Carlos Alberto Alcaraz González
Expediente 1077/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 13 de septiembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1077/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 13/09/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México · Estado de México
Partes del expediente
- Carlos Alberto Alcaraz González
Actuaciones
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, trece de septiembre de dos mil diecinueve. Vista la certificación que antecede, en la cual se hace constar que al día de hoy no se interpuso queja contra el desechamiento de la demanda, en consecuencia, con fundamento en los artículos 354 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que el mismo ha causado estado. Háganse las anotaciones respectivas y archívese el expediente como asunto concluido. Por otra parte, en acatamiento al punto vigésimo primero, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, una vez que transcurran cinco años de archivado, es susceptible de destrucción el presente expediente, ya que se desechó la demanda de amparo y carece de relevancia documental.
- Principal
Vista la demanda promovida por ... con fundamento en el artículo 112 de la Ley de Amparo, regístrese bajo el número 1077/2019-I. ACTO RECLAMADO Ahora bien, de la lectura íntegra de la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa señala como actos reclamados: La orden de traslado a diverso centro penitenciario, así como su ejecución. El cambio de estancia o dormitorio. DESECHAMIENTO Así, se estima que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 5 fracción I, de la Ley de Amparo, de los cuales se colige que para que el juicio constitucional sea procedente, es necesario que se promueva contra actos de autoridad, o bien, de particulares en los casos señalados por la propia ley, pues por su naturaleza jurídica las garantías constitucionales constituyen en la generalidad de los casos, limitaciones al Poder Público. Ahora bien, del capítulo de antecedentes del escrito de demanda se advierte que el quejoso manifestó lo siguiente: ".he sido informado el día 3 de septiembre de 2019, que el Director del Centro quiere cambiarme a un diverso Centro de Readaptación Social y que antes de ello aislar a una celda de castigo.sin darme más datos al respecto, lo cual me preocupa mucho pues he recibido diversas amenazas por parte de otras presas internas que cuando me cambien de módulo me van a agredir." De lo anterior, se evidencia que los actos reclamados, son futuros de realización incierta, respecto de los cuales es improcedente el juicio de amparo indirecto; cuenta habida de que el solo hecho de que haya sido informado, sin mencionar quién, que sería trasladado y previamente cambiado de módulo, no ocasiona una afectación inminente o actual, real y directa con relación a cambiarlo de centro penitenciario o de dormitorio. Por lo tanto, no se actualiza categóricamente un perjuicio en la esfera jurídica del justiciable ante un supuesto traslado a otro centro de reclusión, o de cambio de módulo en donde actualmente está interno. Máxime que la presentación de la demanda de amparo tiene como finalidad obtener la protección de la Justicia Federal a efecto de que se restituya al quejoso en el goce de la garantía individual violada, y no prevenir actos que en lo futuro pudieran generar esa afectación, como sucede en la especie. Estimar lo contrario genera la posibilidad de permitir el ejercicio de la acción de control constitucional, apoyada en expectativas y no en contra de actos concretos o de realización cierta e inminente. Sin que en el caso, se desconozca el contenido de la tesis jurisprudencial PC.II.P.J/4P, sustentada por el Pleno en Materia Penal del Segundo Circuito, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 47, Octubre de 2017, tomo III, visible a página 1884, toda vez que no existe duda sobre la naturaleza incierta y no inminente del acto que se reclama, ya que no se desprende indicio alguno de un acto concreto de autoridad en su contra. En consecuencia, al actualizarse de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 5 fracción I, de la Ley de Amparo, procede desechar la demanda de amparo, con fundamento en el diverso 113 del propio ordenamiento legal. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Se tiene como domicilio del quejoso para oír y recibir notificaciones personales, el lugar en que se encuentra recluido. Ahora bien, atendiendo al principio establecido en el artículo 17 Constitucional de que los Juzgadores deben velar por una pronta impartición de Justicia, se solicita al quejoso, por conducto de cualquiera de los actuarios adscritos, para que una vez que sea notificada del presente acuerdo, manifieste en ese acto, si es su deseo señalar domicilio, para oír y recibir notificaciones dentro de la jurisdicción de este Órgano, (Naucalpan de Juárez) o de su zona conurbada (Tlalnepantla de Baz, Atizapán de Zaragoza y Huixquilucan). Asimismo, se tiene por autorizada a la persona que refiere en términos amplios del artículo 12, primer párrafo de la Ley de Amparo, siempre y cuando tenga cédula para ejercer la profesión de licenciado en derecho; de lo contrario, sólo para el efecto de oír y recibir notificaciones e imponerse de autos. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles. Asimismo, se destaca al fedatario adscrito a este órgano jurisdiccional que para realizar las notificaciones que con motivo del presente trámite surjan, deberá ceñirse a la temporalidad prevista en el artículo 24 de la Ley de Amparo. TRANSPARENCIA Conforme a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace del conocimiento de las partes que pueden manifestar por escrito su oposición a que se publiquen sus datos personales, con independencia de que este juzgado, por conducto de los Secretarios y Actuarios, al elaborarse la versión pública, suprima dicha información. EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, se instruye al personal operativo la oportuna digitalización de manera legible de las constancias que integren el presente asunto; y a los Secretarios y Actuarios, supervisar y dar fe que el expediente electrónico coincida fielmente con el impreso, así como, en la versión pública y listas de publicación, respectivamente, supervisar que se cumpla con la protección de datos personales conforme lo anotado en el párrafo precedente.
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