Carlos Alberto Angelino Barrón
Expediente 174/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora. 3 actuaciones registradas, la última del 3 de marzo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 174/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 03/03/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora · Sonora
Partes del expediente
- Carlos Alberto Angelino Barrón
- Luis Arturo Zavala Rosas
Actuaciones
- Principal
Auto. Hermosillo, Sonora, tres de marzo de dos mil veintidós. Acepta competencia declinada. Téngase por recibido el oficio firmado por el secretario del Juzgado Noveno de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, mediante el cual informa que dicho órgano jurisdiccional aceptó la competencia declinada del juicio de amparo 174/2022, del índice de este juzgado, y se formó el diverso 168/2022-II, de su índice. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro uno de juzgado relativo al registro de juicios de amparo, así como las capturas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Archivo y valoración del expediente. Con fundamento en los artículos 3, fracción VII y artículo 21, inciso j), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, archívese este asunto como concluido y destrúyase una vez transcurridos tres años. Notifíquese. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Luis Felipe Escalante Pasos, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Auto. Hermosillo, Sonora, veinticinco de febrero de dos mil veintidós. Incorporación de exhorto. Agréguese a los autos el oficio que remite el secretario adscrito al Juzgado Primero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, mediante el cual devuelve debidamente diligenciado la comunicación oficial enviada 13/2022, con número de orden 14/2022, del índice de este juzgado; sin que sea necesario acusar recibo, pues se genera automáticamente con la constancia que emite el Sistema Integrado de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E). Dese de baja de la estadística mensual la referida comunicación oficial, debiéndose realizar las anotaciones en el Libro Cuatro de Juzgado de Registro de Comunicaciones Oficiales Enviadas, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). Notifíquese; y personalmente a la secretaria encargada del libro cuatro de juzgado de "Registro de Comunicaciones Oficiales Enviadas". Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Luis Felipe Escalante Pasos, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Auto. Hermosillo, Sonora, catorce de febrero de dos mil veintidós. 1. Recepción. Fórmese expediente con el escrito de cuenta. Regístrese bajo el número que le corresponda en el libro uno de juzgado relativo a "Registro de Juicios de Amparo.". 2. Se declara incompetencia por razón de territorio. Una vez analizada la demanda presentada por Carlos Alberto Angelino Barrón, Juan Manuel Espinosa González, Edwin Daniel Guerra Córdova, Luis Gabriel Jop Corzo, José Othón Ramiro Hernández Lima, José Antonio Contreras Chávez, Enrique Mejía Bello, Enrique Alvarado Saucillo, Eduardo Ampudia Fraustro, Eduardo Flores Castro, Renan Hidalgo Echazarreta, Hugo Melchor Nieto, Luis Arturo Zavala Rosas y Francisco Payán Monrroy, contra los actos atribuidos al Director de la Penitenciaria de la Ciudad de México y otras autoridades, se advierte que este órgano jurisdiccional es incompetente por razón de territorio. Para arribar a tal determinación, es pertinente traer a colación que el artículo 37 de la Ley de Amparo, establece tres reglas básicas para determinar la competencia de los Jueces de Distrito, en cuanto al conocimiento del juicio de amparo, a saber: a) La primera, se caracteriza porque con independencia de dónde radique la autoridad emisora del acto reclamado, el criterio para fijarla consiste en que será competente el Juez de Distrito que ejerza jurisdicción en el lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado el acto reclamado. b) La segunda regla, deriva de la primera, pues sobre el mismo criterio de ejecución del acto reclamado, establece que cuando éste haya comenzado a ejecutarse en un distrito y siga ejecutándose en otro, es competente para conocer del amparo el juez de distrito ante el que se presente la demanda. c) La tercera regla se refiere al supuesto de que el acto reclamado no requiera de ejecución material, caso en el cual es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Por su parte, el primer párrafo del artículo 48, párrafo primero, de la ley Amparo, establece que cuando se presente una demanda de amparo ante un juez de Distrito y se estime carecer de competencia, la remitirá de plano, con sus anexos, al juez competente, sin decidir sobre la admisión ni sobre la suspensión del acto reclamado, salvo que se trate de los supuestos prohibidos por el precepto 22 Constitucional. En el mismo contexto, el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, en el punto Cuarto, fracción I, establece: ".CUARTO. La jurisdicción territorial de los juzgados de Distrito es la siguiente: I. PRIMER CIRCUITO: Los juzgados de Distrito con residencia en el Distrito Federal ejercerán jurisdicción territorial en el distrito judicial conformado por el territorio de aquél. Los Juzgados Federales Penales Especializados en Cateos, Arraigos e Intervención de Comunicaciones ejercerán jurisdicción territorial, en toda la República Mexicana. [.]" Ahora, del análisis integral de la demanda de amparo, se advierte que los actos que reclaman los solicitantes del amparo tienen ejecución material en Ciudad de México, lugar en el que los promoventes refieren se encuentran recluidos, esto es, en el centro penitenciario de la Ciudad de México, en tanto que las autoridades señaladas como responsables son autoridades administrativas adscritas al citado centro de reclusión. En ese contexto, la hipótesis de competencia que aquí interesa es la precisada en el inciso a), particularmente en lo relativo a que será competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución el acto reclamado. Con base en lo expuesto, se llega a la conclusión de que este órgano jurisdiccional carece de competencia legal, en razón de territorio, para conocer de la presente demanda de amparo, pues, se reitera, los actos reclamados por los quejosos tienen ejecución materia en el centro de su reclusión. Son ilustrativas a lo anterior, las jurisprudencias 1a./J. 64/2019 (10a.) y PC.XVI.P. J/3 P (10a.), que establecen: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO CONTRA LA ORDEN DE TRASLADO DE UN INTERNO DE UN CENTRO DE RECLUSIÓN A OTRO, CUANDO SÓLO SE TIENE NOTICIA CIERTA DEL LUGAR DONDE COMENZARÁ LA EJECUCIÓN DE ESE ACTO, PERO NO DEL SITIO DONDE CONTINUARÁ EJECUTÁNDOSE. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO CON RESIDENCIA EN EL LUGAR DONDE EL QUEJOSO SE ENCUENTRE RECLUIDO. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 90/2007-PS, de la que derivó la jurisprudencia 1a./J. 35/2008, de rubro: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO INTERPUESTO CONTRA UNA ORDEN DE TRASLADO DE UN REO DE UN CENTRO PENITENCIARIO A OTRO. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO QUE PREVINO.", determinó que, la orden para trasladar a un reo de un centro de reclusión a otro, por su naturaleza jurídica, es un acto de tracto sucesivo, pues sus efectos no se agotan con su sola emisión, sino que se prolongan en el tiempo con motivo de su ejecución, la cual culmina hasta que es ingresado en el otro centro penitenciario; dicho criterio tomó como referencia lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo 36 de la Ley de Amparo abrogada, cuyo contenido es similar a la regla competencial prevista en el segundo párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo vigente. En esa ocasión no se analizó si tal porción normativa resultaba aplicable para determinar qué Juez de Distrito es el legalmente competente por razón de territorio para conocer de una demanda de amparo indirecto promovida contra la orden de traslado de un interno de un centro penitenciario a otro, ubicado en un Distrito Judicial distinto, cuando sólo se tiene noticia cierta sobre el lugar donde comenzará la ejecución de ese acto, pero no del sitio donde continuará ejecutándose. Así, para esta Primera Sala en ese caso específico no puede aplicarse esa regla competencial, dado que su actualización parte de la existencia de datos objetivos que permitan colegir que el acto reclamado tendrá ejecución en un Distrito Judicial distinto del cual se tenga noticia cierta. De no constar esa información, la competencia para conocer del asunto corresponderá al Juez de Distrito con residencia en el lugar donde el quejoso se encuentre recluido, en términos del párrafo primero del mencionado artículo 37, pues no hay duda de que ahí se iniciará a materializar ese acto de autoridad y no se sabe si tal traslado será o no a un Distrito Judicial distinto. De lo contrario, la delimitación de la competencia territorial quedaría a voluntad del quejoso, quien estaría en condiciones de presentar la demanda en un lugar distinto al sitio donde está recluido, bajo la sola manifestación, no corroborada de que la citada orden de traslado "podría" ejecutarse en aquella demarcación territorial, sin importar si efectivamente esto será o no así. Por tanto, la regla prevista en el párrafo segundo del artículo 37 de la Ley de Amparo para decidir qué Juez de Distrito es el competente para conocer del asunto, a prevención, sólo es aplicable cuando el traslado: a) efectivamente sea a un centro de reclusión ubicado en un distinto Distrito Judicial; y b) se tenga noticia cierta del Distrito Judicial al que se trasladará." "COMPETENCIA TERRITORIAL PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO EN EL QUE SE RECLAME LA OMISIÓN DE BRINDAR ATENCIÓN MÉDICA A LOS INTERNOS EN UN CENTRO DE RECLUSIÓN. RECAE EN EL JUEZ DE DISTRITO QUE EJERZA JURISDICCIÓN EN EL LUGAR AL QUE CORRESPONDA EL DOMICILIO DEL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO, AL SER UN ACTO NEGATIVO CON EFECTOS POSITIVOS. De lo sostenido por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis aislada 1a. XVII/2018 (10a.), de título: "CONCEPTO DE OMISIÓN COMO ACTOS DE AUTORIDAD.", se advierte que para que la inactividad de la autoridad constituya, en el ámbito jurídico, una omisión, es imprescindible que exista el deber de realizar una conducta y que alguien haya incumplido con esa obligación. Por otra parte, los artículos 34 y 72 a 80 de la Ley Nacional de Ejecución Penal imponen a las autoridades penitenciarias la obligación de garantizar atención médica a los internos bajo su resguardo, en tutela al derecho humano a la salud. Ahora bien, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado que la ejecución material de un acto reclamado no atiende solamente a su contenido -en el sentido de que establezca una orden, un mandato, el cumplimiento o la prohibición de llevar a cabo algo-, sino que también comprende los alcances materiales que tuviera o llegara a producir en el mundo fáctico o real. Así, la omisión de las autoridades penitenciarias de brindar atención médica a los internos bajo su resguardo constituye un acto negativo con efectos positivos, pues produce una afectación que trasciende a la materialidad, ante la alteración o agravamiento de su estado de salud, por lo que posee el atributo de ser ejecutable materialmente. Con base en lo anterior, se concluye que la regla de competencia por territorio a la que hay que acudir, es la prevista en el primer párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo, que finca los atributos para conocer de la demanda relativa, a favor del Juez de Distrito que ejerza jurisdicción en el lugar en el que deba, trate, se esté o se haya ejecutado el acto reclamado, es decir, en el domicilio del establecimiento penitenciario." Por lo antes expuesto, este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora, con residencia en esta ciudad, determina que carece de competencia legal por razón de territorio para conocer del presente asunto y, con fundamento en el artículo 48 de la Ley de Amparo, se ordena remitir la demanda y sus copias al Juez de Distrito en Materia Penal en la Ciudad de México en Turno, a quien se considera competente en términos del artículo 37, párrafo primero, de la invocada ley, lo anterior por conducto de la Oficina de Correspondencia Común de dichos Juzgados, para los efectos a que se refiere el artículo 48 del mismo ordenamiento legal, esto es, para que dentro del plazo de cuarenta y ocho horas se sirva comunicar si acepta o no la competencia declinada para conocer de la demanda de amparo en cuestión; fórmese el cuaderno de antecedentes con las actuaciones del presente asunto. 3. Suspensión de plano. Por último, este juzgador no soslaya que los solicitantes del amparo reclamado actos prohibidos por el numeral 22 Constitucional; sin embargo, como se desprende de la certificación que antecede, en el índice de este juzgado obra el juicio de amparo 173/2022 PC-II, promovido por Carlos Alberto Angelino Barrón, Juan Manuel Espinosa González, Edwin Daniel Guerra Córdova, Luis Gabriel Jop Corzo, José Othón Ramiro Hernández Lima, José Antonio Contreras Chávez, Enrique Mejía Bello, Enrique Alvarado Saucillo, Eduardo Ampudia Fraustro, Eduardo Flores Castro, Renan Hidalgo Echazarreta, Hugo Melchor Nieto, Luis Arturo Zavala Rosas y Francisco Payán Monrroy, contra los mismos actos atribuidos a las propias autoridades, en el cual, se proveyó respecto la medida cautelar de plano solicitada. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro uno de juzgado relativo al registro de juicios de amparo, así como las capturas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.) 4. Exhorto. Ahora dado que los quejosos refieren que se encuentran internados en un reclusorio fuera de la jurisdicción de este juzgado; por tanto, sin perjuicio de que la presente determinación se notifique por estrados en este órgano; con fundamento en el numeral 298 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio de la Ley de la Materia, por disposición de su numeral 2, gírese atento exhorto al juez de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, en turno, para que en auxilio de las labores de este Juzgado, ordene al actuario judicial de su adscripción, se constituya en las instalaciones del Centro Penitenciario de la Ciudad de México, señalado como lugar donde se encuentran recluidos los agraviados, para que en auxilio de las labores de este juzgado, les notifique personalmente, por conducto de su representante común Carlos Alberto Angelino Barrón, la presente determinación. Notifíquese; por oficio al juzgado a quien se declina competencia y vía exhorto a la parte quejosa. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Luis Felipe Escalante Pasos, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
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