Carlos Alberto Angelino Barrón
Expediente 393/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora. 5 actuaciones registradas, la última del 10 de enero de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 393/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 10/01/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora · Sonora
Partes del expediente
- Carlos Alberto Angelino Barrón
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Auto. Hermosillo, Sonora, diez de enero de dos mil veintitrés. I. Recepción de testimonio. Téngase por recibido el oficio de cuenta que suscribe el secretario adscrito al Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Quinto Circuito, con sede en esta ciudad, mediante el cual devuelve el juicio de amparo en que se actúa y el testimonio de la ejecutoria dictada el catorce de diciembre de dos mil veintidós, en el recurso de queja penal 273/2022, en la cual se resolvió: "PRIMERO. Se declara INFUNDADO el recurso de queja interpuesto por CARLOS ALBERTO ANGELINO BARRÓN. SEGUNDO. Se CONFIRMA el auto de siete de junio de dos mil veintidós, dictado por el Juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, con sede en esta ciudad, en el juicio de amparo indirecto 393/2022.". Acúsese de recibo estilo correspondiente. Glósense las constancias originales que formen parte del cuadernillo provisional formado con motivo de la remisión del presente expediente al tribunal revisor. Háganse las anotaciones correspondientes. Ahora, toda vez que, el acuerdo que confirmó el Tribunal Colegiado fue en el que, se desechó la demanda, este órgano jurisdiccional advierte que está totalmente concluido. Archivo y valoración del expediente. Con fundamento en los artículos 3, fracciones VII, XV y 21, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, archívese este asunto como concluido y destrúyase una vez transcurridos tres años. Devolución de documentos. Resulta innecesario dar vista a las partes a fin que soliciten la devolución de documentos originales, dado que no se advierte la exhibición de éstos. Notifíquese y mediante oficio al tribunal revisor. Así lo acordó y firmó Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Guadalupe López Gutiérrez, secretaria con quien actúa y da fe. Doy fe.
- Principal
Auto. Hermosillo, Sonora, veintitrés de agosto de dos mil veintidós. Admisión de recurso. Agréguese a los autos el oficio de cuenta, suscrito por la actuaria adscrita al Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Quinto Circuito, con sede en esta ciudad, por medio del cual informa que se admitió a trámite el recurso de queja interpuesto en contra del auto de siete de junio de dos mil veintidós, dictado en este biinstancial, el cual se radicó como toca 273/2022. Por otro lado, se comisiona a la oficial Judicial "A" encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) de este juzgado, a fin de que efectúe la revisión correspondiente en el sistema electrónico y, en caso de que no se encuentre vinculado el presente asunto con el toca del tribunal de alzada, efectúe el trámite respectivo en el expediente electrónico, para los efectos legales del caso. Notifíquese. Así lo acordó y firma Cleotilde Jáuregui Enríquez, secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora, encargada del despacho por vacaciones del titular, en términos de los artículos 44 y 141 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, con las facultades derivadas de la interpretación que realizó la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de mayo de mil novecientos noventa y cinco, autorizada en términos del oficio CCJ/ST/3437/2022, de la Secretaría Técnica de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, ante Mario Alberto Huerta López, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Auto. Hermosillo, Sonora, treinta de junio de dos mil veintidós. Se recibe exhorto. Agréguese a los autos el oficio y anexos de cuenta que suscribe el actuario del Juzgado Octavo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, por medio del cual devuelve debidamente diligenciado el Exhorto 78/2022, número de orden 111/2022, del índice de este juzgado. Sin necesidad de acusar de recibo del presente oficio toda vez que la autoridad oficiante no lo solicita. Dese de baja de la estadística mensual la referida comunicación oficial, debiéndose realizar las anotaciones en el libro cuatro de juzgado de registro de comunicaciones oficiales enviadas, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). Ahora bien, de la notificación practicada el veinte de junio del año en curso, se advierte que el quejoso manifestó que es su deseo interponer recurso de queja en contra del auto que desecha la presente demanda de amparo. Con fundamento en el artículo 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, se tiene por interpuesto el recurso de queja en contra del auto dictado por este juzgado el siete de junio de dos mil veintidós; en tal virtud, en su oportunidad remítanse al Tribunal Colegiado en Materia Penal y Administrativa del Quinto Circuito, con residencia en esta ciudad, el escrito del recurso y copia certificada de las actuaciones que integran el presente asunto, para la resolución de dicho medio defensivo, rindiendo desde este momento el informe con justificación en el sentido de que sí es cierto el acto impugnado y se sostiene la legalidad del mismo, conforme a los razonamientos ahí contenidos. Exhorto. Ahora dado que el quejoso se encuentra internado en un reclusorio fuera de la jurisdicción de este juzgado; por tanto, sin perjuicio de que la presente determinación se notifique por estrados en este órgano; con fundamento en el numeral 298 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio de la ley de la materia, por disposición de su numeral 2, gírese atento exhorto al juez de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, en turno, para que en auxilio de las labores de este juzgado, ordene al actuario judicial de su adscripción, se constituya en las instalaciones del Centro Penitenciario de la Ciudad de México, señalado como lugar donde se encuentran recluido el agraviado, para que en auxilio de las labores de este juzgado, le notifique personalmente, al promovente Carlos Alberto Angelino Barrón, la presente determinación Hecho lo anterior, devuelva la comunicación oficial en comento a la brevedad posible. Sin que sea necesario acusar de recibo, toda vez que el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), expide dicha constancia. En el entendido de que se habilitan días y horas inhábiles, a fin de que el órgano ejecutor de este Juzgado, así como el del órgano auxiliar requerido, lleven a cabo las diligencias judiciales necesarias relacionadas con sus funciones de notificador, durante el curso del procedimiento en el presente juicio de garantías, de conformidad con lo establecido en el último párrafo del numeral 21 de la Ley de Amparo. Notifíquese. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Hiram Leyva Gómez, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Auto. Hermosillo, Sonora, siete de junio de dos mil veintidós. 1. Juzgado no acepta competencia. Agréguense a los autos el oficio firmado por la secretaria del Juzgado Decimoséptimo de Distrito en el Estado de México, con residencia en Nezahualcóyotl, por medio del cual devuelve el presente juicio de amparo, toda vez que por resolución de diecisiete de mayo de dos mil veintidós, no aceptó la incompetencia planteada por este órgano jurisdiccional por los motivos expuestos en la misma. Por tanto, este juzgado no insiste en la incompetencia planteada y se avoca al conocimiento del presente juicio de derechos. Acúsese recibo de los autos del referido juicio de amparo al Juzgado Decimoséptimo de Distrito en el Estado de México, con residencia en Nezahualcóyotl; para los efectos legales conducentes. 2. Se desecha demanda. Del estudio integral de la demanda de derechos promovida por Carlos Alberto Angelino Barrón, contra actos atribuidos al Ministerio Público adscrito a Vicente Chicoloapan, y otras autoridades, reclama lo siguiente: "A) Omisión de iniciar carpeta de investigación por el delito de extorsión, cometidos en agravios del quejoso y de sus ofendidos por parte de Nury Marlene Trujillo Francisco. B) Omisión de girar órdenes de búsqueda, localización y presentación contra Nury Marlene Trujillo Francisco por los delitos cometidos por esta, en contra del quejoso y sus ofendidos. C) Restricción del acceso a la justicia equiparado al artículo 22 constitucional y 15 de la ley de amparo. (ataques a la libertad)". Precisado lo anterior, este juzgador advierte que la acción constitucional es notoriamente improcedente y, por ende, debe desecharse conforme a lo establecido en el artículo 113 de la Ley de Amparo. Es así, pues se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior." Del citado numeral se advierte la improcedencia del juicio de amparo indirecto, cuando contra el acto reclamado proceda un recurso o medio ordinario de defensa susceptible de nulificar, revocar o modificar dicho acto, sin exigir mayores requisitos que los previstos para el otorgamiento de la suspensión definitiva, independientemente que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con la ley, sin que exista obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando se aleguen violaciones directas a la Constitución o si el medio de defensa se encuentra previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Es importante destacar que el citado numeral hace referencia a la no exigencia de mayores requisitos, lo cual significa que si la ley rectora del recurso, juicio o medio de defensa, señala iguales o menores requisitos que los previstos en la Ley de Amparo para conceder la suspensión definitiva, el principio de definitividad debe regir en tal caso; en consecuencia, previamente a promover el juicio de derechos fundamentales, la parte quejosa deberá agotar esos medios ordinarios de impugnación. Asimismo, también hace referencia a los actos que deban ser revisados de oficio conforme a las leyes que los rijan, pues en esa revisión la autoridad, ya sea la misma que emitió el acto, su superior jerárquico o aquélla que, en su caso, prevea la ley, puede de facto convalidar o no dicho acto, circunstancia última que podría nulificar, revocar o modificarlo. El principio de definitividad que rige al juicio de amparo, encuentra su justificación en el hecho que al tratarse de un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional, el quejoso debe, previamente a su promoción, acudir a las instancias que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación. Así se desprende de las jurisprudencias 2a./J. 115/99 y I.6o.C. J/37, de rubros: "RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA ORDINARIOS. REGLAS PARA SU DETERMINACIÓN EN RELACIÓN CON EL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD (INTERPRETACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 107, FRACCIÓN IV, DE LA CONSTITUCIÓN Y 73, FRACCIÓN XV, DE LA LEY DE AMPARO)." y "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL." Ahora bien, como se adelantó, el solicitante del amparo reclama, entre otras autoridades, del agente del Ministerio Público adscrito a San Vicente Chicoloapan, la omisión de iniciar carpeta de investigación por el delito extorción, así como de girar ordenes de búsqueda, localización y presentación, al ostentarse como víctima de extorsión. Así, contra dichas omisiones se actualiza la causa de improcedencia invocada, pues la parte quejosa debió interponer en su contra el medio de defensa ordinario previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, relacionado con el numeral 109, fracción XXI, del citado código, que a la letra establecen: "Artículo 258. Notificaciones y control judicial Las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal deberán ser notificadas a la víctima u ofendido quienes las podrán impugnar ante el juez de Control dentro de los diez días posteriores a que sean notificadas de dicha resolución. En estos casos, el Juez de control convocará a una audiencia para decidir en definitiva, citando al efecto a la víctima u ofendido, al Ministerio Público y, en su caso, al imputado y a su Defensor. En caso de que la víctima, el ofendido o sus representantes legales no comparezcan a la audiencia a pesar de haber sido debidamente citados, el Juez de control declarará sin materia la impugnación. La resolución que el Juez de control dicte en estos casos no admitirá recurso alguno." "Artículo 109. Derechos de la víctima u ofendido En los procedimientos previstos en este Código, la víctima u ofendido tendrán los siguientes derechos: [.] XXI. A impugnar por sí o por medio de su representante, las omisiones o negligencia que cometa el Ministerio Público en el desempeño de sus funciones de investigación, en los términos previstos en este Código y en las demás disposiciones legales aplicables; [.]" De la interpretación del primer artículo se desprende que contra las determinaciones del ministerio público sobre i) la abstención de investigar, ii) el archivo temporal, iii) la aplicación de un criterio de oportunidad y iv) el no ejercicio de la acción penal, deberán ser notificadas a las víctimas, quienes las podrán impugnar ante el juez de control dentro de los diez días posteriores a que les sean notificadas. Asimismo, el diverso numeral establece que la víctima tendrá, entre otros aspectos, derecho a impugnar las omisiones o negligencias que cometa el fiscal en el desempeño de sus funciones de investigación; por tanto, es dable concluir que las determinaciones del ministerio público, en el desempeño de su labor investigadora deben estar sujetas a escrutinio judicial con la finalidad que sea el juez de control quien revise su legalidad. Dicha circunstancia conlleva a estimar que dichas determinaciones no se limitan a las específicamente previstas en el referido artículo 258 -abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal-, sino que, en general, se tratan de actuaciones del fiscal que tengan como efecto paralizar, suspender o terminar una investigación. En este sentido, las omisiones del ministerio público en la etapa de investigación encuadran en este supuesto, ya que dicha conducta supone la paralización de su función investigadora, aun cuando la omisión o abstención sea llana y no consecuencia de una determinación que así lo ordene. Además, la finalidad sobre que el juez de control revise las decisiones u omisiones del ministerio público que definen el curso de una investigación es que, al estimar que su actuación es ilegal, lo conmine a que reanude la investigación y practique todas las diligencias que sean necesarias para el esclarecimiento de los hechos presuntamente delictivos o se provea sobre las solicitudes planteadas. De esta manera, tratándose de la omisión ministerial en la etapa de investigación, la autoridad judicial rectora puede ordenar que cese ese estado de cosas y, como consecuencia, que el fiscal continúe realizando la investigación correspondiente o se dé trámite a las solicitudes formuladas. Por tanto, previamente a la promoción del juicio de amparo indirecto, la víctima u ofendido debe agotar el medio de defensa ordinario previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en observancia al principio de definitividad. Sustentan lo anterior, las jurisprudencias 1a./J. 27/2018 (10a.) y 1a./J. 28/2018 (10a.), de rubro y texto: "SISTEMA PENAL ACUSATORIO. LAS OMISIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN, SON IMPUGNABLES ANTE EL JUEZ DE CONTROL A TRAVÉS DEL MEDIO DE DEFENSA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES. Los artículos 20, apartado C, fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 109, fracción XXI, del Código Nacional de Procedimientos Penales, otorgan a la víctima u ofendido de un delito, el derecho a impugnar ante autoridad judicial, las omisiones del Ministerio Público en sus funciones de investigación, en los términos previstos en ese Código. Asimismo, el artículo 16, párrafo décimo cuarto, de la Constitución General, prevé que los jueces de control tienen encomendada la tarea de resolver en forma inmediata y por cualquier medio, las solicitudes de medidas cautelares, providencias precautorias y técnicas de investigación de la autoridad que requieran control judicial; además, deben garantizar los derechos de los indiciados y de las víctimas u ofendidos, cuidando que la actuación de la parte acusadora sea apegada a derecho; esto es, les corresponde resolver las diligencias que requieran control judicial, en forma acelerada y ágil, así como realizar las audiencias procesales preliminares al juicio conforme a los principios del sistema acusatorio. Por otra parte, el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales prevé la posibilidad de impugnar las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal, esto es, en general se trata de actuaciones del Ministerio Público que tengan como efecto paralizar, suspender o terminar una investigación. En este sentido, bien puede entenderse que las omisiones del Ministerio Público en la etapa de investigación encuadran en este supuesto, ya que dicha conducta supone la paralización de su función investigadora. Así, de la interpretación sistemática y funcional de los artículos citados, se obtiene que la víctima u ofendido pueden impugnar ante el Juez de Control las omisiones de la autoridad ministerial derivadas de su facultad investigadora, a través del medio de defensa innominado previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, puesto que la finalidad de que el Juez de Control revise las decisiones u omisiones del Ministerio Público, que definen el curso de una indagatoria es que, al estimar que su actuación es ilegal, debe conminarlo a que reanude la investigación y practique todas las diligencias que sean necesarias para el esclarecimiento de los hechos presuntamente delictivos." "SISTEMA PENAL ACUSATORIO. CONTRA LAS OMISIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN, PROCEDE EL MEDIO DE DEFENSA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, EL CUAL DEBE AGOTARSE EN CUMPLIMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EL JUICIO DE AMPARO. De la interpretación sistemática y funcional de los artículos 16, párrafo décimo cuarto y 20, apartado C, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 109, fracción XXI y 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se advierte que la víctima u ofendido puede impugnar ante el Juez de Control las omisiones de la autoridad ministerial derivadas de su facultad investigadora, a través del medio de defensa innominado que prevé el artículo 258 citado, cuya finalidad es que el Juez de Control revise las decisiones u omisiones del Ministerio Público, que definen el curso de una indagatoria, pues al estimar que su actuación es ilegal, debe conminarlo a que cese ese estado de cosas, reanude la investigación y practique todas las diligencias que sean necesarias para el esclarecimiento de los hechos presuntamente delictivos. Por lo tanto, previamente a la promoción del juicio de amparo indirecto, se debe agotar ese medio de defensa ordinario, en observancia al principio de definitividad." Por tanto, al ser manifiesta e indudable la causa de improcedencia derivada de la fracción XX del artículo 61, de la Ley de Amparo, con apoyo en el precepto 113 de ese cuerpo normativo, procede desechar la demanda de amparo. Por último, no pasa inadvertido para este juzgador, la circunstancia que la parte quejosa precisa que tales actos se equiparan a los actos proscritos por el numeral 22 Constitucional y 15 de la Ley de Amparo; empero, ello no es así, pues las omisiones atribuidas a las autoridades no importan peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición o desaparición forzada. 3. Herramientas de comunicación. Se pone a disposición de los justiciables para entablar comunicación sobre cuestiones no procesales -sólo se atenderán consultas relativas a organización, horarios, lineamientos de trabajo y temas análogos, esto es, no se brindará información sobre el estado procesal de los asuntos- con el órgano en el teléfono institucional (662) 108 2100, extensión 1018. 4. Exhorto. Ahora dado que el quejoso se encuentra interno en un reclusorio fuera de la jurisdicción de este juzgado; por tanto, sin perjuicio de que la presente determinación se notifique por estrados en este órgano; con fundamento en el numeral 298 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio de la ley de la materia, por disposición de su numeral 2, gírese atento exhorto al juez de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México en Turno, para que en auxilio de las labores de este juzgado, ordene al actuario judicial de su adscripción, se constituya en las instalaciones del Centro Penitenciario de la Ciudad de México, señalado como lugar donde se encuentran recluido el agraviado, y notifique personalmente al promovente Carlos Alberto Angelino Barrón, la presente determinación Hecho lo anterior, devuelva la comunicación oficial en comento a la brevedad posible; sin que sea necesario acusar de recibo, toda vez que el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), expide dicha constancia. En el entendido de que se habilitan días y horas inhábiles, a fin de que el órgano ejecutor de este Juzgado, así como el del órgano auxiliar requerido, lleven a cabo las diligencias judiciales necesarias relacionadas con sus funciones de notificador, durante el curso del procedimiento en el presente juicio de garantías, de conformidad con lo establecido en el último párrafo del numeral 21 de la Ley de Amparo. 5. Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Suprímase en la versión pública que se realice, la información considerada como reservada o confidencial, así como los datos sensibles que pudieran contener las sentencias, resoluciones y demás constancias que obren en el expediente, con apoyo en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, ello sin perjuicio del derecho que puedan hacer valer las partes al respecto. 6. Expediente electrónico. Con fundamento en el artículo 3, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo, se instruye al secretario encargado del expediente, para efectos de que, en términos de la normativa establecida por el Consejo de la Judicatura Federal, se digitalicen todas las promociones y documentos que presenten las partes, así como los acuerdos, resoluciones y toda información relacionada con el presente asunto; asimismo, en caso de que las promociones y documentos se presenten en forma electrónica se proceda a su impresión para ser incorporada al expediente físico. 7. Captura del fallo en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 192 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, que determina el uso obligatorio del módulo de captura del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, relativo a las sentencias dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, se ordena a la secretaría que, en su oportunidad, capture la sentencia que se dicte en el presente juicio y, a fin de corroborar que se llevó a cabo lo anterior, agregue la constancia que así lo acredite al expediente en que se actúa. Notifíquese por exhorto a la parte quejosa. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Luis Felipe Escalante Pasos, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
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