Carlos Alberto Angelino Barrón
Expediente 1319/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 4 actuaciones registradas, la última del 13 de agosto de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 1319/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 13/08/2021
Partes del expediente
- Carlos Alberto Angelino Barrón
Actuaciones
- Principal
Visto el estado que guardan los autos y advirtiéndose del contenido de la certificación de cuenta, que transcurrió el plazo de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que ninguna de las partes hubiere interpuesto el recurso de revisión se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria para todos los efectos de ley. En esas condiciones, y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, aplicado por analogía, previas las anotaciones en el libro de gobierno, archívese este juicio de amparo como asunto concluido. tomando en consideración que se negó el amparo solicitado, es susceptible de depurarse y deberá de conservarse. Asimismo, de conformidad con el Acuerdo General invocado, este asunto se considera no relevante. Finalmente, la circunstancia anterior, dese cuenta en los cuadernos incidentales correspondientes.
- Principal
Visto el oficio signado por el Presidente Auxiliar de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Jalisco, mediante el cual, informan en relación con el cumplimiento de la sentencia y al efecto remite copia certificada de las actas de notificación y emplazamiento del demandado en el juicio de origen; agréguense a los autos para los efectos legales procedentes y con su contenido,
- Principal
Visto el escrito de cuenta signado por el quejoso - mediante el cual, promueve el incidente por defecto en el cumplimiento de la suspensión provisional, en contra de la autoridad responsable; consecuentemente, con apoyo en los artículos 97 inciso g), 157, 206, 207 y 208 de la Ley de Amparo, tramítese el incidente planteado, y hágase del conocimiento a las partes el derecho que les asiste. Por tanto, córrase traslado a las autoridades responsables Director General, Titular de la Administración y Finanzas y Titular del Departamento de Capital Humano, todas del Organismo Público Descentralizado del Estado de Jalisco, Instituto Tecnológico José Mario Molina Pasquel y Henríquez, con en el escrito relativo, para que conforme a la fracción II, del artículo 208 de la Ley de la materia, rindan su informe en relación con dicho incidente, el que deberán de presentar dentro del término de tres días contados a partir del siguiente al en que se reciba el oficio en el que se le solicita, informando sobre el acatamiento dado a la suspensión definitiva otorgada, en el presente incidente. Para dar paso a lo anterior, de conformidad con el artículo 208, fracción II, se cita las partes para la audiencia, la que tendrá verificativo a las DIEZ HORAS CON TREINTA Y TRES MINUTOS DEL VEINTICUATRO DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIUNO. Se ordena dar vista a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita la intervención que en derecho corresponde. Finalmente, no pasa inadvertido que el escrito de cuenta va dirigido al cuaderno principal, sin embargo del contenido del mismo se advierte que corresponde al presente incidente de suspensión. por otra parte, visto el segundo escrito de cuenta signado por el quejoso mediante el cual objeta de todo valor probatorio la prueba documental exhibida por la autoridad responsable Director General del Instituto Tecnológico Mario Molina Pasquel y Henríquez, por las razones que precisa en el escrito de cuenta. Respecto, a la objeción que realiza en términos del artículo 122 de la Ley de Amparo; no ha lugar a proveer de conformidad lo solicitado, pues eso solo es apto para la audiencia constitucional, consecuentemente, con fundamento en el artículo 143 de la Ley de Amparo, se tiene por objetado en cuanto a su alcance y valor probatorio el documento que exhibió la autoridad responsable de referencia. Por último, visto el último escrito de cuenta signado por el quejoso por mediante el cual ofrece prueba documental; al respecto, se provee: agréguese a los autos para los efectos legales procedentes y con fundamento en el artículo 143 de la Ley de Amparo se tienen por desahogada, en razón de su propia naturaleza, la prueba documental anexada al escrito de cuenta, sin perjuicio de relacionarla nuevamente al momento de celebrarse la audiencia incidental.
- Principal
Por recibida la demanda de amparo promovida por -, en representación de -contra actos del Director de la Penitenciaría CDMX y otras autoridades, por considerarlos violatorios de los derechos fundamentales tutelados en el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; fórmese el expediente respectivo y anótese su ingreso en el libro de gobierno de este Juzgado, bajo el número 1319/2021. Como lo solicitan y con fundamento en el artículo 13 de la Ley de Amparo, se tiene como representante común a -Con fundamento en el artículo 145 de la Ley de Amparo, no ha lugar a proveer respecto a la suspensión de plano solicitada en virtud de que en diverso juicio de amparo 1317/2021, se proveyó dicha medida cautelar por los mismos actos y en contra de las mismas autoridades que en el presente sumario se reclaman; siendo dichos efectos los siguientes: "Con fundamento en los numerales 53, 125, 126 y 140 de la Ley de Amparo, se decreta de plano la suspensión del acto que se hace consistir genéricamente en "actos prohibidos en el artículo 22 constitucional", relativos a: (i) penas de muerte, (ii) de mutilación, (iii) de infamia, (iv) la marca, (v) los azotes, (vi) los palos, (vii) el tormento de cualquier especie, (viii) la multa excesiva, (ix) la confiscación de bienes y (x) cualesquier pena inusitada y trascendental; así como del diverso consistente genéricamente en "Actos prohibidos artículos. 15 ley de amparo", es decir, de (xi) actos que importen peligro de privación de la vida, (xii) ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, (xiii) incomunicación, (xiv) deportación o (xv) expulsión, (xvi) proscripción o (xvii) destierro, (xviii) desaparición forzada de personas, así como (xix) la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, reclamado de las autoridades responsables, para el efecto de que cesen de inmediato y no se lleven a cabo hasta en tanto se resuelve el presente juicio de amparo en resolución que cause ejecutoria." Para mayor esclarecimiento en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley Amparo, glósese copias de las constancias necesarias de lo actuado en el juicio de amparo 1317/2021 de referencia. Tiene aplicación al respecto la tesis I.14o.C.10 K que se lee en la página 971, Noviembre de 2003, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XVIII, cuyo texto dice: "HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYE PARA UN JUEZ DE DISTRITO LOS DIVERSOS ASUNTOS QUE ANTE EL SE TRAMITAN. La anterior Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia número 265, visible en las páginas 178 y 179 del último Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, del rubro: "HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYE PARA UNA SALA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN UNA EJECUTORIA EMITIDA POR EL TRIBUNAL PLENO.", sostuvo criterio en el sentido de que la emisión de una ejecutoria pronunciada con anterioridad por el Pleno o por la propia Sala, constituye para los Ministros que intervinieron en su votación y discusión un hecho notorio, el cual puede introducirse como elemento de prueba en otro juicio, sin necesidad de que se ofrezca como tal o lo aleguen las partes. Partiendo de lo anterior, es evidente que para un Juez de Distrito, un hecho notorio lo constituyen los diversos asuntos que ante él se tramitan y, por lo tanto, cuando en un cuaderno incidental exista copia fotostática de un diverso documento cuyo original obra en el principal, el Juez Federal, al resolver sobre la medida cautelar y a efecto de evitar que al peticionario de amparo se le causen daños y perjuicios de difícil reparación, puede tener a la vista aquel juicio y constatar la existencia del original de dicho documento." Por otra parte, cabe destacar que, de la lectura del escrito inicial de demanda de garantías de que se trata, se advierte que la parte quejosa señaló como actos reclamados ".Traslado de los quejosos de la penitenciaría cdmx a otro centro diverso dentro o fuera de CDMX que pone en riesgo la vida salud integridad y dignidad sicofísica y sicoemocional de los quejosos actualiza actos prohibidos en el artículo 22 constitucional y 15 ley de amparo." "Reubicación de los quejosos del dormitorio cuatro a otro dormitorio diverso módulo diverso o área diversa que pone en riesgo grave la vida salud integridad y dignidad sicofísica y sicoemocional de los quejosos y actualiza actos prohibidos en el artículo 22 constitucional y 15 ley de amparo. Represalias Intimidación y Discriminación.". Ahora bien, la distribución de competencias por razón de materia y territorio de los Juzgados de Distrito está encomendada al Consejo de la Judicatura Federal, de acuerdo con lo que dispone el diverso artículo 94, párrafo sexto, del Pacto Federal, cuyo tenor es: "Artículo 94. Se deposita el ejercicio del Poder Judicial de la Federación en una Suprema Corte de Justicia, en un Tribunal Electoral, en Tribunales Colegiados y Unitarios y en Juzgados de Distrito (.)El Consejo de la Judicatura Federal determinará el número, división en circuitos, competencia territorial y, en su caso especialización por materia, de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito." Luego, la Ley de Amparo y la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en cuanto a la competencia de los juzgados de Distrito, en razón de la materia, disponen: LEY DE AMPARO "Artículo 33. Son competentes para conocer del juicio de amparo: La Suprema Corte de Justicia de la Nación; Los tribunales colegiados de circuito; Los tribunales unitarios de circuito; Los juzgados de distrito; y Los órganos jurisdiccionales de los poderes judiciales de los Estados y del Distrito Federal, en los casos previstos por esta Ley." "Artículo 35. Los juzgados de distrito y los tribunales unitarios de circuito son competentes para conocer del juicio de amparo indirecto. También lo serán las autoridades del orden común cuando actúen en auxilio de los órganos jurisdiccionales de amparo." "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." "Artículo 48. Cuando se presente una demanda de amparo ante juez de distrito o tribunal unitario de circuito y estimen carecer de competencia, la remitirán de plano, con sus anexos, al juez o tribunal competente, sin decidir sobre la admisión ni sobre la suspensión del acto reclamado, salvo que se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. Recibida la demanda y sus anexos por el órgano requerido, éste decidirá de plano, dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes, si acepta o no el conocimiento del asunto. Si acepta, comunicará su resolución al requirente, previa notificación de las partes. En caso contrario, devolverá la demanda al requirente, quien deberá resolver dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes si insiste o no en declinar su competencia. Si no insiste, se limitará a comunicar su resolución al requerido y se dará por terminado el conflicto competencial. Si insiste en declinar su competencia y la cuestión se plantea entre órganos de la jurisdicción de un mismo tribunal colegiado de circuito, remitirá los autos al tribunal colegiado de circuito de su jurisdicción, el cual dará aviso al requerido para que exponga lo que estime pertinente. Si el conflicto competencial se plantea entre órganos que no sean de la jurisdicción de un mismo tribunal colegiado de circuito, lo resolverá el que ejerza jurisdicción sobre el requirente, quien remitirá los autos y dará aviso al requerido para que exponga lo conducente, debiéndose estar a lo que se dispone en el artículo anterior. Recibidos los autos y el oficio relativo, el tribunal colegiado de circuito tramitará el expediente y resolverá dentro de los ocho días siguientes quién debe conocer del juicio; comunicará su resolución a los involucrados y remitirá los autos al órgano declarado competente. Admitida la demanda de amparo indirecto ningún órgano jurisdiccional podrá declararse incompetente para conocer del juicio antes de resolver sobre la suspensión definitiva." La Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación prevé: "(.) CAPITULO II DE SUS ATRIBUCIONES. Artículo 49. Las y los jueces de distrito que no tengan jurisdicción especial conocerán de todos los asuntos a que se refieren los artículos del presente Capítulo. Artículo 50. Cuando se establezcan en un mismo lugar varios juzgados de distrito que no tengan competencia especial o que deban conocer de la misma materia, tendrán una o varias oficinas de correspondencia común, las cuales recibirán las promociones, las registrarán por orden numérico riguroso y las turnarán inmediatamente al órgano que corresponda de acuerdo con las disposiciones que dicte el Consejo de la Judicatura Federal. (.)." "Artículo 56. Las y los jueces de distrito de amparo en materia penal conocerán: I. De los juicios de amparo que se promuevan contra resoluciones judiciales del orden penal; contra actos de cualquier autoridad que afecten la libertad personal, salvo que se trate de correcciones disciplinarias o de medios de apremio impuestos fuera de procedimiento penal, y contra los actos que importen peligro de privación de la vida, deportación, destierro o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; II. De los juicios de amparo que se promueven conforme a la fracción VII del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los casos en que sea procedente contra resoluciones dictadas en los incidentes de reparación del daño exigible a personas distintas de los inculpados o imputados, o en los de responsabilidad civil, por los mismos tribunales que conozcan o hayan conocido de los procesos respectivos, o por tribunales diversos, en los juicios de responsabilidad civil, cuando la acción se funde en la comisión de un delito; III. De los juicios de amparo que se promuevan contra leyes y demás disposiciones de observancia general en materia penal, en los términos de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y IV. De las denuncias por incumplimiento a las declaratorias generales de inconstitucionalidad emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto de normas generales en materia penal, en términos de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." " Artículo 57. Las y los jueces de distrito en materia administrativa conocerán: I. De las controversias que se susciten con motivo de la aplicación de las leyes federales, cuando deba decidirse sobre la legalidad o subsistencia de un acto de autoridad o de un procedimiento seguido por autoridades administrativas; II. De los juicios de amparo que se promuevan conforme a la fracción VII del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, contra actos de la autoridad judicial en las controversias que se susciten con motivo de la aplicación de leyes federales o locales, cuando deba decidirse sobre la legalidad o subsistencia de un acto de autoridad administrativa o de un procedimiento seguido por autoridades del mismo orden; III. De los juicios de amparo que se promuevan contra leyes y demás disposiciones de observancia general en materia administrativa, en los términos de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; IV. De los juicios de amparo que se promuevan contra actos de autoridad distinta de la judicial, salvo los casos a que se refieren las fracciones II del artículo 51 y III del artículo anterior en lo conducente; V. De los amparos que se promuevan contra actos de tribunales administrativos ejecutados en el juicio, fuera de él o después de concluido, o que afecten a personas extrañas a juicio, y VI. De las denuncias por incumplimiento a las declaratorias generales de inconstitucionalidad emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto de normas generales en materia administrativa, en términos de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Artículo 58. Las y los jueces de distrito civiles federales conocerán: I. De las controversias del orden civil que se susciten sobre el cumplimiento y aplicación de leyes federales o tratados internacionales celebrados por el Estado mexicano. Cuando dichas controversias sólo afecten intereses particulares podrán conocer de ellas, a elección de la persona actora, las y los jueces y tribunales del orden común de las entidades federativas; II. De los juicios que afecten bienes de propiedad nacional; III. De los juicios que se susciten entre una entidad federativa y uno o más vecinos de otra, siempre que alguna de las partes contendientes esté bajo la jurisdicción del juez; IV. De los asuntos civiles concernientes a las y los miembros del cuerpo diplomático y consular; V. De las diligencias de jurisdicción voluntaria que se promuevan en materia federal; VI. De las controversias ordinarias en que la federación fuere parte; VII. De las acciones colectivas a que se refiere el Libro Quinto del Código Federal de Procedimientos Civiles; VIII. De los asuntos de la competencia de los juzgados de distrito en materia de procesos federales que no estén enumerados en los artículos 51, 57 y 61 de esta Ley, y IX. De los juicios y procedimientos previstos en los términos de la Ley Reglamentaria del artículo 6o. Constitucional, en materia del derecho de réplica. Artículo 60. Las y los jueces de distrito de amparo en materia civil conocerán: I. De los amparos que se promuevan contra resoluciones del orden civil, en los casos a que se refiere la fracción VII del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; II. De los juicios de amparo que se promuevan contra leyes y demás disposiciones de observancia general en materia civil, en los términos de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; III. De los asuntos de la competencia de los juzgados de distrito en materia de amparo que no estén enumerados en los artículos 56, 57 y 61 de esta Ley, y IV. De las denuncias por incumplimiento a las declaratorias generales de inconstitucionalidad emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto de normas generales en materia civil, en términos de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Artículo 61. Las y los jueces de distrito en materia de trabajo conocerán: I. De los juicios de amparo que se promuevan conforme a la fracción VII del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, contra actos de la autoridad judicial, en las controversias que se susciten con motivo de la aplicación de leyes federales o locales, cuando deba decidirse sobre la legalidad o subsistencia de un acto de autoridad laboral o de un procedimiento seguido por autoridad del mismo orden; II. De los juicios de amparo que se promuevan contra leyes y demás disposiciones de observancia general en materia de trabajo, en términos de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; III. De los juicios de amparo que se promuevan en materia de trabajo, contra actos de autoridad distinta de la judicial; IV. De los amparos que se promuevan contra actos de tribunales de trabajo ejecutados en el juicio, fuera de él o después de concluido, o que afecten a personas extrañas al juicio; V. De las denuncias por incumplimiento a las declaratorias generales de inconstitucionalidad emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto de normas generales en materia de trabajo, en términos de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y VI. De las diferencias o conflictos de la materia laboral, en los términos de la fracción XX del apartado A del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. (.)." De los citados artículos se advierte que para fijar la competencia por materia de los Jueces de Distrito, en los juicios de amparo, el legislador tomó como base, la naturaleza del acto reclamado y de la autoridad responsable. Por analogía, resulta aplicable la jurisprudencia por reiteración número 24/2009, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página cuatrocientos doce, Tomo XXIX, Marzo de dos mil nueve, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto dicen: "COMPETENCIA POR MATERIA DE LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ESPECIALIZADOS. DEBE DETERMINARSE ATENDIENDO A LA NATURALEZA DEL ACTO RECLAMADO Y DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE, Y NO A LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS FORMULADOS. De los artículos 51, 52, 54 y 55 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se advierte que para fijar la competencia por materia de los Jueces de Distrito, el legislador tomó como base la naturaleza del acto reclamado y de la autoridad responsable. Por tanto, para efectos de determinar la competencia por materia de los Tribunales Colegiados de Circuito especializados, por analogía, debe atenderse a los elementos precisados y no a los conceptos de violación o agravios expresados por la parte quejosa o recurrente, respectivamente, pues éstos no constituyen un criterio que determine a quién compete conocer del asunto, ya que únicamente evidencian cuestiones subjetivas; sostener lo contrario resultaría ilógico, pues se llegaría al absurdo de que la competencia por materia estuviese fijada en razón de lo que aleguen las partes, sin importar que tales expresiones tengan o no relación con el acto reclamado. En este orden de ideas, el acto reclamado en los juicios de garantías se hace consistir en la aplicación retroactiva de las reformas al párrafo tercero del artículo 57 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, que entraron, unas, en vigor a partir del cinco de enero de mil novecientos noventa y tres, y otras, a partir del uno de enero de dos mil dos, lo que se traduce en la indebida cuantificación de la pensión por no aplicar los aumentos a los que el quejoso tiene derecho de conformidad con el precepto invocado, en su texto vigente antes de la reforma efectuada del cinco de enero de mil novecientos noventa y tres". Asimismo, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que para resolver una cuestión de competencia deben juzgarse los actos reclamados de acuerdo con su naturaleza y no conforme a la interpretación que de ellos haga el quejoso en su demanda de amparo. El anterior criterio se contiene en la tesis aislada publicada en la página dos mil seiscientos setenta y cuatro, Tomo CIII, Quinta Época, del Semanario Judicial de la Federación, que señala: "COMPETENCIA EN AMPARO POR RAZON DE LA MATERIA. Para resolver una cuestión de competencia, deben juzgarse los actos reclamados de acuerdo con su naturaleza y no conforme a la interpretación que de ellos haya hecho el quejoso en su demanda de amparo, pues tal criterio podría permitir que, en ocasiones, a un acto esencialmente penal, se le diera carácter administrativo, o viceversa." En ese sentido, para determinar la competencia por materia, respecto de los actos reclamados, este juzgado de Distrito se encuentra obligado a tomar en cuenta la naturaleza de la cuestión debatida; lo que es dable determinarse mediante el análisis del acto reclamado y de los antecedentes de la demanda en estudio, así como de los elementos de convicción y de la invocación de preceptos legales en que se apoya la demanda. En ese contexto, si se toma en consideración que, como se ha indicado, el aspecto primordial conforme al cual se determina la competencia material, reside fundamentalmente en la naturaleza jurídica del acto reclamado, se tiene que, en el caso, los actos reclamados, puede concluirse que el mismo es de naturaleza penal, dado que, como se dijo, la parte quejosa reclama, en esencia, ********************, actos ejecutados por las autoridades penitenciarias; lo que da lugar a considerar que los actos tiene naturaleza penal y no administrativa o civil, ni de trabajo. Sirve de apoyo a lo anterior, por similitud e identidad jurídica sustancial la tesis jurisprudencial P./J. 91/97, visible en la página 5, Tomo VI, de la Novena Época, correspondiente al mes de diciembre de 1997, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que es del tenor siguiente: "ACCIÓN PENAL, RESOLUCIÓN DE NO EJERCICIO, EMANADA DE UNA AUTORIDAD DEPENDIENTE DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL, ES UN ACTO MATERIALMENTE PENAL Y DEL JUICIO DE AMPARO QUE SE PROMUEVA EN SU CONTRA DEBE CONOCER UN JUEZ DE DISTRITO EN MATERIA PENAL. El artículo 51 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en su fracción I, dispone, entre otros supuestos, que los Jueces de Distrito de amparo en materia penal conocerán de los juicios de garantías que se promuevan ... contra actos de cualquier autoridad que afecten la libertad personal .... Ahora bien, como donde existe la misma razón debe existir la misma disposición, es válido interpretar en forma extensiva la fracción de mérito y sostener que la competencia también se surte cuando la sentencia que se dicte en el amparo pueda producir la consecuencia de afectar la libertad personal del tercero perjudicado que, en el caso de un juicio promovido en contra de una resolución de no ejercicio de la acción penal, lo sería, por supuesto, el indiciado o inculpado. Aun cuando no todos los delitos se sancionan con la privación de la libertad, la afectación debe entenderse en sentido amplio, pues aun tratándose de delitos que se sancionan con pena alternativa o con pena no privativa de la libertad, la orden de comparecer al juicio y, en su caso, el auto de sujeción a proceso que pudiera dictarse en el supuesto de que se ejerciera la acción penal por tales delitos con motivo de un juicio de amparo, de conformidad con el artículo 304 bis del Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal, afectan la libertad de la persona, pues se le obliga a comparecer ante la autoridad que la requiere, aun cuando la restricción tenga el límite precario indispensable para el desahogo de las diligencias respectivas, tales como la declaración preparatoria, la identificación administrativa, entre otras. Por otro lado, interpretando en forma sistemática las fracciones del artículo 51 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, con los artículos 19, 20, 21, primer párrafo, constitucionales; 94 a 108, 111 a 114, 118 a 121, 122, 124, 135, 136, 139, 140, 141, 144, 147, 152, 189, 191, 262, 268 bis y 273, entre otros, del Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal; 13 y 15 del Código Penal para el Distrito Federal, se obtiene que si en el propio precepto 51 se contemplan las atribuciones de los Jueces de Distrito en los juicios de amparo para conocer de actos materialmente penales, la competencia de que se trata no sólo se actualiza con fundamento en la fracción I antes examinada, sino en dicho numeral. En estas condiciones, si bien la naturaleza de la resolución de no ejercicio de la acción penal es, por el órgano que la realiza, formalmente administrativa, por su naturaleza intrínseca es materialmente penal, por lo que la competencia para el conocimiento del juicio de amparo en su contra le corresponde a un Juez de Distrito en dicha materia, no sólo por la circunstancia de que la sentencia que llegara a dictarse pudiera afectar la libertad del tercero perjudicado, sino también porque al tratarse de una resolución materialmente penal, la competencia se ubica en el propio numeral interpretando sus fracciones sistemáticamente. La interpretación de mérito respeta el principio de especialización que justifica la creación de tribunales especializados y, por ende, el artículo 17 constitucional, en cuanto garantiza la expeditez en el fallo". En esas condiciones, es de concluirse que este órgano de control constitucional carece de competencia legal para conocer de la presente demanda de amparo; por lo que, con apoyo en el artículo 48 de la ley de la materia, remítase al Juez de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Jalisco, en turno, el presente juicio de amparo, y anexos, para el efecto de que resuelva respecto a la aceptación o no de la competencia declinada a su favor, e informe lo anterior a este juzgado Federal. Fórmese cuaderno de antecedentes con las actuaciones que se generen a partir del presente auto. Sin que sea necesario fotocopiar las constancias que obran en el cuaderno original, pues se encuentran integradas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Lo anterior, conforme a las políticas de disciplina, utilización y racionalización de recursos humanos y materiales que han adoptado los poderes de la Unión. Con fundamento en el artículo 27, fracción II, de la Ley de Amparo, 298 y 300 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, gírese atento exhorto al Juez de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, en turno, para que en auxilio de las labores de este órgano de control constitucional, ordene a quien corresponda que sin demora se constituya en las penitenciarías o centros de reclusión de la Ciudad de México, a notificar el contenido del presente auto a ********************. A fin de dar celeridad a dicha comunicación, con fundamento en los artículos 20, párrafo segundo, y 28 de la Ley de Amparo, remítase el exhorto de referencia vía Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E), de conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios de interconexión tecnológica entre los órganos jurisdiccionales con diversas instituciones públicas, publicado en el Diario Oficial de la Federación el diecisiete de mayo de dos mil diecisiete. Con apoyo en lo establecido en el artículo 21, tercer párrafo de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para la elaboración de las notificaciones que se ordenen en este expediente. En otro aspecto, se exhorta a las partes a que, de ser posible y tomando en consideración las potenciales dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúen la tramitación del presente asunto mediante el esquema de "juicio en línea", es decir, utilizando los medios electrónicos disponibles desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación; asimismo, se les invita para que propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se pueda entablar comunicaciones no procesales, en términos de lo preceptuado en el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Notifíquese.Lo proveyó y firma Edgar Israel Flores del Toro, Juez Segundo de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, asistido de Aida Elizabeth Alferez Flores, Secretario quien da fe.Zapopan, Jalisco, dos de agosto de dos mil veintiuno. Por recibida la demanda de amparo promovida por ********************, en representación de ********************, contra actos del Director de la Penitenciaría CDMX y otras autoridades, por considerarlos violatorios de los derechos fundamentales tutelados en el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; fórmese el expediente respectivo y anótese su ingreso en el libro de gobierno de este Juzgado, bajo el número 1319/2021. Como lo solicitan y con fundamento en el artículo 13 de la Ley de Amparo, se tiene como representante común a ********************. Con fundamento en el artículo 145 de la Ley de Amparo, no ha lugar a proveer respecto a la suspensión de plano solicitada en virtud de que en diverso juicio de amparo 1317/2021, se proveyó dicha medida cautelar por los mismos actos y en contra de las mismas autoridades que en el presente sumario se reclaman; siendo dichos efectos los siguientes: "Con fundamento en los numerales 53, 125, 126 y 140 de la Ley de Amparo, se decreta de plano la suspensión del acto que se hace consistir genéricamente en "actos prohibidos en el artículo 22 constitucional", relativos a: (i) penas de muerte, (ii) de mutilación, (iii) de infamia, (iv) la marca, (v) los azotes, (vi) los palos, (vii) el tormento de cualquier especie, (viii) la multa excesiva, (ix) la confiscación de bienes y (x) cualesquier pena inusitada y trascendental; así como del diverso consistente genéricamente en "Actos prohibidos artículos. 15 ley de amparo", es decir, de (xi) actos que importen peligro de privación de la vida, (xii) ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, (xiii) incomunicación, (xiv) deportación o (xv) expulsión, (xvi) proscripción o (xvii) destierro, (xviii) desaparición forzada de personas, así como (xix) la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, reclamado de las autoridades responsables, para el efecto de que cesen de inmediato y no se lleven a cabo hasta en tanto se resuelve el presente juicio de amparo en resolución que cause ejecutoria." Para mayor esclarecimiento en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley Amparo, glósese copias de las constancias necesarias de lo actuado en el juicio de amparo 1317/2021 de referencia. Tiene aplicación al respecto la tesis I.14o.C.10 K que se lee en la página 971, Noviembre de 2003, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XVIII, cuyo texto dice: "HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYE PARA UN JUEZ DE DISTRITO LOS DIVERSOS ASUNTOS QUE ANTE EL SE TRAMITAN. La anterior Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia número 265, visible en las páginas 178 y 179 del último Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, del rubro: "HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYE PARA UNA SALA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN UNA EJECUTORIA EMITIDA POR EL TRIBUNAL PLENO.", sostuvo criterio en el sentido de que la emisión de una ejecutoria pronunciada con anterioridad por el Pleno o por la propia Sala, constituye para los Ministros que intervinieron en su votación y discusión un hecho notorio, el cual puede introducirse como elemento de prueba en otro juicio, sin necesidad de que se ofrezca como tal o lo aleguen las partes. Partiendo de lo anterior, es evidente que para un Juez de Distrito, un hecho notorio lo constituyen los diversos asuntos que ante él se tramitan y, por lo tanto, cuando en un cuaderno incidental exista copia fotostática de un diverso documento cuyo original obra en el principal, el Juez Federal, al resolver sobre la medida cautelar y a efecto de evitar que al peticionario de amparo se le causen daños y perjuicios de difícil reparación, puede tener a la vista aquel juicio y constatar la existencia del original de dicho documento." Por otra parte, cabe destacar que, de la lectura del escrito inicial de demanda de garantías de que se trata, se advierte que la parte quejosa señaló como actos reclamados ".Traslado de los quejosos de la penitenciaría cdmx a otro centro diverso dentro o fuera de CDMX que pone en riesgo la vida salud integridad y dignidad sicofísica y sicoemocional de los quejosos actualiza actos prohibidos en el artículo 22 constitucional y 15 ley de amparo." "Reubicación de los quejosos del dormitorio cuatro a otro dormitorio diverso módulo diverso o área diversa que pone en riesgo grave la vida salud integridad y dignidad sicofísica y sicoemocional de los quejosos y actualiza actos prohibidos en el artículo 22 constitucional y 15 ley de amparo. Represalias Intimidación y Discriminación.". Ahora bien, la distribución de competencias por razón de materia y territorio de los Juzgados de Distrito está encomendada al Consejo de la Judicatura Federal, de acuerdo con lo que dispone el diverso artículo 94, párrafo sexto, del Pacto Federal, cuyo tenor es: "Artículo 94. Se deposita el ejercicio del Poder Judicial de la Federación en una Suprema Corte de Justicia, en un Tribunal Electoral, en Tribunales Colegiados y Unitarios y en Juzgados de Distrito (.)El Consejo de la Judicatura Federal determinará el número, división en circuitos, competencia territorial y, en su caso especialización por materia, de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito." Luego, la Ley de Amparo y la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en cuanto a la competencia de los juzgados de Distrito, en razón de la materia, disponen: LEY DE AMPARO "Artículo 33. Son competentes para conocer del juicio de amparo: La Suprema Corte de Justicia de la Nación; Los tribunales colegiados de circuito; Los tribunales unitarios de circuito; Los juzgados de distrito; y Los órganos jurisdiccionales de los poderes judiciales de los Estados y del Distrito Federal, en los casos previstos por esta Ley." "Artículo 35. Los juzgados de distrito y los tribunales unitarios de circuito son competentes para conocer del juicio de amparo indirecto. También lo serán las autoridades del orden común cuando actúen en auxilio de los órganos jurisdiccionales de amparo." "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." "Artículo 48. Cuando se presente una demanda de amparo ante juez de distrito o tribunal unitario de circuito y estimen carecer de competencia, la remitirán de plano, con sus anexos, al juez o tribunal competente, sin decidir sobre la admisión ni sobre la suspensión del acto reclamado, salvo que se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. Recibida la demanda y sus anexos por el órgano requerido, éste decidirá de plano, dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes, si acepta o no el conocimiento del asunto. Si acepta, comunicará su resolución al requirente, previa notificación de las partes. En caso contrario, devolverá la demanda al requirente, quien deberá resolver dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes si insiste o no en declinar su competencia. Si no insiste, se limitará a comunicar su resolución al requerido y se dará por terminado el conflicto competencial. Si insiste en declinar su competencia y la cuestión se plantea entre órganos de la jurisdicción de un mismo tribunal colegiado de circuito, remitirá los autos al tribunal colegiado de circuito de su jurisdicción, el cual dará aviso al requerido para que exponga lo que estime pertinente. Si el conflicto competencial se plantea entre órganos que no sean de la jurisdicción de un mismo tribunal colegiado de circuito, lo resolverá el que ejerza jurisdicción sobre el requirente, quien remitirá los autos y dará aviso al requerido para que exponga lo conducente, debiéndose estar a lo que se dispone en el artículo anterior. Recibidos los autos y el oficio relativo, el tribunal colegiado de circuito tramitará el expediente y resolverá dentro de los ocho días siguientes quién debe conocer del juicio; comunicará su resolución a los involucrados y remitirá los autos al órgano declarado competente. Admitida la demanda de amparo indirecto ningún órgano jurisdiccional podrá declararse incompetente para conocer del juicio antes de resolver sobre la suspensión definitiva." La Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación prevé: "(.) CAPITULO II DE SUS ATRIBUCIONES. Artículo 49. Las y los jueces de distrito que no tengan jurisdicción especial conocerán de todos los asuntos a que se refieren los artículos del presente Capítulo. Artículo 50. Cuando se establezcan en un mismo lugar varios juzgados de distrito que no tengan competencia especial o que deban conocer de la misma materia, tendrán una o varias oficinas de correspondencia común, las cuales recibirán las promociones, las registrarán por orden numérico riguroso y las turnarán inmediatamente al órgano que corresponda de acuerdo con las disposiciones que dicte el Consejo de la Judicatura Federal. (.)." "Artículo 56. Las y los jueces de distrito de amparo en materia penal conocerán: I. De los juicios de amparo que se promuevan contra resoluciones judiciales del orden penal; contra actos de cualquier autoridad que afecten la libertad personal, salvo que se trate de correcciones disciplinarias o de medios de apremio impuestos fuera de procedimiento penal, y contra los actos que importen peligro de privación de la vida, deportación, destierro o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; II. De los juicios de amparo que se promueven conforme a la fracción VII del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los casos en que sea procedente contra resoluciones dictadas en los incidentes de reparación del daño exigible a personas distintas de los inculpados o imputados, o en los de responsabilidad civil, por los mismos tribunales que conozcan o hayan conocido de los procesos respectivos, o por tribunales diversos, en los juicios de responsabilidad civil, cuando la acción se funde en la comisión de un delito; III. De los juicios de amparo que se promuevan contra leyes y demás disposiciones de observancia general en materia penal, en los términos de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y IV. De las denuncias por incumplimiento a las declaratorias generales de inconstitucionalidad emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto de normas generales en materia penal, en términos de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." " Artículo 57. Las y los jueces de distrito en materia administrativa conocerán: I. De las controversias que se susciten con motivo de la aplicación de las leyes federales, cuando deba decidirse sobre la legalidad o subsistencia de un acto de autoridad o de un procedimiento seguido por autoridades administrativas; II. De los juicios de amparo que se promuevan conforme a la fracción VII del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, contra actos de la autoridad judicial en las controversias que se susciten con motivo de la aplicación de leyes federales o locales, cuando deba decidirse sobre la legalidad o subsistencia de un acto de autoridad administrativa o de un procedimiento seguido por autoridades del mismo orden; III. De los juicios de amparo que se promuevan contra leyes y demás disposiciones de observancia general en materia administrativa, en los términos de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; IV. De los juicios de amparo que se promuevan contra actos de autoridad distinta de la judicial, salvo los casos a que se refieren las fracciones II del artículo 51 y III del artículo anterior en lo conducente; V. De los amparos que se promuevan contra actos de tribunales administrativos ejecutados en el juicio, fuera de él o después de concluido, o que afecten a personas extrañas a juicio, y VI. De las denuncias por incumplimiento a las declaratorias generales de inconstitucionalidad emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto de normas generales en materia administrativa, en términos de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Artículo 58. Las y los jueces de distrito civiles federales conocerán: I. De las controversias del orden civil que se susciten sobre el cumplimiento y aplicación de leyes federales o tratados internacionales celebrados por el Estado mexicano. Cuando dichas controversias sólo afecten intereses particulares podrán conocer de ellas, a elección de la persona actora, las y los jueces y tribunales del orden común de las entidades federativas; II. De los juicios que afecten bienes de propiedad nacional; III. De los juicios que se susciten entre una entidad federativa y uno o más vecinos de otra, siempre que alguna de las partes contendientes esté bajo la jurisdicción del juez; IV. De los asuntos civiles concernientes a las y los miembros del cuerpo diplomático y consular; V. De las diligencias de jurisdicción voluntaria que se promuevan en materia federal; VI. De las controversias ordinarias en que la federación fuere parte; VII. De las acciones colectivas a que se refiere el Libro Quinto del Código Federal de Procedimientos Civiles; VIII. De los asuntos de la competencia de los juzgados de distrito en materia de procesos federales que no estén enumerados en los artículos 51, 57 y 61 de esta Ley, y IX. De los juicios y procedimientos previstos en los términos de la Ley Reglamentaria del artículo 6o. Constitucional, en materia del derecho de réplica. Artículo 60. Las y los jueces de distrito de amparo en materia civil conocerán: I. De los amparos que se promuevan contra resoluciones del orden civil, en los casos a que se refiere la fracción VII del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; II. De los juicios de amparo que se promuevan contra leyes y demás disposiciones de observancia general en materia civil, en los términos de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; III. De los asuntos de la competencia de los juzgados de distrito en materia de amparo que no estén enumerados en los artículos 56, 57 y 61 de esta Ley, y IV. De las denuncias por incumplimiento a las declaratorias generales de inconstitucionalidad emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto de normas generales en materia civil, en términos de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Artículo 61. Las y los jueces de distrito en materia de trabajo conocerán: I. De los juicios de amparo que se promuevan conforme a la fracción VII del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, contra actos de la autoridad judicial, en las controversias que se susciten con motivo de la aplicación de leyes federales o locales, cuando deba decidirse sobre la legalidad o subsistencia de un acto de autoridad laboral o de un procedimiento seguido por autoridad del mismo orden; II. De los juicios de amparo que se promuevan contra leyes y demás disposiciones de observancia general en materia de trabajo, en términos de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; III. De los juicios de amparo que se promuevan en materia de trabajo, contra actos de autoridad distinta de la judicial; IV. De los amparos que se promuevan contra actos de tribunales de trabajo ejecutados en el juicio, fuera de él o después de concluido, o que afecten a personas extrañas al juicio; V. De las denuncias por incumplimiento a las declaratorias generales de inconstitucionalidad emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto de normas generales en materia de trabajo, en términos de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y VI. De las diferencias o conflictos de la materia laboral, en los términos de la fracción XX del apartado A del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. (.)." De los citados artículos se advierte que para fijar la competencia por materia de los Jueces de Distrito, en los juicios de amparo, el legislador tomó como base, la naturaleza del acto reclamado y de la autoridad responsable. Por analogía, resulta aplicable la jurisprudencia por reiteración número 24/2009, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página cuatrocientos doce, Tomo XXIX, Marzo de dos mil nueve, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto dicen: "COMPETENCIA POR MATERIA DE LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ESPECIALIZADOS. DEBE DETERMINARSE ATENDIENDO A LA NATURALEZA DEL ACTO RECLAMADO Y DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE, Y NO A LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS FORMULADOS. De los artículos 51, 52, 54 y 55 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se advierte que para fijar la competencia por materia de los Jueces de Distrito, el legislador tomó como base la naturaleza del acto reclamado y de la autoridad responsable. Por tanto, para efectos de determinar la competencia por materia de los Tribunales Colegiados de Circuito especializados, por analogía, debe atenderse a los elementos precisados y no a los conceptos de violación o agravios expresados por la parte quejosa o recurrente, respectivamente, pues éstos no constituyen un criterio que determine a quién compete conocer del asunto, ya que únicamente evidencian cuestiones subjetivas; sostener lo contrario resultaría ilógico, pues se llegaría al absurdo de que la competencia por materia estuviese fijada en razón de lo que aleguen las partes, sin importar que tales expresiones tengan o no relación con el acto reclamado. En este orden de ideas, el acto reclamado en los juicios de garantías se hace consistir en la aplicación retroactiva de las reformas al párrafo tercero del artículo 57 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, que entraron, unas, en vigor a partir del cinco de enero de mil novecientos noventa y tres, y otras, a partir del uno de enero de dos mil dos, lo que se traduce en la indebida cuantificación de la pensión por no aplicar los aumentos a los que el quejoso tiene derecho de conformidad con el precepto invocado, en su texto vigente antes de la reforma efectuada del cinco de enero de mil novecientos noventa y tres". Asimismo, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que para resolver una cuestión de competencia deben juzgarse los actos reclamados de acuerdo con su naturaleza y no conforme a la interpretación que de ellos haga el quejoso en su demanda de amparo. El anterior criterio se contiene en la tesis aislada publicada en la página dos mil seiscientos setenta y cuatro, Tomo CIII, Quinta Época, del Semanario Judicial de la Federación, que señala: "COMPETENCIA EN AMPARO POR RAZON DE LA MATERIA. Para resolver una cuestión de competencia, deben juzgarse los actos reclamados de acuerdo con su naturaleza y no conforme a la interpretación que de ellos haya hecho el quejoso en su demanda de amparo, pues tal criterio podría permitir que, en ocasiones, a un acto esencialmente penal, se le diera carácter administrativo, o viceversa." En ese sentido, para determinar la competencia por materia, respecto de los actos reclamados, este juzgado de Distrito se encuentra obligado a tomar en cuenta la naturaleza de la cuestión debatida; lo que es dable determinarse mediante el análisis del acto reclamado y de los antecedentes de la demanda en estudio, así como de los elementos de convicción y de la invocación de preceptos legales en que se apoya la demanda. En ese contexto, si se toma en consideración que, como se ha indicado, el aspecto primordial conforme al cual se determina la competencia material, reside fundamentalmente en la naturaleza jurídica del acto reclamado, se tiene que, en el caso, los actos reclamados, puede concluirse que el mismo es de naturaleza penal, dado que, como se dijo, la parte quejosa reclama, en esencia, ********************, actos ejecutados por las autoridades penitenciarias; lo que da lugar a considerar que los actos tiene naturaleza penal y no administrativa o civil, ni de trabajo. Sirve de apoyo a lo anterior, por similitud e identidad jurídica sustancial la tesis jurisprudencial P./J. 91/97, visible en la página 5, Tomo VI, de la Novena Época, correspondiente al mes de diciembre de 1997, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que es del tenor siguiente: "ACCIÓN PENAL, RESOLUCIÓN DE NO EJERCICIO, EMANADA DE UNA AUTORIDAD DEPENDIENTE DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL, ES UN ACTO MATERIALMENTE PENAL Y DEL JUICIO DE AMPARO QUE SE PROMUEVA EN SU CONTRA DEBE CONOCER UN JUEZ DE DISTRITO EN MATERIA PENAL. El artículo 51 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en su fracción I, dispone, entre otros supuestos, que los Jueces de Distrito de amparo en materia penal conocerán de los juicios de garantías que se promuevan ... contra actos de cualquier autoridad que afecten la libertad personal .... Ahora bien, como donde existe la misma razón debe existir la misma disposición, es válido interpretar en forma extensiva la fracción de mérito y sostener que la competencia también se surte cuando la sentencia que se dicte en el amparo pueda producir la consecuencia de afectar la libertad personal del tercero perjudicado que, en el caso de un juicio promovido en contra de una resolución de no ejercicio de la acción penal, lo sería, por supuesto, el indiciado o inculpado. Aun cuando no todos los delitos se sancionan con la privación de la libertad, la afectación debe entenderse en sentido amplio, pues aun tratándose de delitos que se sancionan con pena alternativa o con pena no privativa de la libertad, la orden de comparecer al juicio y, en su caso, el auto de sujeción a proceso que pudiera dictarse en el supuesto de que se ejerciera la acción penal por tales delitos con motivo de un juicio de amparo, de conformidad con el artículo 304 bis del Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal, afectan la libertad de la persona, pues se le obliga a comparecer ante la autoridad que la requiere, aun cuando la restricción tenga el límite precario indispensable para el desahogo de las diligencias respectivas, tales como la declaración preparatoria, la identificación administrativa, entre otras. Por otro lado, interpretando en forma sistemática las fracciones del artículo 51 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, con los artículos 19, 20, 21, primer párrafo, constitucionales; 94 a 108, 111 a 114, 118 a 121, 122, 124, 135, 136, 139, 140, 141, 144, 147, 152, 189, 191, 262, 268 bis y 273, entre otros, del Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal; 13 y 15 del Código Penal para el Distrito Federal, se obtiene que si en el propio precepto 51 se contemplan las atribuciones de los Jueces de Distrito en los juicios de amparo para conocer de actos materialmente penales, la competencia de que se trata no sólo se actualiza con fundamento en la fracción I antes examinada, sino en dicho numeral. En estas condiciones, si bien la naturaleza de la resolución de no ejercicio de la acción penal es, por el órgano que la realiza, formalmente administrativa, por su naturaleza intrínseca es materialmente penal, por lo que la competencia para el conocimiento del juicio de amparo en su contra le corresponde a un Juez de Distrito en dicha materia, no sólo por la circunstancia de que la sentencia que llegara a dictarse pudiera afectar la libertad del tercero perjudicado, sino también porque al tratarse de una resolución materialmente penal, la competencia se ubica en el propio numeral interpretando sus fracciones sistemáticamente. La interpretación de mérito respeta el principio de especialización que justifica la creación de tribunales especializados y, por ende, el artículo 17 constitucional, en cuanto garantiza la expeditez en el fallo". En esas condiciones, es de concluirse que este órgano de control constitucional carece de competencia legal para conocer de la presente demanda de amparo; por lo que, con apoyo en el artículo 48 de la ley de la materia, remítase al Juez de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Jalisco, en turno, el presente juicio de amparo, y anexos, para el efecto de que resuelva respecto a la aceptación o no de la competencia declinada a su favor, e informe lo anterior a este juzgado Federal. Fórmese cuaderno de antecedentes con las actuaciones que se generen a partir del presente auto. Sin que sea necesario fotocopiar las constancias que obran en el cuaderno original, pues se encuentran integradas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Lo anterior, conforme a las políticas de disciplina, utilización y racionalización de recursos humanos y materiales que han adoptado los poderes de la Unión. Con fundamento en el artículo 27, fracción II, de la Ley de Amparo, 298 y 300 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, gírese atento exhorto al Juez de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, en turno, para que en auxilio de las labores de este órgano de control constitucional, ordene a quien corresponda que sin demora se constituya en las penitenciarías o centros de reclusión de la Ciudad de México, a notificar el contenido del presente auto a A fin de dar celeridad a dicha comunicación, con fundamento en los artículos 20, párrafo segundo, y 28 de la Ley de Amparo, remítase el exhorto de referencia vía Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E), de conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios de interconexión tecnológica entre los órganos jurisdiccionales con diversas instituciones públicas, publicado en el Diario Oficial de la Federación el diecisiete de mayo de dos mil diecisiete. Con apoyo en lo establecido en el artículo 21, tercer párrafo de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para la elaboración de las notificaciones que se ordenen en este expediente. En otro aspecto, se exhorta a las partes a que, de ser posible y tomando en consideración las potenciales dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúen la tramitación del presente asunto mediante el esquema de "juicio en línea",
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