Carlos Alberto Angelino Barrón
Expediente 1097/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 3 actuaciones registradas, la última del 14 de diciembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1097/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 14/12/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- Luis Arturo Zavala Rosas
- Carlos Alberto Angelino Barrón
Actuaciones
- Principal
"MESA 7" Ciudad de México, catorce de diciembre de dos mil veintidós. -ESTADO- Conforme a la certificación que antecede, de la que se aprecia que ha transcurrido el término previsto en el artículo 98 de la Ley de Amparo, a fin de que la parte quejosa interpusiera recurso de queja contra el auto por el que se desechó de plano la demanda de amparo, sin que se hubiere hecho uso de tal derecho; por ello, con fundamento en los numerales 355, 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, conforme al artículo 2° de la ley de la materia, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales correspondientes. -ARCHIVO- En consecuencia, captúrese en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno; asimismo, archívese el expediente como asunto concluido. Ahora bien, conforme a los numerales 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se estima que el presente asunto encuadra en la hipótesis prevista en el numeral 21, inciso b) de dicho ordenamiento y ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN en un plazo de tres años. Se comunica a la parte promovente que de conformidad con el artículo 9 del referido Acuerdo, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años, ya que después de este lapso, se procederá a la destrucción de éste de acuerdo a lo establecido en el artículo 21, inciso b). Se hace la precisión que no existen documentos originales exhibidos por la parte quejosa, a que se refiere el segundo párrafo del artículo 21 referido (de los mencionados en el artículo 3, fracción XVIII, del Acuerdo de referencia). Por último, atendiendo al prudente arbitrio de la suscrita, se considera que este expediente carece de valor jurídico, histórico, documental o de relevancia alguna para ser resguardado, y no se ubica dentro de los requisitos contenidos en el artículo 15 del Acuerdo antes mencionado. Notifíquese.
- Principal
"MESA 7" Ciudad de México, siete de diciembre de dos mil veintidós. ..., agréguese a los autos la constancia de notificación personal signada por el fedatario judicial adscrito, por medio de la cual el quejoso *** refiere lo siguiente: "nombro como representante común ****". En consecuencia, tal como lo solicita y con fundamento en el artículo 13 de la Ley de Amparo, téngase como representante común en el presente juicio de amparo a ***; lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. En otro orden y de conformidad con los numerales invocados al inicio de la presente determinación, glósese a los autos para que conste como corresponda el oficio de cuenta suscrito por la Secretaria del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Colima, con residencia en Colima, a través del cual, en lo que interesa, remite copia certificada de diversos informes de suspensión de plano rendidos por las autoridades que los signan, y del testimonio de la resolución en la cual, el Tribunal colegiado del Trigésimo Segundo Circuito determinó que corresponde a este juzgado el conocimiento del juicio de amparo en que se actúa. Sin que al respecto haya lugar a realizar mayor pronunciamiento, en virtud de que por auto de dos de diciembre actual, se determinó que resultaba improcedente la suspensión de plano concedida de oficio en el presente asunto; y, por lo que hace al testimonio de la resolución emitida por el Tribunal de Alzada, en esa misma data este juzgado se avocó al conocimiento del presente asunto. Notifíquese.
- Principal
"MESA 7" Ciudad de México, dos de diciembre de dos mil veintidós. Radicación Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia por disposición expresa en su numeral 2o, agréguese a los autos el oficio que suscribe el secretario del Tribunal Colegiado del Trigésimo Segundo Circuito, mediante el cual comunica lo resuelto en el conflicto competencial 77/2022, suscitado entre el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Colima y el Juzgado Décimo Tercero de Distrito en el Estado de Tamaulipas, en donde se determinó, entre otras cosas, que el conocimiento del presente asunto corresponde al Juzgado de Distrito de Amparo en Materia Penal en esta Ciudad de México, en turno. En ese sentido, en estricto cumplimiento a lo mandatado por el citado Colegiado éste órgano de control constitucional se avoca al conocimiento del presente asunto. Atento a lo anterior, acúsese el recibo que solicita el Tribunal Colegiado; y, sin que haya lugar a informar a los juzgados contendientes la presente determinación, dado que el órgano jurisdiccional oficiante ya ordenó su debida notificación. Atento a lo anterior, fórmese el expediente correspondiente y regístrese en el libro de gobierno con el número 1097/2022-7. Luego, visto el estado procesal que guardan los autos, este juzgado federal, de conformidad con el numeral 17 del Código Federal de Procedimientos Civiles (en sentido contrario), de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con el numeral 2°, determina convalidar, las actuaciones practicadas por la potestad federal declinante, con las precisiones que continuación se emiten. Improcedencia de la suspensión de plano Respecto a dicho tópico, este órgano jurisdiccional estima improcedente su concesión. Ello, obedece a que, con base en los argumentos contenidos en el escrito génesis de esta controversia y las circunstancias que expresan los promoventes, se arriba a la conclusión que los actos aquí reclamados, no son de aquellos que, de forma limitativa, contempla el artículo 126 de la Ley de Amparo. que a la letra dispone: "Artículo 126. La suspensión se concederá de oficio y de plano cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales." Por su parte, el diverso 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reza lo siguiente: "Artículo 22. Quedan prohibidas las penas de muerte, de mutilación, de infamia, la marca, los azotes, los palos, el tormento de cualquier especie, la multa excesiva, la confiscación de bienes y cualesquiera otras penas inusitadas y trascendentales. Toda pena deberá ser proporcional al delito que sancione y al bien jurídico afectado." Por tanto, del análisis de los citados preceptos, se advierte que la suspensión de oficio y de plano procede cuando los actos descritos en los referidos artículos se estén llevando a cabo, lo que no se advierte que acontezca en el presente asunto; es decir, no se aprecia que en este momento se estén ejecutando actos prohibidos por el artículo 22 Constitucional o previstos en el 126 de la Ley de Amparo. Razón por la cual no se convalidan las actuaciones, únicamente por lo que refiere a la suspensión otorgada por el homologo oficiante, por lo que no procede decretar la suspensión de plano en este sumario constitucional. -Improcedencia de incidente de violación a la suspensión de plano- Visto el estado procesal que guardan los autos, se desprende que al momento de notificar a la parte quejosa el auto de incompetencia emitido por el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Colima, éste formuló incidente de violación a la suspensión de plano. Sin embargo, puesto que no se convalidaron las actuaciones del homólogo federal de referencia, por cuanto hace a la medida suspensional de trato, no ha lugar a tramitar la incidencia promovida por el justiciable dado que no existe materia sobre la cual pronunciarse. -Improcedencia del juicio de amparo Analizada que ha sido la demanda de amparo, este órgano de control constitucional advierte un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, lo que impone desecharla de plano. Lo anterior, en consideración que los actos que en esta instancia indirecta se reclaman son de manera general la orden de traslado, reubicación, actos de coacción e intimidación equiparada a tortura psicofísica y psicoemocional, discriminación y molestia, llevados a cabo en el lugar en que se encuentran recluidos. Así, del análisis de la demanda de derechos fundamentales, así del expediente de cuenta, se advierte que se acredita de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en la fracción XVIII, del artículo 61 la Ley de Amparo, pues se estima que la parte quejosa debió agotar el medio de defensa ordinario que tenía a su alcance, antes de acudir a la acción constitucional; ello en relación a la orden de traslado y reubicación de la que se duelen los peticionarios. El invocado artículo 61, en su fracción XVIII2 , contempla el principio de definitividad3 , según el cual el quejoso tiene la carga procesal de agotar, previamente al ejercicio de la acción constitucional, los recursos o medios de defensa ordinarios previstos en la legislación reguladora del acto reclamado, que pueden conducir a la revocación, modificación o anulación de éste. Dicho principio descansa en la consideración que el juicio de amparo es un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional, que procede contra actos definitivos e implica que el gobernado debe acudir a las instancias impugnativas establecidas en la norma que rige el acto, antes de solicitar la protección de la justicia federal, salvo los casos de excepción previstos en la ley, así como los expresamente señalados en la jurisprudencia de los órganos del Poder Judicial de la Federación. En conclusión, el principio de definitividad implica la obligación de los agraviados de agotar, previamente a promover el juicio de amparo, los recursos o medios de defensa ordinarios tendentes a revocar, modificar o anular el acto reclamado. Por tanto, se actualiza de manera manifiesta e indudable las causales de improcedencia previstas en el ordinal 61, fracciones XVIII, XX y XXIII de la Ley de Amparo, con relación a los diversos 107, fracción I, de la Constitución Federal y 6º de la ley de la materia, a contrario sensu; por lo que con apoyo en el ordinal 113 de la propia normatividad legal procede desechar de plano la demanda de garantías que intentan promover los ***** Notifíquese; y, personalmente al representante común de los quejosos.
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