Carlos Alberto Angelino Barron
Expediente 303/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de México. 4 actuaciones registradas, la última del 13 de enero de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 303/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 13/01/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de México · Estado de México
Partes del expediente
- Carlos Alberto Angelino Barron
Actuaciones
- Principal
causa estado el auto que desecho la presente demanda. archivo
- Principal
Agréguese a los presentes autos, el oficio de cuenta signado por la Juez Noveno de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, mediante el cual remite el expediente original del exhorto 270/2022, orden 278/2022, del índice de este juzgado. Al respecto, este órgano jurisdiccional no realiza algún pronunciamiento, toda vez que mediante auto de seis de abril del año en curso, se proveyó sobre su contenido. Acúsese recibo. Notifíquese.
- Principal
Agréguese a los autos el oficio de cuenta remitido por el Juzgado Noveno Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, por medio del cual devuelve el exhorto número 149/2022, Orden 154/2022, formado con motivo del exhorto 270/2022, orden 278/2022, del índice de este juzgado de Distrito, librado a fin de notificar a la parte quejosa el auto de veintitrés de marzo de dos mil veintidós; ante ello, glósese, para efectos estadísticos, dese de baja el exhorto en comento, sin que sea necesario acusar de recibo, toda vez que este se genera de manera automática al momento de que se recibió la comunicación oficial de cuenta. Notifíquese
- Principal
Radicación. Vista la demanda de amparo que promueve Carlos Alberto Angelino Barrón, por propio derecho, contra actos del Fiscal General de Justicia de Estado de México; atento a su contenido, fórmese expediente electrónico e impreso, captúrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y regístrese en el Libro de Gobierno de este Juzgado Federal, con el número 303/2022-III. Desechamiento. Ahora, una vez analizado el escrito inicial, este órgano jurisdiccional concluye que debe desecharse plano la demanda de amparo, en términos de lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo. El artículo 113 de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano.". Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda. Lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultaría factible formarse convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Al respecto, con la finalidad de dar certeza jurídica al presente proveído, conviene precisar los actos reclamados que señala la parte quejosa los hacen consistir en: La omisión de iniciar carpeta de investigación por el delito de extorsión. Omisión de girar órdenes de búsqueda, presentación o aprehensión contra Nury Marlene Trujillo Francisco. Violación al derecho de acceso a la justicia. Una vez precisado lo anterior, este órgano de control constitucional advierte que, en la especie, existen motivos manifiestos e indudables de improcedencia del juicio de amparo, pues se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con los ordinales 6° y 15, del citado cuerpo de leyes, que establecen lo siguiente: El artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo dispone lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: - - - XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley.". Por su parte los numerales 6° y 15, párrafo primero, de la legislación supracitada, precisan: "6°. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley..". Por su parte, el numeral 6 de la legislación supracitada precisa: "Artículo 6°. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley..". El numeral 15 de la Ley de la Materia señala: "Artículo 15. Cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, y el agraviado se encuentre imposibilitado para promover el amparo, podrá hacerlo cualquiera otra persona en su nombre, aunque sea menor de edad.". Ahora, es importante destacar que la firma del promovente no constituye un elemento de forma, sino un requisito esencial para dar validez a la demanda de amparo, pues en el procedimiento escrito, la voluntad de las partes de ejercitar un derecho se manifiesta mediante la firma o, si no lo sabe hacer, mediante la impresión de la huella digital con testigo que firme a su ruego. Lo anterior, en atención a lo siguiente: La firma es el signo gráfico con el cual, en general, se obligan todas las personas en todos los actos jurídicos en los que se requiere la forma escrita, tal como lo es la demanda de amparo. Denota la voluntad de ejercicio del derecho que en el propio escrito se consagra. Es una formalidad indispensable para dar curso a cualquier escrito que contenga una promoción judicial, ya que la firma al pie del documento sirve para dar autenticidad al mismo. El Diccionario de la Lengua Española define la palabra firma, como: "nombre y apellido, o título, que una persona escribe de su propia mano en un documento, para darle autenticidad o para expresar que aprueba su contenido.". El artículo 204 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo refiere: "Artículo 204. Se reputa autor de un documento privado al que lo suscribe, salva (sic) la excepción de que trata el artículo 206. Se entiende por subscripción la colocación, al pie del escrito, de las palabras que, con respecto al destino del mismo, sean idóneas para identificar a la persona que suscribe. La subscripción hace plena fe de la formación del documento por cuenta del subscriptor, aun cuando el texto no haya sido escrito ni en todo ni en parte por él, excepto por lo que se refiere a agregados interlineales o marginales, cancelaciones o cualesquiera otras modificaciones contenidas en él, las cuales no se reputan provenientes del autor, si no están escritas por su mano, o no se ha hecho mención de ellas antes de la subscripción." Por tanto, es evidente que emerge la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 6° del mismo ordenamiento legal, relativo al principio fundamental del juicio de amparo de instancia de parte agraviada, dado que el juicio constitucional puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma o el acto reclamado en términos de la fracción I, del artículo 5° de la ley de la materia, no así por alguno de sus autorizados. En ese sentido, si la demanda de amparo no contiene evidencia de seguridad criptográfica correspondiente a la firma electrónica de quien la promueve, debe estimarse que no existe instancia de parte agraviada, dado ??? que no se encuentra exteriorizada la voluntad del directamente interesado en la promoción del juicio de amparo, máxime que de admitir y tramitar esa promoción, se fomentaría la práctica viciosa de que cualquier persona, con cualquier firma o sin ella, presentara escritos en forma oportuna, para que después, en cualquier tiempo, el directamente interesado pretendiera subsanar la omisión de expresión de voluntad de promover, mediante una simple aceptación de que esa firma, que no corresponde a la expedida a su favor, es suya, lo cual evidentemente iría en perjuicio de las demás partes, por lo cual, resulta procedente desechar la demanda de amparo que nos ocupa. Máxime que no se está en el supuesto que prevé el párrafo primero del artículo 15 de la ley de la materia, porque no se reclaman actos que legitimen a cualquier persona a promover el juicio constitucional de amparo en representación de una persona que se encuentra imposibilitada para ello. Sin que obste a lo anterior que, la demanda que se provee se hubiera presentado a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes 2.0, pues, el primer párrafo del artículo 5° del Acuerdo General Conjunto 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico, precisa: "Artículo 5°. Todas las demandas, promociones, recursos y cualquier escrito u oficio que envíen las partes en un juicio de amparo o en un diverso juicio de la competencia de los órganos del Poder Judicial de la Federación deberán ir firmados mediante el uso de la FIREL." De donde se advierte que, si bien se pueden promover demandas de amparo con auxilio de los medios electrónicos, las mismas deben contener la cadena digital correspondiente a la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), la cual hace las veces de la firma autógrafa plasmada en el documento impreso, lo cual no acontece en la especie; de ahí que, se estime que en el escrito de cuenta no se expresa la voluntad del quejoso en promover la demanda de amparo respectiva. Ahora, no pasa desapercibido para este órgano jurisdiccional, que la parte promovente haya señalado que "por COVID-19 no se requiere firma" en la demanda; sin embargo, tal aseveración no resulta acertada, pues el Consejo de la Judicatura Federal implementó el regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, estableciendo lineamientos sobre los cuales deben funcionar las Oficinas de Correspondencia Común (OCC), los buzones judiciales y las Oficialías de Partes Comunes (OPC), para la recepción de las demandas y promociones, desapareciendo aquellas permisiones que durante la pandemia estuvieron vigentes. En ese entendido, el promovente no se encuentra exento de cumplir con las formalidades establecidas para la presentación de una demanda; es decir, es obligación de toda persona signar (ya sea física o electrónicamente) los documentos que se presentan ante los órgano que conforman el Poder Judicial de la Federación, pues de no hacerlo así, el documento no demostrará que es voluntad de su autor conducirse en los términos de su contenido. En consecuencia, al actualizarse de manera manifiesta e indudable, la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los ordinales 6º y 15, todos de la Ley de Amparo, procede desechar de plano por su manifiesta e indudable improcedencia la demanda de amparo. Notifíquese; y a través de exhorto a la parte quejosa.
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