Carlos Alberto Angelino Barrón
Expediente 252/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 3 actuaciones registradas, la última del 31 de marzo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 252/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 31/03/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Carlos Alberto Angelino Barrón
Actuaciones
- Principal
CUADERNO DE ANTECEDENTES DEL JUICIO DE AMPARO 252/2022-II. Puebla, Puebla, treinta y uno de marzo de dos mil veintidós. Se agrega al cuaderno de antecedentes el oficio de cuenta, signado por la Titular de la Cédula 1 de la Unidad de Investigación y Litigación B del Equipo de Investigación y Litigación I, sede Puebla, de la Fiscalía General de la República. En éste, solicita le sean remitidas copias certificadas de todo lo actuado dentro del presente juicio de amparo, a fin de integrar de manera correcta la carpeta de investigación , formada con motivo de la vista dada por esta autoridad dentro del presente asunto. Por lo anterior, remítanse las mismas a fin de que esté en aptitud de continuar con la integración de esa carpeta de investigación. Por otro lado, toda vez que el uso inadecuado de las constancias que se remitan, puede dar a lugar a la actualización de los tipos penales contenidos en los artículos 225, 226 y 227 del Código Penal Federal (contra la administración de justicia), infórmese a la solicitante que las mismas quedan bajo su más estricta responsabilidad. Se hace saber al actuario judicial encargado de notificar el oficio que derive el presente acuerdo que, para realizar la entrega física, deberá observar de manera estricta el "Lineamiento de Higiene derivado de la Atención a Emergencia Sanitaria por Coronavirus (COVID 19) para Notificadores y Defensores Públicos del CJF" y hacer uso del Kit de seguridad proporcionado para tal efecto. Notifíquese y cúmplase.
- Principal
CUADERNO DE ANTECEDENTES DEL JUICIO DE AMPARO 252/2022-II. Puebla, Puebla, treinta de marzo de dos mil veintidós. Homólogo acepta competencia. Se agrega al cuaderno de antecedentes el oficio con firma electrónica -evidencia criptográfica- de la secretaria del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, con residencia en Ciudad Valles. En éste, comunica el proveído de dieciséis de marzo de dos mil veintidós, donde la titular de dicho juzgado radicó el juicio de amparo 132/2022 y aceptó la competencia declinada por esta autoridad. Además, acusa recibo del anexo remitido (original del presente asunto). De lo que se toma conocimiento para los efectos legales procedentes. Anotaciones internas. Se instruye a la oficial encargada de los libros de gobierno, y a la Oficial Judicial A, encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), que realicen las anotaciones correspondientes a la aceptación de competencia. Se determina la conclusión del asunto y su valoración documental. En términos del artículo 3, fracción VII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, trasferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales -publicado en el Diario Oficial de la Federación de veinticinco de marzo de dos mil veinte-, el presente expediente constituye un asunto concluido. Por lo que en uso de la facultad conferida por los artículos 6, fracción I, 12 y 14 del citado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, previo análisis de las constancias, se estima que el presente asunto carece de relevancia documental porque no se ubica en alguna de las hipótesis previstas por el artículo 15 del referido acuerdo. Además, con fundamento en los artículos 6, fracción I, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se determina que el presente cuaderno de antecedentes es susceptible de destrucción, lo cual deberá acaecer dentro de los treinta días siguientes al que se cumpla el plazo de conservación de tres años. Ello, porque se actualiza la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso j), del referido acuerdo, ya que en el proveído inicial se declaró incompetencia en razón de territorio. Resguardo del expediente (Archivo físico). Con apoyo en el artículo 9 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal antes mencionado, se determina que el presente cuaderno deberá resguardarse en el archivo físico de este órgano jurisdiccional durante el lapso de tres años. Lo anterior implica que en este acuerdo, se ordena el archivo del presente juicio como asunto concluido. Una vez que transcurra el lapso de conservación, deberá procederse a la destrucción. Hecho lo anterior, remítase el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Inexistencia de documentos originales. La revisión efectuada a las actuaciones de este juicio, permitió visualizar que no se tienen documentos originales (anexos) para devolver a los quejosos. Inexistencia de anexos. En este juicio no se recibieron constancias originales de procesos, expedientes, averiguaciones, carpetas, entre otras, que deban devolverse a alguna responsable o autoridad diversa, motivo por el cual es improcedente emitir pronunciamiento al respecto. Carátula del expediente. Se instruye al secretario encargado de la tramitación de este expediente para que realice las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente; ello, conforme al sello autorizado para tal efecto; lo anterior en términos del artículo 35 del multicitado acuerdo general. Revisión del expediente. Se instruye al secretario que haga la revisión en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), a efecto de verificar que el expediente físico coincida con el expediente electrónico. Ello en cumplimiento al artículo 3, párrafo octavo, de la Ley de Amparo. Sin cuadernos incidentales. No existe incidente de suspensión derivado de este juicio, porque desde el proveído inicial se declaró la incompetencia legal para conocer del asunto y fue remitido al juez que se estimó competente, motivo por el cual es improcedente emitir pronunciamiento al respecto. Notificación del presente proveído. Se descarta la notificación personal de este acuerdo a los quejosos, porque ningún derecho procesal tiene por ejercer dado que la incompetencia declinada ha sido aceptada por el juez que se estimó competente y éste continuará con la sustanciación del asunto. Aunado a que, si desearan conocer el estado del presente asunto, podrán realizar la solicitud correspondiente y ésta será acordada como corresponda. De ahí que este proveído se les habrá de notificar por medio de lista, sobre todo porque se trata de un asunto concluido. Notifíquese y cúmplase.
- Principal
JUICIO DE AMPARO 252/2022-II. Puebla, Puebla, once de marzo de dos mil veintidós. Radicación del expediente. Se recibe la demanda de protección de derechos fundamentales, presentada en favor de , contra actos del Director de la Penitenciaría de la Ciudad de México..., pues todos esos actos (malos tratos) deriva de las condiciones en que los mantienen internos en el centro penitenciario; de ahí que, no son de los previstos en el artículo 15 de la Ley de Amparo o 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, aun cuando así se afirme en la demanda de amparo. Aunado a lo anterior, se tiene que en el Diario Oficial de la Federación de veintitrés de septiembre de dos mil diecinueve, se publicó el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, en relación con las ordenes de traslado, en donde se precisó, particularmente, en el considerando cuarto de dicho acuerdo: ". ." De ahí que, derivado de esa reforma, los asuntos relacionados con las órdenes de traslado no resulten de tramitación urgente. Al respecto, resulta aplicable el criterio jurisprudencial : "OMISIONES INHERENTES A LAS CONDICIONES DE INTERNAMIENTO. PARA RECLAMARLAS, LA PERSONA PRIVADA DE SU LIBERTAD DEBE AGOTAR EL MECANISMO DE CONTROL PREVISTO EN LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL, ANTES DE ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. ." Bajo esa perspectiva, la orden de traslado y las cuestiones de internamiento no constituyen para efectos del juicio de amparo un supuesto de hecho de tramitación urgente; pues, las personas privadas de su libertad personal tienen a su alcance un sistema de recursos de índole jurisdiccional. Entonces, si los impetrantes de amparo reclaman la reubicación de dormitorio dentro del centro penitenciario de su reclusión y la orden de traslado a un diversos lugar de reclusión, esa evidente que, esos actos no se ubican en los supuestos previstos en el los artículos 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 15 de la Ley de Amparo. Y, en vía de consecuencia, si los restantes actos que se reclaman en la demanda de amparo, se plantean como resultado del traslado o la posible reubicación de dormitorio, es evidente que, esos actos también resultan cuestiones cualitativas de internamiento, esto es, a pesar de que la parte quejosa alegue que se erigen como actos de intimidación, discriminación, tortura o incomunicación, en realidad son cuestiones que aducen deriva de los actos preponderantes (traslado y reubicación). Tanto es así, como se dijo al inicio de este proveído, que en la demanda de amparo no se establecen elementos objetivos que permitan deducir que los quejosos están siendo objeto de intimidación, discriminación, tortura o incomunicación; incluso, la demanda de amparo fue presentada, al parecer, por los propios quejosos y no en representación de estos. En suma, después de un juicio valorativo de la demanda de amparo en su integridad, es posible deducir que, en el caso particular, no se está frente a un asunto de atención prioritaria o urgente, motivo por el cual se descarta emitir un pronunciamiento respecto de la suspensión de plano solicitada. Declaración de incompetencia. De una revisión integral a la demanda de amparo es posible advertir que, la acción constitucional se endereza contra la titular de este juzgado, de ahí que se carece de competencia legal para conocer de la referida demanda. De igual modo, tampoco son competentes para conocer de la misma, los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, porque también fueron señalados con el carácter de autoridades responsables. Asimismo, los promoventes señalaron como autoridades responsables a los jueces de distrito de amparo en materia penal de la Ciudad de México del primero al décimo sexto, jueces de distrito de amparo en materia administrativa de la Ciudad de México del primero al décimo séptimo, jueces de distrito de Aguascalientes, Colima, Chiapas, Campeche, Coahuila, Chihuahua, Durango, Estado de México, Guerrero, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Nayarit, Nuevo León, Morelos, Michoacán, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, Sinaloa, Sonora, Tlaxcala, Tabasco, Veracruz, Yucatán, Zacatecas y San Luis Potosí, excepto los de Ciudad Valles, así como los de Baja California, Baja California Sur y Tamaulipas. En tales condiciones, de conformidad con los artículos 381 y 482 de la Ley de Amparo, se determina que este juzgado carece de competencia legal para el conocimiento de la referida demanda. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia de rubro y texto siguientes: "INCOMPETENCIA. CUANDO AL ÓRGANO JURISDICCIONAL QUE DEBE CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO SE LE ATRIBUYE EL ACTO RECLAMADO SE ACTUALIZA TAL SUPUESTO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE SE TRATE O NO DEL MISMO TITULAR, SIN EMBARGO, POR ECONOMÍA PROCESAL ES VÁLIDO DECLARAR FUNDADO EL IMPEDIMENTO PLANTEADO POR LAS MISMAS RAZONES Remisión de los autos al Juez que se estima competente. En ese sentido y en virtud de la cercanía con este órgano jurisdiccional, remítase este expediente al Juzgado de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, con sede en Ciudad Valles, en turno -a quien se estima competente-, pues de los órganos jurisdiccionales que no fueron señalados como autoridades responsables, son los que se ubican en la circunscripción territorial más próxima. Se solicita al Juez de Distrito que reciba el presente asunto, informe sí aceptó la competencia legal declinada; y de ser así, remita el acuse de recibo. Además, se puntualiza: la determinación contenida en este acuerdo implica una declaración de incompetencia legal, motivo por el cual deberá realizarse la baja del asunto en la estadística; y en su oportunidad habrá de archivarse como juicio concluido -si se acepta la competencia legal declinada-..Domicilio y autorizados del quejoso. La parte quejosa no señaló domicilio ni autorizado para oír y recibir notificaciones. Sin embargo, de conformidad con el Código de Procedimientos Civiles aplicado en forma supletoria a la Ley de Amparo, las partes, en su primer escrito, deben designar casa ubicada en la población en que tenga su sede el tribunal, para que se les hagan las notificaciones personales y cuando no se cumpla tal requisito, las notificaciones personales se realizaran conforme a las reglas para las notificaciones que no deban ser personales, esto es: por lista. Vista a la agente del ministerio Público Federal adscrita. Finalmente, esta autoridad no pasa desapercibido que en la demanda generadora de este expediente es idéntica a las que formaron los diversos 250/2022, 251/2022, 255/2022, 256/2022 y 257/2022 del índice de este mismo juzgado; todas ellas recibidas en esta misma fecha. Aunado a ello, constituye un hecho notorio4 para esta autoridad que han sido múltiples las demandas presentadas por los mismos quejosos y contra los mismos actos reclamados, donde también esta autoridad ha sido señalada como responsable; a manera de ejemplo se citan los siguientes precedentes (por ser los recientemente recibidos en este juzgado): ...Existiendo en todos los caso, sólo alguna modificación respecto de los Jueces de Distrito (exclusión de algunos) que se señalan como autoridades responsables, pero atribuyendo tal carácter a todos los pertenecientes al circuito donde se presenta la demanda. Ante ese escenario, y teniendo presente el contenido del artículo 261, fracción II, de la Ley de Amparo, se ordena dar vista a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a fin de que, conforme a sus facultades establecidas en el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, determine si es procedente iniciar una investigación penal, ante la posible comisión de un hecho ilícito. Notifíquese; personalmente a los quejosos (por lista) y a la agente del Ministerio Público Federal adscrita; y cúmplase.
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