Carlos Alberto Angelino Barrón

Expediente 302/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 30 de marzo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
302/2023
Año
2023
Actuaciones
2
Última actuación
30/03/2023

Partes del expediente

  • Carlos Alberto Angelino Barrón
  • Edwin Daniel Guerra Córdova

Actuaciones

  1. Principal

    Causa estado y se ordena el archivo del presente asunto

  2. Principal

    En ese sentido, se estima que la parte quejosa previo acudir al amparo, debió agotar el medio de defensa ordinario que prevé la Ley de Ejecución Penal, pues al tener noticia del cambio de dormitorio y orden de traslado que por esta vía pretende impugnar, así como tortura psicofísica y emocional, represalias que ponen en riesgo su vida y dignidad, agresiones por custodios del dentro de reclusión, coacción para desistirse de los juicios de amparo, castigos ilegales, agresiones, restricción de comunicación, contacto y convivencia, como actos de intimidación, negación del servicio médico y dental, obligación de realizar trabajos forzados y negación de servicios básicos (falta de agua potable de consumo humano accesible, tenía la posibilidad de acudir ante el Juez de Ejecución o Control según se trate, con todas las prerrogativas legales que establece el citado mecanismo de control, al constituir un medio de defensa sencillo, rápido y eficaz, con los mismos alcances pretendidos y posibles como si intentara la acción de amparo. Además, dicho mecanismo de control otorga la facultad a la parte legitimada para que sea ella quien decida optar por la petición administrativa no urgente, o bien, la petición administrativa por caso urgente, así como la posibilidad real y efectiva de que el acto omisivo de ser procedente sea suspendido e incluso que las autoridades administrativas realicen las acciones positivas necesarias a fin de que la omisión reclamada cese de inmediato o deje de existir. De donde se sigue que la suspensión establecida en dicho ordenamiento legal tiene los mismos efectos que la diversa de la Ley de amparo, dado que no exige mayores requisitos ni plazos que los que ésta consigna para conceder la suspensión provisional. Ahora bien, por lo que respecta a los actos que hacen consistir en: - Omisión de investigar actos constitutivos de delito. - Omisión de suspender en las funciones a los servidores públicos. - Audiencias de comité técnico sin presencia de asesores jurídicos y contrarias a las establecidas por la ley nacional de ejecución ya que se sesionan en protocolo de consejo técnico y no como comité técnico (presencia de más de seis funcionarios) lo cual es ilegal conforme a la ley de ejecución de sanciones penales. - Realización de estudios, perfiles sicológico y criminalistico y entrevistas. - Inconstitucionalidad del reglamento que usan las autoridades a su discreción. Esta juzgadora obtiene que se actualiza la diversa causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 5 y 6, de la Ley de Amparo, que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley. II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. III. El tercero interesado, pudiendo tener tal carácter: a) La persona que haya gestionado el acto reclamado o tenga interés jurídico en que subsista; b) La contraparte del quejoso cuando el acto reclamado emane de un juicio o controversia del orden judicial, administrativo, agrario o del trabajo; o tratándose de persona extraña al procedimiento, la que tenga interés contrario al del quejoso; c) La víctima del delito u ofendido, o quien tenga derecho a la reparación del daño o a reclamar la responsabilidad civil, cuando el acto reclamado emane de un juicio del orden penal y afecte de manera directa esa reparación o responsabilidad; d) El indiciado o procesado cuando el acto reclamado sea el no ejercicio o el desistimiento de la acción penal por el Ministerio Público; e) El Ministerio Público que haya intervenido en el procedimiento penal del cual derive el acto reclamado, siempre y cuando no tenga el carácter de autoridad responsable. IV. El Ministerio Público Federal en todos los juicios, donde podrá interponer los recursos que señala esta Ley, y los existentes en amparos penales cuando se reclamen resoluciones de tribunales locales, independientemente de las obligaciones que la misma ley le precisa para procurar la pronta y expedita administración de justicia. Sin embargo, en amparos indirectos en materias civil y mercantil, y con exclusión de la materia familiar, donde sólo se afecten intereses particulares, el Ministerio Público Federal podrá interponer los recursos que esta Ley señala, sólo cuando los quejosos hubieren impugnado la constitucionalidad de normas generales y este aspecto se aborde en la sentencia." "Artículo 6°. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita". El artículo 6 de la Ley de Amparo, dispone que el juicio constitucional puede promoverse por la parte a quien perjudique el acto o la ley que se reclame; en consecuencia, es presupuesto entonces para la procedencia de la acción de amparo, de acuerdo con el ámbito conceptual de esa norma legal, la existencia de un gobernado que resienta un perjuicio directo en alguno de los derechos fundamentales que contempla en su favor la Constitución Federal del País. En cuanto a los actos que se precisan en el párrafo que anteceden, si bien la demanda fue presentada a través del Portal de Servicios en Línea respectivo, se obtiene que ésta carece de evidencia criptográfica o firma electrónica a nombre de los quejosos ******* y otros; así, si conforme a la implementación del Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación y la utilización de la firma electrónica a que hace referencia el artículo 3 de la Ley de Amparo y Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, para presentar demandas, recursos, promociones y documentos, recibir comunicaciones, notificaciones oficiales y consultar expedientes, acuerdos, resoluciones y sentencias relacionados con los asuntos de la competencia de los órganos jurisdiccionales a través de los sistemas tecnológicos del Consejo y del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, no implicaron soslayar el principio de "instancia de parte agraviada" contenido en los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6 de la Ley de Amparo, sino que únicamente tuvieron como objetivos fundamentales, entre otros, simplificar la actuación procesal de los órganos jurisdiccionales y modernizar el sistema de impartición de justicia, al otorgar validez a las promociones judiciales realizadas a través de medios digitales como el correo electrónico y la firma electrónica, con los mismos efectos jurídicos que los comunicados oficiales y las firmas autógrafas. En ese sentido, cuando se presenta una demanda de amparo en el Portal indicado, firmada electrónicamente con la FIREL de la persona que promueve la demanda, no puede considerarse una irregularidad de las previstas en el numeral 114 de la Ley de Amparo, que dé lugar a requerir o prevenir al quejoso para que comparezca a ratificar el escrito de demanda, pues al no contener su firma electrónica no se aprecia la voluntad de quienes aparecen como promoventes, es decir, no hay instancia de parte. Bajo ese tenor, siendo que la firma es el signo gráfico material eficaz y apto para que una persona respalde promociones por escrito, para que el suscriptor se responsabilice de su contenido, de ahí que la falta de evidencia criptográfica o firma electrónica, tiene como consecuencia que el referido escrito no constituya demanda y no pueda considerarse como agraviado al que no firmó, acorde a lo que establece el artículo 6 de la Ley de Amparo en vigor. En efecto, el juicio constitucional se rige por el principio de instancia de parte agraviada, es decir, la exigencia de que el particular a quien se afecte en su esfera de derechos por el acto de autoridad, sea quien presente el escrito de demanda de amparo en calidad de promovente, y la única manera de que el particular inste al órgano jurisdiccional para que conozca de la contienda constitucional, es presentando la demanda de amparo externado su voluntad, signado y respaldando lo ahí contenido. Bajo esa premisa, un escrito de demanda presentado sin esas características, equivale a un anónimo que no obliga al órgano jurisdiccional a realizar ningún acto procesal tendente a darle curso legal, pues su falta de firma, en lugar de ser una deficiencia que pueda ser corregida, constituye una ausencia en la expresión de la voluntad de presentar su libelo constitucional. Cobra aplicación a lo anterior, la jurisprudencia P./J.32/2018 (10a.), del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable a página 5, Libro 62, Enero de 2019, Tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de título siguiente: "DEMANDA DE AMPARO PRESENTADA EN EL PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN CON LA FIRMA ELECTRÓNICA CERTIFICADA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN (FIREL) DEL AUTORIZADO POR EL QUEJOSO. EL JUEZ DE DISTRITO ESTÁ FACULTADO PARA DESECHARLA DE PLANO AL NO APRECIARSE LA VOLUNTAD DE QUIEN APARECE COMO PROMOVENTE". (...) En consecuencia, con fundamento en las fracciones XX y XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 5, 6 y 113 del mismo ordenamiento, se desecha por notoriamente improcedente la demanda de amparo, promovida por Radicación. Vista la demanda de amparo que promueve *******, ******, **********, *******, ******, ********, ********, ******, ********, ******, *****, *******, ******, ******, ********, ********, **********, ********, ******, ******** y *******. Determinación que se toma en cumplimiento al derecho fundamental de prontitud en la administración de justicia prevista en el artículo 17 constitucional, pues los motivos de improcedencia advertidos no podrán desvirtuarse con el material probatorio que se aporte al juicio. Al respecto, conviene citar el criterio jurisprudencial I.13o.A. J/6, aprobado por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XX, septiembre de mil cuatro, página 1631, cuyo rubro señala: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO 'MANIFIESTO' DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO." Sin que la anterior determinación pueda considerarse denegatoria de justicia, ya que justo a través del presente pronunciamiento se está impartiendo de conformidad con las formalidades rectoras del procedimiento respectivo, no obstante que le sea desfavorable a la parte quejosa. En apoyo a lo anterior se cita la Jurisprudencia VII.2o.C. J/23, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, t. XXIV, julio de dos mil seis, página 921, cuyo rubro y texto son: "DESECHAMIENTO O SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. NO IMPLICA DENEGACIÓN DE JUSTICIA NI GENERA INSEGURIDAD JURÍDICA. Cuando se desecha una demanda de amparo o se sobresee en el juicio, ello no implica denegar justicia ni genera inseguridad jurídica, ya que la obligación de los tribunales no es tramitar y resolver en el fondo todos los asuntos sometidos a su consideración en forma favorable a los intereses del solicitante, sino que se circunscribe a la posibilidad que tiene cualquier individuo de acudir ante los órganos jurisdiccionales, con su promoción (demanda), a la cual debe darse el trámite acorde a las formalidades rectoras del procedimiento respectivo, dentro de las cuales el legislador previó las causales de improcedencia y sobreseimiento. Así, cuando el juzgador o tribunal de amparo se funda en una de ellas para desechar o sobreseer en un juicio, imparte justicia, puesto que el acceso a ella no se ve menoscabado, sino que es efectivo, ni se deja en estado de indefensión al promovente, no obstante sea desfavorable, al no poder negar que se da respuesta a la petición de amparo, con independencia de que no comparta el sentido de la resolución, dado que de esa forma quien imparte justicia se pronuncia sobre la acción, diciendo así el derecho y permitiendo que impere el orden jurídico." De igual forma, es aplicable al caso, la jurisprudencia 1a./J. 10/2014, Décima Época, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 3, Tomo I, febrero de dos mil catorce, página 487, que establece: "PRINCIPIO PRO PERSONA Y RECURSO EFECTIVO. EL GOBERNADO NO ESTÁ EXIMIDO DE RESPETAR LOS REQUISITOS DE PROCEDENCIA PREVISTOS EN LAS LEYES PARA INTERPONER UN MEDIO DE DEFENSA." No se soslaya que, del contenido de la demanda se advierte que señala como autoridades responsables, entre otras, a este Juzgado Quinto de Distrito, pues indica "jueces de distrito del. Estado de México"; a quien reclama actos sumamente abstractos que son "violación al principio pro persona e inaplicación de criterios internacionales". Sin embargo, debe decirse que dichos actos no permiten identificación en su contenido y en el supuesto de que lo permitieran, de conformidad con lo establecido en el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, es un hecho notorio que en la estadística de este órgano jurisdiccional no se sigue ninguna causa penal contra los quejosos; por tanto, la suscrita en ningún momento ha participado en la emisión de los actos reclamados que se le atribuyen, es decir, son inexistentes. Además, se estima que la presente determinación no deja en estado de indefensión a los inconformes, en razón que ningún caso práctico tendría realizar el trámite de una demanda que a todas luces es improcedente, en tanto que, como se vio, carece de la expresión de voluntad de su promovente. Es aplicable a lo anterior, por identidad de razón, el criterio11 de rubro y texto siguientes: "COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO PARA CONOCER DE UN JUICIO DE AMPARO DIRECTO CUANDO SON SEÑALADOS COMO AUTORIDAD RESPONSABLE. Cuando en una demanda de amparo directo se señala como autoridad responsable, entre otros, al Tribunal Colegiado de Circuito que por razón de turno conoció del mismo asunto, atribuyéndosele como acto reclamado la sentencia que dictó en un juicio de amparo anterior, no debe declararse incompetente porque el acto reclamado no deriva de un procedimiento ordinario federal o de alguno diverso al juicio de garantías tramitado ante el mismo órgano; por tanto, esta clase de incompetencia no opera en torno al señalamiento, como acto reclamado, de una sentencia dictada en otro juicio de amparo, pues en este caso sí tiene competencia objetiva que lo faculta para analizar y determinar lo que corresponda en relación con la referida demanda de amparo directo. Además, no deben considerarse impedidos los Magistrados de Circuito para conocer del nuevo juicio de amparo donde son señalados como autoridad responsable o porque dictaron la resolución impugnada, en términos del artículo 66, fracción IV, de la Ley citada, pues para que se actualice dicha hipótesis se requiere que realmente hayan tenido el carácter de autoridad responsable. Lo contrario significaría admitir que los quejosos pueden impedir el conocimiento de sus demandas por determinados Tribunales Colegiados por el solo hecho de mencionarlos como autoridades responsables". Resta decir que la demanda refiere actos prohibidos por el artículo 22 constitucional; sin embargo, si bien en el caso se reclama la represalias, reubicación de los quejosos de sus dormitorios a diversos módulos, zonas o áreas; traslado a un centro penitenciario diverso, intimidación, discriminación y coacción; sin embargo, tales actos no encuadran en alguno de los actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Federal, pues no se trata de penas de muerte, mutilación, infamia, marca, azotes, palos, tormento de cualquier especie, multa excesiva, confiscación de bienes o alguna pena inusitada y trascendental, con independencia de que hayan señalado como acto el denominado como "actos prohibidos en el artículo 22 constitucional y 15 de la Ley de Amparo", pues no precisaron en concreto a cuáles actos se refieren, ni efectivamente estén siendo objeto de alguno de los que prevén tales numerales. En el mismo sentido, tampoco encuadran en los supuestos del numeral 15 de la Ley de Amparo, pues no se trata de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas, incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. La anterior consideración, pues la naturaleza urgente de la demanda de amparo, no depende del sólo señalamiento de los actos reclamados, así como porque los quejosos así lo consideren, sino que del contenido integral de la demanda de amparo, debe advertirse realmente que se está en presencia de alguno de los actos urgentes previstos en los ordinales 15 y 22 antes citados, que amerite su trámite inmediato; lo que no acontece en la especie, porque los impetrantes no refieren estar siendo objeto de alguno de los actos prohibidos contenidos en los numerales citados. Por otra parte, tomando en consideración que los quejosos se encuentran recluidos en la penitenciaría de la Ciudad de México, sin embargo, no especificaron en cuál de ellos; por tanto, procédase a notificarles el presente proveído en los estrados de este juzgado

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