Carlos Alberto Angelino Barrón y Otros.

Expediente 688/2023 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 2 actuaciones registradas, la última del 25 de agosto de 2023.

Datos del expediente

Expediente
688/2023
Año
2023
Actuaciones
2
Última actuación
25/08/2023

Partes del expediente

  • Carlos Alberto Angelino Barrón y Otros.

Actuaciones

  1. Principal

    MESA VIII Vista la certificación de cuenta, así como el estado de autos, se advierte que transcurrió el término de cinco días que prevé el artículo 98 de la Ley de Amparo, para recurrir la determinación de quince de agosto del año en curso, por la que se desechó la demanda de amparo, sin que la parte quejosa haya hecho valer medio de impugnación alguno; en consecuencia, con fundamento en el artículo 98 de la ley de la materia, en relación con el diverso 356, fracción II, del Código Federal de Procedimiento Civiles de aplicación supletoria, se declara que HA CAUSADO ESTADO. Dese el aviso correspondiente a las autoridades responsables y previas las anotaciones en el libro de gobierno, archívese como asunto totalmente concluido. (...) Hágase del conocimiento de las partes, que respecto al destino de este expediente, se encuentra en la hipótesis que establece el numeral 20, fracción IV, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; consecuentemente, es susceptible de DESTRUCCIÓN una vez que transcurra el plazo de tres años que se estipula; hágase constar en la carátula que carece de relevancia documental, y que no obran documentos originales.

  2. Principal

    MESA VIII DESECHAMIENTO Resulta necesario examinar si en el caso se actualiza algún motivo manifiesto e indudable de improcedencia, en términos del numeral 113 de la ley de la materia, que dispone: (...) De las anteriores disposiciones normativas, se deduce que la "firma electrónica vigente" o FIREL, es la forma de autenticar los escritos y promociones que se presenten a través del Portal de Servicios en línea del Poder Judicial de la Federación. Por lo cual, de suscitarse la ausencia de dicho requisito en la presentación de la demanda de amparo por medios electrónicos, es evidente que la consecuencia procesal sea la misma que tratándose de firma autógrafa. En congruencia con lo anterior, tomando en consideración que el juicio de amparo debe promoverse a instancia de parte agraviada, tal y como lo establecen los artículos 107, fracción I, de la Constitución General de la República y 6 de la Ley de Amparo, la demanda de amparo debe contener la manifestación expresa de la voluntad de instar el juicio por la persona agraviada. En el caso, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el ordinal 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 6 de la Ley de Amparo y 107, fracción I, constitucional, que establecen: En efecto, la firma del promovente es el signo gráfico con el que se obligan las personas en todos los asuntos jurídicos cuya promoción por escrito se requiere y a partir del cual válidamente puede establecerse si es voluntad o no de la parte quejosa en instar la acción constitucional de amparo. De modo que, la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación constituye un requisito esencial para dar validez a un documento ingresado a través del Portal de Servicios en Línea, por lo que resulta indispensable que en la demanda o promoción que se formula conste la voluntad directa de quien promueve mediante el uso de firma electrónica vigente. En tales condiciones, al no existir en la demanda evidencia criptográfica de la firma electrónica de las personas que se consideran afectadas en sus intereses jurídicos, no puede considerarse ejercida la acción constitucional y, por ende, no se cumple en la especie la instancia de parte agraviada para promover el juicio de amparo. En consecuencia, toda vez que, se insiste, la demanda de amparo indirecto presentada por vía electrónica carece de la firma electrónica de los presuntos quejosos, procede su desechamiento de plano, porque la falta de la firma electrónica de quien promueve el juicio no puede equipararse a una irregularidad subsanable a través de la prevención a que hace alusión el artículo 114 de la Ley de Amparo, sino que se trata del incumplimiento de uno de los principios rectores del juicio de amparo que no amerita prevención alguna, como sucede ante la falta de la firma autógrafa de una demanda presentada de forma ordinaria. Lo que de ninguna manera implica obstaculizar los actos necesarios para la defensa de la parte quejosa, ni trastocar sus derechos fundamentales de acceso a la justicia y uso eficiente y eficaz de los recursos públicos, así como de las tecnologías de la información, ya que los mecanismos implementados en la reforma constitucional y legal respectivas, fueron con el objeto de permitirle a los justiciables un uso más eficiente y eficaz de las tecnologías de la información disponibles para el logro de que toda persona obtenga justicia de forma pronta, completa e imparcial; empero, no para trastocar los principios fundamentales que rigen en el juicio de amparo, como lo es la obligación de que la demanda sea signada por quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo, individual o colectivo, por su propio derecho-salvo las excepciones establecidas en la propia Ley de Amparo-.

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