Carlos Alberto Angelino Barrón
Expediente 184/2021 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de México. 1 actuación registrada, la última del 28 de julio de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 184/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 1
- Última actuación
- 28/07/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de México · Estado de México
Partes del expediente
- Carlos Alberto Angelino Barrón
Actuaciones
- Principal
Vista la certificación así como el escrito del licenciado Sergio Alberto Saches Jiménez, defensor público de los quejosos Carlos Alberto Angelino Barrón y Juan Manuel Espinosa González, en el que desahoga la prevención de veinte de mayo de dos mil veintiuno. II. Señala autoridades y actos reclamados. Ahora bien y derivado de lo anterior, el defensor en cita señala como responsables y actos los siguientes: ( En su doble aspecto Ordenadora y Ejecutora; 1.- DIRECTOR DE LA PENITENCIARÍA DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 2. PRESIDENTE DEL CONSEJO TÉCNICO INTERDISCIPLINARIO LA PENITENCIARÍA DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 3. EL SUBDIRECTOR TÉCNICO LA PENITENCIARÍA DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 4. CONSEJO TÉCNICO INTERDISCIPLINARIO LA PENITENCIARÍA DE LA CIUDAD DE MÉXICO. ( Actos reclamados. 1.- La orden de traslado de la Penitenciaría de la Ciudad de México, a otro Centro de Reinserción Social, Estatal, Regional o Distrital de alguna otra entidad federativa; o a algún CE.FE.RE.SO, decretada en contra de Carlos Alberto Angelino Barrón y de Juan Manuel Espinosa González. 2.- La orden de reubicación del módulo donde se encuentran internos actualmente Carlos Alberto Angelino Barrón y de Juan Manuel Espinosa González, el dormitorio 4, zona 1, estancia 11, de la Penitenciaría de la ciudad de México, decretada en su contra. 3.- La falta de sustentación de un procedimiento en el que se respeten las garantías y derechos de Carlos Alberto Angelino Barrón y de Juan Manuel Espinosa González a que hace referencia la Ley Nacional de Ejecución Penal. 4.- La violación del derecho humano a la reinserción social previsto en el párrafo octavo del artículo 18 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, relativo a purgar la pena de prisión en el centro penitenciario más cercano a su domicilio, a fin de propiciar la reintegración a la comunidad como forma de reinserción social. Por lo cual téngase por señalas a las autoridades que menciona y a los actos citados en ejercicio de sus funciones. III. Decisión sobre la instancia constitucional. En términos del artículo 113 de la Ley de Amparo, deben analizarse de manera preferente las causales de improcedencia, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente. En el caso, la parte quejosa reclama en esencia: La orden de traslado y la orden de reubicación de módulo fuera de procedimiento de los quejosos Carlos Alberto Angelino Barrón y Juan Manuel Espinosa González de Penitenciaría de la Ciudad de México, a otro Centro de Reinserción Social, Estatal, Regional o Distrital de alguna otra entidad federativa; o a algún CE.FE.RE.SO. Se estima que se actualiza la causal improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior;" En la que está inmerso el principio de definitividad que rige en el juicio constitucional, conforme el cual, antes de acudir a esa vía es necesario agotar los medios de defensa ordinarios, por virtud de los cuales puedan ser modificados, revocados o nulificados los actos reclamados en el propio juicio de amparo. En principio es necesario mencionar que la citada causa de improcedencia establece como presupuestos procesales de actualización los siguientes: Que el acto sea emitido por una autoridad distinta de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo. Que en contra de dicho acto proceda un recurso o medio ordinario de defensa que lo pueda modificar, revocar o nulificar y que la ley respectiva regule a ese acto de manera específica, aludiendo expresamente a él, debiendo colmar todas las determinaciones que contenga, así como las consecuencias que produzca en el ámbito jurídico del gobernado. Que dicho recurso se encuentre establecido en una ley formal, es decir, expedida por el órgano legislativo competente. Que para la suspensión del acto impugnado no se exijan mayores requisitos que los establecidos en la Ley de Amparo. Sobre esa base, se estima importante destacar que con la reforma a los artículos 18 y 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dieciocho de junio de dos mil ocho, se introdujo el modelo penitenciario con características de reinserción social y de judicialización, por lo que, conforme con el nuevo sistema se asignó al Poder Ejecutivo la facultad de administrar las prisiones y se confirió a las autoridades judiciales el régimen de reinserción social y judicialización de modificación y duración de las penas; en consecuencia, el Poder Judicial es el encargado de vigilar el estricto cumplimiento de la pena dictada de manera que todos los eventos de trascendencia jurídica que surjan durante la ejecución de la pena, entre ellos, el traslado, queden bajo la supervisión de la autoridad judicial en materia penal. Ahora, los artículos 116, 117, fracción III y último párrafo, ambos de la Ley Nacional de Ejecución Penal, disponen: "Artículo 116. Controversias Los jueces de ejecución conocerán controversias relacionadas con: I. Las condiciones de internamiento y cuestiones relacionadas con las mismas; II. El plan de actividades de la persona privada de la libertad y cuestiones relacionadas con el mismo, que impliquen violación de derechos fundamentales; III. Los derechos propios de quienes soliciten ingresar o hayan ingresado al Centro como visitantes, defensores públicos y privados, defensores en los tribunales de amparo, y observadores por parte de organizaciones de la sociedad civil; IV. La duración, modificación y extinción de la pena y de sus efectos, y V. La duración, modificación y extinción de las medidas de seguridad. Artículo 117. Controversias sobre condiciones de internamiento, el plan de actividades y cuestiones relacionadas con ambas Los sujetos legitimados por esta Ley para interponer peticiones administrativas también tendrán acción judicial ante el Juez de Control o de Ejecución según corresponda, con el objeto de resolver las controversias sobre los siguientes aspectos (.) III. Los derechos de las personas privadas de la libertad en materia de traslados. esta acción podrá ejercitarse en el momento de la notificación de traslado, dentro de los diez días siguientes a la misma, o dentro de los diez días siguientes a su ejecución, cuando la persona privada de la libertad no hubiese sido notificada previamente, y (.) Por cuanto hace a la fracción III, los traslados por razones urgentes, relacionados con la integridad física o la salud de la persona privada de la libertad o bien, por cuestiones de seguridad del Centro, no requerirán autorización previa del Juez de Ejecución, sin perjuicio de que dicha determinación pueda ser recurrida y en su caso, confirmada o revocada." De dichos preceptos legales, se advierte que la parte quejosa cuenta con un medio de defensa previo a la promoción del juicio de amparo; así, de una interpretación sistemática de dichos preceptos legales se infiere, que corresponde a las autoridades administrativas la emisión de las órdenes de traslados por razones urgentes relacionadas con la integridad física o la salud de la persona privada de la libertad o bien, por cuestiones de seguridad del Centro, determinación que no requerirá autorización previa del Juez de Ejecución y, dicha determinación puede ser recurrida y en su caso, confirmada o revocada, en términos de la fracción III, del citado artículo 117, que establece que los sujetos legitimados para interponer peticiones administrativas, también tendrán acción judicial ante el Juez de Control o de Ejecución, según corresponda, con el objeto de resolver las controversias sobre los derechos de las personas privadas de la libertad en materia de traslados, acción que podrá ejercitarse en el momento de la notificación de traslado, dentro de los diez días siguientes a la misma, o dentro de los diez días siguientes a su ejecución, cuando la persona privada de la libertad no hubiese sido notificada previamente. Asimismo, los artículos 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128 y 129, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, disponen: "Artículo 120. Principios del procedimiento. Las acciones y recursos judiciales se sustanciarán conforme a un sistema adversarial y oral y se regirán por los principios de contradicción, concentración, continuidad, inmediación y publicidad. La persona privada de la libertad deberá contar con un defensor en las acciones y recursos judiciales; mientras que la Autoridad Penitenciaria podrá intervenir por conducto de la persona titular de la dirección del Centro o de la persona que ésta designe. El promovente podrá desistirse de la acción y del recurso judicial en cualquier etapa del procedimiento, siempre que esto no implique la renuncia a un derecho fundamental. Artículo 121. Partes procesales En los procedimientos ante el Juez de Ejecución podrán intervenir como partes procesales, de acuerdo a la naturaleza de la controversia: I. La persona privada de la libertad; (.) Artículo 122. Formulación de la controversia La controversia judicial deberá presentarse por escrito ante la administración del juzgado de ejecución, precisando el nombre del promovente, datos de localización, el relato de su inconformidad, los medios de prueba en caso de contar con ellos, la solicitud de suspensión del acto cuando considere que se trata de caso urgente y la firma o huella digital. El Juez de Ejecución, de acuerdo con la naturaleza de la pretensión, de oficio o a petición de parte, ordenará la suspensión del acto si lo considera pertinente, así como el desahogo de las pruebas que estime conducentes para resolver el conflicto. Artículo 123. Auto de inicio Una vez recibida la solicitud, la administración del juzgado de ejecución registrará la causa y la turnará al juez competente. Recibida la causa, el Juez de Ejecución contará con un plazo de setenta y dos horas para emitir un auto en cualquiera de los siguientes sentidos: I. Admitir la solicitud e iniciar el trámite del procedimiento; II. Prevenir para que aclare o corrija la solicitud, si fuere necesario, o III. Desechar por ser notoriamente improcedente. Cuando se realice una prevención, el solicitante tendrá un plazo de setenta y dos horas para que aclare o corrija la solicitud, en caso de no hacerlo, se desechará de plano. Artículo 124. Sustanciación En caso de ser admitida la solicitud o subsanada la prevención, la administración del juzgado de ejecución notificará y entregará a las partes copia de la solicitud y sus anexos, para que dentro del plazo de cinco días contesten la acción y ofrezcan los medios de prueba que estimen pertinentes; además se requerirá a la Autoridad Penitenciaria para que dentro del mismo término rinda el informe que corresponda. En caso de tratarse de medidas disciplinarias y de violación a derechos que constituyan un caso urgente que, de no atenderse de inmediato, quedará sin materia la acción o el recurso jurisdiccional, el Juez de Ejecución de oficio o a solicitud de parte decretará de inmediato la suspensión del acto, hasta en tanto se resuelve en definitiva. Rendido el informe y contestada la acción, se entregará copia de las mismas a las partes que correspondan y se señalará hora y fecha para la celebración de la audiencia, la cual deberá realizarse al menos tres días después de la notificación sin exceder de diez días. En caso de que las partes ofrezcan testigos, deberán indicar el nombre, domicilio y lugar donde podrán ser citados, así como el objeto sobre el cual versará su testimonio. En la fecha fijada se celebrará la audiencia, a la cual deberán acudir todos los interesados. La ausencia del director del Centro o quien lo represente y de la víctima o su asesor jurídico no suspenderá la audiencia. Artículo 125. Reglas de la audiencia Previo a cualquier audiencia, el personal de la administración del juzgado de ejecución llevará a cabo a identificación de toda persona que vaya a participar, para lo cual deberá proporcionar su nombre, apellidos, edad y domicilio. Las audiencias serán presididas por el Juez de Ejecución, y se realizarán en los términos previstos en esta Ley y el Código. Artículo 126. Desarrollo de la audiencia La audiencia se desarrollará sujetándose a las reglas siguientes: I. El Juez de Ejecución se constituirá en la sala de audiencias el día y hora fijados y verificará la asistencia de los intervinientes, declarará abierta la audiencia y dará una breve explicación de los motivos de la misma; II. El Juez de Ejecución verificará que las partes conocen de sus derechos constitucionales y legales que les corresponden en la audiencia y en caso contrario, se los hará saber; III. El Juez de Ejecución concederá el uso de la palabra al promovente y con posterioridad a las demás partes; IV. Las partes discutirán sobre la admisión de los medios de prueba y podrán apelar el desechamiento; V. El Juez de Ejecución admitirá los medios de prueba y se procederá a su desahogo conforme a las reglas del Código; VI. Las partes formularán los alegatos finales y de ser procedente, el Juez de Ejecución observará el derecho de réplica y dúplica cuando el debate así lo requiera; VII. El Juez de Ejecución declarará cerrado el debate, y VIII. Emitirá su resolución y la explicará a las partes en la misma audiencia. Artículo 127. Resolución El Juez de Ejecución tendrá un término de cinco días para redactar, notificar y entregar copia a las partes de la resolución final. En la resolución el juez deberá pronunciarse, incluso de oficio, sobre cualquier violación a los derechos fundamentales de los sentenciados. Artículo 128. Efectos generales Los jueces de ejecución podrán dar efectos generales a las resoluciones relativas a las condiciones de internamiento, extendiendo sus efectos a todas las personas privadas de la libertad que se encuentren en las mismas condiciones que motivaron la resolución. El juez establecerá un calendario para la instrumentación progresiva de la resolución, previa audiencia a las partes. Artículo 129. Ejecución de la resolución La resolución definitiva se ejecutará una vez que quede firme. Transcurrido el término para el cumplimiento de la resolución por parte de la Autoridad Penitenciaria, el Juez de Ejecución, de oficio o a petición de parte, requerirá a la autoridad el cumplimiento de la misma. Cuando la Autoridad Penitenciaria manifieste haber cumplido con la resolución respectiva, el Juez de Ejecución notificará tal circunstancia al promovente, para que dentro del término de tres días manifieste lo que a su interés convenga; transcurrido dicho término sin que hubiese objeción, el Juez de Ejecución dará por cumplida la resolución y ordenará el archivo del asunto. Cuando el interesado manifieste su inconformidad en el cumplimiento de la resolución, el Juez de Ejecución notificará a la Autoridad Penitenciaria tal inconformidad por el término de tres días para que manifieste lo que conforme a derecho corresponda y transcurrido el mismo, se resolverá sobre el cumplimiento o no de la resolución. Cuando la autoridad informe que la resolución sólo fue cumplida parcialmente o que es de imposible cumplimiento, el juez, si considera que las razones no son fundadas ni motivadas, dará a la Autoridad Penitenciaria un término que no podrá exceder de tres días para que dé cumplimiento a la resolución, de no hacerlo se aplicarán las medidas de apremio que correspondan. Cuando la Autoridad Penitenciaria alegue imposibilidad material o económica para el cumplimiento total o parcial de la resolución, el Juez de Ejecución, escuchando a las partes, fijará un plazo razonable para el cumplimiento." De dichos preceptos legales, se advierte que la tramitación de la acción judicial prevista en la fracción III, del artículo 117, de la Ley en cita, se encuentra regulada en los citados artículos, de los que se advierte -en lo que aquí interesa- que podrán intervenir como partes procesales de acuerdo a la naturaleza de la controversia, entre otros, la persona privada de la libertad (como en la especie acontece; en virtud, que Carlos Alberto Angelino Barrón y Juan Manuel Espinosa González, se encuentra recluido en el Penitenciaria CDMX, acción que además, establece la posibilidad de solicitar la suspensión del acto y cuando se considere que se trata de caso urgente -a petición de parte o de oficio- el juez de ejecución la decretará de inmediato. Al margen de lo anterior, es evidente que tratándose de una orden de traslado la persona privada de su libertad tiene la posibilidad de reclamarla mediante un medio de defensa sencillo, rápido y eficaz, con los mismos alcances pretendidos y posibles como si intentara la acción de amparo; por ende, si el interno promueve la acción constitucional contra dicho acto, sin que previamente hubiera agotado el recurso ordinario previsto, el juicio de amparo se torna improcedente. Sin que en el caso se actualice alguna de las excepciones al principio de definitividad previstas en el penúltimo párrafo de la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo. Esto, porque no se está en el supuesto de que se aleguen sólo violaciones directas a la Constitución; ni que el acto carezca de fundamentación. En esas condiciones, se estima actualizada la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX de la Ley de Amparo, por inobservancia al principio de definitividad, por ende, procede desechar de plano la presente demanda de amparo, al ser notoriamente improcedente. No pasa inadvertido que, los quejoso en su escrito inicial de demanda reclaman como actos reclamados; represalias amenazas, intimidación, actos de molestia perturbación del sueño y violencia síquica, así como actos prohibidos por el artículos 22 constitucional y 15 ley de amparo, sin embargo, en razón que veintitrés de julio de dos mil veintiuno, Sergio Alberto Sánchez Jiménez, Defensor Público Federal, adscrito a este Juzgado de Distrito, estableció comunicación con los quejosos, a efecto de dar cumplimiento a los autos de veinte de mayo y dieciséis de julio de dos mil veintiuno, y les pregunto si actualmente sufrían tratos crueles, inhumanos o degradantes, a lo que los quejosos respondieron que no, también les preguntó si han sufrido represalias, amenazas o actos de intimidación, a lo que me refirieron que no, asimismo se les preguntó si eran objeto de discriminación por condición, o por ideología, respondiendo que no. Asimismo, se tiene, como hecho notorio, la existencia de los juicios de amparo 50/2021, 64/2021, 65/2021, 66/2021, 67/2021, 69/2021, 173/2021, 182/2021 y 183/2021, del índice de este juzgado, donde Carlos Alberto Angelino Barrón y Juan Manuel Espinosa González, reclaman los mismos actos reclamados que en el presente juicio de amparo.
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