Carlos Alberto Angelino Barrón
Expediente 466/2021 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 14 de junio de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 466/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 14/06/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de México · Estado de México
Partes del expediente
- Carlos Alberto Angelino Barrón
Actuaciones
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, catorce de junio de dos mil veintiuno. Con fundamento en el artículo 221, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese a los autos el oficio de cuenta, firmado electrónicamente por la Secretaria del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, con residencia en Apizaco, a través del cual acusa recibo del oficio por el que se le devolvieron los autos originales del juicio de amparo 200/2021-IV, de su índice; asimismo, de la misiva de cuenta se observa que no insistió en declinar la competencia, pues dicho asunto ahora lo envió al Juez de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, en turno, por resultar competente; de lo que se toma conocimiento para los efectos a que haya lugar. En ese orden de ideas, háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese como asunto concluido. Ahora bien, en cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en su capítulo segundo, artículo 6, fracción II; y, capítulo octavo, numeral 21, inciso b, que dicen: CAPÍTULO SEGUNDO. FUNCIONES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ARCHIVO Y DOCUMENTACIÓN, ÓRGANOS JURISDICCIONALES Y VISITADURIA JUDICIAL. Artículo 6. Funciones de los órganos jurisdiccionales. Corresponde a los titulares de los órganos jurisdiccionales: II. Emitir el acuerdo de desincorporación de los expedientes judiciales motivo de destrucción, en términos de lo dispuesto en los artículos 20 y 21 del presente Acuerdo; CAPÍTULO OCTAVO. EXPEDIENTES DESTRUIBLES. (...) Artículo 21. Expedientes destruibles en un plazo de tres años. Cumplido el plazo de conservación, las siguientes series documentales deberán ser destruidas, una vez cumplidos tres años de haberse dictado el acuerdo como asunto concluido, por los órganos jurisdiccionales: (.) b) Expedientes en los que se haya dictado una resolución que sin decidir el juicio en lo principal lo den por concluido; En atención a lo anterior, se estima que este expediente es susceptible de destrucción, de conformidad en lo previsto en los párrafos que anteceden; por ende, debe realizarse el procedimiento de la desincorporación y desintegración material total de este asunto, pues, se trata de un expediente en el cual este órgano jurisdiccional no aceptó la competencia que se había declinado, dándose por concluido el presente juicio. Finalmente, no se omite precisar que el presente asunto, en términos del artículo 15 del citado Acuerdo, no es considerado asunto de relevancia documental, ni tiene valor jurídico e histórico para su conservación. Notifíquese por lista, en los términos que al efecto establece el artículo 21 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, a veinticinco de mayo de dos mil veintiuno. Vista la cuenta que antecede, con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, téngase por recibido el oficio 8999/2021, signado por la Secretaria del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, con residencia en Apizaco, al cual anexa los autos originales del juicio de amparo indirecto 200/2021-IV, relativa a la demanda de amparo promovida por ---------- y -----------, contra actos de la Dirección Penitenciaria de la Ciudad de México y otras autoridades. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 3° de la Ley de Amparo y 21 a 26 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el doce de junio de dos mil veinte, vigente a partir del día siguiente de su publicación, se instruye a los secretarios y demás personal de este Juzgado de Distrito para formar el cuaderno impreso y electrónico del presente asunto, respecto de la demanda de amparo indirecto que quedó registrada con el número 466/2021-V. Anótese su ingreso en el Libro del Juzgado, y captúrese en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). Por tanto, dichos servidores públicos en el ámbito de las funciones inherentes a su cargo deben digitalizar las constancias de este juicio que se presenten de manera impresa, las cuales deben ser legibles para su consulta por las partes en el expediente electrónico; además, quedan instruidos para imprimir las constancias que se presenten de forma electrónica para incorporarlas al expediente impreso. En mérito de lo anterior y una vez analizada en su totalidad la demanda de amparo, de conformidad con el numeral 48 de la Ley de Amparo, este Juzgado Federal no acepta la competencia planteada, por las consideraciones que enseguida se exponen: En primer término, debe precisarse que la competencia es un presupuesto procesal de orden público, a cuyo estudio se encuentra obligado el Juez de Distrito, previamente a resolver cualquier otra cuestión relacionada con la materia del juicio constitucional, pues de no hacerlo, contravendría las reglas fundamentales que norman el procedimiento del juicio de amparo y consolidaría una violación procesal cardinal. Situación jurídicamente inadmisible, si se toma en cuenta que la incompetencia afecta la validez de las actuaciones, en términos de lo que establece el artículo 17 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Lo anterior, en estricto cumplimiento a los principios y reglas que sobre la competencia de los distintos Jueces de Distrito han sido elevados a normas de rango constitucional, en relación con la ley reglamentaria que regula esos aspectos, en términos de los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 37 de la Ley de Amparo. Por tanto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 37, último párrafo y 48 de la Ley de la materia, procede a analizar la competencia legal para conocer del presente asunto, con el fin de no violentar las reglas fundamentales que norman al juicio de amparo. Las leyes procesales señalan ciertos criterios para determinar la competencia y, normalmente, se habla de competencia por razón de la materia, la cuantía, el grado y el territorio. La Ley de Amparo prevé diversos tipos de competencia: a) Competencia por territorio; b) Competencia por materia; c) Competencia por grado; d) Competencia auxiliar; y, e) Competencia concurrente. Ahora, el artículo 37 de la Ley de Amparo establece: Conforme al anterior precepto, existen tres reglas para determinar la competencia por territorio de los Jueces de Distrito, a saber: 1) Por regla general, la competencia se determina de acuerdo con el lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado el acto reclamado, con independencia de la residencia de la autoridad emisora. 2) Cuando el acto reclamado se ha comenzado a ejecutar en un Distrito y continúe ejecutándose en otro, será competente cualquiera de los jueces de esas jurisdicciones, a prevención, es decir ante quien se presente la demanda de amparo. 3) Si el acto reclamado no requiere de ejecución material, el Juez de Distrito competente para conocer de dicho acto será aquel ante quien se presente la demanda de amparo. De lo anterior tenemos que, si el acto reclamado no requiere ejecución material, será competente el Juez en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda de amparo; de lo contrario, es decir, si el acto reclamado requiere de ejecución material, el juez competente será el del lugar en donde tenga verificativo la ejecución del acto. Ahora, hay una regla de excepción a la competencia por territorio, prevista en el artículo 38 de la Ley de Amparo que dispone: "Artículo 38. Es competente para conocer del juicio de amparo indirecto que se promueva contra los actos de un juez de distrito, otro del mismo distrito y especialización en su caso y, si no lo hubiera, el más cercano dentro de la jurisdicción del circuito al que pertenezca." Tal precepto claramente establece que la competencia para conocer del juicio de amparo que se promueva contra actos de un Juez de Distrito, corresponde a otro juez del mismo distrito y especialización en su caso, y si no lo hubiera, lo será el más cercano dentro de la jurisdicción del circuito al que pertenezca. Este supuesto, es el que juez declinante refiere para declinar la competencia este Juzgado Federal. En el auto de veinte de abril de dos mil veintiuno, emitido por el Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, con residencia en Apizaco, se advierte que tomó en consideración para la declaración de incompetencia que los quejosos en la demanda señalaron con el carácter de autoridades responsables entre otras, a los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal, de la Ciudad de México; sin que en el caso, exista autoridad responsable en la jurisdicción de los Juzgados de Distrito con residencia en el Estado de Tlaxcala, de quien se reclame la ejecución de los actos reclamados. De ahí, que determinó que se actualiza la regla prevista en el artículo 38 de la Ley de Amparo, esto es, que resulta competente el juez de Distrito en turno en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, en turno, pues no fue señalada autoridad responsable alguna en aquella jurisdicción, apoyándose en la Jurisprudencia del Pleno de nuestro Máximo Tribunal, de rubro: "COMPETENCIA. PARA DETERMINARLA, CUANDO SON SEÑALADOS COMO RESPONSABLES TODOS LOS JUECES DE DISTRITO DE LA MISMA MATERIA DE CIERTO ÁMBITO TERRITORIAL, DEBE ATENDERSE, ADEMÁS DE LA CERCANÍA, A LA ESPECIALIZACIÓN.". Este órgano jurisdiccional no comparte el argumento propuesto por la autoridad remitente, en atención a las siguientes consideraciones: De las constancias del juicio de amparo indirecto 200/2021-IV, del índice del juez declinante se advierte que la demanda de amparo, fue remitida en línea, sin firma, ni evidencia criptográfica, sin anexos, ni copias, recibida el diez de marzo de dos mil veintiuno, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Poza Rica, en la que Yoanna Fonseca Valencia, quien se ostentó como representante legítima de los quejosos Carlos Alberto Angelino Barrón y Juan Manuel Espinosa González, reclusos en la Penitenciaria de la Ciudad de México. La demanda fue turnada al Juzgado Décimo Tercero de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Poza Rica registrándose con el número 113/2021-III-A. En proveído de veinticinco de marzo de dos mil veintiuno, dicho Juez Federal se declaró incompetente por razón de territorio, con un argumento similar al del juez declinante, pues al efecto expuso que al haberse señalado en la demanda como autoridades responsables a los Jueces de Distrito de Amparo en Materia Penal de Ciudad de México, Estado de México, Morelos, Puebla, Querétaro e Hidalgo, se actualizó el supuesto de competencia que prevé el artículo 38 de la Ley de Amparo, y resultaban competentes por ser los más próximos los Juzgados de Distrito en el Estado de Tlaxcala, con residencia en Tlaxcala, de ahí que, se declarara incompetente y remitiera la demanda presentada vía electrónica a los juzgados en la citada Entidad Federativa, tocando conocer del asunto al ahora juez declinante. Precisado lo anterior, este Juzgado Federal estima que no se surte el supuesto establecido en el artículo 38 de la Ley de la Materia, pues si bien en la demanda de amparo se señaló como autoridades responsables entre otros, a los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, lo cierto es que tal señalamiento quedó sin efecto, al momento en que la defensora pública federal de los quejosos Carlos Alberto Angelino Barrón y Juan Manuel Espinosa González, desahogó las prevenciones que se le hicieron en proveído de diecinueve de marzo de dos mil veintiuno, en el juicio de amparo 200/2021-IV, entre las cuales se hicieron las siguientes: 3. Precise los actos reclamados. 4. Al dar cumplimiento al punto que antecede, deberá señalar a qué autoridad le atribuye cada acto en específico." En ese orden, la citada defensora, a través de escrito registrado con el número de promoción 3092, recibido en el juzgado exhortante el doce de abril de dos mil veintiuno, señaló a las siguientes autoridades como responsables: Director Subdirector de Seguridad Subdirector Técnico Jefe de la Unidad Departamental del Centro de Diagnóstico Ubicación y Determinación del Tratamiento Comité Técnico Todas de la Penitenciaria de la Ciudad de México. Secretario de Seguridad Ciudadana Secretario de Operación Policial Director Ejecutivo de Seguridad Penitenciaria Subsecretaría del Sistema Penitenciario Todas de la Ciudad de México. Prevención que se tuvo por desahogada en acuerdo de veinte de abril del año en curso. En esa medida, la defensora de los promoventes del amparo, se desistió en señalar como autoridades responsables a los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, esa variación es determinante para que cualquiera de los citados órganos jurisdiccionales esté en condiciones de conocer de la demanda presentada por ---------- y -----------, habida cuenta que los actos reclamados, conforme al desahogo de la prevención de la defensora pública federal, son los siguientes: A. La reubicación de dormitorio cuatro zona uno estancia once, a otro dormitorio diverso, módulo o área. B. Traslado fuera de procedimiento de la penitenciaria de la Ciudad de México a otro centro diverso, dentro o fuera de la Ciudad de México. En esa medida, si la ejecución los actos reclamados ha de tener lugar en la institución penitenciaria donde se encuentran recluidos los quejosos, se actualiza la hipótesis de competencia que establece el párrafo primero, del artículo 37 de la Ley de Amparo, esto es, se surte a favor de los Jueces de Distrito de Amparo en Materia Penal con residencia en la Ciudad de México, y por consiguiente, quien tiene que conocer del juicio de amparo es un juez con jurisdicción en aquel lugar. Máxime que por lo que hace al traslado reclamado, de la lectura de la demanda se desprende el lugar donde ha comenzado a ejecutarse, pero no el sitio donde continuará ejecutándose, por lo que se actualiza el supuesto previsto en la porción normativa invocada. Apoya lo anterior, la Jurisprudencia 1a/J 64/2019 (10ª), visible en la página 899, Libro, Octubre de 2019, Tomo I, Materia Común, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación cuyo rubro y texto dicen: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO CONTRA LA ORDEN DE TRASLADO DE UN INTERNO DE UN CENTRO DE RECLUSIÓN A OTRO, CUANDO SÓLO SE TIENE NOTICIA CIERTA DEL LUGAR DONDE COMENZARÁ LA EJECUCIÓN DE ESE ACTO, PERO NO DEL SITIO DONDE CONTINUARÁ EJECUTÁNDOSE. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO CON RESIDENCIA EN EL LUGAR DONDE EL QUEJOSO SE ENCUENTRE RECLUIDO. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 90/2007-PS, de la que derivó la jurisprudencia 1a./J. 35/2008, de rubro: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO INTERPUESTO CONTRA UNA ORDEN DE TRASLADO DE UN REO DE UN CENTRO PENITENCIARIO A OTRO. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO QUE PREVINO.", determinó que, la orden para trasladar a un reo de un centro de reclusión a otro, por su naturaleza jurídica, es un acto de tracto sucesivo, pues sus efectos no se agotan con su sola emisión, sino que se prolongan en el tiempo con motivo de su ejecución, la cual culmina hasta que es ingresado en el otro centro penitenciario; dicho criterio tomó como referencia lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo 36 de la Ley de Amparo abrogada, cuyo contenido es similar a la regla competencial prevista en el segundo párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo vigente. En esa ocasión no se analizó si tal porción normativa resultaba aplicable para determinar qué Juez de Distrito es el legalmente competente por razón de territorio para conocer de una demanda de amparo indirecto promovida contra la orden de traslado de un interno de un centro penitenciario a otro, ubicado en un Distrito Judicial distinto, cuando sólo se tiene noticia cierta sobre el lugar donde comenzará la ejecución de ese acto, pero no del sitio donde continuará ejecutándose. Así, para esta Primera Sala en ese caso específico no puede aplicarse esa regla competencial, dado que su actualización parte de la existencia de datos objetivos que permitan colegir que el acto reclamado tendrá ejecución en un Distrito Judicial distinto del cual se tenga noticia cierta. De no constar esa información, la competencia para conocer del asunto corresponderá al Juez de Distrito con residencia en el lugar donde el quejoso se encuentre recluido, en términos del párrafo primero del mencionado artículo 37, pues no hay duda de que ahí se iniciará a materializar ese acto de autoridad y no se sabe si tal traslado será o no a un Distrito Judicial distinto. De lo contrario, la delimitación de la competencia territorial quedaría a voluntad del quejoso, quien estaría en condiciones de presentar la demanda en un lugar distinto al sitio donde está recluido, bajo la sola manifestación, no corroborada de que la citada orden de traslado "podría" ejecutarse en aquella demarcación territorial, sin importar si efectivamente esto será o no así. Por tanto, la regla prevista en el párrafo segundo del artículo 37 de la Ley de Amparo para decidir qué Juez de Distrito es el competente para conocer del asunto, a prevención, sólo es aplicable cuando el traslado: a) efectivamente sea a un centro de reclusión ubicado en un distinto Distrito Judicial; y b) se tenga noticia cierta del Distrito Judicial al que se trasladará." Luego, como el conocimiento de la demanda presentada por ------------- y -----------, no corresponde a este Juzgado Federal, no se acepta la competencia que se plantea y se ordena devolver el presente juicio de amparo, al Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, con residencia en Apizaco, solicitándole atentamente, se sirva enviar el acuse de recibo correspondiente. Con fundamento en el artículo 26, fracción I, de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de los quejosos, el lugar donde se encuentran recluidos, esto es, la Penitenciaria de la Ciudad de México. ---------- Finalmente, fórmese el cuaderno de antecedentes respectivo, con copia de la demanda y copia autógrafa de la presente determinación. Notifíquese a las partes por lista, en los términos que al efecto establece el artículo 21 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.
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