Carlos Alberto Angelino Barrón y Otros.

Expediente 508/2022 tramitado ante el Juzgado Decimoprimero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 16 actuaciones registradas, la última del 7 de marzo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
508/2022
Año
2022
Actuaciones
16
Última actuación
07/03/2023

Partes del expediente

  • Carlos Alberto Angelino Barrón y Otros.
  • Carlos Alberto Angelino Barrón
  • Eduardo Ampudia Fraustro y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 16.

  1. Principal

    Ciudad de México, siete de marzo de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio suscrito por la Secretaria de Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal de este Primer Circuito, por medio del cual remite testimonio correspondiente a la sesión celebrada el veintitrés de febrero último, en los autos del Q.P. 9/2023, formado con motivo del recurso de queja hecho valer por la parte quejosa, en contra del proveído de catorce de diciembre de dos mil veintidós, dictado por este juzgado, ejecutoria en la que se determinó: "ÚNICO. Es infundado el recurso de queja.". Entonces, nada habiendo que cumplimentar, háganse las anotaciones en el libro de gobierno y archívese el expediente como asunto concluido. En cumplimiento a los criterios establecidos en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que instituye las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, y conforme al Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, aprobado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal el veintiséis de agosto siguiente, se provee: Valoración del expediente De conformidad con el artículo 15 del mencionado acuerdo y al prudente arbitrio del suscrito, este asunto no es de relevancia documental. Asimismo, se advierte que se desechó la demanda de amparo; en consecuencia, es susceptible de DESTRUCCIÓN, en términos de lo dispuesto por el artículo 21 del referido Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por lo que tal valoración deberá constar en la carátula. De conformidad con lo dispuesto en el citado numeral, consérvese por el término de tres años en el archivo de este juzgado de Distrito, contado a partir de que se ordenó su archivo, una vez concluido dicho plazo, procédase a su destrucción, previa desincorporación. Finalmente, se instruye al secretario a efecto de que certifique que la versión electrónica del expediente coincida en su totalidad con la impresa. Notifíquese.

  2. Principal

    Ciudad de México, diez de enero de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio signado por el Actuario Judicial adscrito al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, mediante el cual comunica la determinación por la que se acusa recibo del oficio con el que se le remitió copia certificada del juicio de amparo ********************, así como copia certificada de la constancia de notificación en la que el justiciable interpuso el recurso de queja; e informa que se admitió a trámite dicho recurso, registrándolo con el número de Q.P. 9/2023. Asimismo, atento a lo solicitado por la Superioridad, se instruye a la oficial judicial "A" a efecto de que vincule el expediente electrónico derivado del presente asunto, con el citado número de queja penal. Notifíquese y personalmente a la oficial judicial "A".

  3. Principal

    Ciudad de México, veinte de diciembre de dos mil veintidós. Agréguese a los autos la constancia de notificación de cuenta, de la cual se advierte que el quejoso interpone recurso de queja contra el acuerdo de catorce de diciembre de dos mil veintidós, por el que se desechó la demanda de amparo; en consecuencia, con fundamento en los artículos 97 fracción I, inciso a) y 98 de la Ley de Amparo, se tiene por interpuesto el recurso de mérito. En ese contexto, no es procedente notificar a las partes, dado que la naturaleza del acto por el que se interpone el presente recurso no las involucra; por tanto, envíese copia certificada de la constancia de notificación practicada al quejoso mediante el cual interpone recurso de queja al Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito en Turno, para los efectos legales a que haya lugar; como lo ordena artículo 101 de la Ley de Amparo y remítase copia certificada de las constancias necesarias a fin de que el tribunal colegiado substancie el recurso interpuesto por la parte quejosa. Hágase del conocimiento de la superioridad, que este Órgano Jurisdiccional, rinde el referido informe comunicándole que ES CIERTO EL ACTO RECLAMADO, ya que mediante proveído de catorce de diciembre de dos mil veintidós, este juzgado federal desechó la demanda de amparo, en los términos ahí precisados. Asimismo, con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria conforme al numeral 2 de la Ley de Amparo, expídase la copia que solicita. En otro aspecto, intégrese a los autos el oficio de cuenta suscrito por la Secretaria del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, con sede en lugar del mismo nombre, mediante el cual remite las actuaciones relativas al juicio que nos ocupa. Atento a lo anterior, sustitúyanse aquellas actuaciones que obran en copia simple por las originales que ahora se reciben, lo anterior, a efecto de integrar debidamente el presente asunto. Notifíquese.

  4. Principal

    Ciudad de México, catorce de diciembre de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el escrito de cuenta suscrito por la licenciada ******, defensora pública a través del cual en en cumplimiento a lo ordenado en proveído de treinta de noviembre último (foja 174), justifica haber brindado asistencia jurídica a los directos quejosos; circunstancia de la cual se toma conocimiento para los efectos legales a que haya lugar. Asimismo, acompaña un escrito aclaratorio de demanda de amparo, suscrito por el quejoso ****** en su carácter de representante común de los quejosos, a través del cual en cumplimiento a la prevención efectuada en proveído de siete de noviembre último, señala como actos los siguientes: 1. La orden de traslado de los quejosos de la Penitenciaria de la Ciudad de México a otro centro de reclusión y su ejecución. 2. La orden de reubicación de los quejosos a otros dormitorios de diversos módulos que genera afectaciones psicofísicas y psicoemocionales. 3. Actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 15 de la Ley de Amparo. 4. Intimidación. 5. Discriminación. 6. Restricción de comunicación, contacto y convivencia entre los quejoso como medio de coacción intimidación y represalias. 7. Resolución de sesión de 48/2022 (acto que únicamente se atribuye al Comité Técnico de la Penitenciaria de la Ciudad de México). Autoridades responsables I. Director de la Penitenciaría de la Ciudad de México. II. Subdirector Jurídico de la Penitenciaría de la Ciudad de México. III. Subdirector de Seguridad de la Penitenciaría de la Ciudad de México. IV. Comité Técnico de la Penitenciaría de la Ciudad de México. V. Subdirectora de Apoyo Técnico de la Penitenciaria de la Ciudad de México. VI. Jefe de Unidad Departamental del Centro de Diagnóstico Ubicación y Determinación del Tratamiento de la Penitenciaría de la Ciudad de México. VII. Subsecretario de Sistema Penitenciario de la Ciudad de México. VIII. Secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México. IX. Jefe de Gobierno de la Ciudad de México. X. Jefatura de la Unidad departamental de Jurídico y Normatividad de la Penitenciaria de la Ciudad de México. Asimismo, precisa que respecto los actos reclamados como conceptos de violaciones, consistentes en el principio pro homine, inaplicabilidad de criterios internacionales los cuales se atribuyen a los Gobernadores y Jueces de Distrito, así como la inconstitucionalidad reclamada, solicita no se tenga como actos reclamados para los efectos del presente juicio de amparo; en ese sentido, no se tiene como actos los precisados en el presente párrafo. Improcedencia de los actos 3, 4, 5 y 6. Respecto a los actos reclamados 3) actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 15 de la Ley de Amparo, 4) Intimidación, 5) Discriminación y 6) restricción de comunicación, contacto y convivencia entre los quejoso como medio de coacción intimidación y represalias. En relación con lo anterior, este juzgado considera que los actos reclamados por los quejosos, se trata de actos futuros de realización incierta, pues para que exista la posibilidad inminente de que tales actos se realicen, primero se tendría que trasladar y/o reubicar a los quejosos, lo que tampoco ha sucedido en la especie de acuerdo a lo mínimamente narrado en la demanda, por lo que dichas manifestaciones se traducen en simples expectativas o suposiciones relacionadas por los quejosos. Además, debe decirse que tales "actos" los quejosos los hacen depender de la orden de traslado del centro penitenciario en el que se encuentran recluidos y/o del cambio de dormitorio, o bien, pudieran entrañar hechos con apariencia de delito los cuales pudieran ser investigados por las autoridades competentes, no así por los juzgados de Distrito; en conclusión, no se advierten indicios que se esté ante actos de los que importen peligro conforme al numeral constitucional referido. Por otro lado, respecto al acto identificado con el número 3), los amparistas no mencionaron expresamente alguno de los actos prohibidos en el artículo 22 constitucional o del diverso precepto 15 de la ley de la materia. Máxime que, los justiciables no señalan ni siquiera indiciariamente en los antecedentes de los actos cómo se han materializado éstos por las autoridades que señala como responsables. En ese tenor, se estima procedente desechar la demanda de amparo, respecto a los citados actos reclamados. Improcedencia respecto a los actos identificados como 1, 2 y 7. Conviene recordar que tales actos son los siguientes: 1. La orden de traslado de los quejosos de la Penitenciaria de la Ciudad de México a otro centro de reclusión y su ejecución. 2. La orden de reubicación de los quejosos a otros dormitorios de diversos módulos que genera afectaciones psicofísicas y psicoemocionales. 7. Resolución de sesión de 48/2022 (acto que únicamente se atribuye al Comité Técnico de la Penitenciaria de la Ciudad de México). Ahora bien, se advierte que en la especie, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, ya que la parte quejoso, no agotó el principio de definitividad en forma previa a acudir a esta instancia constitucional, al no interponer el medio ordinario de defensa contemplado en la Ley Nacional de Ejecución Penal. La citada porción normativa, recoge el principio de definitividad, que esencialmente obliga a la parte justiciable a agotar los medios de defensa ordinarios que prevea la ley que rija el acto reclamado, y que pudiera tener por efecto revocarlo, modificarlo o nulificarlo; en forma previa a la promoción del juicio de amparo. Este principio encuentra justificación en que el amparo es un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional que procede contra hechos definitivos, por lo que es imperativo para la parte agraviada acudir a las instancias comunes que puedan producir la insubsistencia del acto o actos de autoridad que le causen afectación, antes de solicitar la protección de la Justicia Federal. Respecto a los actos reclamados, cabe mencionar que la Ley Nacional de Ejecución Penal, prevé varios regímenes relacionados con las personas internadas en un centro de reclusión, ya sea en prisión preventiva o en ejecución de penas, siendo los principales los siguientes: a) Régimen de internamiento; en el que se reglamentan las condiciones de las personas privadas de su libertad que deberán garantizar una vida digna y segura. b) Régimen disciplinario; en el cual se establece que la determinación de las faltas disciplinarias estará a cargo del Comité Técnico del centro penitenciario. c) Traslados de las personas detenidas, en el que se regulan los voluntarios, involuntarios y excepcionales o urgentes. d) Régimen de Visitas. De lo anterior, se advierte la forma de aplicación del protocolo relativo al régimen de visitas en sus diferentes modalidades, esto es, personales, familiares, íntimas, religiosas, humanitarias y asistenciales; así como, sus restricciones por alguna sanción disciplinaria. Respecto lo actos reclamados 2) y 7), consistentes en la orden de reubicación de los quejosos a otros dormitorios de diversos módulos que genera afectaciones psicofísicas y psicoemocionales y la resolución de sesión de 48/2022 (acto que únicamente se atribuye al Comité Técnico de la Penitenciaria de la Ciudad de México. Ahora respecto a los referidos actos reclamados, se actualiza en la hipótesis tocante al régimen de internamiento, el cual realiza la autoridad penitenciaria en los distintos dormitorios, de acuerdo a los criterios de clasificación establecidos. Por tanto, la reubicación y la sanción disciplinaria del quejoso forma parte de las condiciones de internamiento, por ser un medio necesario para garantizar una vida digna y segura para todas las personas privadas de la libertad. Lo anterior es congruente con lo previsto en el numeral 5 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, que establece la obligación de los Centros Penitenciarios a garantizar la separación de las personas privadas de la libertad, atendiendo a diversos criterios de clasificación, de acuerdo a los criterios de igualdad, integridad y seguridad. Orden de Traslado (1) Como se puede advertir, respecto de tal acto, se distinguen tres tipos de traslados, a saber: 1. Los traslados voluntarios, se encuentran previstos en el artículo 50 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, y son aquellos inician a petición del propio interno, quien deberá elevar su petición al Juez de Ejecución, este último celebrara una audiencia en la que requerirá su consentimiento expreso en presencia de su defensor. En este supuesto, se deberán cumplir con los requisitos establecidos en la ley. 2. Los traslados involuntarios, tanto de procesados como de sentenciados, son aquellos previstos en el artículo 51 de la ley nacional especial, y deben ser autorizados previamente en audiencia pública por el Juez de Control o de Ejecución, según se trate. Dicha resolución podrá ser impugnada a través del recurso de apelación. En este supuesto, la autorización judicial deberá ser previa al acto del traslado. 3. Los traslados urgentes o excepcionales, que surgen cuando la autoridad penitenciaria, sin autorización previa del Juez, más bien por cuenta propia y solamente en los casos expresamente permitidos en la ley, emite una resolución administrativa en la que ordena y ejecuta el traslado de alguna persona privada de la libertad, pero tiene como requisito importante conforme al artículo 52 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, notificar al Juez competente dentro de las veinticuatro horas siguientes de realizado el traslado, quien calificará la legalidad de la determinación administrativa dentro del plazo de cuarenta y ocho horas posteriores a la notificación. En este caso excepcional la autorización judicial no es previa, sino posterior al traslado. Ahora bien, en contra de la decisión judicial que califique la resolución administrativa de traslado, procederá el recurso de apelación, pero en caso de que el juez omita hacer algún pronunciamiento, el recluso podrá interponer una controversia judicial contra la determinación administrativa. De lo anterior, se colige que los traslados siempre deben ser autorizados por el Juez competente, la regla general es que la autorización sea previa, aunque de manera excepcional la autorización será posterior a la ejecución del traslado, en este último caso, las autoridades penitenciarias tienen facultad para emitir una resolución administrativa que ordene el traslado, pero será calificada con posterioridad por un Juez; por tanto, con independencia de que sea anterior o posterior al traslado, la orden siempre debe ser autorizada por un juez, por esa razón se estima que la Ley Nacional de Ejecución Penal prevé un sistema de control jurisdiccional sobre el tópico en examen. Cuando la autorización judicial es posterior, pueden surgir dos vertientes, a saber: un análisis oficioso, y otro, a petición de parte: La Ley Nacional de Ejecución Penal en su artículo 52 impone a la autoridad penitenciaria la obligación de notificar al Juez, dentro de las veinticuatro horas siguientes al traslado, la resolución administrativa que lo ordena; a su vez surge la obligación a cargo del juez de calificar la legalidad de la determinación administrativa de traslado, dentro de cuarenta y ocho horas, esta resolución puede ser apelada por el interno. En este supuesto estamos en presencia de un control jurisdiccional oficioso, pues las autoridades actúan bajo el imperio de la ley. Cuando el juez competente omite calificar la legalidad del traslado, el interno está en posibilidad de combatir la resolución administrativa a través de una controversia judicial, según el artículo 52 en relación con los diversos 116 a 119 de la Ley Nacional de Ejecución Penal. Condiciones en común Así, de los precitados regímenes relacionados con las personas internadas en un centro de reclusión, es dable afirmar que los actos reclamados identificados con los números 1), 2) y 7, por ser un medio necesario para garantizar una vida digna y segura para todas las personas privadas de la libertad; tan es así, que se encuentran reguladas en el mismo capítulo de la Ley Nacional de Ejecución Penal, en específico en sus artículos 30 y 31, que se transcriben a continuación: "Artículo 30. Condiciones de internamiento Las condiciones de internamiento deberán garantizar una vida digna y segura para todas las personas privadas de la libertad. Las personas privadas de la libertad podrán ejercer los derechos y hacer valer los procedimientos administrativos y jurisdiccionales que estuvieren pendientes al momento de su ingreso o aquellos que se generen con posterioridad, salvo aquellos que sean incompatibles con la aplicación de las sanciones y medidas penales impuestas.". Ahora bien, para salvaguardar lo anterior, la legislación en cita prevé que las personas privadas de su libertad y demás legitimados (familiares, visitantes, defensores, Ministerio Público, organismos de protección de los derechos humanos y organizaciones de la sociedad civil), pueden formular peticiones administrativas ante la autoridad penitenciaria en contra de los hechos, actos u omisiones que afecten sus condiciones de internamiento, entre ellos el traslado de un centro penitenciario a otro en términos de lo establecido en los artículos 107 a 110 de la ley en consulta. Sin que obste a lo anterior, que si bien dicha ley hace alusión a la ejecución de las sentencias, cabe precisar que su artículo 1o., dispone lo siguiente: "Artículo 1. Objeto de la Ley La presente Ley tiene por objeto: I. Establecer las normas que deben de observarse durante el internamiento por prisión preventiva, en la ejecución de penas y en las medidas de seguridad impuestas como consecuencia de una resolución judicial; (.).". Es decir, en tratándose a los actos inherentes a la vida en internamiento, ya sea por prisión preventiva o ejecución de una pena será aplicable la Ley Nacional de Ejecución Penal. Así, como parte de la implementación del nuevo sistema de reinserción social, y de los mecanismos de protección de los derechos de los procesados y sentenciados, se promulgó la Ley Nacional de Ejecución Penal, que entró en vigor el diecisiete de junio de dos mil dieciséis, que tiene por objeto establecer las normas que deben observarse durante el internamiento por prisión preventiva, en la ejecución de penas, y en las medidas de seguridad impuestas como consecuencia de una resolución judicial; y establece los procedimientos para resolver las controversias que surjan con motivo de esa ejecución penal; cuyas disposiciones, son de orden público y de observancia general en la Federación y las entidades federativas, de ahí que esta ley resulte operable para las autoridades penitenciarias y jurisdiccionales de la Ciudad de México, en cualquier etapa del procedimiento penal. En efecto, la citada legislación prevé un procedimiento administrativo de peticiones a favor de las personas privadas de su libertad, para proteger la afectación de sus condiciones de vida digna y segura en reclusión; peticiones que pueden efectuarse por escrito y, en casos urgentes, por cualquier medio a las instancias correspondientes. De igual manera, se establece, de manera específica, que las peticiones referentes a la afectación de derechos en reclusión deben efectuarse por escrito sin formalidad alguna, ante el director del centro en que se encuentren recluidos, en el entendido que en el escrito se podrá aportar la información que se considere pertinente con el objeto de atender las condiciones de vida y seguridad en reclusión. Incluso, las autoridades penitenciarias deben auxiliar a la persona privada de su libertad para formular el escrito correspondiente, cuando así le sea solicitado; asimismo, en dicho procedimiento el interesado podrá ofrecer pruebas y la autoridad está obligada a recabar las necesarias para resolver la petición. Por otra parte, el artículo 114 de la citada ley especial penal, señala que el director del centro de reclusión está obligado a resolver sobre las peticiones en el plazo de cinco días y notificar su determinación en uno no mayor a veinticuatro horas; asimismo, si dicha resolución es adversa a los intereses de la persona privada de su libertad que haya solicitado la petición administrativa, éste podrá formular controversia dentro del término de los diez días siguientes a la fecha de la notificación, ante el Juez de Ejecución; pero si los actos que se reclaman son continuos o permanentes, podrán plantearse en cualquier momento. Por su parte, el artículo 115 de la ley nacional, establece: "Artículo 115. Casos urgentes Cuando las peticiones recaigan sobre hechos, actos u omisiones respecto de las condiciones de internamiento que, de no atenderse de inmediato, quedaría sin materia la petición, constituyendo un caso urgente, la persona legitimada podrá acudir directamente ante el Juez de Ejecución para plantear su petición. En este caso, el Juez de Ejecución, de oficio, suspenderá de inmediato el hecho o acto que motivó la petición, así como los efectos que tuviere, hasta en tanto se resuelva en definitiva. Tratándose de omisiones, el Juez de Ejecución determinará las acciones a realizar por la Autoridad Penitenciaria. Cuando los jueces de ejecución reciban promociones que por su naturaleza no sean casos urgentes, las turnarán al centro para su tramitación, recabando registro de su entrega.". Entonces, si las peticiones hechas valer sobre actos u omisiones respecto de las condiciones de internamiento, las cuales de no atenderse de inmediato, quedaría sin materia la petición, constituyendo un caso urgente, la persona legitimada podrá acudir directamente ante el Juez de Ejecución para plantear su petición. De ahí, que la parte quejosa tiene la obligación de agotar el recurso ordinario que contempla la Ley Nacional de Ejecución Penal, en virtud de que el acto que pretende combatir en esta instancia es susceptible a través del medio de defensa previsto en la ley en comento, sin que se traten de un caso de excepción a que se refiere el artículo 61, fracción XX, párrafo segundo, de la Ley de Amparo. En ese sentido, el Juez de Ejecución, de oficio suspenderá de inmediato el hecho o acto que motivó la petición, así como los efectos que tuviere, hasta en tanto se resuelva en definitiva. Por ello, la determinación reclamada no puede ser sujeta al análisis inmediato en esta vía bi-instancial, toda vez que debió agotar el multicitado procedimiento administrativo de peticiones, relativo a las solicitudes de las personas privadas de su libertad que consideren vulneradas sus condiciones de internamiento y, en caso de no obtener respuesta favorable, la propia Ley especial en comento, lo faculta para acudir ante el Juez de Ejecución para la solución jurisdiccional de las peticiones que en su caso le formulen las personas privadas de su libertad. En tales condiciones, se itera, previo a acudir al juicio de amparo el quejoso debió agotar el recurso que prevé la ley especial, por el que los citados actos reclamados son susceptibles de ser modificados, revocados o nulificados, conforme dicha ley especial; ya que ésta prevé la suspensión de los efectos de los actos que en esta vía constitucional se reclaman, teniendo los mismos efectos que regula la Ley de Amparo; sin exigir mayores requisitos que los que ésta considera para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que se establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, por lo cual no se trata de un caso de excepción para acudir directamente al juicio de amparo. Lo anterior encuentra sustento en la jurisprudencia, siguiente: "ORDEN DE TRASLADO Y PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. ANTES DE PROMOVER JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN SU CONTRA, SE DEBE AGOTAR LA CONTROVERSIA JUDICIAL PREVISTA EN LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL. Hechos: Un Tribunal Colegiado consideró que los traslados involuntarios de un centro penitenciario a otro en los que no interviene la autoridad judicial constituyen una violación directa a la Constitución, razón por la cual puede promoverse amparo indirecto sin agotar previamente el recurso ordinario. A diferencia de ese Tribunal Colegiado, uno diverso consideró que en contra de una posible orden de traslado emitida sin intervención judicial, procede un recurso ordinario previsto en la Ley Nacional de Ejecución Penal, por lo que debe agotarse dicho recurso antes de promover el amparo, de lo contrario éste será improcedente por no cumplirse con el principio de definitividad. Criterio jurídico: La orden de traslado de un centro penitenciario a otro que se emite sin intervención judicial es un acto que se dicta dentro del procedimiento; por lo tanto, antes de promover juicio de amparo indirecto en su contra, se debe agotar la controversia judicial prevista en el artículo 117, fracción III, de la Ley Nacional de Ejecución Penal. Justificación: El artículo 117, fracción III, de la Ley Nacional de Ejecución Penal regula la controversia judicial, recurso que se interpone ante el Juez de Control o de Ejecución, según corresponda, con el objeto de resolver las controversias que surjan con motivo de los traslados de las personas privadas de la libertad. Por otra parte, el juicio de amparo, si bien puede promoverse contra actos de autoridad que vulneren los derechos de los gobernados, debe observar el principio de definitividad, según el cual, el amparo no procede contra violaciones cometidas en el procedimiento si en las leyes ordinarias se prevé un remedio legal por el cual puedan repararse, tal como sucede en el caso de las controversias judiciales establecidas en el ordenamiento penal en cita. Por lo tanto, cuando una persona privada de la libertad busque inconformarse con la orden de traslado de un centro penitenciario a otro, emitida sin autorización previa de la autoridad judicial, antes de la promoción del juicio de amparo, debe interponerse la controversia judicial prevista en el artículo 117, fracción III, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, para que sea el Juez de Control o de Ejecución, quien resuelva la legalidad de ese posible traslado. De esa manera se respeta el principio de definitividad que rige en el amparo.". En consecuencia, con base en lo establecido en el numeral 113 de la Ley de la Materia, se desecha de plano la demanda, por notoriamente improcedente. Notifíquese.

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