectado promueva una "controversia judicial", a fin de que sea el Juez de Control o de Ejecución, quien resuelva respecto de sus derechos implicados. Ello, porque conforme a lo dispuesto por el artículo 117, fracción III, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, las personas privadas de su libertad, podrán accionar la controversia judicial respecto de cuestiones relacionadas con sus derechos en materia de traslados, que podrá ejercerse en el momento de la notificación de traslado, dentro de los diez días siguientes a la misma, o dentro de los diez días siguientes a su ejecución, cuando la persona privada de la libertad no hubiera sido notificada previamente. El último párrafo, del citado artículo 117, prescribe que los traslados por razones urgentes, relacionados con la integridad física o la salud de la persona privada de la libertad, o bien, por cuestiones de seguridad del centro penitenciario, no requerirán autorización previa del Juez de Ejecución, sin perjuicio de que dicha determinación pueda ser recurrida, y en su caso, confirmada o revocada, a través de los medios legales de defensa antes referidos. En ese orden de ideas, queda de manifiesto que contra la orden de traslado urgente o excepcional, que se reclama a una autoridad administrativa, sin autorización judicial previa, es procedente la controversia judicial, prevista en los artículos 52, último párrafo y 117, fracción III, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, porque ese medio de defensa legal, tiene la potencialidad de confirmar, modificar o revocar la referida orden de traslado. De manera que una interpretación amplia de los preceptos en cita, permite concluir que el medio de defensa denominado controversia judicial, resulta procedente contra los traslados que no se someten a control judicial previo, en cualquiera de los siguientes dos escenarios: i) cuando el Juez de Control o de Ejecución omite pronunciarse una vez que la autoridad administrativa le notificó del traslado urgente; y, ii) cuando la autoridad administrativa es omisa en notificar a la autoridad judicial el traslado que ya ha sido ejecutado. Casos en los que la persona privada de la libertad, no tendrá una resolución tangible que recurrir. Sin embargo, esa circunstancia no resulta insuperable para la persona privada de la libertad, pues como se mencionó, el artículo 117, fracción III, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, prevé que el medio de defensa denominado controversia judicial, podrá ser interpuesto dentro de los diez días siguientes a la ejecución del traslado, al que puede optar cuando no se ha hecho de su conocimiento el dictado de la determinación de traslado con oportunidad. Así, al traslado urgente o excepcional, en los supuestos descritos en la ley, se le debe considerar como un acto dictado dentro del procedimiento, ya que su emisión a cargo de las autoridades administrativas se encuentra regulado en la Ley Nacional de Ejecución Penal, y al efecto, también se prevé a la controversia judicial como medio de defensa específico para impugnarlo, de manera que en los casos indicados, ya no se actualiza una afectación adicional a la libertad personal del interno fuera del procedimiento. Bajo esa lógica, se llega a la conclusión de que a cualquier orden de traslado que se emita sin control judicial previo, se le puede considerar como un acto emitido dentro del procedimiento, dada la facultad para que la revisión judicial se realice con posterioridad al traslado, y porque la persona privada de la libertad ya no se queda sin defensa, al disponer de un recurso que puede intentar con posterioridad a la ejecución del traslado, al margen de la actuación de las autoridades tanto administrativa como judicial. En ese orden de ideas, se debe verificar ahora si el quejoso estaba obligado a agotar la controversia judicial, prevista en la Ley Nacional de Ejecución Penal, antes de acudir a la instancia constitucional. Es decir, se debe determinar si dicho medio ordinario de defensa, es susceptible o no de suspender los efectos de la orden de traslado urgente o excepcional, con los mismos alcances que los que prevé la Ley de Amparo; porque lo que se busca evitar, es la restricción adicional al derecho fundamental de la libertad de la persona privada de ella. En ese sentido, como se adelantó, lo que se debe corroborar, es si a través del aludido medio de defensa, la persona privada de su libertad en un centro de reclusión, puede acceder a la suspensión de la orden de traslado emitida por una autoridad administrativa, sin autorización judicial previa; sin que para ello se le exijan mayores requisitos que los que la Ley de Amparo consigna para conceder la suspensión definitiva, ni se establezca un plazo mayor que el previsto para el otorgamiento de la suspensión provisional, como lo requiere la fracción XX, del artículo 61 del ordenamiento legal de referencia. A efecto de demostrar lo anterior, se tiene que en el artículo 122 la Ley Nacional de Ejecución Penal, está inserto en el Título Tercero, Capítulo V, denominado "Procedimiento Jurisdiccional", y señala que la controversia judicial, deberá formularse por escrito y presentarse ante la administración del juzgado de ejecución, precisando el nombre del promovente, datos de localización, el relato de su inconformidad, los medios de prueba en caso de contar con ellos, así como la solicitud de suspensión del acto, cuando se considere que se trata de caso urgente, y la firma o huella digital. De igual forma, prescribe que el Juez de Control o de Ejecución, de acuerdo con la naturaleza de la pretensión, de oficio o a petición de parte, ordenará la suspensión del acto si lo considera pertinente, así como el desahogo de las pruebas que estime conducentes para resolver el conflicto. Por su parte, el artículo 123 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, establece que una vez recibida la solicitud, la administración del juzgado de ejecución registrará la causa y la turnará al juez competente, quien contará con un plazo de setenta y dos horas para emitir un auto en el que admita la solicitud e inicie el trámite del procedimiento; prevenga al solicitante para que aclare o corrija la solicitud, si fuere necesario; o bien, deseche la solicitud por ser notoriamente improcedente. Y el segundo párrafo, del artículo 124 de la citada ley, que regula la sustanciación de la controversia judicial, precisa que en caso de tratarse de medidas disciplinarias y de violación a derechos que constituyan un caso urgente que, de no atenderse de inmediato, quedará sin materia la acción o el recurso jurisdiccional, el Juez de Control o de Ejecución, de oficio o a solicitud de parte, decretará de inmediato la suspensión del acto, hasta en tanto se resuelve en definitiva. Así, de la lectura detallada de los artículos 123 y 124, antes referidos, se advierte que si bien el Juez de Control o Ejecución, cuenta con setenta y dos horas para emitir el auto en el que, de ser el caso, la controversia judicial formulada se admita; de ello no se sigue que el mismo plazo debe observarse para decretar la suspensión, cuando se trate de medidas disciplinarias y de violación a derechos que constituyan un caso urgente, que tengan potencial para dejar sin efectos la controversia, pues el último de los preceptos es claro en señalar que en esos supuestos, la medida cautelar debe decretarse en forma inmediata, sea que la haya solicitado la persona privada de la libertad en el centro de reclusión o que la autoridad judicial se pronuncie de oficio. De manera que lo establecido en la Ley Nacional de Ejecución Penal, no rebasa las previsiones establecidas en el citado artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, pues no establece un plazo mayor que el que se prevé para el otorgamiento de la suspensión provisional, que conforme a su artículo 190, es de veinticuatro horas; por el contrario, se observa que la Ley Nacional de Ejecución Penal, prevé un plazo menor, pues tiene el alcance de conceder la suspensión de la determinación administrativa que ordena el traslado urgente o excepcional de forma inmediata; medida cautelar que puede solicitarse por la persona privada de la libertad afectada, o bien, que el Juez de Control o de Ejecución la decrete de oficio. En ese orden de ideas, el hecho de que la Ley Nacional de Ejecución Penal, establezca que cuando se trate de violación a derechos fundamentales que constituyan un caso urgente -como ocurre cuando se trata de una restricción adicional a la libertad de los internos de algún centro penitenciario-, la autoridad jurisdiccional tiene el deber de atender de inmediato esa afectación y decretar la suspensión de la determinación administrativa impugnada, permite concluir que si bien los casos de traslado urgente -sin control judicial previo- se ejecutan antes de que se inicie el trámite de la controversia judicial, ello no da lugar a que dicho medio legal quede sin materia, porque los efectos del traslado sobre las condiciones del cumplimiento de la pena o medida de seguridad en internamiento son continuas y pueden suspenderse con efectos restitutorios, devolviendo al reo, cuando proceda, al centro de reclusión original. De no hacerlo así, podría dejar sin materia el medio de defensa legal intentado. Además, la controversia judicial que puede promoverse contra la orden de traslado urgente o excepcional, así como a cualquier acto que tenga relación con las condiciones de internamiento, se trata de un mecanismo de defensa que se realiza bajo el esquema del sistema acusatorio, mediante audiencia a la que acuden todos los interesados, y su sustanciación concluye con una resolución en la que el Juez de Ejecución debe pronunciarse, incluso de oficio, sobre cualquier violación a los derechos fundamentales de los sentenciados internos en los centros penitenciarios. Asimismo, se advierte que la Ley Nacional de Ejecución Penal, en el artículo 132, fracción VII, prevé que el recurso de apelación es procedente en contra de las resoluciones que se pronuncien respecto de los traslados de las personas privadas de la libertad en los centros de reclusión, de manera que en caso de estar inconformes con el sentido de la resolución con la que culmina el procedimiento de la controversia judicial, tales personas cuentan con un medio de impugnación ordinario, con el objeto de que un tribunal de alzada revise la legalidad de dicha resolución, a fin de que pueda ser confirmada, modificada o revocada. Derivado de lo anterior, se concluye que la controversia judicial, prevista en la Ley Nacional de Ejecución Penal, es un medio de defensa legal que en su tramitación prevé la posibilidad de que el Juez de Ejecución ordene de inmediato la suspensión de la orden de traslado atribuida a la autoridad administrativa, sin que para ello se advierta la exigencia de mayores requisitos que los que la Ley de Amparo establece para la concesión de esa medida cautelar, ya que únicamente requiere de que el interesado formule una petición en ese sentido en el escrito inicial; e incluso, de no hacerlo, la autoridad jurisdiccional puede pronunciarse de oficio respecto del otorgamiento de la aludida medida cautelar. Ello, porque según se explicó, la orden de traslado en los términos que lo reclamó el quejoso, configura un caso urgente que impone al Juez de Ejecución un pronunciamiento inmediato sobre el otorgamiento de la suspensión (sin que le sea aplicable el plazo de setenta y dos horas para el dictado del auto de admisión), en virtud de que ese acto, cuando proviene de una autoridad administrativa, sin autorización judicial previa, puede implicar una restricción adicional al derecho fundamental a la libertad de la persona privada de su libertad en un centro penitenciario, y por ello, requiere de ser sometida al escrutinio judicial, a fin de verificar que la emisión de esa determinación encuentra fundamento en alguna de las hipótesis previstas en el artículo 52 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, antes referidas. De igual forma, la suspensión que se otorga en la tramitación de la controversia judicial, se ajusta a lo prescrito en la Ley de Amparo, porque actualiza un deber para la autoridad jurisdiccional, consistente en evitar que el medio de defensa legal quede sin materia, en detrimento del anunciado derecho fundamental, objetivo que la propia Ley Nacional de Ejecución Penal busca cumplir, al prescribir que la suspensión decretada en estos casos, tendrá efecto hasta que se resuelva en definitiva. En esa tesitura, fundadamente se colige que la controversia judicial prevista en la Ley Nacional de Ejecución Penal, es un medio de defensa legal susceptible de suspender los efectos de la orden de traslado urgente o excepcional, presumiblemente emitida por la autoridad administrativa penitenciaria, sin autorización judicial previa, sin que exija mayores requisitos que los que prevé la Ley de Amparo, ya que para ello, sólo se requiere que la persona privada de la libertad, realice una petición simple en ese sentido, en el escrito en que formula la controversia; o bien, el Juez de Control o de Ejecución, debe pronunciarse de oficio, con el deber de actuar de manera inmediata. Resta decir que, en el caso, que no se actualizan las hipótesis de excepción al principio de definitividad es decir, que la orden de traslado urgente o excepcional, no carezca de fundamentación; no implique una violación directa a la Constitución; y que el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento, sin que lo contemple la Ley Nacional de Ejecución Penal. Supuestos que no se configuran en el caso, porque las hipótesis para su procedencia, están previstas en dicha ley especial, y se trata de un acto que emite una autoridad competente dentro del correspondiente procedimiento. Esto es, el traslado urgente o excepcional, aun cuando se emita de forma oral, no es un acto que carezca de fundamentación, porque está previsto en la Ley Nacional de Ejecución Penal, concretamente en su artículo 52, que faculta a la autoridad administrativa penitenciaria, para ordenar y ejecutar el traslado de personas privadas de su libertad, sin autorización judicial previa, cuando se actualice alguna de las hipótesis específicas que se prevén en las diversas fracciones de dicho numeral. Es decir, tratándose de casos de delincuencia organizada y medidas especiales de seguridad; cuando exista riesgo objetivo para la integridad y la salud de la persona privada de su libertad; y cuando se ponga en riesgo la seguridad o gobernabilidad del Centro Penitenciario. Así, la fundamentación de la resolución administrativa penitenciaria que ordena verbalmente un traslado urgente o excepcional, se encuentra prevista en dicha disposición normativa; y la legalidad de su aplicación, se corroborará una vez que la determinación se somete al control de la autoridad jurisdiccional, luego de ejecutada la medida. Por otra parte, debe destacarse que en la actualidad se cuenta con un modelo de reinserción social y de judicialización del régimen de penas; a partir de lo cual, se ejerce un verdadero control judicial del sistema penitenciario, por lo que las autoridades de ese ramo, ya no pueden decidir discrecionalmente sobre las medidas de internamiento de las personas privadas de la libertad en los centros penitenciarios. Esa facultad le corresponde ahora a las autoridades judiciales en materia penal; en especial, a los jueces de ejecución, quienes controlan las diversas situaciones que acontecen dentro del centro de reinserción social en el cumplimiento de las penas, así como de las decisiones que sobre esa ejecución adopte la administración penitenciaria, velando siempre porque los derechos humanos se garanticen y efectivicen. En ese orden de ideas, si bien es cierto que la orden de traslado urgente o excepcional, se emite y ejecuta por una autoridad administrativa sin autorización judicial previa; ello no pugna con la judicialización del régimen penitenciario, porque la legalidad de esa determinación, finalmente la califica un Juez de Control o un Juez de Ejecución, según sea el caso. Lo que se corrobora con lo dispuesto por el citado artículo 52 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, que establece que en los supuestos específicos de la excepción al traslado voluntario, la autoridad administrativa podrá ordenar y ejecutar esa medida, con el único requisito de notificar a las citadas autoridades judiciales, dentro de las veinticuatro horas de haber realizado el traslado, para el efecto de que dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes, se califique la legalidad de la determinación administrativa del traslado. Del mismo precepto legal, también se desprende una facultad legal expresa a favor de la autoridad administrativa penitenciaria, para emitir y ejecutar la orden de traslado en los casos de excepción anunciados; es decir, se trata de una actuación realizada por autoridad competente para tales efectos. No se soslaya que la primera sala del alto tribunal, al resolver la contradicción de tesis 461/2012, determinó que la orden de traslado de un procesado o de un sentenciado, si bien no entraña por sí misma una afectación a la libertad personal, porque ese menoscabo es producto de un acto que directamente mantiene restringido ese derecho, es decir, una sentencia condenatoria; sin embargo, no es imposible argumentar que no se afecta de forma indirecta ese derecho. Pese a ello, el traslado urgente o excepcional, ordenado y ejecutado en términos del artículo 52 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, no constituye una violación directa a la Constitución Federal; porque conforme al modelo actual de judicialización y régimen de penas, esa medida ya no constituye un acto que afecte la libertad fuera de procedimiento, pues se cuenta con una regulación especial en la Ley Nacional de Ejecución Penal, que precisa las especificas hipótesis en las que de manera excepcional, se faculta a la autoridad administrativa para que emita y ejecute el traslado de personas privadas de su libertad de un centro penitenciario a otro, bajo requisitos específicos, pues se establecen plazos precisos (notificación del traslado a la autoridad jurisdiccional dentro de las veinticuatro horas siguientes a la ejecución y cuarenta y ocho horas para calificar la legalidad de la determinación administrativa), con el fin de que la correspondiente autoridad judicial realice con posterioridad a la materialización del traslado, su control de legalidad. Además, como ya se señaló, el artículo 117, fracción III, y último párrafo, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, permite advertir que ahora se cuenta con un medio ordinario de defensa denominado controversia judicial, a través del cual, la actuación de la autoridad administrativa puede ser confrontada con el objeto de corroborar que no exista afectación injustificada a alguno de los derechos fundamentales de la persona privada de su libertad en un centro de reclusión, sin perjuicio de que también se realice un ejercicio de verificación sobre la actualización de las hipótesis legales que autorizan el dictado de una orden de traslado urgente o excepcional. Lo que significa que será el Juez de Control o el Juez de Ejecución, según sea el caso, quien finalmente determine la legalidad del traslado, a través de una resolución que constituya la culminación del correspondiente procedimiento, en respeto al derecho a un debido proceso. Incluso, de resultar que la decisión judicial dictada no es acorde a sus intereses, podrán interponer el recurso de apelación que procede de conformidad con el artículo 132, fracción VII, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, a fin de que la resolución que dirima la controversia judicial, pueda ser confirmada, modificada o revocada, por un tribunal de alzada. Lo que lleva a concluir que la orden de traslado urgente o excepcional, no constituye una violación directa a la Constitución Federal, pues se erige en un acto dentro del procedimiento; y al respecto, existe un medio ordinario de defensa con el que la determinación judicial que al efecto se dicte, puede ser combatida. Finalmente, al haberse demostrado que en torno a la orden de traslado urgente o excepcional, existe un procedimiento previsto en la Ley Nacional de Ejecución Penal, el cual culmina con una resolución impugnable a través del recurso de apelación regulado en la propia ley, se llega a la conclusión de que en el caso a estudio, tampoco se actualiza la excepción al principio de definitividad, relativa a que el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Consecuentemente, no se actualiza alguno de los supuestos de excepción al principio de definitividad; y por tanto, en el caso de los traslados urgentes o excepcionales, ordenados por autoridad administrativa penitenciaria, en términos del artículo 52, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, previamente a la promoción del amparo indirecto, el afectado debe agotar los medios ordinarios de defensa que el propio ordenamiento legal prevé para ese supuesto; y de no hacerlo así, se actualiza de forma manifiesta e indudable la causa de improcedencia en estudio (por no agotar el principio de definitividad). En ese contexto normativo, y tomando en consideración que precisamente los actos reclamados consistes en la orden traslado, asignación o reubicación en determinados dormitorios; y como consecuencia de ello, la diversidad de actos que atentan la dignidad de los quejosos como personas, es incuestionable que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XX del artículo 61, de la Ley de Amparo, pues previo a interponerse la demanda de amparo de cuenta, la parte quejosa debió agotar el procedimiento judicial establecido en la Ley Nacional de Ejecución Penal. Además, la decisión de desechar la demanda (respecto de la orden de traslado) encuentra sustento en el criterio de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, contenido en la ejecutorias relativas a los recursos de queja Q-36/2020 y Q-46/2020. A fin de ilustrarlo conviene transcribir, la parte conducente, de la primera de dichas ejecutorias: "(.) En ese orden de ideas, no se coincide con las consideraciones que se expresaron en el auto impugnado, en el sentido de que en contra de la orden de traslado que reclamó el quejoso, procede el medio de defensa denominado "petición administrativa"; pues en realidad está diseñado para otros supuestos de inconformidad de las personas privadas de la libertad en centros de reclusión. Sin embargo, se concuerda con la conclusión alcanzada por la Juez de Distrito, en el sentido de estimar actualizada la causa de improcedencia, prevista en la fracción XX, del artículo 61 de la Ley de Amparo, porque la parte quejosa no agotó la controversia judicial, como medio ordinario de defensa, establecido en la Ley Nacional de Ejecución Penal, previamente a la promoción del juicio constitucional en la vía indirecta, en los términos expuestos en los párrafos precedentes. En atención a todo lo anteriormente expuesto, se está en condiciones de dar respuesta a los cuestionamientos que justificaron la atracción del asunto por parte de esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Así, con relación a la interrogante en el sentido de si con motivo de la entrada en vigor de la Ley Nacional de Ejecución Penal, ¿existen mecanismos que deben agotarse cuando se impugne una orden de traslado? Debe contestarse en sentido afirmativo, porque en dicho ordenamiento legal, se prevé un medio de defensa legal denominado controversia judicial, diseñado para combatir la orden de traslado urgente o excepcional, cuando se emite por autoridad administrativa penitenciaria, sin autorización judicial previa; el cual, es susceptible de suspender los efectos del correspondiente acto en forma inmediata, sin exigir mayores requisitos que los que prevé la Ley de Amparo para la concesión de esa medida cautelar. Se cuestionó si a partir de los medios de defensa contemplados en la Ley Nacional de Ejecución Penal ¿las órdenes de traslado deben ser consideradas como actos dictados dentro o fuera de juicio? Y al respecto, se tiene que la orden de traslado urgente o excepcional, por disposición de la Ley Nacional de Ejecución Penal, no requiere de autorización judicial previa; sin embargo, la propia ley le impone un deber a la autoridad administrativa consistente en dar noticia del traslado al Juez de Control o de Ejecución, dentro de las veinticuatro horas siguientes a que se ha materializado su ejecución, a fin de que califique la legalidad de la determinación, sin exceder del plazo de cuarenta y ocho horas. Dicho ordenamiento legal, también prevé que en caso de que la persona privada de la libertad, no esté de acuerdo con lo resuelto por la autoridad judicial, podrá interponer el recurso de apelación. Y si la autoridad administrativa no da cumplimiento a su obligación de notificar del traslado a la autoridad jurisdiccional; la persona privada de la libertad, podrá accionar el mecanismo de defensa denominado controversia judicial. En ese orden de ideas, la orden de traslado es un acto que se emite dentro de un procedimiento, que cuenta con una tramitación perfectamente definida y que respeta los derechos fundamentales de audiencia y de defensa. De igual forma, se cuestionó si al ser actos de naturaleza positiva ¿una orden de traslado puede asimilarse a una omisión inherente a las condiciones de internamiento? Al respecto, se responde en sentido negativo, porque a partir de lo que establece la Ley Nacional de Ejecución Penal, se advierte, por una parte, que se diseñó un procedimiento especial para regular la emisión de las órdenes de traslado, en el que se establecieron condiciones específicas ante las cuales, puede ser emitida por autoridad administrativa penitenciaria, sin autorización judicial previa; y por otra, se establece un diverso procedimiento para impugnar la generalidad de omisiones en que incurre la autoridad administrativa, respecto a las condiciones inherentes al internamiento. Así, al existir regulaciones diversas, no es dable concluir la identidad de las citadas figuras. De igual forma, se logró definir que en observancia al principio de definitividad, previo a instar el juicio de amparo indirecto contra una orden de traslado urgente o excepcional, se debe agotar la controversia judicial, como medio de defensa legal previsto en la Ley Nacional de Ejecución Penal, diseñado para combatir ese tipo de actos, cuando se emite por una autoridad administrativa penitenciaria, sin autorización judicial previa, el cual es susceptible de suspender los efectos de dicha determinación administrativa de manera inmediata, sin exigir mayores requisitos que los que prevé la Ley de Amparo para la concesión de esa medida cautelar. Y en lo concerniente al motivo de atracción relativo a definir el alcance y vigencia de diversos criterios emitidos por esta Suprema Corte, con relación al tema de las órdenes de traslado emitidas por autoridades administrativas, su impugnación por medios ordinarios, así como la posibilidad de acudir al juicio de amparo indirecto; como lo precisó la resolución de atracción, los correspondientes criterios se emitieron antes de la entrada en vigor de la Ley Nacional de Ejecución Penal. Por ello, específicamente en lo relativo a la orden de traslado que se emite por autoridad administrativa penitenciaria, sin autorización judicial previa, lo conducente es apartarse de los mismos, pues ahora existe un procedimiento especial a seguir para su emisión, que conduce a estimar diversos parámetros a efecto de impugnar la legalidad de la determinación de traslado. Ello, porque como se expuso en el estudio precedente, la Ley Nacional de Ejecución Penal, actualmente en vigor, tiene diseñado un esquema regulatorio que permite que cualquier orden de traslado de una persona privada de la libertad de un centro penitenciario a otro, ejecutada por una autoridad administrativa sin previo control judicial, pueda ser impugnada a través de un medio de defensa eficaz. Así, el afectado se encuentra obligado a agotar el referido recurso antes instar el juicio de amparo indirecto, en observancia al principio de definitividad. De esa manera, esta Primera Sala se aparta del criterio sostenido en la jurisprudencia 1a./J. 83/2015 (10a.), que se identifica con el rubro: "ORDEN DE TRASLADO DE UN CENTRO PENITENCIARIO A OTRO. SI SE EJECUTA SIN INTERVENCIÓN DE LA AUTORIDAD JUDICIAL, NO PUEDE CONSIDERARSE COMO UN ACTO DENTRO DEL PROCEDIMIENTO Y, POR ENDE, SE ACTUALIZA EL PLAZO EXCEPCIONAL PARA INTERPONER LA DEMANDA DE AMPARO EN SU CONTRA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 17, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE LA MATERIA"; ello, porque dicho criterio derivó de una concepción existente antes de la entrada en vigor de la Ley Nacional de Ejecución Penal, cuando no se contaba con una legislación especial que regulara la emisión de la orden de traslado, ni con algún recurso para su impugnación, por lo que únicamente se tenía como parámetro, verificar que la orden de traslado fuera calificada por una autoridad jurisdiccional de manera previa a su ejecución, y por ello, cuando el traslado se ejecutaba sin cumplir esa previsión, válidamente se le consideraba como un acto emitido fuera del procedimiento, lo que daba lugar a la procedencia del juicio de amparo indirecto, sin atender al plazo general de quince días que prevé el primer párrafo, del artículo 17 de la Ley de Amparo, para la presentación de la demanda, ya que se actualizaba la excepción prevista en la fracción IV, del propio numeral que dispone que cuando el acto reclamado implique una afectación a la libertad personal fuera de procedimiento, la demanda de amparo podrá interponerse en cualquier tiempo. De manera que si ahora se cuenta con la Ley Nacional de Ejecución Penal, que es la legislación especial que regula las condiciones de internamiento y de ejecución de sanciones penales de las personas privadas de la libertad en los centros de reclusión, y en ella se faculta a la autoridad administrativa para que, en específicos supuestos ordene y ejecute una orden de traslado de un centro penitenciario a otro, sin control judicial previo; porque previene que en ese caso, el referido control se realizará con posterioridad. En esas condiciones, ya no es válido concebir a la orden de traslado que se ejecuta sin control judicial previo, como un acto que afecte la libertad personal dictado fuera de procedimiento, aunque la calificación en cuanto a su legalidad se haya prescrito para un momento posterior y esto no se realice, ya que la persona afectada con el traslado, podrá promover la controversia judicial, que es el recurso previsto en la ley, a través del cual, la determinación de traslado puede ser revocada. En ese orden de ideas, si la orden de traslado emitida sin control judicial previo, ya no se considera un acto dictado fuera del procedimiento, ha desaparecido la condición de procedencia del juicio de amparo indirecto en la que se hizo descansar el criterio sostenido en la jurisprudencia mencionada, para fijar una excepción al plazo de quince días establecidos para la promoción del juicio constitucional; y, por tanto, dicho criterio debe estimarse como superado ante la nueva regulación legal que opera en materia de traslados penitenciarios. No se soslaya que los actos que afectan la libertad personal cuando son dictados dentro del procedimiento, deben sujetarse al plazo genérico de quince días que se precisa en el primer párrafo, del artículo 17 de la Ley de Amparo, y que a tal efecto rigen las reglas previstas para la suspensión a petición de parte. Por las mismas razones, esta Primera Sala también se aparta del criterio emitido en la jurisprudencia 1a./J. 58/2016 (10a.), que lleva por título: "ORDEN DE TRASLADO DE UN CENTRO PENITENCIARIO A OTRO. PROCEDE CONCEDER LA SUSPENSIÓN DE OFICIO Y DE PLANO CUANDO SE EMITE SIN LA INTERVENCIÓN DE LA AUTORIDAD JUDICIAL RECTORA, AUN CUANDO SÓLO SE AFECTE LA LIBERTAD PERSONAL DE MANERA INDIRECTA" ; ello, en función de la regulación que actualmente establece la Ley Nacional de Ejecución Penal, conforme a la cual, la orden de traslado emitida por autoridad administrativa sin autorización judicial previa, constituye un acto dictado dentro del procedimiento; y por tanto, ya no se actualiza la hipótesis a que se refiere el artículo 126 de la Ley de Amparo, que precisa que la suspensión se concederá de oficio y de plano, cuando el acto reclamado importe un ataque a la libertad personal fuera del procedimiento. Además, porque en la Ley Nacional de Ejecución Penal, se cuenta con un medio ordinario de defensa denominado controversia judicial, que como quedó precisado, se debe agotar antes de acudir al juicio de amparo indirecto; por lo que resulta insalvable que habiendo cumplimentado lo anterior, si el inconforme finalmente decide acudir a la instancia de amparo, ya no podrán concederse la suspensión de oficio y de plano, sino que tendrá que sujetarse al plazo y reglas de la suspensión del acto reclamado que operan respecto de los actos que se emiten dentro de un procedimiento. Razón por la que el citado criterio jurisprudencial, también debe estimarse superado en virtud de la nueva regulación que opera respecto de la orden de traslado que se emite sin control judicial previo. (.)" En efecto, al resolver ambos recurso de queja, el alto tribunal del país confirmó los acuerdos de desechamiento impugnados, pues sostuvo que, al no actualizarse ninguno de los supuestos de excepción al principio de definitividad, en el caso de los traslados urgentes o excepcionales, ordenados por las autoridades administrativas penitenciarias, en términos del artículo 52 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, previamente a la promoción del amparo indirecto, el afectado debe agotar los medios ordinarios de defensa que el propio ordenamiento legal prevé para ese supuesto. Esa conclusión de ninguna forma contraviene lo señalado en el artículo 25.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, dado que al respecto existe la tesis siguiente: "IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. LAS CAUSAS PREVISTAS EN LOS ARTÍCULOS 73 Y 74 DE LA LEY DE LA MATERIA, RESPECTIVAMENTE, NO SON INCOMPATIBLES CON EL ARTÍCULO 25.1 DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS". En tales condiciones, con apoyo en el numeral 113, relacionado con el diverso 61, fracción XX; de la Ley de Amparo, se desecha la demanda de amparo promovida por , porque se encontró una causa de improcedencia manifiesta e indudable. DESECHAMIENTO POR FALTA DE FIRMA ELECTRÓNICA (FIREL.) Por otra parte, de las constancias analizadas, se observa que la demanda recibida, debe subsumirse en la hipótesis normativa del artículo 113 de la Ley de Amparo, esto es, el desechamiento de plano por diversa causa de improcedencia. Para demostrarlo, se hace notar que la demanda de amparo fue presentada por la vía electrónica, aparentemente por los quejosos. Dicha modalidad (la electrónica), obliga a considerar el artículo 3 de la Ley de Amparo , el cual dispone que podrán presentarse escritos en forma electrónica, mediante el empleo de las tecnologías de la información, es decir, utilizando la "firma electrónica" y cumpliendo los lineamientos que para su regulación emita el Consejo de la Judicatura Federal. Además, el mencionado precepto legal, señala que la firma electrónica es el medio de ingreso al sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación, y producirá los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa, como vía para enviar y recibir promociones, documentos, comunicaciones y notificaciones oficiales, así como consultar acuerdos, resoluciones y sentencias relacionadas con los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales. Luego, es necesario que las personas interesadas en promover por esa vía, tengan firma electrónica emitida o reconocida por el Poder Judicial de la Federación; máxime que el registro de cada usuario en el sistema es de carácter personal, y en ningún caso una persona podrá hacerlo a nombre de otra. Así, cada documento electrónico que se reciba, debe contener en la parte final, una evidencia criptográfica de la firma electrónica que, entre otros aspectos, mostrará el nombre del titular de la firma electrónica. Tales datos habrán de examinarlos tanto los juzgados de distrito como los tribunales de circuito, para acordar lo correspondiente. Entonces, se colige que las personas físicas pueden instaurar el juicio de amparo vía electrónica, con el uso de su firma electrónica. Misma situación acontecería en caso de que el juicio se promoviera en representación de diversa persona, empero, previamente se debe tener reconocida capacidad procesal para tal fin, esto es, un supuesto que actualice la hipótesis jurídica de personalidad, para que el promovente pueda presentar promoción electrónica a favor de diversa persona. Sin embargo, la demanda presentada vía electrónica aparentemente por los quejosos , por derecho propio, no tiene su firma electrónica y por ende, carece de la evidencia criptográfica que demuestre el envío apropiado de la demanda (con la firma electrónica del quejoso en mención). Ello a pesar de que el artículo 3 de la Ley de Amparo, dispone que la actuación frente a los órganos del Poder Judicial de la Federación, debe realizarse mediante el empleo de las tecnologías de la información, en este caso, a través de la firma electrónica, con los mismos efectos jurídicos de la firma autógrafa. Lo cual implica que los quejosos en mención, soslayaron el principio de "instancia de parte agraviada", previsto en los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 6 de la Ley de Amparo. Es menester agregar, que de conformidad con los artículos 3, último párrafo, y 15 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 42 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, la presentación de la demanda de amparo vía electrónica puede realizarse sin necesidad de firma electrónica, únicamente cuando se reclamen actos que: Importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la constitución federal, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. Pero en el caso, se advierte que los quejosos pretenden reclamar: la orden traslado, asignación o reubicación en determinados dormitorios; y como consecuencia de ello, la diversidad de actos que atentan la dignidad de los quejosos como personas. Por consiguiente, de ninguna forma encuadran en las hipótesis de carácter urgente, previstas por el artículo 15 de la ley de la materia o el numeral 22 de la constitución federal. Sobre todo porque dichos actos no encuadran en las hipótesis de gravedad mencionadas. Entonces, ninguna circunstancia extraordinaria se tiene para considerar el supuesto de excepción sobre la ausencia de firma electrónica, que se actualiza cuando un quejoso reclama actos urgentes, como se dijo, de los prohibidos en el artículo 22 de la constitución federal, y previstos en el numeral 15 de la Ley de Amparo. Por consiguiente, se estima que la demanda de amparo presentada vía electrónica por los quejosos en mención, no cumple el principio de "instancia de parte agraviada", lo cual obliga a desechar la solicitud recibida. En efecto, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha señalado que debe desecharse de plano la demanda de amparo indirecto presentada vía electrónica, cuando no tenga la firma electrónica del quejoso. Lo anterior, porque la falta de la firma electrónica de quien promueve el juicio de tutela constitucional, no puede equipararse a una irregularidad subsanable a través de la prevención regulada en el artículo 114 de la Ley de Amparo, porque se trata del incumplimiento a uno de los principios rectores del juicio de amparo, que no amerita prevención. Así quedó plasmado en la tesis jurisprudencial de rubro: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO PRESENTADA A TRAVÉS DEL PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. PROCEDE DESECHARLA DE PLANO CUANDO CARECE DE LA FIRMA ELECTRÓNICA DEL QUEJOSO". Por tanto, con fundamento en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con los diversos 3, 6, 112 y 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo presentada aparentemente por los quejosos , conforme a las razones expuestas con antelación. Decisión que de ninguna forma contraviene los derechos contemplados en el artículo 25.1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, dado que al respecto existe la tesis del tenor siguiente: "IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. LAS CAUSAS PREVISTAS EN LOS ARTÍCULOS 73 Y 74 DE LA LEY DE LA MATERIA, RESPECTIVAMENTE, NO SON INCOMPATIBLES CON EL ARTÍCULO 25.1 DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS". ANOTACIONES INTERNAS Se instruye a la Oficial Judicial "A" realizar las anotaciones correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) referente al desechamiento del presente asunto. Notifíquese; por lista a la parte quejosa.

  4. Principal

    JUICIO DE AMPARO 483/2022-III. Puebla, Puebla, nueve de junio de dos mil veintidós. HOMÓLOGO FEDERAL INFORMA Se agrega al expediente el oficio de cuenta, signado vía electrónica por la Jueza y la Secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de San Luis Potosí -con evidencia criptográfica-, mediante el cual informa que referente a la incompetencia remitida por este órgano federal y otros juzgados de distrito en el país, ordenó la acumulación de los juicios de amparo 698/2022, 699/2022, 700/2022, 701/2022, 702/2022, 703/2022 y 704/2022 al diverso 696/2022-9 de su índice, reservándose la admisión de dichas demanda de amparo debido a que se declaró impedida de conocer de los asuntos, por considerar actualizada la hipótesis normativa contemplada en el artículo 51, fracción I, de la Ley de Amparo. Por lo que remitió los autos al Tribunal Colegiado en Materia Penal del Noveno Circuito en turno, a fin de que procediera a calificar el impedimento de referencia. De lo que este juzgado toma conocimiento para los efectos legales procedentes y queda en espera de ser informado del juzgado de distrito que acepte la competencia declinada. Notifíquese.

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