CARLOS ALBERTO ANGELINO BARRÓN y Otros.

Expediente 213/2022 tramitado ante el Juzgado Decimoprimero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 2 actuaciones registradas, la última del 29 de marzo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
213/2022
Año
2022
Actuaciones
2
Última actuación
29/03/2022

Partes del expediente

  • CARLOS ALBERTO ANGELINO BARRÓN y Otros.

Actuaciones

  1. Principal

    Ciudad de México, a veintinueve de marzo de dos mil veintidós. Agréguese a los autos los oficios y anexos de los funcionarios que los remiten, en los cuales señalan por una parte que no encontraron información sobre el paradero actual de los quejosos; asimismo, comunican las gestiones que se encuentran realizando a fin de obtenerla. Notifíquese.Así lo proveyó y firma Jorge Antonio Medina Gaona, Juez Décimo Primero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, ante Alberto Becerril Fuentes, secretario que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Ciudad de México, a once de marzo de dos mil veintidós. Téngase por recibida la demanda de amparo promovida en apariencia por [1] *********, [2] *********, [3] *********, [4] *********, [5] *********, [6] *********, [7] *********, [8] *********, [9] *********, [10] *********, [11] ********* y [12] *********, contra actos del Director de la Penitenciaria de la Ciudad de México y otras autoridades responsables, genérese expediente físico y electrónico y regístrese bajo el número de juicio de amparo indirecto 213/2022-V. Fijación de la Litis. 1) Reubicación de ********* del dormitorio cuatro, zona uno, estancia once, al dormitorio Nueve, zona Dos, estancia once, que le genera afectaciones a su salud y dignidad, así como afectaciones psicofísicas y emocionales y tortura psicofísica y emocional con fines intimidatorios. 2) Ataques y actos de coacción contra *********por ser defensor y promotor de derechos humanos y LGBTI. 3) Reubicación de ********* del dormitorio cuatro zona uno estancia once al dormitorio cuatro zona tres estancia diez que le genera tortura y tormento psicofísico y afectación emocional y a su dignidad. 4) Reubicación de ********* del dormitorio cuatro, zona uno, estancia once, al dormitorio cuatro, zona uno, estancia cuatro, que le genera tormento psicofísico y afectación psicoemocional. 5) Reubicación de ********* del dormitorio cuatro, zona uno, estancia cinco, a otro diverso que genera tormento psicofísico y afectación psicoemocional. 6) Reubicación de José Othón Ramiro Hernández Lima del dormitorio cuatro, zona tres, estancia ocho, a otro diverso que le genera tormento psicofísico y afectación psicoemocional. 7) Reubicación de ********* Y ********* del dormitorio cuatro, zona tres, estancia nueve, a otro diverso que genera tormento psicofísico y afectación psicoemocional. 8) Reubicación de ********* del dormitorio cuatro, zona tres, estancia doce, a otro diverso que le genera tormento psicofísico y afectación psicoemocional. 9) Reubicación de ********* del dormitorio cuatro, zona uno, estancia doce, a otro diverso que pone en riesgo su vida y genera tormento psicofísico. 10) Reubicación de *********del dormitorio cuatro, zona tres, estancia siete, a otro diverso que genera afectación psicoemocional y psicofísica. 11) Reubicación de ********* del dormitorio cuatro, zona uno, estancia diez, a otro diverso que le genera afectaciones psicoemocional y psicofísica. 12) Reubicación de *********del dormitorio diez, a otro diverso que pone en riesgo su vida y genera tormento psicofísico y psicoemocional. 13) Traslado de los quejosos de la Penitenciaría de la Ciudad de México a otro centro diverso dentro y fuera de la Ciudad de México con fines intimidatorios y por represalias que ponen en riesgo su vida y dignidad y genera tormento psicoemocional. 14) Actos prohibidos en el artículo 22 de la Constitución y 15 Ley de Amparo. 15) Intimidación. 16) Discriminación 17) Violación al principio pro persona. 18) Inaplicación de criterios internacionales. 19) Omisión de investigar actos constitutivos de delitos cometidos por servidores públicos contra los quejosos. 20) Omisión de suspender de sus funciones a los servidores públicos bajo investigación ministerial por la comisión de actos constitutivos de delitos. 21) Encubrimiento de actos constitutivos del delito de tortura. 22) Coacción y actos de intimidación contra Juan Manuel Espinosa González, para elaborar escrito de catorce de enero de dos mil veintidós. 23) Restricción de comunicación, contacto y de convivencia entre quejosos como medio de coacción, intimidación y represalias atribuidos al Comité Técnico. Autoridades responsables. a) los actos señalados con los numerales 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22 y 23 se le reclaman a las siguientes autoridades: I. Director de la Penitenciaría de la Ciudad de México. II. Subdirector Jurídico de la Penitenciaría de la Ciudad de México. III. Subdirector de Seguridad de la Penitenciaría de la Ciudad de México. IV. Comité Técnico de la Penitenciaría de la Ciudad de México. V. Subdirectora de Apoyo Técnico de la Penitenciaría de la Ciudad de México. VI. Jefe de Unidad Departamental del Centro de Diagnóstico Ubicación y Determinación del Tratamiento de la Penitenciaría de la Ciudad de México. VII. Subsecretario de Sistema Penitenciario de la Ciudad de México. VIII. Secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México. IX. Jefa de Gobierno de la Ciudad de México. X. Jefatura de Unidad Departamental de Jurídico y Normatividad de la Penitenciaría de la Ciudad de México B) Los actos señalados con el numeral 17 y 18 se le reclaman a las siguientes responsables: XI. Jueces de Distrito de Amparo de Materia Penal de la Ciudad de México del Primero al Décimo y del Decimosegundo al Decimosexto. XII. ESTE JUZGADO DECIMOPRIMERO DE DISTRITO DE AMPARO EN MATERIA PENAL EN LA CIUDAD DE MÉXICO. XIII. Jueces de Distrito de Amparo en Materia Administrativa de la Ciudad de México del Primero al Décimo Séptimo. XIV. Jueces de Distrito de Aguascalientes, Colima, Chiapas, Campeche, Coahuila, Chihuahua, Durango, Estado de México, Guerrero, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Nayarit, Nuevo León, Morelos, Michoacán, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí (excepto los de Ciudad Valles), Sinaloa, Sonora, Tlaxcala, Tabasco, Veracruz, Yucatán y Zacatecas. C) Los actos reclamados con el numeral 19 se le reclaman a: XV. Fiscalía de Servidores Públicos de la Ciudad de México. D) los actos reclamados con el numeral 20 y 21 se le reclaman a las autoridades: XVI. Subsecretario de Sistema Penitenciario de la Ciudad de México. XVII. Secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México. XVIII. Jefa de Gobierno de la Ciudad de México. XIX. Contraloría de la Ciudad de México. XX. Consejo de Honor y Justicia de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México. Consideración previa respecto a los actos señalados con los numerales 1) a 16). Respecto a los actos reclamados 1) y 3) a 12), consistentes en la reubicación de los aquí quejosos, éstos manifestaron que tal reubicación les genera "afectaciones a su salud y dignidad, así como afectaciones psicofisicas y emocionales y tortura psicofísica y emocional con fines intimidatorios, asimismo, que pone "en riesgo su vida y genera tormento psicofísico"; entre otras manifestaciones que se encuentran subrayadas en cada uno de dichos actos reclamados. Asimismo, respecto al acto reclamado marcado con el número 13), consistente en el traslado de los aquí quejosos refieren lo siguiente: "(.) con fines intimidatorios y por represalias que ponen en riesgo su vida y dignidad y genera tormento psicoemocional (.).". En relación con lo anterior, este juzgado considera que las manifestaciones relacionadas con los actos reclamados por los quejosos, relativos al traslado o reubicación de éstos, se trata únicamente de actos futuros de realización incierta y, además, para que exista la posibilidad inminente de que dichos actos se realicen, primero se tendría que trasladar y/o reubicar a los quejosos, lo que tampoco ha sucedido en la especie de acuerdo a lo mínimamente narrado en la demanda, por lo que dichas manifestaciones se traducen en simples expectativas o suposiciones relacionadas por los quejosos a dichos actos. Ahora bien, por lo que hace a los actos que reclaman marcados con los numerales 2) consistente en ataques y actos de coacción en contra de Carlos Alberto Angelino Barrón "por ser defensor y promotor de derechos humanos y LGBTI"; 15) consistente en intimidación, y 16) consistente en la discriminación, tales "actos" no son de los que importen peligro de privación de la vida, deportación o destierro o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución, ni se trata de actos que, si llegaren a consumarse, harían físicamente imposible restituir al quejoso en el goce del derecho violado, ya que su naturaleza deriva de la orden de traslado del centro penitenciario en el que se encuentran recluidos y/o del cambio de dormitorio, o bien, pudieran entrañar hechos con apariencia de delito los cuales pudieran ser investigados por las autoridades competentes, no así por los juzgados de Distrito; en conclusión, no se advierten indicios que se esté ante actos de los que importen peligro conforme al numeral constitucional referido. Por otro lado, respecto al acto señalado como 14) que los quejosos hicieron consistir en "actos prohibidos en el artículo 22 de la Constitución y 15 ley de amparo", los amparistas no mencionaron expresamente alguno de los actos prohibidos en el artículo 22 constitucional o del diverso precepto 15 de la ley de la materia. Máxime, que los justiciables no señalan ni siquiera indiciariamiente en los antecedentes de los actos cómo se han materializado éstos por las autoridades que señala como responsables. En ese tenor, únicamente pudiera inferirse que dichos "actos" se destacan como meras consecuencias de los actos reclamados primigenios consistentes en la orden de traslado y cambio de dormitorio, por lo que la situación de la discriminación, represalias y/o intimidación que refiere la parte quejosa al no señalarlos de manera fáctica, no pueden ser considerados de manera autónoma. Desechamiento en relación con los actos reclamados 1) a 23) respecto a las autoridades responsables marcadas con los números romanos I a XI y XIII a XX; LO ANTERIOR, HECHA EXCEPCIÓN DE LOS RECLAMADOS A ESTE JUZGADOR (XII), MARCADOS CON LOS NUMERALES 17) Y 18). En el caso, el escrito de demanda aparentemente promovido por [1] *********, [2] *********, [3] *********, [4] *********, [5] *********, [6] *********, [7] *********, [8] *********, [9] *********, [10] *********, [11] ********* y [12] *********, carece de firmas autógrafas, huellas digitales o firmas electrónicas; es indudable que, no contiene la voluntad de éstos en comprometerse con su contenido, pues el acto de estampar el signo gráfico correspondiente a su firma o firma electrónica, sirve para que no quede duda acerca de la circunstancia de que las manifestaciones ahí vertidas son de la voluntad de la persona que aparece como suscriptor; toda vez que la firma no constituye un elemento de forma, sino un requisito esencial para dar validez a un documento. En ese tenor, al ser de estudio preferente se advierte que en el presente asunto se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 107, fracción I de la Carta Magna, y con el diverso numeral 6o., de la Ley de Amparo. De conformidad con las disposiciones señaladas, el juicio de amparo, constituye un medio de control constitucional, que se inicia mediante la acción de una persona por sí o en representación de persona diversa, quien alega sufrir un agravio personal y directo, esto es, por el titular de la acción o su legal representante; manifestación de la voluntad que se exterioriza, al asentar en la demanda de amparo o del documento respectivo, la firma autógrafa, o bien la firma electrónica de conformidad con el artículo 3o. de la ley de la materia. Atento a ello, es necesario precisar que la demanda que se analiza fue presentada de manera electrónica por medio de las herramientas tecnológicas instauradas para ello; ahora, dicha circunstancia no exime a la parte promovente de la obligación de manifestar su voluntad por medio de la firma, que será el medio por el cual se cumple con el requisito necesario de que la demanda sea promovida siempre a instancia de parte agraviada -principio de instancia de parte-. La firma electrónica de acuerdo a lo establecido en la ley de la materia, hará las veces de la firma autógrafa, es decir, será ésta la que acredite la voluntad de promover el juicio de amparo, en el caso de que las demandas sean presentadas vía electrónica. Asimismo, de conformidad con los artículos 10, 14, 16, 17 interpretado a contrario sensu, 45 y 46 todos del Acuerdo General Conjunto 12/2020 de la Suprema corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se advierte que el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación es el sitio web a través del que las partes podrán promover demandas de amparo, promociones y recursos; para acceder a dicho sistema se deberá estar registrado en el mismo y contar con una firma electrónica emitida y reconocida por la Unidad del Poder Judicial de la Federación para el Control de Certificación de Firmas. El registro de los usuarios en el sistema, así como la firma electrónica en el archivo que contenga la demanda de amparo, no serán exigibles cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; es decir, que en los demás casos, como el que se analiza, será exigible dicho registro, así como que el archivo que contenga la demanda de amparo sea firmado electrónicamente, PUES EN LA PRESENTE DEMANDA DE AMPARO COMO YA SE PRECISÓ, NO SE RECLAMA ALGUNO DE LOS ACTOS ANTES CITADOS. En virtud de lo anterior, al ser presentada la multicitada demanda a través de los medios electrónicos permitidos y no encontrarse firmada electrónicamente por los directo quejosos, no se encuentra manifiesta la voluntad de éstos y en consecuencia no se cumple con el principio de instancia de parte, previsto en la Ley de Amparo. Entonces, de conformidad con el artículo 107, fracción I, de la Carta Magna, en relación con los diversos 6o. y 61, fracción XXIII de la Ley de Amparo, SE DESECHA DE PLANO la demanda de amparo de cuenta por su notoria e indudable improcedencia. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia de rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO PRESENTADA A TRAVÉS DEL PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. PROCEDE DESECHARLA DE PLANO CUANDO CARECE DE LA FIRMA ELECTRÓNICA DEL QUEJOSO. El artículo 3o. de la Ley de Amparo establece la posibilidad de actuar ante el Poder Judicial de la Federación mediante el empleo de las tecnologías de la información utilizando una firma electrónica, cuya regulación se encomendó al Consejo de la Judicatura Federal, órgano que actuando con la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, expidió los Acuerdos Generales Conjuntos Número 1/2013 y 1/2015, de los que se advierte, en suma, que la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), es equiparable a un documento de identidad, al ser el instrumento a través del cual se ingresa al sistema electrónico para actuar en los asuntos de la competencia de la Suprema Corte, del Tribunal Electoral, de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, con los mismos efectos jurídicos de la firma autógrafa; de suerte que la posibilidad de presentar una demanda de amparo por vía electrónica no implicó soslayar el principio de "instancia de parte agraviada" previsto en los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6o. de la Ley de Amparo, sino que únicamente tuvo como objetivos fundamentales, entre otros, simplificar la actuación procesal de los órganos jurisdiccionales y modernizar el sistema de impartición de justicia otorgando validez a las promociones judiciales realizadas a través de medios digitales usando la FIREL. En consecuencia, debe desecharse de plano la demanda de amparo indirecto presentada por vía electrónica cuando carezca de la FIREL del quejoso, porque la falta de la firma electrónica de quien promueve el amparo no puede equipararse a una irregularidad subsanable a través de la prevención a que hace alusión el artículo 114 de la Ley de Amparo, sino que se trata del incumplimiento de uno de los principios rectores del juicio de amparo que no amerita prevención alguna, como sucede ante la falta de la firma autógrafa de una demanda de amparo presentada de forma ordinaria. Cabe señalar que este criterio resulta inaplicable tratándose del supuesto expreso del artículo 109 de la Ley de Amparo, conforme al cual será innecesaria la firma electrónica cuando el juicio de amparo se promueva con fundamento en el artículo 15 de la ley referida.". En otro orden de ideas, aun cuando en la especie estuviera debidamente firmada la demanda, de cualquier manera procedería desecharla, al actualizarse motivos diversos. En efecto, conviene precisar que del análisis de la demanda, se aprecia que los promoventes no redactaron los antecedentes de los actos reclamados que atribuye a los Jueces de Distrito de Amparo en Materia Penal en esta Ciudad (hecha excepción de este Juzgado Decimoprimero). De tal suerte, debe inferirse que los actos que les imputan a los Jueces Primero a Décimo y Decimosegundo a Decimosexto, lo hacen en su carácter de Juez de control constitucional. Partiendo de lo anterior, en términos del artículo 80 de la ley de la materia, en el juicio de amparo sólo se admitirán los recursos de revisión, queja y reclamación; y tratándose del cumplimiento de sentencia, el de inconformidad; siendo esto así, contra lo actuado por un juez de Distrito en materia de amparo, proceden tales recursos como medio de impugnación vertical, a modo de revisar la actuación del juzgador. Así, se actualizaría otro motivo más de improcedencia, ya que no es factible conocer de un juicio de amparo presentado en contra de otro juez de Distrito, debido a que, se insiste, contra sus actuaciones proceden los recursos mencionados y no una demanda independiente o autónoma. Ahora, respecto a los actos reclamados consistentes en el traslado o reubicación de los amparistas se actualizaría la diversa causal de improcedencia establecida en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, ya que los peticionarios no agotaron el principio de definitividad en forma previa a acudir a esta instancia constitucional, al no interponer en contra de la orden de traslado y/o reubicación referidos el medio ordinario de defensa contemplado en la Ley Nacional de Ejecución Penal. Tiene aplicación de jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "ORDEN DE TRASLADO Y PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. ANTES DE PROMOVER JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN SU CONTRA, SE DEBE AGOTAR LA CONTROVERSIA JUDICIAL PREVISTA EN LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL. Hechos: Un Tribunal Colegiado consideró que los traslados involuntarios de un centro penitenciario a otro en los que no interviene la autoridad judicial constituyen una violación directa a la Constitución, razón por la cual puede promoverse amparo indirecto sin agotar previamente el recurso ordinario. A diferencia de ese Tribunal Colegiado, uno diverso consideró que en contra de una posible orden de traslado emitida sin intervención judicial, procede un recurso ordinario previsto en la Ley Nacional de Ejecución Penal, por lo que debe agotarse dicho recurso antes de promover el amparo, de lo contrario éste será improcedente por no cumplirse con el principio de definitividad. Criterio jurídico: La orden de traslado de un centro penitenciario a otro que se emite sin intervención judicial es un acto que se dicta dentro del procedimiento; por lo tanto, antes de promover juicio de amparo indirecto en su contra, se debe agotar la controversia judicial prevista en el artículo 117, fracción III, de la Ley Nacional de Ejecución Penal. Justificación: El artículo 117, fracción III, de la Ley Nacional de Ejecución Penal regula la controversia judicial, recurso que se interpone ante el Juez de Control o de Ejecución, según corresponda, con el objeto de resolver las controversias que surjan con motivo de los traslados de las personas privadas de la libertad. Por otra parte, el juicio de amparo, si bien puede promoverse contra actos de autoridad que vulneren los derechos de los gobernados, debe observar el principio de definitividad, según el cual, el amparo no procede contra violaciones cometidas en el procedimiento si en las leyes ordinarias se prevé un remedio legal por el cual puedan repararse, tal como sucede en el caso de las controversias judiciales establecidas en el ordenamiento penal en cita. Por lo tanto, cuando una persona privada de la libertad busque inconformarse con la orden de traslado de un centro penitenciario a otro, emitida sin autorización previa de la autoridad judicial, antes de la promoción del juicio de amparo, debe interponerse la controversia judicial prevista en el artículo 117, fracción III, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, para que sea el Juez de Control o de Ejecución, quien resuelva la legalidad de ese posible traslado. De esa manera se respeta el principio de definitividad que rige en el amparo.". En tales condiciones, se itera, al no satisfacerse el principio de instancia de parte agraviada, ni actualizarse algunos de los supuestos de excepción que contempla la norma, se actualiza la causa de improcedencia invocada, por lo que SE DESECHA DE PLANO la demanda de amparo de cuenta por su notoria e indudable improcedencia ÚNICAMENTE RESPECTO A LOS ACTOS RECLAMADOS 1) A 23) EN RELACIÓN CON LAS AUTORIDADES RESPONSABLES MARCADAS CON LOS NÚMEROS ROMANOS I A XI Y XIII A XX, con excepción de los reclamados a este juzgador. INCOMPETENCIA POR LOS ACTOS RECLAMADOS A ESTE JUZGADO DECIMOPRIMERO DE DISTRITO DE AMPARO EN MATERIA PENAL MARCADOS CON LOS NUMERALES: 17) VIOLACIÓN AL PRINCIPIO PRO PERSONA Y 18) INAPLICACION DE CRITERIOS INTERNACIONALES. En ese orden, de conformidad con lo establecido en el numeral 38 de la Ley de Amparo, este Juzgado de Distrito se declara legalmente incompetente para conocer de la demanda de amparo de que se trata, en cuanto a los citados actos reclamados a este juzgador por las razones siguientes. La parte quejosa expresamente señala como autoridad responsable de los actos señalados en la demanda como 17) y 18), ya precisados, a este Juzgado Décimo Primero, lo cual pone en evidencia que el que suscribe no debe conocer del asunto que nos ocupa, pues ya de manera concreta se me atribuyen actos específicos de autoridad. Lo anterior, en atención a que en la especie se actualiza la hipótesis de incompetencia prevista en el artículo 38 de la legislación aplicable, que establece lo siguiente: "Artículo 38. Es competente para conocer del juicio de amparo indirecto que se promueva contra los actos de un juez de distrito, otro del mismo distrito y especialización en su caso y, si no lo hubiera, el más cercano dentro de la jurisdicción del circuito al que pertenezca.". En atención al numeral transcrito, se advierte que es competente para conocer del juicio de amparo que se promueva contra los actos de un juez de Distrito, otro del mismo distrito y especialización en su caso y, si no lo hubiera, el más cercano dentro de la jurisdicción del circuito al que pertenezca, de ahí que, si este juzgado se encuentra señalado como responsable, resulta legalmente incompetente para conocer de la demanda de que se trata, por los actos cuestionados a este juzgador. Apoya lo anterior, por analogía, la jurisprudencia de rubro y texto siguientes: "COMPETENCIA EN EL JUICIO DE AMPARO. CUANDO SE RECLAMA UNA ORDEN DE APREHENSIÓN Y SE SEÑALAN COMO AUTORIDADES RESPONSABLES A TODOS LOS JUECES DE DISTRITO DE UN MISMO ÁMBITO TERRITORIAL, SE SURTE A FAVOR DEL MÁS INMEDIATO. Cuando en una demanda de amparo se reclama una orden de aprehensión y se señalan como autoridades responsables a todos los Jueces de Distrito de un mismo ámbito territorial, éstos tendrán el carácter de autoridad responsable durante toda la secuela procesal conforme al artículo 5o., fracción II, de la Ley de Amparo, por lo que no puede operar la regla general para fijar la competencia establecida en el artículo 36, párrafo primero, de dicho ordenamiento, ya que el juzgador que ha sido señalado como autoridad responsable, independientemente de que ejerza jurisdicción en el lugar en que el acto reclamado podría ejecutarse, ya es parte en el juicio de garantías respectivo y no puede tener el doble carácter de parte procesal y Juez, pues se actualizaría el impedimento previsto en el artículo 66, fracción IV, de la Ley citada. En consecuencia, se concluye que en la hipótesis referida debe atenderse a la regla de excepción contenida en el artículo 42, primer párrafo, de la Ley de Amparo y señalar como competente al Juez de Distrito más inmediato.". De lo que se obtiene que es competente para conocer del juicio de amparo indirecto que se promueva contra los actos de un juez de Distrito, otro del mismo distrito y especialización en su caso y, si no lo hubiera el más cercano a la jurisdicción del circuito al que pertenezca. Por tanto, de conformidad en el numeral 48 de la Ley de la Materia, se ordena remitir el presente asunto al Juzgado de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México (con excepción de este Juzgado Decimoprimero), a quien se considera competente para conocer de ella, por tratarse de un órgano jurisdiccional que conoce de la misma naturaleza que este juzgado, por ya no encontrarse señalado como responsable y por ser el más cercano a la jurisdicción de éste órgano de control constitucional. Solicitándole al órgano jurisdiccional que corresponde el conocimiento, el acuse de recibo y que informe si acepta la competencia declinada; por tanto, fórmese cuaderno de antecedentes. Domicilio de los quejosos. Téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte provente, las listas de este juzgado federal, al no encontrarse acreditada la voluntad de promover el juicio de amparo, y por ende, no haber señalado lugar alguno para tales efectos. Representante común. Asimismo, se tiene como representante común a ********, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 13 de la Ley de Amparo. Autorización y habilitación al personal del Juzgado. Se autoriza a los secretarios para que firmen los oficios relativos al presente juicio de amparo. Se habilita al actuario para que practique en horas y días inhábiles las notificaciones de carácter personal. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Jorge Antonio Medina Gaona, Juez Décimo Primero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, ante Gilberto Alejandro Nolasco Martínez, Secretario que autoriza y da fe.

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