Carlos Alberto Aguilar Hernandez

Expediente 1094/2021 tramitado ante el Juzgado Decimocuarto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 20 actuaciones registradas, la última del 15 de junio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1094/2021
Año
2021
Actuaciones
20
Última actuación
15/06/2022

Partes del expediente

  • Adilu Penilla Franco
  • Carlos Alberto Aguilar Hernandez
  • Juez Octavo de lo Familiar del Primer Partido Judicial del Estado de Jalisco

Actuaciones

Las 4 más recientes de 20.

  1. Principal

    Zapopan, Jalisco, a quince de junio de dos mil veintidós. Se realiza pronunciamiento en relación con el cumplimiento. Vista la certificación de cuenta, se procede a calificar la conducta asumida por la responsable para lograr su debido acatamiento, toda vez que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, y es obligación de los tribunales pronunciarse sobre el mismo, con fundamento en los artículos 196 y 214 de la Ley de Amparo. Efectos de la sentencia ejecutoria. De autos se advierte que en sentencia dictada el catorce de marzo de dos mil veintidós, este juzgado de Distrito concedió el amparo a la aquí parte quejosa, en los siguientes términos: "A fin de restituir a la parte quejosa en el pleno goce de sus derechos constitucionales violados, el amparo y la protección de la justicia federal, se concede para el efecto de que la Juez Segundo de lo Familiar del Primer Partido Judicial del Estado de Jalisco, realice lo siguiente: I. Deje insubsistente la interlocutoria de veinticuatro de mayo de dos mil veintiuno; y, II. Con libertad de jurisdicción, tomando en consideración lo expuesto en la parte considerativa de esta sentencia, dicte otra en la que: a) Analice la procedencia de la reducción de la pensión alimenticia que solicitó el deudor alimentario Carlos Alberto Aguilar Hernández, tomando en consideración para ello, el hecho que este introdujo como superviniente, consistente en la adopción plena del menor C.C.A.P. por parte de David Dayan Alatorre Alatorre, como variante entre las circunstancias y relación jurídica existentes, en la data en que se suscribió el convenio en que se pactó el pago y monto de la pensión alimenticia cuya reducción se busca, y la que regía al momento en que se planteó y resolvió la incidencia de reducción de que se trata; b) Analice la existencia de la relación de concubinato, así como de diversas acreedoras alimentarias, con base en las pruebas que ofreció para tal efecto el actor incidentista; c) Al analizar la calidad de Daniela Aguilar Hernández, como nueva acreedora alimentaria tome en consideración que, a la presentación de la demanda incidental, esta era menor de edad y, determine lo conducente.." Actos realizados por la autoridad responsable respecto al cumplimiento de la ejecutoria de amparo. Mediante el comunicado 4982/2022, el secretario de acuerdos del Juzgado Octavo de lo Familiar del Primer Partido Judicial del Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan, informó que dentro del juicio de origen, el treinta de mayo de dos mil veintidós, se acordó dejar insubsistente la sentencia interlocutoria con motivo del incidente de reducción de pensión alimenticia de veinticuatro de mayo de dos mil veintiuno, y con plenitud de jurisdicción, el titular de ese órgano jurisdiccional emitió una nueva con plenitud de jurisdicción, en la que declaró fundado y procedente la reducción de pensión alimenticia planteada por Carlos Alberto Aguilar Hernández. En la nueva resolución se advierte que la responsable analizó la procedencia de la reducción de la pensión alimenticia que solicitó el deudor alimentario Carlos Alberto Aguilar Hernández, tomando en consideración para ello, el hecho que este introdujo como superviniente, consistente en la adopción plena del menor C.C.A.P. por parte de David Dayan Alatorre Alatorre, como variante entre las circunstancias y relación jurídica existentes, en la data en que se suscribió el convenio en que se pactó el pago y monto de la pensión alimenticia cuya reducción se busca, y la que regía al momento en que se planteó y resolvió la incidencia de reducción de que se trata. También la potestad común analizó la existencia de la relación de concubinato, así como de diversas acreedoras alimentarias, con base en las pruebas que ofreció para tal efecto el actor incidentista, destacando cada medio de convicción aportado por el incidentista, destacando la adopción plena del menor, lo cual acreditó con el acto correspondiente del registro civil. De igual manera, estudió la relación con Daniela Aguilar Hernández, y su calidad de nueva acreedora alimentaria lo que tomó en consideración destacando que a la presentación de la demanda incidental, esta era menor de edad. Con lo cual, en proveído de dos de junio de dos mil veintidós, se ordenó dar vista a las partes quejosa y terceros interesados, con fundamento en lo establecido en el artículo 196 de la Ley de Amparo, a fin de que manifestaran lo que a su derecho conviniera, sin que hubiesen realizado manifestación alguna, como se aprecia en la certificación de cuenta. Constancias, que de conformidad con los artículos 129 y 197 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, según lo dispone su artículo 2°, quien ahora resuelve, en uso de la facultad otorgada para la justipreciación de pruebas, considera que tiene valor probatorio pleno, dado su carácter de documentos públicos, expedidos por autoridad en ejercicio legal de sus funciones y con motivo de ellas, que contiene la existencia regular de membretes, sellos y firmas que así lo demuestran. Pronunciamiento sobre el cumplimiento al fallo protector. Precisado lo anterior, se advierte que la autoridad responsable cumplió con los efectos de la ejecutoria de amparo, en razón de que atendieron los lineamientos del fallo protector, esto es, dentro del juicio de origen dejó insubsistente la sentencia interlocutoria de veinticuatro de mayo de dos mil veintiuno, y con plenitud de jurisdicción, dictó una nueva en la que analizó y estudio todos los puntos que se precisaron en la sentencia que concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión. En tales condiciones, se concluye que la ejecutoria de amparo ha quedado cumplida, sin que se advierta exceso o defecto en su cumplimiento. Se ordena hacer del conocimiento de las partes quejosa y terceros interesados el presente proveído, para los efectos de los artículos 201, fracción I y 202 de la ley en cita. Anotaciones y orden de archivo. En ese contexto, háganse las anotaciones respectivas en los libros de gobierno y electrónico, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), archívese el presente expediente como asunto concluido, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo. Valoración del expediente. Toda vez que en el presente juicio se concedió la protección constitucional, el expediente será susceptible de depuración una vez que transcurran tres años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en el inciso b) de la fracción I del artículo 18 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de veinticinco de marzo de dos mil veinte, por lo que únicamente deberá conservarse la demanda, las resoluciones recurridas, la sentencia respectiva, el proveído en el que se ordena el archivo como asunto concluido y las demás constancias que se consideren necesarias. Relevancia documental. Del análisis del presente expediente se advierte que este asunto no entra en ningún supuesto previsto por el artículo Décimo Quinto del referido Acuerdo, atento a lo precisado en el manual para la organización de los archivos judiciales y resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, por ende, no se considera de relevancia documental. Información reservada. Hágase saber para los efectos establecidos en dicho acuerdo que el presente expediente no contiene información reservada, como tampoco información de relevancia documental e histórica. Oposición de datos personales. De las constancias que integran los autos se advierte que las partes no manifestaron su oposición a que sus datos personales se incluyeran en la publicación con motivo de las consultas solicitadas por terceros. Devolución de documentos. Ahora bien, toda vez que resulta innecesario que permanezcan en este juzgado los documentos exhibidos por las partes que así lo hicieron, se les requiere para que acudan a este Juzgado de Distrito a recoger dichos documentos, dentro del plazo de diez días, contados a partir del siguiente en que surta efectos la notificación que de este proveído se les practique. Plazo que debe computarse en días naturales, pues así se establece en los lineamientos del Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Apercibimiento. Apercibidos que de no acudir por estos, en el plazo indicado, podrán ser depurados junto con el expediente, sin ulterior acuerdo. Notifíquese; y personalmente a las partes quejosa y terceros interesados.

  2. Principal

    Se notifica por medio de lista que se publica en los estrados de este Juzgado Federal, al tercero interesado Adilu Penilla Franco, el acuerdo autorizado el quince de junio de dos mil veintidós, mediante el cual, Vista la certificación de cuenta, se procede a calificar la conducta asumida por la responsable para lograr su debido acatamiento, toda vez que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, y es obligación de los tribunales pronunciarse sobre el mismo, con fundamento en los artículos 196 y 214 de la Ley de Amparo. Efectos de la sentencia ejecutoria. De autos se advierte que en sentencia dictada el catorce de marzo de dos mil veintidós, este juzgado de Distrito concedió el amparo a la aquí parte quejosa, en los siguientes términos: "A fin de restituir a la parte quejosa en el pleno goce de sus derechos constitucionales violados, el amparo y la protección de la justicia federal, se concede para el efecto de que la Juez Segundo de lo Familiar del Primer Partido Judicial del Estado de Jalisco, realice lo siguiente: I. Deje insubsistente la interlocutoria de veinticuatro de mayo de dos mil veintiuno; y, II. Con libertad de jurisdicción, tomando en consideración lo expuesto en la parte considerativa de esta sentencia, dicte otra en la que: a) Analice la procedencia de la reducción de la pensión alimenticia que solicitó el deudor alimentario Carlos Alberto Aguilar Hernández, tomando en consideración para ello, el hecho que este introdujo como superviniente, consistente en la adopción plena del menor C.C.A.P. por parte de David Dayan Alatorre Alatorre, como variante entre las circunstancias y relación jurídica existentes, en la data en que se suscribió el convenio en que se pactó el pago y monto de la pensión alimenticia cuya reducción se busca, y la que regía al momento en que se planteó y resolvió la incidencia de reducción de que se trata; b) Analice la existencia de la relación de concubinato, así como de diversas acreedoras alimentarias, con base en las pruebas que ofreció para tal efecto el actor incidentista; c) Al analizar la calidad de Daniela Aguilar Hernández, como nueva acreedora alimentaria tome en consideración que, a la presentación de la demanda incidental, esta era menor de edad y, determine lo conducente.." Actos realizados por la autoridad responsable respecto al cumplimiento de la ejecutoria de amparo. Mediante el comunicado 4982/2022, el secretario de acuerdos del Juzgado Octavo de lo Familiar del Primer Partido Judicial del Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan, informó que dentro del juicio de origen, el treinta de mayo de dos mil veintidós, se acordó dejar insubsistente la sentencia interlocutoria con motivo del incidente de reducción de pensión alimenticia de veinticuatro de mayo de dos mil veintiuno, y con plenitud de jurisdicción, el titular de ese órgano jurisdiccional emitió una nueva con plenitud de jurisdicción, en la que declaró fundado y procedente la reducción de pensión alimenticia planteada por Carlos Alberto Aguilar Hernández. En la nueva resolución se advierte que la responsable analizó la procedencia de la reducción de la pensión alimenticia que solicitó el deudor alimentario Carlos Alberto Aguilar Hernández, tomando en consideración para ello, el hecho que este introdujo como superviniente, consistente en la adopción plena del menor C.C.A.P. por parte de David Dayan Alatorre Alatorre, como variante entre las circunstancias y relación jurídica existentes, en la data en que se suscribió el convenio en que se pactó el pago y monto de la pensión alimenticia cuya reducción se busca, y la que regía al momento en que se planteó y resolvió la incidencia de reducción de que se trata. También la potestad común analizó la existencia de la relación de concubinato, así como de diversas acreedoras alimentarias, con base en las pruebas que ofreció para tal efecto el actor incidentista, destacando cada medio de convicción aportado por el incidentista, destacando la adopción plena del menor, lo cual acreditó con el acto correspondiente del registro civil. De igual manera, estudió la relación con Daniela Aguilar Hernández, y su calidad de nueva acreedora alimentaria lo que tomó en consideración destacando que a la presentación de la demanda incidental, esta era menor de edad. Con lo cual, en proveído de dos de junio de dos mil veintidós, se ordenó dar vista a las partes quejosa y terceros interesados, con fundamento en lo establecido en el artículo 196 de la Ley de Amparo, a fin de que manifestaran lo que a su derecho conviniera, sin que hubiesen realizado manifestación alguna, como se aprecia en la certificación de cuenta. Constancias, que de conformidad con los artículos 129 y 197 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, según lo dispone su artículo 2°, quien ahora resuelve, en uso de la facultad otorgada para la justipreciación de pruebas, considera que tiene valor probatorio pleno, dado su carácter de documentos públicos, expedidos por autoridad en ejercicio legal de sus funciones y con motivo de ellas, que contiene la existencia regular de membretes, sellos y firmas que así lo demuestran. Pronunciamiento sobre el cumplimiento al fallo protector. Precisado lo anterior, se advierte que la autoridad responsable cumplió con los efectos de la ejecutoria de amparo, en razón de que atendieron los lineamientos del fallo protector, esto es, dentro del juicio de origen dejó insubsistente la sentencia interlocutoria de veinticuatro de mayo de dos mil veintiuno, y con plenitud de jurisdicción, dictó una nueva en la que analizó y estudio todos los puntos que se precisaron en la sentencia que concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión. En tales condiciones, se concluye que la ejecutoria de amparo ha quedado cumplida, sin que se advierta exceso o defecto en su cumplimiento. Se ordena hacer del conocimiento de las partes quejosa y terceros interesados el presente proveído, para los efectos de los artículos 201, fracción I y 202 de la ley en cita. Anotaciones y orden de archivo. En ese contexto, háganse las anotaciones respectivas en los libros de gobierno y electrónico, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), archívese el presente expediente como asunto concluido, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo. Valoración del expediente. Toda vez que en el presente juicio se concedió la protección constitucional, el expediente será susceptible de depuración una vez que transcurran tres años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en el inciso b) de la fracción I del artículo 18 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de veinticinco de marzo de dos mil veinte, por lo que únicamente deberá conservarse la demanda, las resoluciones recurridas, la sentencia respectiva, el proveído en el que se ordena el archivo como asunto concluido y las demás constancias que se consideren necesarias. Relevancia documental. Del análisis del presente expediente se advierte que este asunto no entra en ningún supuesto previsto por el artículo Décimo Quinto del referido Acuerdo, atento a lo precisado en el manual para la organización de los archivos judiciales y resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, por ende, no se considera de relevancia documental. Información reservada. Hágase saber para los efectos establecidos en dicho acuerdo que el presente expediente no contiene información reservada, como tampoco información de relevancia documental e histórica. Oposición de datos personales. De las constancias que integran los autos se advierte que las partes no manifestaron su oposición a que sus datos personales se incluyeran en la publicación con motivo de las consultas solicitadas por terceros. Devolución de documentos. Ahora bien, toda vez que resulta innecesario que permanezcan en este juzgado los documentos exhibidos por las partes que así lo hicieron, se les requiere para que acudan a este Juzgado de Distrito a recoger dichos documentos, dentro del plazo de diez días, contados a partir del siguiente en que surta efectos la notificación que de este proveído se les practique. Plazo que debe computarse en días naturales, pues así se establece en los lineamientos del Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Apercibimiento. Apercibidos que de no acudir por estos, en el plazo indicado, podrán ser depurados junto con el expediente, sin ulterior acuerdo.

  3. Principal

    Zapopan, Jalisco, a dos de junio de dos mil veintidós. Autoridad informa en relación al cumplimiento de la ejecutoria de amparo. Téngase por recibido el comunicado 4982/2022, que signa el Juez Segundo de lo Civil del Primer Partido Judicial del Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan, mediante el cual, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, transcribe y remite copia certificada de la determinación de treinta de mayo de dos mil veintidós, emitida dentro del expediente 1277/2005, de la que se advierte que se dejó insubsistente la resolución interlocutoria de veinticuatro de mayo de dos mil veintiuno, y en su lugar emitió una nueva con plenitud de jurisdicción, en la que se declaró fundado y procedente la reducción de pensión alimenticia planteada por *****. Dese vista y córrase traslado. En razón de lo anterior, con fundamento en lo establecido en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes quejosa y terceros interesados, debiendo correr traslado con el comunicado y anexos de cuenta, para que dentro del plazo de tres días, manifiesten lo que a su derecho convenga; en el entendido de que con manifestación o sin ella se proveerá lo conducente. Notifíquese; y, personalmente a las partes quejosa, tercero interesado y asesor jurídico del menor.

  4. Principal

    Se notifica por medio de lista que se publica en los estrados de este Juzgado Federal, al tercero interesado Adilu Penilla Franco, el acuerdo autorizado el dos de junio de dos mil veintidós, mediante el cual, Téngase por recibido el comunicado 4982/2022, que signa el Juez Segundo de lo Civil del Primer Partido Judicial del Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan, mediante el cual, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, transcribe y remite copia certificada de la determinación de treinta de mayo de dos mil veintidós, emitida dentro del expediente 1277/2005, de la que se advierte que se dejó insubsistente la resolución interlocutoria de veinticuatro de mayo de dos mil veintiuno, y en su lugar emitió una nueva con plenitud de jurisdicción, en la que se declaró fundado y procedente la reducción de pensión alimenticia planteada por Carlos Alberto Aguilar Hernández. Dese vista y córrase traslado. En razón de lo anterior, con fundamento en lo establecido en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes quejosa y terceros interesados, debiendo correr traslado con el comunicado y anexos de cuenta, para que dentro del plazo de tres días, manifiesten lo que a su derecho convenga; en el entendido de que con manifestación o sin ella se proveerá lo conducente.

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