Carlos Alberto Angelino Barrón y Otros.

Expediente 911/2021 tramitado ante el Juzgado Decimoprimero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 3 actuaciones registradas, la última del 4 de noviembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
911/2021
Año
2021
Actuaciones
3
Última actuación
04/11/2022

Partes del expediente

  • Carlos Alberto Angelino Barrón
  • Carlos Alberto Angelino Barrón y Otros.

Actuaciones

  1. Principal

    Ciudad de México, a cuatro de noviembre de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede, de la que se aprecia que ha transcurrido del veintiséis de noviembre al dos de diciembre de la pasada anualidad, el término que el artículo 98, de la Ley de Amparo, concede para interponer el recurso de queja en contra del proveído de veintitrés de noviembre de dos mil veintiuno, por el que se desechó la demanda de amparo, sin que se hubiere hecho uso de tal derecho; por tanto, con fundamento en el artículo 2o, de la ley invocada, en relación con los diversos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de la Materia, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales. Hágase la anotación respectiva en el Libro de Gobierno y de conformidad con el numeral 214 de la ley de la materia, interpretado contrario sensu, al no existir diligencias pendientes por realizar, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Valoración del expediente De conformidad con el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, y conforme al Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, aprobado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal el veintiséis siguiente y al prudente arbitrio del suscrito, este asunto no es de relevancia documental. Asimismo, se advierte que SE DESECHÓ LA DEMANDA DE AMPARO; en consecuencia, es susceptible de DESTRUCCIÓN, en términos de lo dispuesto por el artículo 21 del referido Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por lo que tal valoración deberá constar en la carátula. De conformidad con lo dispuesto en el citado numeral, consérvese por el término de tres años en el archivo de este juzgado de Distrito, contado a partir de que se ordenó su archivo, una vez concluido dicho plazo, procédase a su destrucción, previa desincorporación. Asimismo, previo a la trasferencia correspondiente, se instruye al secretario, a efecto de que certifique que la versión electrónica del expediente coincida en su totalidad con la impresa. Notifíquese por lista.

  2. Principal

    Ciudad de México, veintitrés de noviembre de dos mil veintiuno. Agréguese el oficio signado por el Actuario Judicial adscrito al Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, con sede en Apizaco, al que anexa el expediente 1053/2021, de su índice. Ahora, en virtud que del citado oficio se advierte que mediante auto de ocho de noviembre último, el órgano jurisdiccional de referencia declinó competencia por razón de territorio, respecto del presente asunto promovido en favor de Carlos Alberto Angelino Barrón, Alejandro Díaz Madrid, Luis Gabriel Jop Corzo, Enrique Meja Bello, José Othón Ramiro Hernández Lima, Juan Manuel Espinoza González y Diego Isaac Hernández González, en contra de los actos reclamados consistentes en: a) La orden de traslado de la Penitenciaria de la Ciudad de México a otro centro de reclusión, así como su ejecución. b) La orden de reubicación de dormitorios a otros dormitorios diversos módulos de castigo o áreas de diversas que pongan en riesgo grave la salud, vida, integridad y dignidad personal y represalias. c) Intimidación, aislamiento, discriminación por condición, represalía, así como tortura sicofísica y sicoemocional. d) Atención médica deficiente. e) Discriminación de Alejandro Díaz Madrid por ser pareja sentimental de Carlos Alberto Angelino Barrón por lo que esta aislado. En ese sentido; este juzgado acepta la legal competencia planteada y se avoca al conocimiento de la demanda de amparo por los actos y autoridades señalados ahí precisadas. Lo anterior, hágase del conocimiento a la autoridad jurisdiccional que se declaró legalmente incompetente y acúsese recibo. Aspectos Generales (I) Regístrese la demanda con el número de juicio de amparo 911/2021-IV. Genérese el expediente electrónico e impreso. No ha lugar otorgar suspensión de plano solicitada Al respecto, este órgano de control constitucional, comparte el criterio del homólogo federal declinante. No es obstáculo que la parte quejosa aduzca en la demanda de amparo que son actos que ponen en riesgo grave sus vidas, salud, integridad y dignidad, pues tales actos deben analizarse atendiendo a su naturaleza, no a las potenciales consecuencias que el demandante pudiera atribuirles. Por lo que hace a la discriminación reclamada, en el caso que se analiza, no puede ubicarse como de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual al igual que el diverso 15 de la Ley de Amparo, se refiere a aquellos actos y omisiones que afectan gravemente a la dignidad e integridad personales -como pueden ser los actos de tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes-. Lo anterior, pues la discriminación recorre una amplia gama no reducible a un solo supuesto, desde aquéllos actos que generaran una distinción de trato que por sí no colocan a las personas en internamiento en una situación en la que su dignidad e integridad personal se encuentren gravemente comprometidas -cambios de dormitorio por razones de seguridad, para el centro penitenciario o para el interno mismo, la edad, el estado de salud, duración de la sentencia, situación jurídica y otros datos objetivos sobre su persona tendientes a armonizar la gobernabilidad del mismo y la convivencia-, hasta aquellos que, por su naturaleza o trascendencia, pudieran someterlos a cierto dolor físico y/o estado psicológico que, incluso, pudiera tener consecuencias irreversibles en su salud o la pérdida de su vida, sea factible que lo ubiquen en la situación apuntada. Sin embargo, en el contexto de las manifestaciones vertidas en la demanda de amparo, no existen bases suficientes que permitan afirmar categóricamente que la discriminación por condición que se señala, comprometa gravemente la dignidad e integridad personal de los directamente agraviados, al grado de equipararse tal situación a un tormento, por el contrario, se observa la señalan en el contexto de la posibilidad de que sean cambiados de dormitorio, que conforme a la Ley Nacional de Ejecución Penal, de existir, tienen la presunción de fines constitucionalmente válidos. Merece invocarse la jurisprudencia de rubro y texto: "SUSPENSIÓN DE OFICIO Y DE PLANO EN EL JUICIO DE AMPARO. DEBE CONCEDERSE CUANDO UN INTERNO RECLAMA DE LAS AUTORIDADES PENITENCIARIAS LA OMISIÓN DE BRINDARLE ATENCIÓN MÉDICA, SI SE ADVIERTE QUE ESA SITUACIÓN COMPROMETE GRAVEMENTE SU DIGNIDAD E INTEGRIDAD PERSONAL, AL GRADO DE EQUIPARARSE A UN TORMENTO. Es criterio reiterado de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que la suspensión de oficio y de plano obedece a la necesidad de tutelar derechos fundamentales de especial relevancia de ataques que consumarían irreparablemente la violación en perjuicio del quejoso, haciendo imposible su restitución a través del juicio de amparo, como son los actos prohibidos por el artículo 22 constitucional, entre los que se encuentra el tormento de cualquier tipo, el cual se refiere a aquellos actos y omisiones que afectan gravemente a la dignidad e integridad personales (como pueden ser los actos de tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes). Ahora bien, la omisión de proporcionar atención médica es un acto que recorre una amplia gama no reducible a un solo supuesto, pues puede abarcar desde los casos en que se pide en relación con actividades preventivas, que no colocan al quejoso en una situación en la que su dignidad e integridad personal se encuentren gravemente comprometidas, hasta aquellos que obedecen a actividades curativas, de rehabilitación, o bien, de urgencia médica, cuya falta de atención oportuna somete al quejoso a cierto dolor físico y/o estado patológico que, incluso, pudiera tener consecuencias irreversibles en su salud o la pérdida de su vida, por lo que sí es factible que lo ubiquen en la situación apuntada. Por lo tanto, el juez de amparo deberá conceder la suspensión de oficio y de plano, en los casos en que un interno reclame dicha omisión, si a partir de un juicio valorativo en el que pondere las manifestaciones vertidas en la demanda de amparo, advierte que la falta de atención médica que se reclama, compromete gravemente su dignidad e integridad personal, al grado de equipararse tal situación a un tormento.". Por lo que, como se adelantó, los actos reclamados no encuadran en alguno de los actos que el legislador prescribió en ese artículo 15 de la Ley de Amparo. Consideración previa. Es importante destacar que la promoverte Yoanna Fonseca Valencia, en representación de Carlos Alberto Angelino Barrón, Alejandro Díaz Madrid, Luis Gabriel Jop Corzo, Enrique Meja Bello, José Othón Ramiro Hernández Lima, Juan Manuel Espinoza González y Diego Isaac Hernández González; sin embargo, del estudio integral del escrito inicial, se advierte que ésta carece totalmente de firmas y no se advierte imposibilidad alguna para que los justiciables promuevan por derecho propio la misma. Desechamiento Al ser de estudio preferente se advierte que en el presente asunto se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 107, fracción I, de la Carta Magna, y con el diverso numeral 6o., de la ley de la materia. Como se ve, el juicio constitucional se rige por el principio de instancia de parte agraviada, de ahí la exigencia de que el particular a quien se afecte en su esfera de derechos por un acto de autoridad, sea quien presente escritos en calidad de promovente, debidamente firmados, o bien, en caso de no saber hacerlo, estampando su huella digital o firma electrónica, pues de no hacerlo así, no se insta a este órgano jurisdiccional para que conozca y estudie las manifestaciones vertidas, porque un escrito, cualquiera que sea la naturaleza del mismo, sin firma autógrafa, electrónica o huella digital, es un simple papel en que no se incorpora la voluntad del actor de presentarlo, y por ello, tal deficiencia no puede ser corregida a instancia del Juez mediante una prevención. Así, si el escrito de demanda promovido por Carlos González Valencia, en representación de Carlos Alberto Angelino Barrón, Luis Gabriel Jop Corzo, José Othon Ramiro Hernández Lima, Enrique Mejía Bello y Erick Adrián Rosas Gamiño carece de firmas autógrafas o electrónicas; es indudable que, no contiene la voluntad de éstos en comprometerse con su contenido, pues el acto de estampar el signo gráfico correspondiente a su firma o firma electrónica, sirve para que no quede duda acerca de la circunstancia de que las manifestaciones ahí vertidas son de la voluntad de la persona que aparece como suscriptor; toda vez que la firma no constituye un elemento de forma, sino un requisito esencial para dar validez a un documento. Resultan aplicables al caso por los motivos que exponen, las tesis siguientes: "FIRMA DE LA DEMANDA DE AMPARO, FALTA DE. EL DESECHAMIENTO DE PLANO DE LA DEMANDA ES CORRECTO, EN LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO, POR SER UNA MANIFIESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA. El juicio constitucional se rige por el principio de instancia de parte agraviada, es decir, la exigencia de que el particular a quien se afecte en su esfera de derechos por el acto de autoridad, sea quien presente el escrito de demanda de amparo en calidad de promovente, y la única manera de que el particular inste al órgano jurisdiccional para que conozca de la contienda constitucional, es presentando la demanda de amparo firmada por la parte quejosa. Un escrito de demanda presentado sin firma, equivale a un anónimo que no obliga al órgano jurisdiccional a realizar ningún acto procesal tendiente a darle curso legal, pues la falta de firma, en lugar de ser una deficiencia que pueda ser corregida, constituye una ausencia en la expresión de la voluntad del actor de presentar la demanda. El obligar al Juez a otorgar al promovente el término de tres días para subsanar esa formalidad, autorizaría la práctica de presentar demandas oportunas sin firma, subsanando la omisión de la voluntad de promover, con grave daño de la seguridad jurídica. Por tanto, resulta correcta la conducta del Juez de Distrito al desechar de plano la demanda presentada sin firma de la parte quejosa.". "FIRMA, DEMANDA DE AMPARO SIN. ES CORRECTO SU DESECHAMIENTO. Según tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, un escrito sin firmar, de cualquier naturaleza, a nadie obliga, pues para que tenga validez debe estar firmado o autorizado por alguien que aparezca como responsable de su contenido. De acuerdo con lo anterior, es lícito desechar una demanda de amparo que carece de la firma del solicitante, sin que sea óbice el que haya firmado un ocurso por el que exhibió la demanda, porque es precisamente en ésta en la que debe constar la firma del quejoso puesto que en la demanda es en la que se solicita la protección constitucional y en la que se expresan los elementos necesarios para que la solicitud sea eficaz.". Sin que en el presente asunto se actualice la excepción a que se refiere el artículo 109 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso numeral 15 de ese ordenamiento legal, pues como ya se precisó, los actos reclamados no son de aquellos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En otro orden de ideas, aun cuando en la especie estuviera debidamente firmada la demanda, de cualquier manera procedería desechar la demanda, al actualizarse un motivo diverso. En efecto, conviene precisar que del análisis de la demanda, se aprecia que la promovente no redactó los antecedentes de los actos reclamados que atribuye al Juez Segundo de Distrito de Amparo en Materia Penal. De tal suerte, debe inferirse que los actos que le imputa lo hace en su carácter de Juez de control constitucional. Partiendo de lo anterior, en términos del artículo 80 de la ley de la materia, en el juicio de amparo sólo se admitirán los recursos de revisión, queja y reclamación; y tratándose del cumplimiento de sentencia, el de inconformidad; siendo esto así, contra lo actuado por un Juez de distrito en materia de amparo, proceden tales recursos como medio de impugnación vertical, a modo de revisar la actuación del juzgador. En ese tenor, se actualiza otro motivo más de improcedencia, ya que no es factible conocer de un juicio de amparo presentado en contra de otro Juez de Distrito, debido a que, se insiste, contra sus actuaciones proceden los recursos mencionados y no una demanda independiente o autónoma. En tales condiciones, al no satisfacerse el principio de instancia de parte agraviada, ni actualizarse algunos de los supuestos de excepción que contempla la norma, se actualiza la causa de improcedencia invocada, por lo que SE DESECHA DE PLANO la demanda de amparo de cuenta por su notoria e indudable improcedencia. Autorización y habilitación al personal del Juzgado Se autoriza a los secretarios para que firmen los oficios relativos al presente juicio de amparo. Se habilita al actuario para que practique en horas y días inhábiles las notificaciones de carácter personal. Domicilio del quejosos Se tiene como las listas toda vez que no señalaron domicilio para tal efecto. Fundamentos Todo lo anterior de conformidad con los artículos 6, fracción II; 16, párrafo segundo, 103, fracción I, 107, fracciones I, VIII y XV, de la Constitución Federal; 1, fracción I, 2, 5, fracción IV, 12, 21, 33, fracciones IV, 35, 37, 64, 74, 107, 108, 110, 112,115, 117, 238, 251, 260 de la Ley de Amparo. Notifíquese.

  3. Principal

    (Razón de notificación) con esta fecha se notifica por lista de acuerdos el proveído de veintitrés de noviembre de dos mil veintiuno a la parte quejosa, el cual en lo conducente dice:" Ciudad de México, veintitrés de noviembre de dos mil veintiuno. Agréguese el oficio signado por el Actuario Judicial adscrito al Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, con sede en Apizaco, al que anexa el expediente 1053/2021, de su índice. Ahora, en virtud que del citado oficio se advierte que mediante auto de ocho de noviembre último, el órgano jurisdiccional de referencia declinó competencia por razón de territorio, respecto del presente asunto promovido en favor de Carlos Alberto Angelino Barrón, Alejandro Díaz Madrid, Luis Gabriel Jop Corzo, Enrique Meja Bello, José Othón Ramiro Hernández Lima, Juan Manuel Espinoza González y Diego Isaac Hernández González, en contra de los actos reclamados consistentes en: a) La orden de traslado de la Penitenciaria de la Ciudad de México a otro centro de reclusión, así como su ejecución. b) La orden de reubicación de dormitorios a otros dormitorios diversos módulos de castigo o áreas de diversas que pongan en riesgo grave la salud, vida, integridad y dignidad personal y represalias. c) Intimidación, aislamiento, discriminación por condición, represalía, así como tortura sicofísica y sicoemocional. d) Atención médica deficiente. e) Discriminación de Alejandro Díaz Madrid por ser pareja sentimental de Carlos Alberto Angelino Barrón por lo que esta aislado. En ese sentido; este juzgado acepta la legal competencia planteada y se avoca al conocimiento de la demanda de amparo por los actos y autoridades señalados ahí precisadas. Lo anterior, hágase del conocimiento a la autoridad jurisdiccional que se declaró legalmente incompetente y acúsese recibo. Aspectos Generales (I) Regístrese la demanda con el número de juicio de amparo 911/2021-IV. Genérese el expediente electrónico e impreso. No ha lugar otorgar suspensión de plano solicitada Al respecto, este órgano de control constitucional, comparte el criterio del homólogo federal declinante. No es obstáculo que la parte quejosa aduzca en la demanda de amparo que son actos que ponen en riesgo grave sus vidas, salud, integridad y dignidad, pues tales actos deben analizarse atendiendo a su naturaleza, no a las potenciales consecuencias que el demandante pudiera atribuirles. Por lo que hace a la discriminación reclamada, en el caso que se analiza, no puede ubicarse como de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual al igual que el diverso 15 de la Ley de Amparo, se refiere a aquellos actos y omisiones que afectan gravemente a la dignidad e integridad personales -como pueden ser los actos de tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes-. Lo anterior, pues la discriminación recorre una amplia gama no reducible a un solo supuesto, desde aquéllos actos que generaran una distinción de trato que por sí no colocan a las personas en internamiento en una situación en la que su dignidad e integridad personal se encuentren gravemente comprometidas -cambios de dormitorio por razones de seguridad, para el centro penitenciario o para el interno mismo, la edad, el estado de salud, duración de la sentencia, situación jurídica y otros datos objetivos sobre su persona tendientes a armonizar la gobernabilidad del mismo y la convivencia-, hasta aquellos que, por su naturaleza o trascendencia, pudieran someterlos a cierto dolor físico y/o estado psicológico que, incluso, pudiera tener consecuencias irreversibles en su salud o la pérdida de su vida, sea factible que lo ubiquen en la situación apuntada. Sin embargo, en el contexto de las manifestaciones vertidas en la demanda de amparo, no existen bases suficientes que permitan afirmar categóricamente que la discriminación por condición que se señala, comprometa gravemente la dignidad e integridad personal de los directamente agraviados, al grado de equipararse tal situación a un tormento, por el contrario, se observa la señalan en el contexto de la posibilidad de que sean cambiados de dormitorio, que conforme a la Ley Nacional de Ejecución Penal, de existir, tienen la presunción de fines constitucionalmente válidos. Merece invocarse la jurisprudencia de rubro y texto: "SUSPENSIÓN DE OFICIO Y DE PLANO EN EL JUICIO DE AMPARO. DEBE CONCEDERSE CUANDO UN INTERNO RECLAMA DE LAS AUTORIDADES PENITENCIARIAS LA OMISIÓN DE BRINDARLE ATENCIÓN MÉDICA, SI SE ADVIERTE QUE ESA SITUACIÓN COMPROMETE GRAVEMENTE SU DIGNIDAD E INTEGRIDAD PERSONAL, AL GRADO DE EQUIPARARSE A UN TORMENTO. Es criterio reiterado de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que la suspensión de oficio y de plano obedece a la necesidad de tutelar derechos fundamentales de especial relevancia de ataques que consumarían irreparablemente la violación en perjuicio del quejoso, haciendo imposible su restitución a través del juicio de amparo, como son los actos prohibidos por el artículo 22 constitucional, entre los que se encuentra el tormento de cualquier tipo, el cual se refiere a aquellos actos y omisiones que afectan gravemente a la dignidad e integridad personales (como pueden ser los actos de tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes). Ahora bien, la omisión de proporcionar atención médica es un acto que recorre una amplia gama no reducible a un solo supuesto, pues puede abarcar desde los casos en que se pide en relación con actividades preventivas, que no colocan al quejoso en una situación en la que su dignidad e integridad personal se encuentren gravemente comprometidas, hasta aquellos que obedecen a actividades curativas, de rehabilitación, o bien, de urgencia médica, cuya falta de atención oportuna somete al quejoso a cierto dolor físico y/o estado patológico que, incluso, pudiera tener consecuencias irreversibles en su salud o la pérdida de su vida, por lo que sí es factible que lo ubiquen en la situación apuntada. Por lo tanto, el juez de amparo deberá conceder la suspensión de oficio y de plano, en los casos en que un interno reclame dicha omisión, si a partir de un juicio valorativo en el que pondere las manifestaciones vertidas en la demanda de amparo, advierte que la falta de atención médica que se reclama, compromete gravemente su dignidad e integridad personal, al grado de equipararse tal situación a un tormento.". Por lo que, como se adelantó, los actos reclamados no encuadran en alguno de los actos que el legislador prescribió en ese artículo 15 de la Ley de Amparo. Consideración previa. Es importante destacar que la promoverte Yoanna Fonseca Valencia, en representación de Carlos Alberto Angelino Barrón, Alejandro Díaz Madrid, Luis Gabriel Jop Corzo, Enrique Meja Bello, José Othón Ramiro Hernández Lima, Juan Manuel Espinoza González y Diego Isaac Hernández González; sin embargo, del estudio integral del escrito inicial, se advierte que ésta carece totalmente de firmas y no se advierte imposibilidad alguna para que los justiciables promuevan por derecho propio la misma. Desechamiento Al ser de estudio preferente se advierte que en el presente asunto se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 107, fracción I, de la Carta Magna, y con el diverso numeral 6o., de la ley de la materia. Como se ve, el juicio constitucional se rige por el principio de instancia de parte agraviada, de ahí la exigencia de que el particular a quien se afecte en su esfera de derechos por un acto de autoridad, sea quien presente escritos en calidad de promovente, debidamente firmados, o bien, en caso de no saber hacerlo, estampando su huella digital o firma electrónica, pues de no hacerlo así, no se insta a este órgano jurisdiccional para que conozca y estudie las manifestaciones vertidas, porque un escrito, cualquiera que sea la naturaleza del mismo, sin firma autógrafa, electrónica o huella digital, es un simple papel en que no se incorpora la voluntad del actor de presentarlo, y por ello, tal deficiencia no puede ser corregida a instancia del Juez mediante una prevención. Así, si el escrito de demanda promovido por Carlos González Valencia, en representación de Carlos Alberto Angelino Barrón, Luis Gabriel Jop Corzo, José Othon Ramiro Hernández Lima, Enrique Mejía Bello y Erick Adrián Rosas Gamiño carece de firmas autógrafas o electrónicas; es indudable que, no contiene la voluntad de éstos en comprometerse con su contenido, pues el acto de estampar el signo gráfico correspondiente a su firma o firma electrónica, sirve para que no quede duda acerca de la circunstancia de que las manifestaciones ahí vertidas son de la voluntad de la persona que aparece como suscriptor; toda vez que la firma no constituye un elemento de forma, sino un requisito esencial para dar validez a un documento. Resultan aplicables al caso por los motivos que exponen, las tesis siguientes: "FIRMA DE LA DEMANDA DE AMPARO, FALTA DE. EL DESECHAMIENTO DE PLANO DE LA DEMANDA ES CORRECTO, EN LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO, POR SER UNA MANIFIESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA. El juicio constitucional se rige por el principio de instancia de parte agraviada, es decir, la exigencia de que el particular a quien se afecte en su esfera de derechos por el acto de autoridad, sea quien presente el escrito de demanda de amparo en calidad de promovente, y la única manera de que el particular inste al órgano jurisdiccional para que conozca de la contienda constitucional, es presentando la demanda de amparo firmada por la parte quejosa. Un escrito de demanda presentado sin firma, equivale a un anónimo que no obliga al órgano jurisdiccional a realizar ningún acto procesal tendiente a darle curso legal, pues la falta de firma, en lugar de ser una deficiencia que pueda ser corregida, constituye una ausencia en la expresión de la voluntad del actor de presentar la demanda. El obligar al Juez a otorgar al promovente el término de tres días para subsanar esa formalidad, autorizaría la práctica de presentar demandas oportunas sin firma, subsanando la omisión de la voluntad de promover, con grave daño de la seguridad jurídica. Por tanto, resulta correcta la conducta del Juez de Distrito al desechar de plano la demanda presentada sin firma de la parte quejosa.". "FIRMA, DEMANDA DE AMPARO SIN. ES CORRECTO SU DESECHAMIENTO. Según tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, un escrito sin firmar, de cualquier naturaleza, a nadie obliga, pues para que tenga validez debe estar firmado o autorizado por alguien que aparezca como responsable de su contenido. De acuerdo con lo anterior, es lícito desechar una demanda de amparo que carece de la firma del solicitante, sin que sea óbice el que haya firmado un ocurso por el que exhibió la demanda, porque es precisamente en ésta en la que debe constar la firma del quejoso puesto que en la demanda es en la que se solicita la protección constitucional y en la que se expresan los elementos necesarios para que la solicitud sea eficaz.". Sin que en el presente asunto se actualice la excepción a que se refiere el artículo 109 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso numeral 15 de ese ordenamiento legal, pues como ya se precisó, los actos reclamados no son de aquellos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En otro orden de ideas, aun cuando en la especie estuviera debidamente firmada la demanda, de cualquier manera procedería desechar la demanda, al actualizarse un motivo diverso. En efecto, conviene precisar que del análisis de la demanda, se aprecia que la promovente no redactó los antecedentes de los actos reclamados que atribuye al Juez Segundo de Distrito de Amparo en Materia Penal. De tal suerte, debe inferirse que los actos que le imputa lo hace en su carácter de Juez de control constitucional. Partiendo de lo anterior, en términos del artículo 80 de la ley de la materia, en el juicio de amparo sólo se admitirán los recursos de revisión, queja y reclamación; y tratándose del cumplimiento de sentencia, el de inconformidad; siendo esto así, contra lo actuado por un Juez de distrito en materia de amparo, proceden tales recursos como medio de impugnación vertical, a modo de revisar la actuación del juzgador. En ese tenor, se actualiza otro motivo más de improcedencia, ya que no es factible conocer de un juicio de amparo presentado en contra de otro Juez de Distrito, debido a que, se insiste, contra sus actuaciones proceden los recursos mencionados y no una demanda independiente o autónoma. En tales condiciones, al no satisfacerse el principio de instancia de parte agraviada, ni actualizarse algunos de los supuestos de excepción que contempla la norma, se actualiza la causa de improcedencia invocada, por lo que SE DESECHA DE PLANO la demanda de amparo de cuenta por su notoria e indudable improcedencia. Autorización y habilitación al personal del Juzgado Se autoriza a los secretarios para que firmen los oficios relativos al presente juicio de amparo. Se habilita al actuario para que practique en horas y días inhábiles las notificaciones de carácter personal. Domicilio del quejosos Se tiene como las listas toda vez que no señalaron domicilio para tal efecto. Fundamentos Todo lo anterior de conformidad con los artículos 6, fracción II; 16, párrafo segundo, 103, fracción I, 107, fracciones I, VIII y XV, de la Constitución Federal; 1, fracción I, 2, 5, fracción IV, 12, 21, 33, fracciones IV, 35, 37, 64, 74, 107, 108, 110, 112,115, 117, 238, 251, 260 de la Ley de Amparo. Notifíquese. ".

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Decimoprimero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México · 4,297 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano