Carlos Alberto Angelino Barrón

Expediente 103/2022 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Sonora. 4 actuaciones registradas, la última del 9 de septiembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
103/2022
Año
2022
Actuaciones
4
Última actuación
09/09/2022

Partes del expediente

  • José Othón Ramiro Hernández Lima
  • Carlos Alberto Angelino Barrón
  • Edwin Daniel Guerra Cordova

Actuaciones

  1. Principal

    agréguese a los autos el oficio del Secretario del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, a través del cual acusa recibo de los autos originales del juicio de amparo 103/2022, e informa que ese órgano jurisdiccional aceptó la competencia declinada, el cual registró bajo el consecutivo 1166/2022-I, de su estadística. se ordena archivar definitivamente el presente asunto. se procede a determinar la clasificación documental de este expediente.

  2. Principal

    agréguese a los autos el oficio del Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Mexicali, con el que informa que ese órgano no aceptó la competencia declinada. Se declina competencia. Al margen de las manifestaciones realizadas por la autoridad oficiante, este Juzgado de Distrito estima que continúa careciendo de competencia, por los motivos que a continuación se expondrán. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda.". De la transcripción anterior se desprenden tres hipótesis que determinan cuando es competente un Juez de Distrito para conocer de una demanda de amparo promovida ante éste, las cuales son las siguientes: a) Es juez competente para conocer de un juicio de amparo indirecto aquél en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado. b) Es juez competente para conocer de un juicio de amparo indirecto, cuando el acto ha comenzado a ejecutarse en un Distrito y sigue ejecutándose en otro, cualquiera de los jueces de tales jurisdicciones, a prevención en donde se presente la demanda de amparo; y c) Es juez competente para conocer del juicio de amparo indirecto, en donde se presente la demanda de amparo, siempre y cuando el acto reclamado no revista ejecución material. Lo expuesto permite establecer que la competencia de los Jueces de Distrito, para conocer de un juicio de amparo, parte de la apreciación del acto reclamado a la luz de las hipótesis señaladas, por lo que es importante distinguir la actualización de cada una de ellas, pues las dos primeras reglas de competencia aludidas exigen ejecución material y se diferencian con lo establecido en la tercera, porque esta última no la requiere; y lo que distingue a las reglas competenciales que demandan que el acto reclamado tenga ejecución material no es que ya se haya ejecutado, tratado de ejecutar, se esté ejecutando o deba ejecutarse, sino el que éste ocurra en la jurisdicción de uno o varios Jueces de Distrito. Lo anterior obedece a la regla general de competencia contenida en la fracción VII del artículo 107 de la Constitución Federal, que prevé que en el juicio de amparo promovido contra actos de autoridad, será competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se encuentre el lugar en el que se ejecute o trate de ejecutarse el acto reclamado, porque la o las autoridades responsables del dictado y de la ejecución de éste, serán las encargadas de afectar la esfera de derechos del gobernado. En efecto, el propósito del legislador fue hacer del juicio de amparo un medio de control constitucional asequible al gobernado, estableciendo reglas que lo facilitaran, contando con mejores medios y posibilidades de defensa para atender y vigilar el desenvolvimiento del juicio. Por eso, tratándose de la competencia de los Jueces de Distrito para conocer de un juicio de amparo, se toma en consideración el lugar en el que deba tener ejecución, trate de ejecutarse o se haya ejecutado el acto reclamado, debido a que al ejercer el juzgador jurisdicción en el lugar donde radica la autoridad ejecutora, cuenta con facultades para el desempeño de su función al determinar no sólo el derecho de las partes, con el objeto de dirimir sus conflictos y controversias y emitir decisiones con autoridad de cosa juzgada, sino para que se agilice el eventual cumplimiento y ejecución de providencias procesales o de una sentencia en la que se haya concedido el amparo y protección de la Justicia de la Unión. En tales términos, la competencia de un Juez de Distrito para conocer del juicio de garantías no se encuentra sujeta a determinaciones discrecionales, pues una vez fijada la naturaleza del acto reclamado y establecida la determinación referente a si requiere ejecución material o no, se está en posibilidad de determinar la competencia al Juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado, de acuerdo con el artículo 37 de la Ley de Amparo. Una vez precisadas las reglas esenciales de competencia en materia de amparo para los Juzgados Federales, procede establecer la naturaleza del acto reclamado por el accionante constitucional, a fin de dilucidar es bajo qué regla de competencia para conocer del juicio de amparo, por razón de territorio. En ese orden de ideas, de la lectura integral de la demanda de amparo, se obtiene que la parte quejosa reclamó, entre otros, las reubicaciones de celdas carcelarias y traslados penitenciarios, así como la posible actualización de actos prohibidos por el artículo 22 constitucional y 15 de la Ley de Amparo. Ahora bien, al haber sido señalado este Juzgado de Distrito como autoridad responsable, se estima que resulta legalmente incompetente para conocer de la demanda de que se trata. Por otro lado, tomando en consideración la multiplicidad de Juzgados de Distrito de la República Mexicana que fueron señalados como autoridades responsables, y al margen de lo manifestado por el Juez Tercero de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Mexicali, se estima que en el caso se actualiza una competencia sobrevenida al Juez de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, con residencia en la ciudad del mismo nombre, en turno, por ser el más cercano al del lugar donde se encuentran recluidos los quejosos (Ciudad de México), de conformidad con el artículo 38, en relación con el 48, de la Ley de Amparo. Lo anterior, pues destaca que los quejosos señalaron a los jueces de Distrito de diversas entidades federativas, entre ellas a los de San Luis Potosí; sin embargo, enseguida expresaron que excluían a los de la capital de esa entidad federativa; de ahí que se estime que, al ser el más cercano al lugar de ejecución de los actos reclamados, resulte competente el ubicado en aquella demarcación geográfica. En esas condiciones, con fundamento en los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37, párrafo primero, 38 y 48 de la Ley de Amparo; 51 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; primero fracción II, segundo fracción II, del Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, este Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Sonora, declara carecer de competencia para conocer este juicio de amparo indirecto. Por ello, se ordena remitir el presente de juicio de amparo al Juez de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, con residencia en la ciudad del mismo nombre, en turno, a quien se estima competente para su trámite y definición.

  3. Principal

    agréguese a los autos el oficio que remite la Secretaria del Juzgado Decimosexto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, a través del cual devuelve debidamente diligenciado el exhorto 79/2022, orden 226/2022, en donde se le solicitó notificar a los quejosos el contenido del proveído de uno de mayo de dos mil veintidós.

  4. Principal

    1. RECEPCIÓN DE LA DEMANDA. Fórmese expediente con el escrito de la demanda promovida por ********, contra actos del 1)Director de la Penitenciaria; 2)Subdirector Jurídico de la Penitenciaría; 3)Subdirector de Seguridad de la Penitenciaría; 4)Comité Técnico de la Penitenciaría; 5)Subdirectora de Apoyo Técnico de la Penitenciaría; 6)Jefe de Unidad Departamental de Centro de Diagnóstico Ubicación y Determinación del Tratamiento de la Penitenciaria; 7)Subsecretario del Sistema Penitenciario; 6)Secretario de Seguridad Ciudadana; 8)Jefe de Gobierno; 9)Jefatura de la Unidad Departamental de Jurídico y Normatividad de la Penitenciaria, todos con residencia en la Ciudad de México. Regístrese con el número 103/2022, en el libro de gobierno respectivo de este órgano jurisdiccional. Como lo solicita el promovente, se tiene al primero de los citados como representante común, en términos del artículo 13 de la Ley de Amparo. Ahora de la demanda de amparo se advierte que los quejosos señalan como actos reclamados y autoridades los siguientes: 1) Reubicación de ****** del dormitorio cuatro zona uno estancia once al dormitorio nueve zona dos estancia once que le genera afectaciones a su salud y dignidad, así como afectaciones psicofísicas y emocionales y tortura psicofísica y emocional con fines intimidatorios. 2) Ataques y actos de coacción contra *****, por ser defensor y promotor de Derechos humanos y LGBTI. 3) Reubicación de ****** del dormitorio cuatro zona uno estancia once al dormitorio cuatro zona uno estancia cuatro que le genera tormento psicofísico y afectación psicoemocional y a su dignidad. 4) Reubicación de ******* del dormitorio cuatro zona uno estancia cinco a otro diverso que pone en riesgo su vida y genera tormento psicofísico y afectación psicoemocional. 5) Reubicación de José **** del dormitorio cuatro zona tres estancia ocho a otro diverso que genera tormento psicofísico y afectación psicoemocional. 6) Reubicación de ****** del dormitorio cuatro zona tres estancia nueve a otro diverso que le genera tormento psicofísico y afectación psicoemocional. 7) Reubicación de ***** del dormitorio cuatro zona tres estancia doce a otro diverso que genera tormento psicofísico y afectación psicoemocional. 8) Reubicación de ***** del dormitorio cuatro zona uno estancia doce a otro diverso que pone en riesgo su vida y que genera tormento psicofísico y afectación psicoemocional. 9) Reubicación de ****** del dormitorio cuatro zona tres estancia siete a otro diverso que le genera tormento psicofísico y afectación psicoemocional. 10) Reubicación de ****** del dormitorio cuatro zona uno estancia diez a otro diverso que le genera tormento psicofísico y afectación psicoemocional. 11) Solicita reubicación de Módulo de Seguridad nueve Zona dos Estancia doce al dormitorio cuatro zona uno estancia once ya que le genera afectaciones a su salud y dignidad, así como afectaciones psicofísica y psicoemocional. 12) Desacato de cumplir órdenes judiciales. 13) Traslado de los quejosos de la penitenciaria de la Ciudad de México a otro centro diverso dentro y fuera de la ciudad de México con fines intimidatorios y por represalias que ponen en riesgo su vida y dignidad y les genera tormento psicofísico y afectación psicoemocional. 14) Actos prohibidos en el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 15 de la Ley de Amparo. 15) Intimidación. 16) Discriminación. 17) Violación al principio pro persona. 18) Inaplicación de criterios internacionales. 19) Omisión de investigar actos constitutivos de delitos cometidos por servidores públicos contra los quejosos. 20) Omisión de suspender de sus funciones a los servidores públicos bajo investigación ministerial por la comisión de actos constitutivos de delitos. 21) Encubrimiento de actos constitutivos del delito de tortura. 22) Restricción de comunicación, contacto y de convivencia entre quejosos como medio de coacción, intimidación y represalias atribuidos al comité técnico de esta penitenciaría. 23) La inconstitucionalidad del obsoleto reglamento que usan las autoridades a su discrecionalidad y siempre en nuestro perjuicio, siendo que no está armonizada con los derechos humanos, más fundamentales y los tratados internacionales signados por México en ese sentido, colisionando además con la Ley Nacional de Sanciones Penales que tampoco se respetan. De las autoridades responsables: A) Los actos señalados con los numerales 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22 y 23 se le reclaman a las siguientes autoridades: I. Director de la Penitenciaria de la ciudad de México. II. Subdirector Jurídico de la Penitenciaría de la Ciudad de México. III. Subdirector de Seguridad de la Penitenciaría de la ciudad de México. IV. Comité Técnico de la Penitenciaría de la Ciudad de México. V. Subdirectora de Apoyo Técnico de la Penitenciaría de la Ciudad de México. VI. Jefe de Unidad Departamental del Centro de Diagnóstico Ubicación y Determinación del Tratamiento de la Penitenciaria de la Ciudad de México. VII. Subsecretario de Sistema Penitenciario de la Ciudad de México. VIII. Secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México. IX. Jefa de Gobierno de la Ciudad de México. X. Jefatura de Unidad Departamental de jurídico y normatividad de la penitenciaria de la Ciudad de México. B) Los actos señalados con el numeral 17 y 18 se le reclaman a las siguientes responsables: Jueces de Distrito de Amparo en Materia Penal de la Ciudad de México, del primero al décimo sexto, Jueces de Distrito de Amparo en Materia Administrativa y Civil de la Ciudad de México, del primero al décimo séptimo, Jueces de Distrito de Aguascalientes, Colima, Chiapas, Campeche, Coahuila, Chihuahua, Durango, Estado de México, Guerrero, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Nayarit, Nuevo León, Morelos, Michoacán, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, excepto los de Ciudad Valles, Sinaloa, Sonora, Tlaxcala, Tabasco, Veracruz, Yucatán y Zacatecas. C) Los actos reclamados con el numeral 19 se le reclaman a los Servidores Públicos de la Ciudad de México. D) Los actos reclamados con el numeral 20, 21 y 23 se le reclaman a las autoridades: Subsecretario del Sistema Penitenciario de la Ciudad de México; Secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México; Jefa de Gobierno de la Ciudad de México; Contraloría de la Ciudad de México; Consejo de Honor y Justicia de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México. Consideración previa respecto a los actos señalados con los numerales 1) a 16). Respecto a los actos reclamados 1), y 3) a 12) consistentes en la reubicación de los aquí quejosos, éstos manifestaron que tal reubicación les genera "afectaciones a su salud y dignidad, así como afectaciones psicofísicas y emocionales y tortura psicofísica y emocional con fines intimidatorios¨, asimismo, que pone "en riesgo su vida y genera tormento psicofísico"; entre otras manifestaciones que se encuentran subrayadas en cada uno de dichos actos reclamados. Asimismo, respecto al acto reclamado marcado con el número 13), consistente en el traslado de los aquí quejosos refieren lo siguiente: "(...) con fines intimidatorios y por represalias que ponen en riesgo su vida y dignidad y genera tormento psicoemocional (...)." En relación con lo anterior, a criterio de este juzgador, las manifestaciones relacionadas con los actos reclamados por los quejosos, relativos al traslado o reubicación de éstos, se trata únicamente de actos futuros de realización incierta y, además, para que exista la posibilidad inminente de que dichos actos se realicen, primero se tendría que trasladar y/o reubicar a los quejosos, lo que tampoco ha sucedido en la especie de acuerdo a lo mínimamente narrado en la demanda, por lo que dichas manifestaciones se traducen en simples expectativas o suposiciones relacionadas por los quejosos a dichos actos. Ahora, por lo que hace a los actos que reclaman marcados con los numerales 2) consistente en las ataques y actos de coacción contra ******", 15) consistente en intimidación, y 16) consistente en la discriminación, tales "actos" no son de los que importen peligro de privación de la vida, deportación o destierro o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución, ni se trata de actos que, si llegaren a consumarse, harían físicamente imposible restituir al quejoso en el goce del derecho violado, ya que su naturaleza deriva de la orden de traslado del centro penitenciario en el que se encuentran recluidos y/o del cambio de dormitorio, o bien, pudieran entrañar hechos con apariencia de delito los cuales pudieran ser investigados por las autoridades competentes, no así por los juzgados de Distrito; en conclusión, no se advierten indicios que se esté ante actos de los que importen peligro conforme al numeral constitucional referido. Por otro lado respecto al acto señalado como 14) que los quejosos hicieron consistir en "actos prohibidos en el artículo 22 de la Constitución y 15 ley de amparo", los amparistas no mencionaron expresamente alguno de los actos prohibidos en el artículo 22 constitucional o del diverso precepto 15 de la ley de la materia. Máxime, que los justiciables no señalan ni siquiera indiciariamente en los antecedentes de los actos cómo se han materializado éstos por las autoridades que señala como responsables. En ese tenor, únicamente pudiera inferirse que dichos "actos" se destacan como meras consecuencias de los actos reclamados primigenios consistentes en la orden de traslado y cambio de dormitorio, por lo que la situación de la discriminación, represalias y/o intimidación que refiere la parte quejosa al no señalarlos de manera fáctica, no pueden ser considerados de manera autónoma. Por lo anterior se desecha en relación con los actos reclamados 1) a 23) respecto a las autoridades responsables marcadas con los números romanos I a X; Lo anterior, hecha excepción de los reclamados a este juzgador (XII), marcados con los numerales 17) y 18). En el caso, el escrito de demanda aparentemente promovido por ********, carece de firmas autógrafas, huellas digitales o firmas electrónicas; es indudable que, no contiene la voluntad de éstos en comprometerse con su contenido, pues el acto de estampar el signo gráfico correspondiente a su firma o firma electrónica, sirve para que no quede duda acerca de la circunstancia de que las manifestaciones ahí vertidas son de la voluntad de la persona que aparece como suscriptor; toda vez que la firma no constituye un elemento de forma, sino un requisito esencial para dar validez a un documento. En ese tenor, al ser de estudio preferente se advierte que en el presente asunto se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII de la Ley de Amparo , en relación con el artículo 107, fracción I de la Carta Magna , y con el diverso numeral 6º, de la Ley de Amparo . De conformidad con las disposiciones señaladas, el juicio de amparo, constituye un medio de control constitucional, que se inicia mediante la acción de una persona por sí o en representación de persona diversa, quien alega sufrir un agravio personal y directo, esto es, por el titular de la acción o su legal representante; manifestación de la voluntad que se exterioriza, al asentar en la demanda de amparo o del documento respectivo, la firma autógrafa, o bien la firma electrónica de conformidad con el artículo 3º de la ley de la Amparo. Atento a ello, es necesario precisar que la demanda que se analiza fue presentada de manera electrónica por medio de las herramientas tecnológicas instauradas para ello; ahora, dicha circunstancia no exime a la parte promovente de la obligación de manifestar su voluntad por medio de la firma, que será el medio por el cual se cumple con el requisito necesario de que la demanda sea promovida siempre a instancia de parte agraviada -principio de instancia de parte-. La firma electrónica de acuerdo a lo establecido en la ley de la materia, hará las veces de la firma autógrafa, es decir, será ésta la que acredite la voluntad de promover el juicio de amparo, en el caso de que las demandas sean presentadas vía electrónica. Asimismo, de conformidad con los artículos 59 62 64 , 65 interpretado a contrario sensu, 72 y 76 todos del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se advierte que el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación es el sitio web a través del que las partes podrán promover demandas de amparo, promociones y recursos; para acceder a dicho sistema se deberá estar registrado en el mismo y contar con una firma electrónica emitida y reconocida por la Unidad del Poder Judicial de la Federación para el Control de Certificación de Firmas. El registro de los usuarios en el sistema, así como la firma electrónica en el archivo que contenga la demanda de amparo, no serán exigibles cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; es decir, que en los demás casos, como el que se analiza, será exigible dicho registro, así como que el archivo que contenga la demanda de amparo sea firmado electrónicamente, PUES EN LA PRESENTE DEMANDA DE AMPARO COMO YA SE PRECISÓ, NO SE RECLAMA ALGUNO DE LOS ACTOS ANTES CITADOS. En virtud de lo anterior, al ser presentada la multicitada demanda a través de los medios electrónicos permitidos y no encontrarse firmada electrónicamente por los directos quejosos, no se encuentra manifiesta la voluntad de éstos y en consecuencia no se cumple con el principio de instancia de parte, previsto en la Ley de Amparo. Entonces, de conformidad con el artículo 107, fracción I, de la Carta Magna, en relación con los diversos 6 y 61, fracción XXIII de la Ley de Amparo, SE DESECHA DE PLANO la demanda de amparo de cuenta por su notoria e indudable improcedencia. En otro orden de ideas, aun cuando en la especie estuviera debidamente firmada la demanda, de cualquier manera procedería desecharla, al actualizarse motivos diversos. En efecto, conviene precisar que del análisis de la demanda, se aprecia que los promoventes no redactaron los antecedentes de los actos reclamados que atribuye a los Jueces de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México (hecha excepción de este Juzgado Noveno). De tal suerte, debe inferirse que los actos que les imputan a los mencionados Jueces de Distrito, lo hacen en su carácter de Juez de control constitucional. Partiendo de lo anterior, en términos del artículo 80 de la ley de la materia , en el juicio de amparo sólo se admitirán los recursos de revisión, queja y reclamación; y tratándose del cumplimiento de sentencia, el de inconformidad; siendo esto así, contra lo actuado por un Juez de Distrito en Materia de Amparo, proceden tales recursos como medio de impugnación vertical, a modo de revisar la actuación del juzgador. Por otro lado, se actualizaría otro motivo más de improcedencia, ya que no es factible conocer de un juicio de amparo presentado en contra de otro Juez de Distrito, debido a que, se insiste, contra sus actuaciones proceden los recursos mencionados y no una demanda independiente o autónoma. Asimismo, respecto a los actos reclamados consistentes en el traslado o reubicación de los amparistas, restricciones de comunicación, contacto y de convivencia entre quejosos, la realización de estudios, perfiles y entrevistas, audiencias del comité técnico de la penitenciaría de la Ciudad de México, sin la presencia de los asesores jurídicos, se actualizaría la diversa causal de improcedencia establecida en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, ya que los peticionarios no agotaron el principio de definitividad en forma previa a acudir a esta instancia constitucional, al no interponer en contra de dichos actos el medio ordinario de defensa contemplado en la Ley Nacional de Ejecución Penal. En efecto, tratándose de las restricciones de comunicación, contacto y de convivencia entre quejosos la citada legislación prevé varios regímenes relacionados con el tema que regula el internamiento por prisión preventiva, en la ejecución de penas y en las medidas de seguridad impuestas como consecuencia de una resolución judicial, siendo los principales los siguientes: a) Régimen de internamiento; en el que se reglamentan las condiciones de las personas privadas de su libertad que deberán garantizar una vida digna y segura. Este régimen se encuentra previsto en el capítulo II del título segundo de la legislación especial citada. b) Régimen disciplinario; en el cual se establece que la determinación de las faltas disciplinarias estará a cargo del Comité Técnico del centro penitenciario. Este régimen se encuentra previsto en el capítulo III del título segundo de la Ley Nacional de Ejecución Penal. c) Traslados de las personas detenidas, en el que se regulan los voluntarios, involuntarios y excepcionales o urgentes. Este procedimiento está previsto en el capítulo V del título segundo de la legislación especial en análisis. En el particular, en régimen disciplinario es donde se ubica el acto reclamado consistente en la restricción de comunicación, contacto y de convivencia entre quejosos, pues forma parte de la reglas de disciplina, a cargo del Comité Técnico del centro penitenciario. En tales condiciones, se itera, al no satisfacerse el principio de instancia de parte agraviada, ni actualizarse algunos de los supuestos de excepción que contempla la norma, se actualiza la causa de improcedencia invocada, por lo que SE DESECHA DE PLANO la demanda de amparo de cuenta por su notoria e indudable improcedencia ÚNICAMENTE RESPECTO A LOS ACTOS RECLAMADOS 1) A 25) EN RELACIÓN CON LAS AUTORIDADES RESPONSABLES, CON EXCEPCIÓN DE LOS RECLAMADOS A ESTE JUZGADOR. Por otro lado, el suscrito Juzgador, declara carecer de competencia para conocer de los actos reclamados a este Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Sonora, marcados con los numerales: 17) violación al principio pro persona y 18) inaplicación de criterios internacionales. En ese orden, de conformidad con lo establecido en el numeral 38 de la Ley de Amparo, este Juzgado de Distrito se declara legalmente incompetente para conocer de la demandad de amparo de que se trata, en cuanto a los citados actos reclamados a este juzgador por las razones siguientes. En atención al numeral transcrito, se advierte que es competente para conocer del juicio de amparo que se promueva contra los actos de un juez de Distrito, otro del mismo distrito y especialización en su caso y, si no lo hubiera, el más cercano dentro de la jurisdicción del circuito al que pertenezca, de ahí que, si este juzgado se encuentra señalado como responsable, resulta legalmente incompetente para conocer de la demanda de que se trata, por los actos cuestionados a este juzgador. De lo que se obtiene que es competente para conocer del juicio de amparo indirecto que se promueva contra los actos de un Juez de Distrito, otro del mismo distrito y especialización en su caso y, si no lo hubiera el más cercano a la jurisdicción del circuito al que pertenezca. Por tanto, de conformidad en el numeral 48 de la Ley de la Materia, se ordena remitir el presente asunto al Juzgado de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Mexicali, en turno, a quien se considera competente para conocer de ella, por tratarse de un órgano jurisdiccional que conoce de la misma naturaleza que este juzgado, por ya no encontrarse señalado como responsable y por ser el más cercano a la jurisdicción de éste órgano de control constitucional. Se solicita atentamente al Juez de Distrito a quien corresponda el conocimiento del asunto, se sirva acusar de recibo y, dentro del término previsto en el precepto 48, segundo párrafo, informe si acepta o no la competencia declinada a su favor. Fórmese cuaderno de antecedentes para seguir actuando en el presente el expediente. 5. EXHORTO. Dado que los quejosos *********, se encuentran recluidos en la penitenciaría de la Ciudad de México, sin que se hubiere especificado en cuál de ellos, con fundamento en el artículo 26, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo; artículos 298 y 299 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en la materia, así como en los artículos 79 y 80 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, gírese atento exhorto por vía electrónica, al Juzgado de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, a fin de que ordene al personal a su digno cargo, se constituya en ese reclusorio, a fin de localizar a los directos quejosos, y les notifique este proveído. 6. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Con fundamento en el párrafo tercero del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de notificaciones, así como las diligencias correspondientes, para el adecuado despacho de los asuntos. 7. LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. Suprímase en la versión pública que se realice, la información considerada como reservada o confidencial, así como los datos sensibles que pudieran contener las sentencias, resoluciones y demás constancias que obran en el expediente, con apoyo en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, ello sin perjuicio del derecho que puedan hacer valer las partes al respecto. 8. EXPEDIENTE ELECTRÓNICO. Con fundamento en el artículo 3, párrafo penúltimo, de la Ley de Amparo, se instruye al secretario encargado del expediente, para efectos de que, en términos de la normativa establecida por el Consejo de la Judicatura Federal, se digitalicen todas las promociones y documentos que presente las partes, así como los acuerdos, resoluciones y toda la información relacionada con el presente asunto; asimismo, en caso de promociones y documentos presentados electrónicamente, proceda a su impresión e incorporación al expediente físico. 9. MEDIOS ELECTRÓNICOS. Conforme a la circular 12/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza el uso de medios electrónicos en el presente juicio de amparo.

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