Carlos Alberto Angelino Barrón

Expediente 26/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 2 actuaciones registradas, la última del 27 de enero de 2022.

Datos del expediente

Expediente
26/2022
Año
2022
Actuaciones
2
Última actuación
27/01/2022

Partes del expediente

  • Carlos Alberto Angelino Barrón
  • CARLOS ALBERTO ANGELINO BARRÓN y Otros.

Actuaciones

  1. Principal

    MESA "6" Ciudad de México, veintiséis de enero de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede, de la que se aprecia que ha transcurrido el término que el artículo 98 de la Ley de Amparo, concede para interponer el recurso de queja contra el proveído de trece de enero del presente año, por el que se desechó la demanda de amparo, sin que se hubiere hecho uso de tal derecho; por tanto, con fundamento en el artículo 2°, de la ley invocada, en relación con los diversos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de la Materia, se declara que HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales; háganse las anotaciones en el libro de gobierno. En consecuencia, nada habiendo que cumplimentar, archívese el expediente como asunto concluido. Ahora bien, toda vez que el presente asunto encuadra en la hipótesis prevista por la fracción I del artículo vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto número de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintiséis de octubre de dos mil nueve, específicamente en lo relativo al capítulo quinto de la depuración y destrucción de expedientes judiciales, se determina que el presente expediente ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN; consecuentemente, transfiérase el presente expediente al Centro de Documentación y Análisis, haciendo constar en la carátula que carece de relevancia documental y que no constan documentos originales. Notifíquese.

  2. Principal

    "En la Ciudad de México, trece de enero de dos mil veintidós. Téngase por recibido el oficio ***/2022 suscrito por la Secretaria del Juzgado **** de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, a través del cual remite copia certificada del juicio de amparo 30/2022 de ese índice, promovido por ****y al respecto se le tiene declinando la competencia de dicho asunto en términos del artículo 38 de la Ley de Amparo, únicamente respecto de los actos que los quejosos le atribuyeron en su calidad de autoridad responsable consistentes en la violación al principio pro persona y la inaplicabilidad de criterios internacionales pro persona. Ahora bien, en primer término debe precisarse que del artículo 48 de la Ley de Amparo, se obtiene que cuando se presente una demanda de amparo ante un juez de distrito y estime carecer de competencia, la remitirá de plano, con sus anexos, al que considere competente, sin decidir sobre la admisión ni sobre la suspensión del acto reclamado, salvo que se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. Asimismo, que recibida la demanda y sus anexos, en el órgano jurisdiccional de que se trate se decidirá de plano, dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes, si acepta o no el conocimiento del asunto; si lo hace, lo comunicará al declinante, previa notificación de las partes, en caso contrario, le devolverá la demanda, quien deberá resolver dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes si insiste o no en declinar su competencia. En ese sentido, en estricto cumplimiento a lo mandatado en dicho artículo y el diverso 38 de la Ley de Amparo, comuníquese al titular del Juzgado Segundo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, que este órgano de control constitucional acepta la competencia declinada. Ahora bien, este juzgado federal, de conformidad con el numeral 17 del Código Federal de Procedimientos Civiles (en sentido contrario), de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con el numeral 2°, determina convalidar las actuaciones practicadas por el juzgado declinante. Atento a lo anterior, acúsese recibo electrónicamente, fórmese el expediente correspondiente y regístrese en el libro de gobierno con el número 26/2022-6. -Improcedencia del juicio de amparo- Ahora bien, cabe destacar que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y de encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo. Lo indudable resulta de la certidumbre que se tenga y plena convicción de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de modo tal, que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia I.1o.A. J/4, publicada en la página 890, tomo VII, mayo de 1998, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyo rubro y texto son: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. ***** De las actuaciones que integran el presente sumario constitucional, se desprende que la demanda de amparo fue recibida a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; asimismo, resulta evidente que carece de firma electrónica de los quejosos ***. En ese contexto, conforme a los lineamientos establecidos en los artículos 43, en relación con el 10 y 16, todos del Acuerdo General conjunto 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, a fin de que exista cierto grado de confiabilidad de quienes son los quejosos o en su caso quién promovió la demanda, debe contener la evidencia criptográfica de la firma electrónica que muestre el nombre del titular de la misma. En el particular, del escrito de demanda, como se indicó, no se advierte la firma electrónica de los directos agraviados ****. Ahora, se debe señalar que los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 3 y 6 de la Ley de Amparo, en su orden disponen:***En esa tesitura, conforme al artículo 3o. de la Ley de Amparo, juntamente con el referido Acuerdo General 12/2020, se estableció y se desarrolló la posibilidad de que a través de las tecnologías de la información fuera posible promover la demanda de amparo, presentar promociones, recursos y cualquier escrito u oficio, utilizando la "firma electrónica (FIREL)", entendida ésta como el medio de ingreso al sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación, como opción para consultar, enviar y recibir promociones, documentos, acuerdos, resoluciones, sentencias, comunicaciones y notificaciones oficiales relacionadas con los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales, la cual producirá los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa. Esto es, la firma electrónica (FIREL) es el equivalente electrónico al de la firma manuscrita y se trata del documento electrónico expedido por alguna de las autoridades certificadoras intermedias que asocia de manera segura y fiable la identidad del Firmante con una Llave Pública, permitiendo con ello identificar quién es el autor o emisor de un documento electrónico, como si se tratara de su firma autógrafa, produciendo los mismos efectos que ésta. Lo anterior, de conformidad con los artículos 3°, 10, 12, inciso f) y 13, inciso d), del Acuerdo General Conjunto Número 1/2013 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico. En ese sentido, tomando en consideración que si el ejercicio de la acción de amparo promovida por escrito exige que la demanda sea firmada de manera autógrafa por la persona que directamente aduce haber sufrido un agravio personal y directo, esto es, por el titular de la acción o quien legalmente lo represente, a excepción de los supuestos normativos establecidos en la propia Ley de Amparo. Entonces, la misma regla debe aplicarse por cuanto hace a las demandas de amparo presentadas vía electrónica, esto es, que también tienen que estar firmadas electrónicamente, a través de la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, ya sea por los propios quejosos, por quien legalmente los representes, o bien, su defensor (cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal), lo que en el presente caso no acontece. Bajo ese contexto, si los promoventes de derechos fundamentales pretendían instar la protección constitucional de manera electrónica, debieron cumplir con el requisito antes citado, esto es, que la demanda respectiva debía contener la correspondiente firma electrónica (FIREL), en concordancia con las normatividades antes precisadas. Por tanto, atendiendo a que la demanda de amparo no cuenta con tal requisito, debe considerarse que los quejosos no exteriorizaron su voluntad para acudir a la instancia constitucional.***Por tanto, se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el ordinal 61, fracción XXIII de la Ley de Amparo, con relación a los diversos 107, fracción I, de la Constitución Federal y 6º de la ley de la materia, a contrario sensu; por lo que con apoyo en el ordinal 113 de la propia normatividad legal procede desechar de plano la demanda de garantías promovida por los quejosos *****. *****Notifíquese. *****

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