Carlos Alarcón Hernández

Expediente 853/2023 tramitado ante el Juzgado de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Tamaulipas. 17 actuaciones registradas, la última del 14 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
853/2023
Año
2023
Actuaciones
17
Última actuación
14/11/2023

Partes del expediente

  • Carlos Alarcón Hernández

Actuaciones

Las 4 más recientes de 17.

  1. Principal

    Heroica Matamoros, Tamaulipas, catorce de noviembre de dos mil veintitrés. Vistos, para resolver, los autos del juicio de amparo 853/2023-II, promovido por ********************contra actos de la Jueza del Juzgado Quinto de Primera Instancia en Materia Civil con Especialización en Materia Hipotecaria del Distrito de Torreón, Coahuila, y de otras autoridades; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito recibido el veinticinco de julio de dos mil veintitrés en este Juzgado Federal,********************promovió juicio de amparo indirecto en contra las autoridades y actos que enseguida se mencionan: Autoridades responsables: 1. Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito de Torreón. 2. Actuaria adscrita al Juzgado Segundo de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito de Torreón. Ambos con sede en Torreón, Coahuila de Zaragoza. 3. Director Jurídico del Instituto Registral y Catastral del estado de Tamaulipas, con sede en Ciudad Victoria. Actos reclamados: "De las autoridades señaladas como responsables lo constituye la FALTA y/o ILEGAL emplazamiento realizado al suscrito dentro de los autos del JUICIO ESPECIAL HIPOTECARIO expediente ********************, del índice del JUZGADO SEGUNDO EN MATERIA CIVIL DE TORREÓN, COAHUILA, promovido por el ********************, así como la sentencia dictada dentro del mismo y el procedimiento de ejecución mediante el cual se realizó la adjudicación del bien inmueble de mi propiedad a favor del ********************; procedimiento en su totalidad llevado en contravención a las formalidades esenciales del procedimiento." SEGUNDO. Admisión de la demanda. Mediante auto de veintiséis de julio de dos mil veintitrés se registró la demanda en el libro de gobierno con el número 853/2023-II que le correspondió, se admitió a trámite, se requirió a las autoridades responsables sus informes justificados, se dio intervención a la Fiscal Federal de la adscripción y se señaló fecha para llevar al cabo la audiencia constitucional. TERCERO. Ampliación. En acuerdo de cinco de septiembre del año en curso, de oficio, se tuvieron como autoridades responsables a la Jueza y Actuaria adscritas al Juzgado Quinto de Primera Instancia en Materia Civil con Especialización Hipotecaria del Distrito de Torreón, Coahuila, y se les requirió sus informes justificados. Por lo que una vez integrado el presente expediente, tuvo verificativo la audiencia incidental al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, en esta ciudad, es competente para conocer del presente juicio de garantías en los términos de los artículos 37 de la Ley de Amparo, 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y puntos Segundo y Tercero del Acuerdo General 3/2013, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados de Circuito, Tribunales Colegiados de Apelación y de los Juzgados de Distrito, vigente a partir del veintitrés de enero de dos mil trece. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. Es de establecerse que conforme a lo dispuesto por el numeral 74, fracción I, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, se determina la obligación que las sentencias que se dicten en los juicios de amparo contengan una fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como de la valoración de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. Así, se tiene que los actos que la parte quejosa reclama, consisten en: El emplazamiento por edictos dentro del juicio hipotecario ********************, del índice del entonces Juzgado Segundo de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Torreón, Coahuila, ahora ********************de la estadística del Juzgado Quinto de Primera Instancia en Materia Civil con Especialización Hipotecaria del Distrito de Torreón, Coahuila, promovido por el ********************, en contra de ********************. Todo lo actuado con posterioridad al mismo, incluido el procedimiento de ejecución; actos que no son impugnados por vicios propios, sino como una consecuencia de la falta de emplazamiento. TERCERO. Inexistencia del acto reclamado. El Director Jurídico en ausencia del Director General del Instituto Registral y Catastral del estado de Tamaulipas, con sede en Ciudad Victoria, negó la existencia del acto que se le atribuye. En ese tenor, la parte quejosa no desvirtuó la negativa a que se ha hecho referencia; consecuentemente en términos del artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, se sobresee en el presente juicio de garantías, únicamente respecto a dicha autoridades, respecto al acto que se le atribuye. Al respecto tiene aplicación la jurisprudencia número 284, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 236, del Tomo VI, Materia Común, del apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, cuyo texto es el siguiente: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se le atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo." CUARTO. Certeza del acto reclamado. La Jueza y Actuaria, ambas del Juzgado Quinto de Primera Instancia en Materia Civil con Especialización Hipotecaria del Distrito Judicial de Torreón, Coahuila, al rendir sus informes justificados manifestaron que son ciertos los actos que se reclaman, por lo que así se le tiene para todos los efectos legales conducentes (foja 47 ). Certeza que se corrobora con las constancias que remitió la titular del Juzgado Quinto de Primera Instancia en Materia Civil con Especialización Hipotecaria del Distrito de Torreón, Coahuila, y que por tratarse de documentos públicos, conforme al artículo 129 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se les concede valor probatorio pleno, en términos de los diversos numerales 197 y 202 del invocado ordenamiento adjetivo, ya que fueron expedidas por funcionario público en el ámbito de su ejercicio. Al respecto, es aplicable la jurisprudencia número 226, publicada en la página 153 del Tomo VI, Materia Común, registro 394182, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1995, la cual es del tenor literal siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena". Por otra parte, el titular del Juzgado Segundo de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Torreón, Coahuila, informó que el juicio hipotecario ******************** de su índice, del que deriva el acto reclamado en este asunto, en cumplimiento al Acuerdo C-133/2021 del Pleno del Consejo de la Judicatura del estado de Coahuila, de fecha treinta de septiembre de dos mil veintiuno, fue remitido al Juzgado Quinto de Primera Instancia en Materia Civil con Especialización Hipotecaria del Distrito Judicial de Torreón, correspondiéndole el número ********************, de ahí que se advierta la certeza del acto reclamado respecto a los actos atribuidos a dicho órgano jurisdiccional. Sirve de apoyo la tesis emitida por el Tribunal Colegiado Supernumerario del Vigésimo Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación. Volumen 217-228, Sexta Parte, página 340, con registro digital: 246950 "INFORME JUSTIFICADO, OMISION TECNICA DEL. MULTA IMPROCEDENTE. Si la autoridad responsable, al pretender rendir su informe justificado, se concreta a remitirse a su informe previo, sin señalar expresamente si son o no ciertos los actos reclamados, ello ocasiona que se considere que técnicamente no se rindió el informe justificado a que se refiere el artículo 149 de la Ley de Amparo y que conforme a la misma disposición se presuman ciertos los actos reclamados; sin embargo, no es procedente la imposición de una multa, en términos del último párrafo del mismo numeral, que sólo es aplicable ante una actitud totalmente omisa, que revele un verdadero desacato de la autoridad responsable en atender el mandamiento del Juez de amparo, y no para casos, como éste, en que se pretendió cumplir, aun cuando con notoria falta de técnica jurídica, pero sin denotar rebeldía. Asimismo, respecto al actuario adscrito al Juzgado Segundo de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Torreón, Coahuila, no rindió su respectivo informe justificado; no obstante de estar debidamente enterado del oficio 19553/2023, según se desprende del informe allegado por el juez responsable; por tanto, de conformidad con el numeral 117 de la Ley de Amparo, se tiene por cierto también el acto que a él se le atribuye. QUINTO. Causales de improcedencia. Por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, se impone analizar la procedencia del juicio de garantías, ya sea que lo hagan valer las partes o que este órgano jurisdiccional lo advierta de oficio, de acuerdo con lo previsto en el artículo 62 de la Ley de Amparo. En el caso, no se advierte la actualización de alguna causa de improcedencia que deba ser analizada de oficio, tampoco las partes invocaron la actualización de alguna de las previstas en el artículo 61 de la Ley de Amparo, por lo que procede analizar el fondo de la resolución reclamada. SEXTO. Análisis de los conceptos de violación. Se procede al estudio de los conceptos de violación hechos valer por la parte quejosa, los cuales se tienen por reproducidos como si a la letra se insertaran, al no ser necesaria su transcripción. Es aplicable al caso la jurisprudencia 2ª./J.58/2010, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXI, mayo de 2010, página 830, que dice: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X 'De las sentencias', del título primero 'Reglas generales', del libro primero 'Del amparo en general', de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." De igual forma, apoya lo antes expuesto, la jurisprudencia número 687, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, consultable en la página cuatrocientos sesenta y dos, del Apéndice de 1995, Tomo VI, que dice: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN, AUSENCIA DE FORMALIDADES EN LA EXPRESIÓN DE LOS. La Ley de Amparo no exige, en sus artículos 116 y 166, que la expresión de los conceptos de violación se haga con determinadas formalidades solemnes e indispensables. Por otra parte, la demanda de amparo es un todo que debe considerarse en su conjunto, de lo que se sigue que, aun cuando la costumbre ha llevado a los litigantes a expresar los conceptos de violación en un capítulo destacado, en busca de claridad, deben tomarse como conceptos de violación todos los razonamientos que, con tal contenido, aparezcan en la demanda, aunque no estén en el capítulo relativo. Basta que en alguna parte de la demanda se exprese un argumento que tienda a demostrar la ilegalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados, para que deba ser estudiado en la sentencia como concepto de violación, ya que es evidente que la sentencia debe ocuparse de todos los que la parte quejosa exprese. Por lo demás, para que existan conceptos de violación en una demanda de amparo administrativo, que es de estricto derecho, es suficiente que se exprese con claridad la causa de pedir, señalándose cuál es la lesión o agravio que el quejoso estima le causa la resolución impugnada, y los motivos que originan tal agravio." Son fundados los conceptos de violación expuestos por la parte quejosa, aunque para arribar a la anterior determinación se supla la deficiencia de la queja en términos a lo dispuesto en el artículo 79, fracción VI, de la Ley de Amparo y criterio jurisprudencial 149/2000, emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena época, tomo XII, página 22, cuyos rubro y texto dicen: "SUPLENCIA DE LA DEFICIENCIA DE LA QUEJA EN LAS MATERIAS CIVIL, MERCANTIL Y ADMINISTRATIVA. PROCEDE RESPECTO DE LA FALTA O DEL ILEGAL EMPLAZAMIENTO DEL DEMANDADO AL JUICIO NATURAL. Conforme a lo dispuesto por la fracción VI del artículo 76 bis de la Ley de Amparo, en materias distintas a la penal, agraria y laboral, opera la suplencia de la deficiencia de los conceptos de violación y de los agravios cuando se advierta que ha habido en contra del quejoso o del particular recurrente una violación manifiesta de la ley que lo haya dejado sin defensa. Ahora bien, si el emplazamiento del demandado al juicio natural constituye una formalidad esencial del procedimiento por ser necesario para una adecuada defensa, se sigue que la falta de verificación de tal emplazamiento o su práctica defectuosa se traduce en una violación manifiesta a la ley que produce indefensión, pues se estaría ante la infracción procesal de mayor magnitud y de carácter más grave dada su trascendencia en las demás formalidades del procedimiento al afectar la oportunidad de alegar y de ofrecer y desahogar pruebas, lo que obliga a los juzgadores de amparo a suplir la queja deficiente al respecto y, por tanto, a no dejar de examinar esa cuestión sólo porque el planteamiento específico no se haya hecho valer en la demanda de garantías, no pudiendo estimarse inoperantes los agravios relativos por esa razón". En primer término, resulta oportuno precisar, que tanto la doctrina como la jurisprudencia han coincidido en determinar que el artículo 14 de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos, consagra las garantías de seguridad jurídica y audiencia; mandamiento superior, cuya esencia se traduce en un derecho público subjetivo de seguridad jurídica para los gobernados que impone la ineludible obligación a cargo de las autoridades para que, de manera previa al dictado de un acto de privación cumplan con una serie de formalidades esenciales, necesaria para oír en defensa a los afectados. Dichas formalidades y su observación son un elemento fundamental para demostrar ante los agraviados por un acto de autoridad, que la resolución que los afecta no se dicta de un modo arbitrario o anárquico, sino que por el contrario, en estrecha observancia al mandamiento constitucional en cita. Así es, con apoyo en tal imperativo, todo procedimiento o juicio está supeditado a que en su desarrollo se observa ineludiblemente la garantía de audiencia, como derecho público subjetivo de los gobernados, traducida ésta en que los afectados tengan conocimiento de la iniciación del procedimiento, así como la cuestión que habrá de ser objeto de debate, otorgándoles la posibilidad de defenderse a través de un sistema de comprobación tal que quien sostenga una afirmación la demuestre, y quien estime lo contrario cuente a su vez con el derecho de demostrar sus afirmaciones. En ese orden de ideas, es de señalarse, que el emplazamiento es el requisito sine qua non que debe cumplirse a fin de que en todo procedimiento se respete a favor del gobernado la aludida garantía de audiencia; emplazamiento que se traduce como el acto formal en virtud del cual se hace saber al demandado la existencia de la demanda entablada en su contra por el actor, y el plazo que se le concede para contestar dicha demanda. De ahí que, el emplazamiento o llamamiento a juicio es el acto formal indispensable para que se integre debidamente la relación procesal, donde se dé oportunidad al demandado o demandados de ocurrir en defensa de sus intereses, por lo que su inexistencia o ilegalidad es la violación más grave en el procedimiento en razón de que deja a la parte reo en estado de indefensión, dado que lo priva del derecho de conocer los datos indispensables del juicio instaurado en su contra, privándolo así de poder preparar una adecuada defensa y violando por ende, sus derechos públicos subjetivos. En efecto, se considera que son fundados los motivos de disenso expuestos por la solicitante de amparo, aunque para arribar a lo anterior determinación se supla la deficiencia de la queja en términos de lo dispuesto en el artículo 79, fracción VI, de la Ley de Amparo; lo anterior se estima así, por las siguientes consideraciones: Así es, el emplazamiento realizado a la parte quejosa no satisface los requisitos que prevé el artículo 221, fracción II, del Código Procesal Civil para el Estado de Coahuila, el cual establece lo siguiente: "ARTÍCULO 221. Notificación por edictos. Procede la notificación por edictos: (.) II. Cuando se trate de personas cuyo domicilio se ignora. (.) En los casos de las fracciones I y II los edictos se publicarán por tres veces de tres en tres días, en el Periódico Oficial y en el portal electrónico destinado para ello, haciéndose saber que debe presentarse el citado dentro de un término que no será menor de quince ni excederá de sesenta días". Conforme al artículo antes transcrito, para realizar el emplazamiento por edictos, es presupuesto indispensable que se ignore el domicilio de la persona que deba ser notificada. Por ende, es necesario el cercioramiento de tal desconocimiento por los medios idóneos que conduzcan a comprobarlo fehacientemente, conclusión a la que se arriba enmarcando dicha disposición en lo preceptuado por el artículo 14 de la Ley Suprema, el cual como se señaló en párrafos anteriores, tutela la garantía de audiencia a favor de todo gobernado, habida cuenta de que al ser un derecho fundamental el ser oído y vencido previamente en juicio, debe aceptarse que ese valor jurídico impera en todo proceso, lo que conlleva a estimar que en el supuesto de que se ignore el domicilio del demandado, para corroborar esa circunstancia, deben agotarse los medios al alcance del juez de esa instancia tendientes a localizar el lugar en donde habita la persona contra quien se instaura una demanda, lo que armoniza y satisface la garantía individual de mérito, previamente a emitir un mandamiento de emplazamiento por edictos, pues de otro modo se dejaría indefensa a esa persona al bastar la sola manifestación de la parte actora de que desconoce el domicilio de su contraparte. Criterio el cual ha sido sostenido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al establecer que la notificación por edictos debe realizarse solo cuando exista desconocimiento del domicilio del demandado una vez que se hayan agotado los medios para conocerlo y no pueda deducirse por ningún medio, ya que la sola manifestación del promovente bajo protesta de decir verdad de que ignora el domicilio del demandado para que se proceda a emplazar por edictos viola la garantía de audiencia consagrada en el segundo párrafo del artículo 14 constitucional. El citado criterio se encuentra contenido en la tesis aislada P. XCVI/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena época, tomo XI, junio de 2000, página 24, con registro electrónico 191683, que dice: EMPLAZAMIENTO POR EDICTOS. EL ARTÍCULO 52 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL ESTADO DE PUEBLA QUE FACULTA AL PROMOVENTE PARA QUE BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD SEÑALE QUE DESCONOCE EL DOMICILIO DEL DEMANDADO Y QUE POR DISPOSICIÓN DEL ARTÍCULO 50 DEL MISMO ORDENAMIENTO SE LE EMPLACE POR ESE MEDIO, VIOLA LA GARANTÍA DE AUDIENCIA. La garantía de audiencia consagrada en el segundo párrafo del artículo 14 de la Ley Fundamental contiene como punto medular la limitación de procedimiento para las autoridades de que previamente al acto privativo se lleve a cabo un procedimiento seguido en forma de juicio en el que se respeten las formalidades esenciales del procedimiento, las que permiten una adecuada defensa. El artículo 52 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Puebla viola la referida garantía constitucional al establecer que basta la manifestación del promovente bajo protesta de decir verdad de que ignora el domicilio del demandado para que por efectos del numeral 50 del mismo ordenamiento, el emplazamiento se efectúe por edictos. En efecto, el precepto señalado en primer lugar viola la principal formalidad esencial del procedimiento, pues deja en estado de indefensión al demandado, dado que la forma de llevar a cabo el emplazamiento queda al arbitrio de su contraparte. La notificación por edictos debe realizarse sólo cuando exista desconocimiento del domicilio del demandado una vez que se hayan agotado los medios para conocerlo y no pueda deducirse por ningún medio. De igual manera, en relación con el tema del emplazamiento por edictos, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al interpretar la fracción II del artículo 117, del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco, sustento el criterio de que para que proceda el emplazamiento por edictos, es necesario que el juzgador para mejor proveer ordene la expedición de oficios a los titulares de diversas dependencias públicas u oficinas, como lo serán todas aquellas que dadas sus funciones se estimen, que cuentan con padrones de registros electrónicos o magnéticos, que incluyan nombres y domicilios de personas, para así solicitarle en auxilio de la administración e impartición de justicia, llevar a cabo una búsqueda del domicilio de la persona a la que se pretende comunicar una actuación judicial en el juicio o diligencia; que tal actuación de búsqueda del juzgado se encuentra plenamente justificados, toda vez que no debe quedar duda de que el domicilio de la persona a notificar es incierto o desconocido, debido precisamente a que, nadie y en ninguna parte se puede averiguar sobre él, siendo inevitable la notificación por edictos, pues la falta de emplazamiento o su verificación en forma contraria a la ley, constituye una violación de gran magnitud al transgredirse con ello las formalidades esenciales del procedimiento. Criterio el cual se encuentra plasmado en la jurisprudencia 6/2004, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena época, tomo XIX, abril de 2004, página 304, con registro electrónico 181735, del tenor siguiente: "EDICTOS, NOTIFICACIÓN POR MEDIO DE. INTERPRETACIÓN DE LA HIPÓTESIS PREVISTA EN EL ARTÍCULO 117, FRACCIÓN II, DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL ESTADO DE JALISCO. Si bien conforme a lo dispuesto en el artículo 117, fracción II, del Código Procesal Civil para el Estado de Jalisco, procede la notificación por edictos, cuando el actor manifiesta bajo protesta de decir verdad que se ignora el domicilio de su contraria, previo informe de la Policía Municipal del domicilio del demandado; el caso es, que aunque de ello no se desprende en forma expresa la obligación del juzgador de investigar de alguna otra forma el domicilio de dicho demandado, cuando éste se desconoce, sí podrá, haciendo uso de su prudente arbitrio, y para mejor proveer ordenar la expedición de oficios a los titulares de diversas oficinas o dependencias públicas, como lo serían todas aquéllas que dadas sus funciones, se estime, que cuentan con padrones de registros electrónicos o magnéticos, que incluyan nombres y domicilios de personas, para así solicitarle en auxilio de la administración e impartición de justicia, llevar a cabo una búsqueda del domicilio de la persona a la que se pretende comunicar una actuación judicial en el juicio o diligencia de que se trate. Dicha búsqueda sería con independencia de la obligación que la propia disposición establece de recabar un informe de la Policía Municipal del domicilio del demandado, pues los tiempos actuales, así como el incremento de la población imponen precisamente, la necesidad de actualizar los mecanismos que tiendan a garantizar la existencia de una administración de justicia eficaz, acorde con la realidad social. En esas condiciones, cabe precisar, que la actuación de búsqueda del juzgado se encuentra plenamente justificada, toda vez que no debe quedar duda de que el domicilio de la persona a notificar es incierto o desconocido, debido precisamente a que, nadie y en ninguna parte se pudo averiguar sobre él, siendo inevitable la notificación por edictos, pues la falta de emplazamiento o su verificación en forma contraria a las disposiciones aplicables, constituye una violación de gran entidad al transgredirse con ello las formalidades esenciales del procedimiento, lo que impediría el pleno ejercicio del derecho de defensa del afectado, esto es, de su garantía de audiencia contenida en el artículo 14 constitucional, siendo que debe darse mayor certeza y seguridad al proceso relativo. Así es, la gran importancia que tiene en el juicio correspondiente ese acto procesal denominado "emplazamiento de las partes", es, que se realice de la manera más eficiente, a fin de que no quede ninguna duda de que se agotaron todas las diligencias previstas en la ley para cumplir cabalmente con ello, y así obtener plena seguridad jurídica en el desarrollo del proceso. En ese contexto, la disposición que autoriza para hacer el emplazamiento por medio de edictos, cuando se ignora el domicilio del demandado, debe entenderse que tiene aplicación a los casos en que la ignorancia es absoluta, al grado de que resulta imposible la localización de la persona que debe ser notificada, ya que el espíritu de la ley, es que la primera notificación (emplazamiento), se haga personalmente al demandado, a excepción de aquellos casos en que el actor y, en general, todas las personas con quienes pudiera informarse, ignoren dicho domicilio. En apoyo a lo expuesto se invoca, la tesis aislada, sostenida por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Quinta época, tomo XCIII, página 303, que a la letra dice: "EMPLAZAMIENTO POR MEDIO DE EDICTOS. Para que pueda estimarse legal, no basta que el actor manifieste que ignora el domicilio del demandado, sino que es necesario que tal ignorancia sea general y haga imposible su localización, pues al ordenar la ley que la notificación del emplazamiento sea personal, persigue que quien es llamado a juicio tenga conocimiento de la reclamación formulada en su contra, y sólo en los casos en que la generalidad ignora el domicilio del demandado, puede emplazársele a éste por medio de publicaciones". En el caso, de las constancias que en copias certificadas anexó el Juez responsable como apoyo a su informe justificado, derivadas del juicio subyacente, las cuales son susceptibles de valor probatorio pleno, en términos de lo dispuesto en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se aprecian los antecedentes siguientes: Escrito presentado el catorce de abril de dos mil quince, mediante el cual el ********************, por conducto de su apoderado jurídico compareció, ante la oficialía de partes de los Juzgado de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Torreón, Coahuila, a demandar en la vía especial hipotecaria al aquí quejoso ******************** y otros, por el cumplimiento de diversas prestaciones, solicitando que dicho quejoso fuera emplazado por edictos al manifestar bajo protesta de decir verdad que desconocía su domicilio. Demanda civil, cuyo conocimiento correspondió al Juzgado Segundo de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Torreón, Coahuila, quien mediante proveído de diecisiete de abril de dos mil quince, la admitió a trámite registrándola bajo el expediente ******************** de su índice y acordando de conformidad el emplazamiento del demandado por edictos. Acuerdo de dieciséis de junio de dos mil quince, a través de cual, el referido Juez responsable tuvo a la parte actora por exhibiendo tres publicaciones del Periódico Oficial del Estado, de fechas veintiséis y veintinueve de mayo, así como el junio de junio todas de dos mil quince; a su vez, las diversas publicaciones de catorce, dieciocho y veintidós de maño de la aludida anualidad en el periódico Noticias del Sol de la Laguna, las cuales mandó agregar a los autos para los efectos legales correspondientes; posteriormente en auto de cinco de agosto de ese mismo año, determinó tener a la parte demandada por rebelde al no haber contestado la demanda instaurada en su contra, dentro del término que se le concedió al efecto (fojas 157 y 159, anexo I). Sentencia definitiva dictada el siete de agosto de dos mil quince, por el prenombrado Juez responsable, la cual concluyó con los siguientes puntos resolutivos: "PRIMERO. Procedió la vía especial hipotecaria propuesta y tramitada. SEGUNDO. La parte actora, "********************", justificó los elementos constitutivos de su acción, y a la parte demandada integrada por ******************** y otros (.) no comparecieron a contestar la demanda instruida en su contra, ni opusieron excepciones, en consecuencia: TERCERO. Se decreta el vencimiento anticipado de la vigencia de los contratos de apertura de crédito simple con garantía hipotecaria, celebrados por una parte por el ******************** (********************) y por otra parte los demandados en este juicio, mismos que han quedado precisados en el resolutivo inmediato anterior de esta propia resolución respectivamente. CUARTO. Se condena a la parte demandada al pago de a cantidad que en concepto de suerte principal se les reclama por la accionante y que se encuentra precisada en el escrito inicial, respectivamente; al pago de la cantidad que resulte por intereses ordinarios causados, más los que se sigan causando hasta la total liquidación del adeudo, calculados en la forma y términos pactados en el contrato base de la acción; así como al pago de la cantidad que resulte por intereses moratorios causados, más los que se sigan causando hasta la total liquidación del adeudo, calculados en la forma y términos pactados en el contrato base de la acción. QUINTO. Se condena a la parte demandada al pago de los gastos y costas del juicio generadas en esta primera instancia. SEXTO. Para el caso de que la parte demandada no haga pago de las prestaciones a que se les condena, sáquese a remate los bienes inmuebles hipotecados y con su producto pagarse al acreedor. SÉPTIMO. En virtud de que los demandados fueron emplazados por edictos, se ordena que los puntos resolutivos sean publicados por una sola vez en el Periódico Oficial del Estado y en uno de los de mayor circulación del lugar del juicio, lo anterior, en términos de lo dispuesto por el artículo 781 del Código Procesal Civil de la Entidad. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE Y LÍSTESE. Artículo 211 fracción V del Código Procesal Civil del Estado. (.)" Auto de once de noviembre de dos mil quince, mediante el cual, el citado Juez responsable acordó que la sentencia definitiva dictada en autos, había causado ejecutoria. De las constancias reseñadas con antelación; se advierte, que indebidamente se ordenó el emplazamiento de la parte quejosa al juicio de origen por edictos; ello es así, pues como se precisó con antelación, al resultar el emplazamiento por edictos, una forma extraordinaria de llamamiento a juicio, no debe quedar duda de que el domicilio del demandado a quien se pretende emplazar es efectivamente incierto o desconocido; por lo que, dicha circunstancia impone al juzgador la carga de indagar el paradero o domicilio donde puede ser localizado el buscado, carga que no realizó el Juez responsable en el caso en estudio. Así es, la autoridad en uso de sus facultades de imperio debe en principio vigilar que en el primer escrito se señale un domicilio para localizar a la parte demandada, y en caso de no poder hacerlo, está en aptitud de solicitar la expedición de oficios a los titulares de diversas oficinas o dependencias públicas, como lo serían todas aquellas que dadas sus funciones, se estime que cuentan con padrones de registro que incluyan nombres y domicilio de las personas, para llevar a cabo una búsqueda del domicilio de la persona a quien se pretende comunicar una diligencia judicial. Lo anterior, con el propósito fundamental de que el juzgador se cerciore de que existe imposibilidad material para emplazar a la parte demandada en un determinado domicilio. En esa virtud, es inobjetable, que el emplazamiento por edictos realizado a la parte quejosa, ordenado mediante proveído de diecisiete de abril de dos mil quince, dentro de los autos del juicio especial hipotecario número ********************, del índice del entonces Juzgado Segundo de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Torreón, Coahuila, ahora ********************de la estadística del Juzgado Quinto de Primera Instancia en Materia Civil con Especialización Hipotecaria del Distrito de Torreón, Coahuila, no cumple con lo dispuesto por el artículo 221, fracción II, del Código Procesal Civil del Estado de Coahuila, toda vez de que, de las constancias del juicio de origen, no se desprende que estuviera fehacientemente justificado que la parte actora ignoraba el domicilio del demandado********************aquí quejoso, o bien que se tratara de una persona incierta, así como tampoco se aprecia, que el Juez responsable se hubiera allegado de la información necesaria para acreditar el desconocimiento del domicilio de dicha parte reo; no obstante que se encontraba en condiciones de llevar a cabo una investigación sobre el domicilio en el cual pudiera ser emplazado el referido demandado, aquí quejoso, ello como ya se señaló a través de oficios girados a oficinas o dependencias públicas que cuenten con registros de personas a efecto de que le informaran sobre algún domicilio en el que pudiera ser localizado dicho demandado. Por tanto, el emplazamiento realizado a la parte quejosa es ilegal, ya que no se tiene la certeza plena sobre el desconocimiento del domicilio en el cual pueda llevarse a cabo dicho llamamiento a juicio; aunado a que, como se precisó con antelación, la justificación para llevar a cabo el emplazamiento por edictos es precisamente el desconocimiento total del domicilio del demandado de manera general que hace imposible su localización, circunstancia que no se colmó en el caso en estudio. En apoyo a lo expuesto se invoca, la tesis jurisprudencial III.2o.C. J/20, sostenida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Novena época, tomo XIX, junio de 2004, página 1317, que establece: "EMPLAZAMIENTO POR EDICTOS. PREVIAMENTE A SU PRÁCTICA EL JUZGADOR DEBE DETERMINAR LA EFICACIA DE LOS INFORMES RENDIDOS POR LAS CORPORACIONES OFICIALES SOBRE LA INVESTIGACIÓN DEL DOMICILIO DEL DEMANDADO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO). Este órgano jurisdiccional federal sustentó el criterio que se refleja en la tesis publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVI, octubre de 2002, página 1372, bajo el rubro: "EMPLAZAMIENTO POR EDICTOS. PARA SU PROCEDENCIA SÓLO DEBEN SATISFACERSE LOS REQUISITOS PREVIOS QUE ESTABLECE LA LEY (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO).", en la cual estableció que para ordenar el emplazamiento por edictos no era necesario cumplir más requisitos que los establecidos por el artículo 117 de la legislación adjetiva civil local y que, por tal motivo, no había necesidad de ordenar otros trámites previos, como son recabar los informes de diversas dependencias y corporaciones respecto de la residencia de la parte demandada. Sin embargo, una nueva reflexión en torno a este tópico, apoyada en la trascendencia del llamamiento a juicio, cuya violación es la más significativa del procedimiento, porque impide al demandado realizar la defensa de sus intereses, lleva a considerar que cuando los informes rendidos por las corporaciones oficiales, verbigracia, la Dirección de Seguridad Pública Municipal, el Departamento de Trabajo Social del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, o bien, el Instituto Federal Electoral, no sean suficientes para considerar que se agotaron los medios para la localización del demandado, esto es, cuando contengan datos imprecisos y no se efectúen las investigaciones correspondientes, esa información es insuficiente y no da lugar a ordenar el emplazamiento por edictos, habida cuenta que el desconocimiento del domicilio debe ser general. Ahora bien, aun cuando no existe un parámetro que permita calificar la eficacia de los informes rendidos por las distintas corporaciones oficiales, o cómo se deben realizar al investigar el domicilio de una persona, lo relevante es que el juzgador está facultado para ello, y es quien tiene el deber de determinar su eficacia, tomando en cuenta su importancia y trascendencia, que no es otra que la de hacer patente que la localización de una persona cuyo domicilio se ignora fue infructuosa, debido al desconocimiento general de su paradero. Ello permitirá al juzgador, en cada caso, ordenar el emplazamiento por edictos, pues en atención al contenido de cada informe, podrá establecer la pertinencia de las investigaciones efectuadas y lo fundado de sus conclusiones". En las relatadas condiciones, se concluye, que la parte quejosa fue ilegalmente llamada al juicio de origen, y por ende, se le transgredió en su perjuicio su derecho fundamental de audiencia y defensa, consagrado en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En esa virtud, al resultar fundados los conceptos de violación expuestos por la parte quejosa, suplidos en su deficiencia en términos de lo dispuesto en el artículo 79, fracción VI, de la Ley de Amparo, lo procedente es concederle el amparo y protección de la Justicia de la Unión solicitados. SÉPTIMO. Efectos del fallo protector. Con fundamento en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisan los efectos de la concesión de la protección constitucional. Para ello, se deja establecido que se está ante la presencia de un acto de carácter positivo, ante el cual las autoridades responsables deberán restituir a la parte quejosa en el pleno goce de su derecho violado, restableciendo las cosas al estado en que se encontraban antes de la violación. Esto es, la titular del juzgado Quinto de Primera Instancia en Materia Civil con Especialización Hipotecaria del Distrito de Torreón, Coahuila, una vez que cause ejecutoria esta sentencia, deberá: Dejar insubsistente el emplazamiento realizado por edictos al quejoso********************dentro de los autos del juicio especial hipotecario número ********************, del índice del entonces Juzgado Segundo de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Torreón, Coahuila, ahora ********************de la estadística del Juzgado Quinto de Primera Instancia en Materia Civil con Especialización Hipotecaria del Distrito de Torreón, Coahuila, así como toda actuación derivada del mismo, incluyendo la sentencia definitiva dictada en dicho juicio y los autos emitidos en su ejecución, entre ellos la adjudicación de la vivienda a favor de la parte demandada. En apoyo a lo expuesto se invoca, la tesis jurisprudencial número 1a./J. 74/99, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena época, tomo X, noviembre de 1999, página 209, que enlista lo siguiente: "EMPLAZAMIENTO. LA INOBSERVANCIA DE LAS FORMALIDADES A QUE SE ENCUENTRA SUJETO, PRODUCE SU NULIDAD TOTAL. El emplazamiento entraña una formalidad esencial de los juicios que salvaguarda, con la audiencia de las partes, la garantía del artículo 14 constitucional; por tanto, tratándose de un acto formal, debe cumplirse estrictamente con los requisitos establecidos por la ley de la materia, por consiguiente, en el caso de que se trate de varios demandados con un mismo domicilio y la diligencia se efectúa por separado con cada uno de ellos y se elaboran actas distintas o por separado, si en éstas se advierte que tal citación se practicó a la misma hora y el mismo día, es ilegal dado que se trata de un vicio en dicho emplazamiento considerándose como la violación procesal de mayor magnitud que transgrede la garantía de audiencia, independientemente de la fe pública de que goza el actuario, diligenciario o notificador que llevó a cabo dicha diligencia, ya que la fe pública del funcionario que la practicó no desvanece el vicio que contiene ese acto procedimental. Asimismo, el amparo otorgado en cuanto al juez responsable se hace extensivo respecto de los actos de ejecución que se atribuyen a la Actuaria de su adscripción, porque su subsistencia requiere como presupuesto la del acto de la ordenadora. Deviene aplicable la jurisprudencia número 103, visible en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-1995, Tomo VI, Materia Común, página 67, del tenor literal siguiente: "AUTORIDADES EJECUTORAS, ACTOS INCONSTITUCIONALES DE LAS. La ejecución que lleven a cabo, de órdenes o fallos que constituyan una violación de garantías, importa también una violación constitucional." Debe puntualizarse que esta protección otorgada únicamente a********************no tiene el alcance de dejar insubsistente el emplazamiento de los diversos litisconsortes y ordenar su nuevo llamamiento a juicio, conforme a la jurisprudencia 1ª./J.72/2011, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro 160821 en el IUS 2012 y publicada en la página 933, del Libro I, octubre de 2011, Tomo 2, Materia Común, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que señala: "LITISCONSORCIO PASIVO. LA CONCESIÓN DE AMPARO A UNO DE LOS LITISCONSORTES PARA EL EFECTO DE SER EMPLAZADO AL JUICIO, NO TIENE EL ALCANCE DE DEJAR INSUBSISTENTES LOS EMPLAZAMIENTOS DE LOS DEMÁS LITISCONSORTES Y ORDENAR SU NUEVO LLAMAMIENTO A JUICIO. El principio de relatividad que rige al juicio de garantías ordena que la sentencia de amparo solamente se ocupe de los individuos que lo hubiesen solicitado, sin hacer una declaración general respecto de la ley o acto reclamado. Tal principio admite como excepción el supuesto en que exista litisconsorcio necesario, en cuyo caso, el beneficio de la concesión se extiende al resto de los litisconsortes, pues por su naturaleza misma, atinente a la indivisibilidad del derecho sustantivo litigioso, se hace imprescindible oír a todos los interesados que se encuentren en la comunidad jurídica respecto de la materia de la controversia, para que se pueda dictar una sentencia válida. Sin embargo, la reposición del procedimiento como efecto de la sentencia de amparo que concede la protección de la justicia federal solicitado por la falta de llamamiento a juicio de uno de los litisconsortes, no tiene el alcance de dejar insubsistentes los llamamientos a juicio de aquellos que sí fueron emplazados de forma legal, para que éste se verifique de nueva cuenta, pues esa no es una consecuencia lógica y natural del litisconsorcio, si se considera que el llamamiento de cada uno de los litisconsortes se verifica de manera independiente, por lo que en ese preciso tema ha de atenderse al principio de relatividad explicado." Por otra parte, al resultar fundado el concepto de violación analizado y su consecuencia será que quede sin efectos el acto reclamado, es innecesario abordar diversos motivos de disenso expresados en la demanda, ya que no varían el sentido de esta resolución; con apoyo en la jurisprudencia número 168, visible en la página 113 del Apéndice 1995, Tomo VI, Materia Común, sustentada por la otrora Segunda Sala del Alto Tribunal, bajo la voz: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. CUANDO SU ESTUDIO ES INNECESARIO. Si el amparo que se concede por uno de los capítulos de queja, trae por consecuencia que se nulifiquen los otros actos que se reclaman es inútil decidir sobre éstos." En otro contexto, cabe apuntar que la cita que se realiza de los criterios interpretativos emitidos por los órganos competentes del Poder Judicial de la Federación, jurisprudenciales o aislados, es viable para sustentar lo que así se decide, pues no obstante que algunos surgieron durante la vigencia de la Ley de Amparo abrogada, no se oponen a lo previsto en la vigente; ello, conforme a sus artículos segundo y sexto transitorios. Por lo anteriormente expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 62, 63, fracción IV, 73, 74, 75, 76, 124 y 217 de la Ley de Amparo; se R E S U E L V E: PRIMERO. Se sobresee en el presente juicio de amparo respecto de las autoridades y conforme a lo expuesto en el considerando tercero de esta sentencia. SEGUNDO. Se concede el amparo y protección de la justicia federal solicitado por********************conforme a los lineamientos expuestos en el considerando sexto y para los efectos precisados en el último considerando de la presente resolución. Notifíquese. Así lo resuelve y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, Juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido del licenciado Luis Eduardo Ogazón Nava, Secretario con quien actúa y da fe.

  2. Principal

    Matamoros, Tamaulipas, veinticinco de octubre de dos mil veintitrés. Téngase por recibido el informe justificado rendido por la Jueza y actuaria del Juzgado Quinto de Primera Instancia en Materia Civil con Especialización Hipotecaria del Distrito Judicial de Torreón, Coahuila; en tal razón, con sustento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda sin que resulte necesario realizar mayor proveído al respecto, pues dicho documento se acordó el diecisiete de los actuales. Ahora bien, toda vez que al rendir dicho informe vía electrónica, la autoridad de mérito indicó que las constancias relativas al acto reclamado fueron enviadas vía mensajería, las cuales se allegan en esta data; por tanto, téngasele cumpliendo con la exigencia que establece el párrafo quinto del numeral 117 de la legislación de la materia y pónganse a la vista de las partes para que manifiesten lo que a su interés convenga. Notifíquese. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido del licenciado Luis Eduardo Ogazón Nava, secretario con quien actúa y da fe.

  3. Incidental

    Heroica Matamoros, Tamaulipas, diecinueve de octubre de dos mil veintitrés. Por lo anteriormente expuesto, se resuelve: PRIMERO. Se niega la suspensión definitiva solicitada por Carlos Alarcón Hernández, respecto de las autoridades precisadas en el considerando primero de este fallo. SEGUNDO. Se concede la suspensión definitiva de los actos reclamados a Carlos Alarcón Hernández, por lo que hace a los actos reprochados a la Jueza y Actuaria adscritas al Juzgado Quinto de Primera Instancia en Materia Civil con Especialización Hipotecaria del Distrito de Torreón, por los motivos expuestos en el último considerando de esta resolución.

  4. Principal

    Heroica Matamoros, Tamaulipas, diecisiete de octubre de dos mil veintitrés. Téngase por recibido el oficio 1041/2023, firmado por la Jueza del Juzgado Quinto de Primera Instancia en Materia Civil con Especialización Hipotecaria del Distrito Judicial de Torreón, Coahuila, mediante el cual refiere que en fecha dos de octubre del año en curso, rindió, en unión con la actuaria de su adscripción, el informe justificado que les fue solicitado, mismo que remitió vía paquetería con las constancias relativas al acto reclamado, y para justificar su dicho, adjunta dicho comunicado y la documental relativa al depósito de la pieza postal correspondiente;; en tal razón, con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, agréguese al expediente para los efectos legales a que haya lugar. En ese sentido, en virtud de que, con el oficio de cuenta fue allegado el informe justificado suscrito por la Jueza y Actuaria, ambas del Juzgado Quinto de Primera Instancia en Materia Civil con Especialización Hipotecaria del Distrito Judicial de Torreón, Coahuila; con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, póngase a la vista de las partes para que manifiesten lo que a su interés legal convenga, sin perjuicio de dar cuenta con el mismo en la audiencia constitucional respectiva. En el entendido de que una vez que se reciban las constancias relativas al acto reclamado, y que fueran enviadas por las autoridades responsables en comento, vía mensajería, se proveerá lo conducente al respecto. Finalmente, para dar oportunidad a lo acordado con antelación, se difiere la audiencia constitucional programada para el día de hoy, y en su lugar se señalan las diez horas con veintiocho de minutos del catorce de noviembre de dos mil veintitrés para su verificativo. Notifíquese. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, Juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido del licenciado Luis Eduardo Ogazón Nava, Secretario que actúa y da fe.

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