Carlos Alberto Angelino Barron
Expediente 578/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa en el estado de Nuevo León. 10 actuaciones registradas, la última del 13 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 578/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 10
- Última actuación
- 13/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa en el estado de Nuevo León · Nuevo León
Partes del expediente
- Carlos Alberto Angelino Barron
- Todas las Partes
Actuaciones
Las 4 más recientes de 10.
- Principal
SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA DE ACUERDOS A LA TERCERO ALONSO MONTEMAYOR MARTINEZ ALBACEA DE ADELFA MARTINEZ MONTEMAYOR EL AUTO DE 30 DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 27 FRACCION I INCISO C DE LA LEY DE AMPARO
- Principal
esta autoridad, ordena remitir el original del incidente de suspensión 1141/2021, así como el original y copia de los escritos de agravios (2), a la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, para que por su conducto lo remita al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito en turno, para el análisis de los recursos de revisión citados.
- Principal
**se ordena publicar en auto***.- RESOLUCIÓN CONSTITUCIONAL. VISTO para resolver el juicio de amparo número 32/2018, promovido por José Santos Morales Gaona, por su propio derecho, contra actos del Tribunal Unitario Agrario, Distrito veinte, con residencia en Monterrey, Estado de Nuevo León, y otra autoridad; y, R E S U L T A N D O. PRIMERO. Presentación y recepción de la demanda de amparo. Mediante escrito de demanda presentado el trece de noviembre de dos mil diecisiete, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Coahuila de Zaragoza, con residencia en Saltillo, la parte quejosa solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, y señaló como autoridades responsables al Tribunal Unitario Agrario, Distrito veinte, con domicilio en Monterrey, Nuevo León; así como al Comisariado Ejidal de la Comunidad de San Antonio de la Osamenta. El amparista indicó como actos reclamados los que detalló en la demanda; arguyó que éstos infringen los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y bajo protesta de decir verdad, expresó cuáles son los hechos que le constan y que constituyeron los antecedentes de éstos. SEGUNDO. Admisión, trámite e integración de la acción. Por razón de turno, correspondió conocer de la demanda de amparo al Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Coahuila de Zaragoza, con residencia en Saltillo, quien la admitió a trámite por auto de catorce de noviembre del año próximo anterior; ordenó la formación de los cuadernos del incidente de suspensión; solicitó de las autoridades responsables sus informes con justificación; y dio legal intervención a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita. Luego, en proveído veintidós de diciembre del año pasado, el citado juzgado federal se declaró legalmente incompetente por cuestión de territorio para seguir conociendo de ese juicio constitucional y ordenó su inmediata remisión al Juzgado de Distrito en Materia Administrativa en turno, en el Estado de Nuevo León. Así, el dieciséis de enero de dos mil dieciocho, la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa en esta entidad, recibió la demanda de amparo y la turnó al día hábil siguiente a este Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa. Después, el dieciocho de enero del año que rige, este órgano judicial aceptó la competencia planteada, requirió a una autoridad responsable su informe con justificación y notificó ese decreto a la Fiscal Federal adscrita. Posteriormente, se programó la audiencia constitucional para las once horas con cuarenta minutos del diez de julio del año actual, por ello, una vez que este sumario se integró, se verificó aquélla en sus términos, en la que solamente una potestad aportó las pruebas de su interés (documentales públicas), así como que ninguna de las partes formuló alegatos en esta acción constitucional, según el acta que precede; y como es de verse, es el momento de resolver este juicio; y, C O N S I D E R A N D O. PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa en el Estado es competente para conocer y fallar la presente controversia, por disponerlo los artículos 17, 94, 103, fracción I, y 107, fracciones I, II y VII, de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos; los preceptos 52, 144 y 145 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y los dispositivos 33, 35, 37, 73, 74, 107, fracción V, y 124 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece. También, se surte competencia conforme al Acuerdo General número 03/2013, pronunciado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, concerniente a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados, Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. Ciertamente, este órgano de control constitucional tiene competencia para substanciar esta acción, al tratarse de un juicio de amparo en donde se designó con el carácter de responsables, a una autoridad de naturaleza jurisdiccional y un ente agrario; que residen dentro del territorio en que ejerce jurisdicción este juzgado federal (Estado de Nuevo León); que es la potestad y ente a los que se atribuyen los actos que el peticionario aseveró afectan su esfera legal individual; y porque este órgano judicial asumió competencia en auto de dieciocho de enero de dos mil dieciocho. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. Con fundamento en el numeral 74, fracción I, de la ley de la materia, se procede a fijar los actos reclamados de manera clara y precisa, para lo cual se examinan íntegramente el escrito de demanda, los conceptos de violación, anexos y demás constancias de autos, a fin de resolver la cuestión planteada, de identificar la causa de pedir y con ello de respetar los principios de unidad, congruencia y continencia de la causa. Soporta este proceder la tesis de jurisprudencia número P./J. 40/2000 y la tesis número P. VI/2004, del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registros electrónicos números 192097 y 181810, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomos XI y XIX, Abril de 2000 y Abril de 2004, páginas 32 y 255, correspondientemente, y que dicen: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." En ese sentido, se tienen como actos reclamados en esta acción constitucional, en síntesis, los subsecuentes: i. La expulsión de la junta de asamblea celebrada el veintinueve de octubre de dos mil diecisiete, en la Comunidad de San Antonio de la Osamenta, asentada en Santa Catarina, Nuevo León. ii. El impedimento para asistir a las juntas de asamblea de esa comunidad, la limitación del derecho a voto en éstas y a participar en los acuerdos asumidos. iii. La negativa de acceso al reglamento interno de dicha comunidad. TERCERO. Sobreseimiento por inexistencia de los actos reclamados. El Magistrado del Tribunal Unitario Agrario, Distrito veinte, al rendir el informe justificado negó categóricamente la existencia de los actos reclamados. En esa medida, si la responsable negó los actos reprochados y la accionante constitucional no ofreció prueba que desvirtúe tal negativa; en consecuencia, lo procedente es sobreseer en el juicio de amparo por los actos atribuidos a esa potestad, con base en el ordinal 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. Surte actualización la tesis de jurisprudencia número 284, con registro electrónico número 1002350, del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Sexta Época del Apéndice 1917-Septiembre 2011, Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte -SCJN Segunda Sección- Improcedencia y sobreseimiento, página 305, y que versa: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo." CUARTO. Presunción de la existencia de los actos reclamados. El Comisariado Ejidal de la Comunidad de San Antonio de la Osamenta, fue omiso en allegar su informe con justificación, no obstante de estar emplazado a esta acción constitucional y que fue requerido del mismo; por lo tanto, con apoyo en el arábigo 117 de la ley de la materia, se presumen ciertos los actos que se imputan. QUINTO. Actualización de causal de improcedencia. Acorde con los preceptos 61 y 62 de la Ley de Amparo, previo al examen del fondo de la controversia constitucional, ocurre de oficio el análisis de la procedencia de la acción, lo aleguen o no las partes, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente. En la especie, de oficio se actualiza la causa de improcedencia que consagra el artículo 61, fracción XXIII, en relación con diverso 5º, fracción II, de la Ley de Amparo, toda vez que se estima que el ente agrario no tiene el carácter de responsable para efectos de esta acción de control constitucional. Los dispositivos reglamentarios, en lo que interesa, dicen: "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: . II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general." "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulta de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." Lo subrayado es de este juzgado federal. De acuerdo con las normas reproducidas, autoridad responsable es el órgano, generalmente estatal, que de hecho o de derecho está o no investido de facultades o poderes de decisión o ejecución, cuyo ejercicio u omisión, crea, modifica o extingue situaciones concretas, de hecho o jurídicas, con trascendencia puntual y particular, de una manera imperativa (como excepción, los particulares calificarán como autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos fundamentales y sea en función de una norma general). Entonces, se entiende por autoridad responsable en la acción de control constitucional de amparo, aquella que ideológica y materialmente dicta, promulga, publica, ordena, ejecuta o trata de ejecutar unilateralmente un acto o actos jurídicos o de hecho, imperativos y coercitivos, y que de forma directa o indirecta crean, reconocen, modifican, transmiten o extinguen derechos u obligaciones en el solicitante de la protección constitucional. De ahí que la acción de amparo debe substancialmente promoverse únicamente contra actos de autoridad (legal o formal y material), excluyéndose, por ende, los actos de particulares (lato sensu) o los ejecutados en un plano de igualdad. Sobre el tema, el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha definido la concepción de "autoridad responsable", según lo dispuesto en la tesis número P. XXVII/97, con registro electrónico número 199459, visible en la página 118 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo V, febrero de 1997, que reza: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. LO SON AQUELLOS FUNCIONARIOS DE ORGANISMOS PÚBLICOS QUE CON FUNDAMENTO EN LA LEY EMITEN ACTOS UNILATERALES POR LOS QUE CREAN, MODIFICAN O EXTINGUEN SITUACIONES JURÍDICAS QUE AFECTAN LA ESFERA LEGAL DEL GOBERNADO. Este Tribunal Pleno considera que debe interrumpirse el criterio que con el número 300 aparece publicado en la página 519 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, Segunda Parte, que es del tenor siguiente: "AUTORIDADES PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. El término 'autoridades' para los efectos del amparo, comprende a todas aquellas personas que disponen de la fuerza pública en virtud de circunstancias, ya legales, ya de hecho, y que, por lo mismo, estén en posibilidad material de obrar como individuos que ejerzan actos públicos, por el hecho de ser pública la fuerza de que disponen.", cuyo primer precedente data de 1919, dado que la realidad en que se aplica ha sufrido cambios, lo que obliga a esta Suprema Corte de Justicia, máximo intérprete de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a modificar sus criterios ajustándolos al momento actual. En efecto, las atribuciones del Estado Mexicano se han incrementado con el curso del tiempo, y de un Estado de derecho pasamos a un Estado social de derecho con una creciente intervención de los entes públicos en diversas actividades, lo que ha motivado cambios constitucionales que dan paso a la llamada rectoría del Estado en materia económica, que a su vez modificó la estructura estadual, y gestó la llamada administración paraestatal formada por los organismos descentralizados y las empresas de participación estatal, que indudablemente escapan al concepto tradicional de autoridad establecido en el criterio ya citado. Por ello, la aplicación generalizada de éste en la actualidad conduce a la indefensión de los gobernados, pues estos organismos en su actuación, con independencia de la disposición directa que llegaren a tener o no de la fuerza pública, con fundamento en una norma legal pueden emitir actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extinguen por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal de los gobernados, sin la necesidad de acudir a los órganos judiciales ni del consenso de la voluntad del afectado. Esto es, ejercen facultades decisorias que les están atribuidas en la ley y que por ende constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable y que por tanto se traducen en verdaderos actos de autoridad al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. Por ello, este Tribunal Pleno considera que el criterio supracitado no puede ser aplicado actualmente en forma indiscriminada sino que debe atenderse a las particularidades de la especie o del acto mismo; por ello, el juzgador de amparo, a fin de establecer si a quien se atribuye el acto es autoridad para efectos del juicio de amparo, debe atender a la norma legal y examinar si lo faculta o no para tomar decisiones o resoluciones que afecten unilateralmente la esfera jurídica del interesado, y que deben exigirse mediante el uso de la fuerza pública o bien a través de otras autoridades." Ahora, para poder realizar la distinción de actos de autoridad y de particulares, es indispensable estatuir las bases de diferenciación de uno y otro, para lo cual es oportuno atender a la clasificación que la teoría general del derecho hace de las relaciones jurídicas de coordinación, supra a subordinación y supraordinación. En el asunto específico, el quejoso señala como autoridad responsable en este juicio restitutorio de derechos fundamentales, al Comisariado Ejidal de la Comunidad de San Antonio de la Osamenta, asentado en Santa Catarina, Estado de Nuevo León. De dicho ente agrario, el justiciable reprocha la expulsión de la junta de asamblea celebrada el veintinueve de octubre de dos mil diecisiete, el impedimento para asistir a las juntas de asamblea, la limitación del derecho a voto en éstas y a participar en los acuerdos asumidos; así también se duele de la negativa de acceso al reglamento interno de dicha comunidad. Sin embargo, ese ente agrario no tiene el carácter de responsable para efectos del juicio de amparo. Lo anterior es así, ya que el Comisariado es un órgano del ejido, no del Estado, cuya función primordial es la ejecución de los acuerdos de la asamblea, así como de la representación y gestión administrativa del ejido, conforme el precepto 32 de la Ley Agraria. Aunado a esto, el precepto 33 de la Ley Agraria, dispone que son facultades y obligaciones del comisariado ejidal, las siguientes: a. Representar al núcleo de población ejidal y administrar los bienes comunes del ejido, en los términos que fije la asamblea, con las facultades de un apoderado general para actos de administración y pleitos y cobranzas; b. Procurar que se respeten estrictamente los derechos de los ejidatarios; c. Convocar a la asamblea en los términos de la ley, así como cumplir los acuerdos que dicten las mismas; d. Dar cuenta a la asamblea de las labores efectuadas y del movimiento de fondos, así como informar a ésta sobre los trabajos de aprovechamiento de las tierras de uso común y el estado en que éstas se encuentren; e. Las demás que señalen la ley y el reglamento interno del ejido. Como se observa, atento de lo que antecede, el comisariado ejidal no se ubica en una posición de supra a subordinación, sino en una de coordinación, es decir, éste no se encuentra en un plano superior para con el promovente de amparo, dado que solamente se limita a representar al núcleo de población ejidal, a administrar los bienes comunes, a procurar que se respeten los derechos de los ejidatarios, a convocar a la asamblea, a cumplir los acuerdos de ésta última, a darle cuenta a la misma con las labores efectuadas y del movimiento de fondos, y las que imponga el reglamento interno del ejido. Máxime que, de las constancias de este sumario constitucional, no se advierte que el Comisariado Ejidal haya desplegado los actos reclamados para ejecutar o pretender materializar un acuerdo, orden o disposición de las autoridades agrarias contra el accionante constitucional. De igual modo, no se colige que el Comisariado Ejidal haya desarrollado los actos reprochados en aplicación formal y material de la normatividad agraria. En esa línea de pensamiento, se insiste, estimando la génesis del ente agrario que se designa como autoridad responsable, se considera que se actualiza la causal de improcedencia referida. Norman esta determinación, por su orientación, las tesis con registros electrónicos números 232366 y 237644, de la autoría del Tribunal Pleno y Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Séptima Época del Semanario Judicial de la Federación, Volúmenes 175-180 y 151-156, Primera y Tercera Parte, páginas 13 y 44, respectivamente, y que ilustran: "AGRARIO. COMISARIADO EJIDAL. NO TIENE EL CARACTER DE AUTORIDAD, AUNQUE INTERVENGA EN LA APLICACION DE LA LEY FEDERAL DE REFORMA AGRARIA. Aun cuando aparezca que el comisariado ejidal, señalado como autoridad responsable, aplicó los artículos 434, 435, 436 y 437 de la Ley Federal de Reforma Agraria impugnados de inconstitucionales, no puede estimarse que dicha aplicación de la ley sea un acto de autoridad para los efectos de la procedencia del juicio de garantías, sino que se trata de actos de particulares que no pueden ser objeto del juicio de amparo. Respecto de problemas similares, esta Suprema Corte ha sostenido reiteradamente que los actos efectuados por los comisariados ejidales en cumplimiento de las atribuciones que les confiere la Ley Federal de Reforma Agraria, no son actos susceptibles de reclamarse en la vía constitucional, por ser actos de particulares, ya que dichos órganos actúan únicamente como representantes del núcleo de población ejidal y como administradores de los bienes agrarios, salvo el caso en que ejecuten o pretendan ejecutar acuerdos u órdenes de las autoridades agrarias que afecten o puedan afectar derechos agrarios individuales de los ejidatarios. El comisariado ejidal no aplica la ley como autoridad sino como simple particular, cuando interviene en el procedimiento que establecen los artículos 434, 435, 436 y 437 de la Ley Federal de Reforma Agraria, como simple conciliador en la disputa suscitada entre la quejosa y tercera perjudicada por la posesión de una parcela ejidal, y su actuación se reduce a proponer una solución práctica de avenimiento a las partes en pugna con el objeto de evitar que tengan la necesidad de ocurrir al trámite contencioso agrario que determinan los artículos 438 al 440 de la Ley Federal de Reforma Agraria. En consecuencia, estos actos del comisariado ejidal no son actos de autoridad que lesionen los derechos agrarios de la quejosa y, por consiguiente debe sobreseerse en el juicio, en este aspecto, con fundamento en el artículo 74, fracción III, de la Ley de Amparo." "AGRARIO. AUTORIDADES INTERNAS DE LAS COMUNIDADES. NO TIENEN CARACTER DE AUTORIDADES RESPONSABLES EN EL JUICIO DE AMPARO. Jurídicamente es incorrecto tener en un juicio de amparo como autoridades ejecutoras de los actos reclamados a la asamblea general de comuneros y a los integrantes del comisariado de bienes comunales de un poblado, cuando, en realidad, esas autoridades internas de la comunidad no tienen el carácter de autoridad para los efectos del juicio de amparo, porque si bien es cierto que en las fracciones I y II del artículo 22 de la Ley Federal de Reforma Agraria se incluye a las asambleas generales y a los comisariados entre las autoridades de los núcleos de población ejidales o comunales que poseen tierras, también lo es que de las atribuciones que los artículos 47 y 48 de la misma ley señalan a dichas autoridades internas se desprende que no tienen el carácter de autoridades que puedan disponer de la fuerza pública, sino que son órganos de dirección de los ejidos o comunidades correspondientes." Asimismo, en lo conducente, se actualiza la tesis de jurisprudencia número XXVII.3o. J/18 (10a.), con registro electrónico número 2008595, de la Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 16, Marzo de 2015, Tomo III, página 2184, y que relata: "AUTORIDAD RESPONSABLE PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NO LO ES LA ASAMBLEA GENERAL DE EJIDATARIOS. Del artículo 5o., fracción II, de la Ley de Amparo se advierte que es autoridad responsable para efectos del juicio de amparo, el ente público cuyos actos (lato sensu) unilaterales, son susceptibles de crear, modificar o extinguir obligatoriamente situaciones jurídicas, así como los particulares que realicen actos equivalentes a los de autoridad, cuyas funciones estén determinadas por una norma general. Por su parte, del proceso legislativo de la citada ley, concretamente del dictamen de la Cámara de Origen (Senadores), publicado en la Gaceta 288 de ese órgano el 13 de octubre de 2011, en relación con el criterio sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la ejecutoria de la contradicción de tesis 4/2014, cuya parte conducente aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 30 de mayo de 2014 a las 10:40 horas y en su Gaceta, Décima Época, Libro 6, Tomo II, mayo de 2014, página 853, en la que se estableció que la procedencia del juicio está condicionada a que los actos de particulares "creen, modifiquen o extingan situaciones jurídicas en forma unilateral, obligatoria, y en una relación de supra subordinación", se infiere que la identificación de las autoridades responsables en el amparo se clarifica y delimita si se atiende a los tipos fundamentales de relaciones que se dan al seno del Estado, a saber, de: subordinación, supraordinación y coordinación. De ahí que será autoridad para efectos del juicio de amparo, el ente público y/o el particular que se ubiquen en un plano de supra a subordinación y cuyos actos, desde esa posición, creen, modifiquen o extingan situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria. Ahora bien, según el artículo 21 de la Ley Agraria, la asamblea es un órgano del ejido, no del Estado, por lo cual no puede considerarse como autoridad, máxime que, de acuerdo con la ratio de este último ordenamiento no podría estimarse así, en estricto sentido, pues desde su iniciativa de 10 de febrero de 1992, presentada por el Ejecutivo Federal ante la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, se le perfiló (junto con el comisariado y el consejo de vigilancia) como mero órgano de representación y ejecución del ejido. Por otra parte, del precepto 23 de la Ley Agraria se advierte que: a) la asamblea general de ejidatarios no cuenta con atribuciones para vencer cualquier tipo de resistencia que pudiera presentar el cumplimiento voluntario de sus actos, lo cual es una característica propia de una relación de supra a subordinación, en tanto revela la existencia de un sujeto cuyos actos gozan de imperatividad, coercitividad y unilateralidad; b) sus relaciones con los sujetos del ejido, por ejemplo, los avecindados, son de coordinación, ya que las diferencias que entre ellos se susciten deben ser resueltas mediante los procedimientos jurisdiccionales, como el juicio agrario, en términos del artículo 163 de la invocada legislación; y, c) aun cuando su artículo 27 establezca que sus resoluciones son obligatorias, lo cierto es que ello es una mera declaración llana como la dada por cualquier cuerpo director de una sociedad privada, pero que no está cargada del imperio, coerción y unilateralidad de los cuales están dotados los actos de autoridad. Por tanto, la asamblea indicada, en sus relaciones con los sujetos del ejido, no se ubica en una posición de supra a subordinación, sino en una de coordinación, por lo que no es autoridad responsable para efectos del juicio de amparo." En esa condición, al actualizarse la causal de improcedencia comentada, de manera clara y sin inferirse de indicios o presunciones, con fundamento en la fracción V del ordinal 63 de la Ley de Amparo, lo procedente es decretar el sobreseimiento en este juicio de amparo. Por otro lado, al imponerse el sobreseimiento en esta causa constitucional, no procede entrar al estudio de los conceptos de violación; esto de acuerdo con la tesis de jurisprudencia número II.3o. J/58, con registro electrónico número 214593, que aparece en la página 57, Número 70, Octubre de 1993, Octava Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, y del contenido: "SOBRESEIMIENTO IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. Cuando se acredita en el juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y se decreta el sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías por los actos reclamados de las autoridades responsables, lo que constituyen el problema de fondo, porque aquélla cuestión es de estudio preferente." Es de suma importancia apuntar que, aun cuando el quejoso sea titular de derechos agrarios, no opera suplir la deficiencia de la queja, dado que se actualiza la improcedencia en la acción. Por su orientación, es aplicable la tesis con registro electrónico número 257556, del Pleno del Máximo Tribunal Judicial del País, Sexta Época del Semanario Judicial de la Federación, Volumen CXXIX, Primera Parte, página 32, y del tenor: "SUPLENCIA DE LA QUEJA, INOPERANCIA DE LA, POR EXISTIR CAUSALES DE IMPROCEDENCIA. La suplencia de la queja a que se refiere la Ley de Amparo, artículo 76, párrafo segundo, es una cuestión relacionada con la resolución, en cuanto al fondo, de un problema de inconstitucionalidad de leyes, cuyo supuesto de aplicación de la suplencia no puede ni siquiera estudiarse si en el caso concreto se estima previamente por el Juez que operan una o más de las causales de improcedencia que determinan el sobreseimiento del juicio y, por tanto, la imposibilidad de avocarse al fondo del problema de inconstitucionalidad planteado." Finalmente, las tesis y criterios aquí enunciados se aplican en la medida en que no se oponen a lo dispuesto en la Ley de Amparo vigente, en términos del Artículo Sexto Transitorio del decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece. Por lo expuesto y fundado, con apoyo en los dispositivos 103, fracción I, y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; los preceptos 1º, 5º, 6º, 33, 35, 37, 61 a 63, 73 a 79, 107, 117, 119, 123, 124 y 217 de la Ley de Amparo en vigor, se resuelve: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo número 32/2018, que promueve José Santos Morales Gaona, contra los actos reclamados en la demanda de amparo, por los motivos justipreciados en los considerandos tercero y quinto de esta resolución constitucional. Notifíquese personalmente a la parte quejosa, por oficio a las autoridades responsables y por lista de acuerdos a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita. Así lo resolvió y firma Félix Suástegui Espino, Juez Segundo de Distrito en Materia Administrativa el Estado de Nuevo León, con residencia en Monterrey, quien actúa en compañía de Gildardo Meza Guzmán, Secretario que autoriza y da fe, el día de hoy diez de octubre de dos mil dieciocho, fecha en que lo permitieron las labores de este juzgado federal. Doy fe.- CERTIFICACIÓN: El Secretario del juzgado certifica y hace constar que las firmas que anteceden corresponden a la resolución constitucional dictada el diez de octubre de dos mil dieciocho, en los autos del juicio de amparo número 32/2018. Doy fe.- Licenciado Gildardo Meza Guzmán. CERTIFICACIÓN: El Secretario del juzgado certifica y hace constar que el presente fallo constitucional, se ingresó al Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), para conformar el expediente electrónico relativo al juicio de amparo número 32/2018. Doy fe.- Licenciado Gildardo Meza Guzmán. TEXTO SISE: i. La expulsión de una junta de asamblea. ii. El impedimento para asistir a las juntas de asamblea de esa comunidad, la limitación del derecho a voto en éstas y a participar en los acuerdos asumidos. iii. La negativa de acceso al reglamento interno de dicha comunidad. Toda vez que, por una parte, no existen los actos reclamados, y por otra, la autoridad indicada no tiene el carácter de responsable para efectos del juicio de amparo; en consecuencia, se sobresee en términos de los dispositivos 5º, fracción II, 61, fracción XXIII, y 63, fracciones IV y V, de la Ley de Amparo. Conste.- Licenciado Gildardo Meza Guzmán.
- Principal
se declara que ese fallo causa ejecutoria para todo efecto legal. SE ARCHIVA este expediente no es de relevancia documental y es susceptible de destrucción, de conformidad con el Artículo 20, fracción I, del acuerdo mencionado, toda vez que se sobreseyó sobre todos los actos reclamados.
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