Carlos Alberto Angelino Barrón
Expediente 787/2023 tramitado ante el Juzgado Decimoprimero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 3 actuaciones registradas, la última del 9 de octubre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 787/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 09/10/2023
Partes del expediente
- Carlos Alberto Angelino Barrón
Actuaciones
- Principal
Ciudad de México, nueve de octubre de dos mil veintitrés. Vista la certificación que antecede, de la que se aprecia que ha transcurrido el término para interponer el recurso de queja contra del proveído por el que se el que se desechó la demanda de amparo, sin que se hubiere hecho uso de tal derecho; por tanto, con fundamento en el artículo 2°, de la ley invocada, en relación con los diversos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de la Materia, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales; háganse las anotaciones en el libro de gobierno. En consecuencia, nada habiendo que cumplimentar, archívese el expediente como asunto concluido. En cumplimiento a los criterios establecidos en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés. Valoración del expediente De conformidad con el artículo 15 del mencionado acuerdo y al prudente arbitrio del suscrito, este asunto no es de relevancia documental. Asimismo, se advierte que SE DESECHÓ LA DEMANDA DE AMPARO. Ahora, acorde a lo dispuesto en el artículo 20, fracción IV, del referido Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, este expediente es susceptible de ser DESTRUIDO, por lo que tal valoración deberá constar en la caratula. De conformidad con lo dispuesto en el citado numeral, consérvese por el término de tres años en el archivo de este juzgado de Distrito, contado a partir de que se ordenó su archivo, una vez concluido dicho plazo, procédase a su destrucción. Finalmente, se instruye al secretario, a efecto de que certifique que la versión electrónica del expediente coincida en su totalidad con la impresa. Notifíquese.
- Principal
Ciudad de México, a veintiséis de septiembre de dos mil veintitrés. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte transcurrió el término de cinco días hábiles concedido a los directos quejosos mediante proveído de doce de septiembre del año en curso, (mismo que les comenzó a transcurrir a partir de la legal notificación el diecinueve septiembre último), para que desahogara la prevención ahí ordenada, en relación con los actos precisados con los números 2, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 y 25; por tanto, precluyó su derecho de hacerlo. Atento a ello, se hace efectivo el apercibimiento decretado en dicho proveído y se tiene POR NO PRESENTADA LA DEMANDA DE AMPARO, en relación con los citados actos 2, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 y 25, y por ende, se hace extensiva dicha determinación para las autoridades a las que se los atribuyeron (incluido este juzgador: lo anterior, para los efectos legales conducentes. Se levanta reserva respecto de los diversos actos reclamados marcados con los numerales 1 y 3 a 13. Ahora bien, del estado de autos se deprende que por el mencionado auto de doce de septiembre último, se reservó a proveer lo conducente a los actos 1 y 3 a 13, hasta en tanto los directo quejosos desahogaran la prevención de marras; por tanto, toda vez que ya aconteció tal situación, se levanta la aludida reserva. Traslado (13) Ahora bien, respecto al acto reclamado de traslado de los directos quejosos de la penitenciaria de la Ciudad de México a otro (13), con fundamento con el artículo 117, fracción III, de la citada ley especial, señala que las personas privadas de su libertad tendrán acción judicial ante el Juez de Control o de Ejecución según corresponda, con el objeto de resolver las controversias, en la especie la orden de traslado; esto es, la acción podrá ejercitarse en el momento de la notificación de traslado, dentro de los diez días siguientes a la misma, o dentro de los diez días siguientes a su ejecución, cuando el interno no hubiese sido notificado previamente. En tales condiciones, se reitera que, previo a acudir al juicio de amparo el quejoso tiene la obligación de agotar el recurso ordinario que contempla la Ley Nacional de Ejecución Penal, en virtud de que el acto que pretende combatir en esta instancia es susceptible a través del medio de defensa previsto en la ley en comento, sin que se traten de un caso de excepción a que se refiere el artículo 61, fracción XX, párrafo segundo, de la Ley de Amparo. Resulta aplicable al caso, en lo que interesa la tesis jurisprudencial, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro y texto siguientes: "ORDEN DE TRASLADO Y PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. ANTES DE PROMOVER JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN SU CONTRA, SE DEBE AGOTAR LA CONTROVERSIA JUDICIAL PREVISTA EN LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL. Hechos: Un Tribunal Colegiado consideró que los traslados involuntarios de un centro penitenciario a otro en los que no interviene la autoridad judicial constituyen una violación directa a la Constitución, razón por la cual puede promoverse amparo indirecto sin agotar previamente el recurso ordinario. A diferencia de ese Tribunal Colegiado, uno diverso consideró que en contra de una posible orden de traslado emitida sin intervención judicial, procede un recurso ordinario previsto en la Ley Nacional de Ejecución Penal, por lo que debe agotarse dicho recurso antes de promover el amparo, de lo contrario éste será improcedente por no cumplirse con el principio de definitividad. Criterio jurídico: La orden de traslado de un centro penitenciario a otro que se emite sin intervención judicial es un acto que se dicta dentro del procedimiento; por lo tanto, antes de promover juicio de amparo indirecto en su contra, se debe agotar la controversia judicial prevista en el artículo 117, fracción III, de la Ley Nacional de Ejecución Penal. Justificación: El artículo 117, fracción III, de la Ley Nacional de Ejecución Penal regula la controversia judicial, recurso que se interpone ante el Juez de Control o de Ejecución, según corresponda, con el objeto de resolver las controversias que surjan con motivo de los traslados de las personas privadas de la libertad. Por otra parte, el juicio de amparo, si bien puede promoverse contra actos de autoridad que vulneren los derechos de los gobernados, debe observar el principio de definitividad, según el cual, el amparo no procede contra violaciones cometidas en el procedimiento si en las leyes ordinarias se prevé un remedio legal por el cual puedan repararse, tal como sucede en el caso de las controversias judiciales establecidas en el ordenamiento penal en cita. Por lo tanto, cuando una persona privada de la libertad busque inconformarse con la orden de traslado de un centro penitenciario a otro, emitida sin autorización previa de la autoridad judicial, antes de la promoción del juicio de amparo, debe interponerse la controversia judicial prevista en el artículo 117, fracción III, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, para que sea el Juez de Control o de Ejecución, quien resuelva la legalidad de ese posible traslado. De esa manera se respeta el principio de definitividad que rige en el amparo.". Reubicación (cambio de dormitorio) (1 y 3 a 12) Respecto de los actos consistentes en la Reubicación (cambio de dormitorio 1 y 3 a 12), así como su ejecución, es de precisarse que la reubicación de los quejosos en diverso dormitorio forma parte de las condiciones de internamiento, por ser un medio necesario para garantizar una vida digna y segura para todas las personas privadas de la libertad, tan es así, que se encuentran reguladas en los artículos 30 y 31 de la Ley Nacional de Ejecución Penal. De los artículos antes referidos de la ley secundaria especial Federal, se prevé que las personas privadas de su libertad y demás legitimados (familiares, visitantes, defensores, Ministerio Público, organismos de protección de los derechos humanos y organizaciones de la sociedad civil), pueden formular peticiones administrativas ante la autoridad penitenciaria contra hechos, actos u omisiones que afecten las condiciones de internamiento, entre las que se encuentra la clasificación de áreas de la cual la autoridad penitenciaria está obligada a establecer. Ello, en razón de que los artículos 107 a 110 de la citada ley de ejecución, prevén un procedimiento administrativo de peticiones a favor de las personas privadas de su libertad, para proteger la afectación de sus condiciones de vida digna y segura en reclusión, entre las que se encuentran cuestiones relativas a su ubicación en el módulo de máxima seguridad; peticiones que pueden efectuarse por escrito y, en casos urgentes, por cualquier medio a las instancias correspondientes. De igual forma, tales preceptos establecen de manera específica, que las peticiones referentes a la afectación de derechos en reclusión se realizan sin formalidad alguna, ante el director del centro en que se encuentra recluido, en el cual se podrá aportar la información que se considere pertinente con el objeto de atender las condiciones de vida y seguridad en reclusión; incluso, la autoridad penitenciaria debe auxiliar a la persona privada de su libertad, cuando se lo solicite, para formular el escrito correspondiente; asimismo, en dicho procedimiento se pueden ofrecer pruebas y la autoridad está obligada a recabar las necesarias para resolver la petición. Lo anterior es congruente con lo previsto en el numeral 5 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, que establece la obligación de los Centros Penitenciarios a garantizar la separación de las personas privadas de la libertad, atendiendo a diversos criterios de clasificación, de acuerdo a los criterios de igualdad, integridad y seguridad. Luego, ante la disposición expresa en la norma de someter su pedimento ante la autoridad penitenciaria -Director General-, acorde al régimen de internamiento en que se encuentra, con ello se garantiza el derecho a una instancia administrativa prevista en el citado artículo 110 de la Ley Nacional de Ejecución Penal. Agotada la vía administrativa ante la autoridad penitenciaria, el quejoso estaría en la posibilidad de promover controversia judicial ante el juez correspondiente, por ser la autoridad competente para resolver sobre las condiciones de internamiento, cuestiones relacionadas con las mismas, de manera específica, la ubicación de los internos a módulos de máxima seguridad, conforme al ordinal 116, fracción I, de la multicitada ley. En ese contexto, respecto de las cuestiones inherentes al internamiento, también se autoriza al juez de control o de ejecución, según corresponda, para resolver las controversias judiciales, acorde al dispositivo 117, párrafo primero, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, al disponer: "Artículo 117. Controversias sobre condiciones de internamiento, el plan de actividades y cuestiones relacionadas con ambas. Los sujetos legitimados por esta Ley para interponer peticiones administrativas también tendrán acción judicial ante el Juez de Control o de Ejecución según corresponda, con el objeto de resolver las controversias sobre los siguientes aspectos:(.)". Por otra parte, cuando se trata de casos urgentes, la ley especial establece que la persona privada de la libertad, podrá acudir directamente ante el Juez de Ejecución para plantear su petición (cuando se encuentre en riesgo la vida e integridad física del interno). Hipótesis en que la ley especial federal establece un procedimiento especial, como lo es que el Juez de Ejecución, de oficio, suspenderá de inmediato el hecho o acto que motivó la petición, así como los efectos que tuviere, hasta en tanto se resuelva en definitiva. En el entendido que cuando el Juez reciba promociones que por su naturaleza no estime que se trate de casos urgentes, las turnará al centro para su tramitación, recabando registro de su entrega. En ese sentido, la reubicación de la que se duele la parte quejosa, no es una cuestión que deba ser resuelta por el Juez de amparo, sino precisamente por la autoridad responsable, esto es, el Director del centro penitenciario en el que se encuentre privada de su libertad la parte quejosa, a solicitud expresa del interno; y, en caso de ser en sentido contrario a sus intereses, o bien, de no resolverse dentro del término legal, podrá acudir a promover una controversia judicial ante el Juez que corresponda, pues se atiende el principio de inmediatez, conforme lo previsto en el artículo 114, párrafo tercero, de la Ley Nacional de Ejecución Penal. Asimismo, es de señalarse que en el supuesto de que el peticionario no esté conforme con lo determinado y resuelto por la autoridad judicial competente, puede promover los recursos de revocación y apelación previstos en los artículos 130 a 135 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, para el caso de estar inconforme con alguna decisión de la autoridad judicial. En consecuencia, con base en lo establecido en el numeral 113 de la Ley de la Materia, SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA, por notoriamente improcedente respecto a los actos reclamados señalados con los numerales 1 y 3 a 13. Captúrese en el Sistema Integral de Seguimiento de Expediente. Notifíquese.
- Principal
Ciudad de México, doce de septiembre de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio y anexo de cuenta provenientes del Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito, por medio del cual remite el testimonio de la resolución pronunciada en los autos del conflicto competencial 14/2022 de su índice, así como el juicio de amparo indirecto 522/2022 del índice del Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de juicios Federales en el Estado de Nayarit, con sede en Tepic, formado con motivo de la demanda de amparo promovida por ******************** y otros. Acúsese el recibo de estilo correspondiente. Ahora bien, del testimonio adjunto relativo a la resolución aprobada en sesión ordinaria virtual de veinticinco de agosto de dos mil veintitrés, dictada en los autos del citado conflicto competencial en el que referido Tribunal Colegiado determinó lo siguiente: "PRIMERO. Sí existe conflicto competencial planteado. SEGUNDO. Es legalmente competente un Juez de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, para conocer del juicio de amparo promovido por ******************** y otros. TERCERO. Remítanse los autos a dicho órgano jurisdiccional, a través de la Oficina de Correspondencia Común de esos Juzgados, y envíese testimonio a los Juzgados Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit y Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, para su conocimiento. Atento a lo resuelto por la citada superioridad y, en virtud que el conocimiento del juicio que remite tocó conocer a este Juzgado Federal, se avoca al conocimiento y al respecto se provee: Téngase por recibida la demanda de amparo promovida en apariencia por (1) ********************, (2) *****************, contra actos del Director de la Penitenciaria de la Ciudad de México y otras autoridades responsables. Aspectos Generales Regístrese la demanda de amparo con el número de juicio 787/2023-V. Genérese el expediente electrónico e impreso. Fijación de Litis De la lectura integral de la demanda, se advierte que los actos reclamados que se combaten en esta vía consisten en: 1) Reubicación de ******************** del dormitorio cuatro zona uno estancia once al dormitorio Nueve zona Dos estancia once que le genera afectaciones a su salud y dignidad, así como afectaciones psicofísicas y emocionales y tortura psicofísica y emocional con fines intimidatorios. 2) Ataques y actos de coacción contra ******************** por ser defensor y promotor de Derechos humanos y LGBTI. 3) Reubicación de Juan Manuel Espinosa González del dormitorio cuatro zona uno estancia once al dormitorio cuatro zona tres estancia diez que le genera tortura y tormento psicofísico y afectación emocional y a su dignidad. 4) Reubicación de Edwin Daniel Guerra Córdova del dormitorio cuatro zona uno estanca once al dormitorio cuatro zona uno estancia cuatro que le genera tormento psicofísico y afectación psicoemocional. 5) Reubicación de Luis Gabriel Jop Corzo del dormitorio cuatro zona uno estancia cinco a otro diverso que genera tormento psicofisico y afectación psicoemocional. 6) Reubicación de José Othón Ramiro Hernández Lima del dormitorio cuatro zona tres estancia ocho a otro diverso que le genera tormento psicofísico y afectación psicoemocional. 7) Reubicación de Enrique Mejía Bello y José Antonio Contreras Chávez del dormitorio cuatro zona tres estancia nueve a otro diverso que genera tormento psicofísico y afectación psicoemocional. 8) Reubicación de Enrique Alvarado Saucillo del dormitorio cuatro zona tres estancia doce a otro diverso que le genera tormento psicofísico y afectación psicoemocional. 9) Reubicación de Eduardo Ampudia Fraustro del dormitorio cuatro zona un estancia doce a otro diverso que pone en riesgo su vida y genera tormento psicofísico. 10) Reubicación de Eduardo Flores Castro del dormitorio cuatro zona tres estancia siete a otro diverso que genera afectación psicoemocional y psicofísica. 11) Reubicación de Renan Hidalgo Echazarreta del dormitorio cuatro zon uno estancia diez a otro diverso que le genera afectaciones psicoemocional y psicofísica. 12) Reubicación de Hugo Melchor Nieto del dormitorio diez a otro diverso que pone en riesgo su vida y genera tormento psicofisico y psicoemocional. 13) Traslado de los quejosos de la penitenciaria de la ciudad de México otro centro diverso dentro y fuera de la ciudad de México con intimidatorios y por represalias que ponen en riesgo su vida y dignidad generando tormento psicoemocional. 14) Actos prohibidos en el artículo 22 de la Constitución y 15 ley de amparo. 15) Intimidación. 16) Discriminación. 17) violación al principio pro persona. 18) Inaplicación de criterios internacionales. 19) Omisión de investigar actos constitutivos de delitos cometidos por servidores públicos contra los quejosos. 20) Omisión de suspender de sus funciones a los servidores públicos bajo investigación ministerial por la comisión de actos constitutivos de delitos. 21) Encubrimiento de actos constitutivos del delito de tortura. 22) Coacción y actos de Intimidación contra Juan Manuel Espinosa González para elaborar escrito de 14 de enero del 2022. 23) Restricción de comunicación, contacto y de convivencia entre quejosos como medio de coacción, Intimidación y represalias atribuidos al comité técnico. 24) Realización de estudios y perfiles (inconstitucionales) y entrevistas (ilegales ya que son sin asesores jurídicos de los quejosos), como medio de coacción e intimidación. 25) Audiencias del comité técnico de la penitenciaria de la ciudad de México, sin la presencia de los asesores jurídicos designados por la Defensoría Pública Federal y la Defensoría Pública de la ciudad de México quienes son: Dante Bretón, José Luna Ramos, Zaira Pérez, Ivonne Dañino y Paula Durán." Prevención Ahora bien, atento a lo determinado por la superioridad oficiante, se provee: Respecto a los actos 2, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 24 y 25. Con fundamento en los artículos 108 y 114 de la Ley de Amparo, requiérase a la parte quejosa para que dentro del término de cinco días hábiles, contados a partir del día siguiente al en que surta efectos su legal notificación, por escrito manifiesten BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, lo siguiente respecto a los actos reclamados 2, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 24 y 25: 1. La fecha en que tuvo conocimiento de cada uno los actos reclamados. 2. Cuál es el acto que concretamente le reclama, a cada una de las autoridades responsables, toda vez que del escrito inicial de demanda de amparo, no se advierte claramente tal circunstancia. 3. Mencione los antecedentes de cada uno de los actos reclamados, para lo cual deberán destacar cuándo y de qué forma sucedieron. Lo anterior, toda vez que dicho señalamiento resulta general y ambiguo, por lo que deberá expresar con claridad cuál es el acto que le causa agravio y la participación de cada autoridad; ello, EN RELACIÓN CON CADA UNO DE LOS AQUÍ QUEJOSOS. Respecto a los actos 17 y 18 Por otro lado, respecto a los actos señalados como 17 y 18 requiérase a los directo quejosos para que en el mismo término antes señalado, bajo protesta de decir verdad aclaren cuál es el acto que, EN ESPECÍFICO Y SIN AMBIGÜEDADES NI GENERALIDADES, reclama de cada uno de los jueces de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, apercibido que de no hacerlo se tendrá por no presentada la demanda de amparo. Ello, toda vez que dicho señalamiento resulta general y ambiguo, por lo que deberá expresar con claridad cuál es el acto les causa agravio, es decir, deberá precisar que actos en concreto materializan la materia de los actos que refiere, se atribuyen a este juzgado de Distrito. En el entendido que deberá precisar en qué consiste dichos actos y expresar de manera cronológica todos y cada uno de los hechos y abstenciones particulares que le consten en relación al origen de éstos. Lo anterior, es así pues para que el juez federal este en aptitud de pronunciarse respecto la admisión o desechamiento de la demanda de amparo. Se apercibe a la parte quejosa, que de no cumplir con todo lo aquí ordenado dentro del plazo que se fija para ello, se procederá de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 114 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107, constitucionales, esto es, como se adelantó se tendrá por no presentada. Con el original de su escrito de desahogo deberá presentar copias suficientes del mismo, con el fin de que el suscrito esté en posibilidad de correr traslado a cada una de las partes que intervienen en el juicio: una para cada autoridad responsable, una para el agente del Ministerio Público Federal de la adscripción y dos en el caso de solicitar incidente de suspensión. Reserva Resérvese a proveer lo conducente respecto a los actos 1 y 3 a 13, hasta en tanto se desahogue la prevención antes precisada, en su caso. Domicilio del quejoso y autorizados Téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte provente, las listas de este juzgado federal, al no encontrarse acreditada la voluntad de promover el juicio de amparo, y por ende, no haber señalado lugar alguno para tales efectos. Representante común. Asimismo, se tiene como representante común a ********************, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 13 de la Ley de Amparo. Uso de medios electrónicos y obtención de copias Se autoriza el uso de medios electrónicos, obtención de copias simples o certificadas de las constancias que integran el presente juicio de amparo y anexos, previa acreditación de la personalidad del solicitante y constancia que se deje en autos, siempre y cuando no se trate de actuaciones en sigilo. Autorización y habilitación al personal del Juzgado Se autoriza a los secretarios para que firmen los oficios relativos al presente juicio de amparo. Se habilita al actuario para que practique en horas y días inhábiles las notificaciones de carácter personal. Notifíquese.
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