Carlos Alarcon Dominguez

Expediente 717/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Veracruz. 10 actuaciones registradas, la última del 25 de octubre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
717/2022
Año
2022
Actuaciones
10
Última actuación
25/10/2022

Partes del expediente

  • Carlos Alarcon Dominguez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 10.

  1. Principal

    Boca del Río, Veracruz, veinticinco de octubre de dos mil veintidós. Vista la certificación de cuenta se advierte que transcurrió el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que alguna de las partes hubiera recurrido la sentencia dictada el cinco de octubre de dos mil veintidós, en la que sobreseyó en el presente juicio de amparo, con fundamento en los artículos 355, 356 fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara, que dicha resolución ha causado ejecutoria para los efectos legales a que haya lugar. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo, así como su captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Por otra parte, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 21, inciso a) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se establece que el presente asunto es susceptible de destrucción, toda vez que se trata de un expediente en el que se sobreseyó en el juicio, y carece de relevancia documental; por lo que se establece como fecha probable el veinticinco de octubre de dos mil veinticinco. Por otro lado, se establece que el cuaderno original del incidente de suspensión que deriva del presente juicio es susceptible de destrucción, puesto que se negó en definitiva la medida cautelar solicitada, acorde con lo dispuesto en el punto 2 del artículo 7.5 y punto 3 del artículo 8.1.2, ambos del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal; por lo que, en términos del artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se establece como fecha probable el veinticinco de octubre de dos mil veinticinco. Igualmente, en términos de lo dispuesto en el artículo 20, fracción II, inciso a), del citado acuerdo general, se ordena que una vez que transcurran seis meses a esta fecha, se proceda a la destrucción del duplicado del cuaderno incidental, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido; por lo que, se establece como fecha probable el veinticinco de abril de dos mil veintitrés. Provéase lo conducente en los cuadernos incidentales para los efectos legales a que haya lugar. En cumplimiento al artículo 35 del referido acuerdo, hágase constar lo anterior en la carátula del expediente. Notifíquese.

  2. Principal

    Abierta la audiencia, el Secretario hace relación de constancias, de las que destacan el escrito de demanda e informes justificados. A lo anterior el Juez acuerda: ténganse por relacionadas las referidas constancias. Abierto el periodo de pruebas, el secretario hace constar que la parte quejosa ofreció las pruebas documentales que anexó a su escrito de demanda, y que la autoridad responsable Grupo Metropolitano de Agua y Saneamiento, Sociedad Anónima Promotora de Inversión de Capital Variable, con residencia en Veracruz, ofreció los documentos que anexó a su informe justificado. El Juez acuerda: se admiten y desahogan dichas probanzas, por su propia y especial naturaleza, acorde con lo señalado en el artículo 123 de la ley de la materia, sin perjuicio de que sean valoradas al resolver el presente asunto; por lo que se cierra el referido periodo. Abierto el periodo de alegatos, el secretario hace constar que las partes no hicieron uso de ese derecho, ni la Agente del Ministerio Público de la Federación formuló pedimento alguno; por lo que el Juez concluye el presente periodo. Con lo anterior, al no obrar en autos más probanzas que desahogar, ni alegatos de las partes por reproducir, se dan por terminadas las dos primeras etapas de esta audiencia, firmando los que en ella intervinieron, y se procede al dictado de la sentencia respectiva. Vistos, para resolver los autos del juicio de amparo indirecto 717/2022, promovido por Carlos Alarcón Domínguez contra actos del Grupo Metropolitano de Agua y Saneamiento, Sociedad Anónima Promotora de Inversión de Capital Variable; y, R E S U L T A N D O Primero. Por escrito depositado el diez de agosto de dos mil veintidós en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en esta ciudad, turnado al día hábil siguiente a este juzgado, Carlos Alarcón Domínguez, promovió juicio de amparo indirecto en contra de la autoridad y acto detallados en el escrito de demanda y su escrito aclaratorio. Segundo. En proveído de uno de septiembre de este año, previo cumplimiento del auto preventivo de doce de agosto pasado, se admitió la demanda de amparo del citado quejoso, la cual se registró en el libro de gobierno de este órgano de control constitucional con el número de juicio 717/2022. Asimismo, en el citado proveído admisorio se dio a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita la intervención que legalmente le compete, se solicitó a la autoridad responsable su informe justificado y se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. Tercero. Previa sustanciación del juicio, una vez integrado el expediente, se efectuó la audiencia constitucional al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O Primero. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Boca del Río, es constitucional y legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, en términos de los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, constitucionales, 37, primer párrafo, y 107, fracción II, de la Ley de Amparo, y 49, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en concordancia con los puntos segundo y cuarto, fracción VII, párrafo segundo, del Acuerdo General 03/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana, y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, aprobado por el Pleno del propio Consejo, en sesión ordinaria de veintitrés de enero de dos mil trece, y publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece. Por cuestión de la vía, en virtud de que se trata de un acto emitido por un ente moral distinto de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, susceptible de analizarse en amparo indirecto; por cuestión de la materia, toda vez que este Juzgado es mixto, esto es, actúa tanto como órgano de instrucción en las materias penal y civil, así como órgano de control constitucional en todas las materias, al conocer del amparo indirecto en primera instancia; y, por cuestión del territorio, debido a que se reclama la ejecución de un acto de carácter administrativo, que se llevó a cabo dentro del ámbito territorial donde este juzgado, sin jurisdicción especial, ejerce competencia. Segundo. Precisión del acto reclamado. Por cuestión de orden y con la finalidad de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, es necesario precisar el acto reclamado en esta instancia, debiendo para tales efectos analizar en su integridad la demanda de amparo, examinando no sólo el capítulo que contiene los actos reclamados, sino realizando un análisis integral de la misma y de las constancias que obran en el expediente; acorde a lo previsto por la jurisprudencia P./J. 40/2000 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIX, Abril de 2004, página 255, cuyo rubro y texto dice: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." Con base en los razonamientos que sustentan los criterios de previa cita, del análisis integral de la demanda de amparo y de la totalidad de constancias que obran en el expediente, este juzgado precisa que el quejoso reclama de la autoridad responsable: La suspensión del servicio de agua potable realizada en el domicilio ubicado en calle Rosario Andrade, número cuatrocientos treinta y dos, fraccionamiento Villa Rica, en Veracruz, Veracruz. Tercero. Existencia del acto reclamado. El apoderado legal de Grupo Metropolitano de Agua y Saneamiento, Sociedad Anónima Promotora de Inversión de Capital Variable, al rendir su informe justificado, negó la existencia del acto que se le reclama, señalado en la demanda. En ese sentido, no obstante que el citado apoderado legal manifestó que no existe el acto reclamado, en virtud de que no tiene registrado algún inmueble a nombre de Carlos Alarcón Domínguez, ya que el sistema informático registral de su representada no arrojó coincidencia alguna; ello contrasta con la documental que exhibió anexa a su informe justificado consistente en la impresión del aludido sistema, de la que se advierte que el inmueble registrado con el número 275093 ubicado en calle Rosario Andrade, número cuatrocientos treinta y dos, fraccionamiento Villa Rica, en Veracruz, Veracruz, cuenta con un adeudo por la cantidad de $11,438.26 (once mil cuatrocientos treinta y ocho pesos 00/100 moneda nacional). Asimismo, la parte quejosa ofreció como pruebas las documentales consistentes en: 1. Acta de suspensión de servicios relativo al inmueble 275093 de dos de septiembre de dos mil veintidós. 2. Copia simple de la constancia de residencia expedida por la Jefa de Manzana a nombre del quejoso respecto del inmueble ubicado en calle Rosario Andrade, número cuatrocientos treinta y dos, fraccionamiento Villa Rica, en Veracruz, Veracruz. 3. Copia simple de la credencial de la Jefa de Manzana que expidió la constancia de residencia aludida. 4. Copia simple de la credencial para votar expedida por el Instituto Federal Electoral a nombre de la Jefa de Manzana. 5. Copia simple del acta de nacimiento 03392 de veintinueve de diciembre de mil novecientos cincuenta y seis que contiene los datos del registro de nacimiento de la parte quejosa. En consecuencia, toda vez que de la constancia que ofreció como prueba la responsable concatenada con las documentales exhibidas por la parte quejosa se advierte que en efecto se llevó a cabo la suspensión del servicio de agua potable en el inmueble ubicado en calle Rosario Andrade, número cuatrocientos treinta y dos, fraccionamiento Villa Rica, en Veracruz, Veracruz, por tanto, se desvirtúa la negativa señalada por el apoderado legal de Grupo Metropolitano de Agua y Saneamiento, Sociedad Anónima Promotora de Inversión de Capital Variable y en su lugar se tiene por cierto el acto que se reclama a su representada. Cuarto. Análisis de la procedencia del juicio de amparo. Examinada la existencia del acto reclamado, se impone analizar la procedencia del juicio constitucional, por tratarse de una cuestión de orden público y de estudio preferente, ya sea que se cuestione por alguna de las partes o de oficio, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo. Así, el que suscribe advierte que en el caso se actualiza la causa de improcedencia prevista en los artículos 61, fracciones XII, 5, fracción I, 6, párrafo primero, de la Ley de Amparo, en relación con el 107, fracción I, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que a la letra establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; (.) "Artículo 6o. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. (.)". "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; (.)." De lo trascrito se advierte, en lo conducente, que en el juicio de amparo la parte quejosa es aquella que aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la Ley de Amparo y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Persona quien estará legitimada para instar la acción constitucional. Así, el ejercicio de la acción constitucional está reservado únicamente a quien resiente un perjuicio con motivo de un acto de autoridad. Lo que se entiende, para efectos del amparo, en la preexistencia de un derecho legítimamente tutelado por la ley, o bien, de un interés legítimo individual o colectivo, que al ser transgredido por la actuación de una autoridad, faculta a su titular para acudir ante el órgano jurisdiccional de amparo para demandar el cese de esa violación. Tal afectación, se itera, debe ser real y actual en la esfera jurídica del gobernado. Ya sea de manera directa (a un derecho subjetivo) o en virtud de la especial situación que tiene frente al orden jurídico (a un interés legítimo). Aunado a lo anterior, en términos del artículo 107, fracción I, Constitucional, el acceso al juicio de amparo se encuentra supeditado a la necesaria demostración de un interés (jurídico o legítimo) en la tramitación y resolución del proceso de amparo, con miras a obtener una sentencia protectora que redunde en un beneficio a la esfera jurídica de la parte quejosa. Al respecto, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha establecido que los elementos constitutivos del interés jurídico consisten en demostrar: a) La existencia del derecho subjetivo que se dice vulnerado; y, b) que el acto de autoridad afecta ese derecho, de donde deriva el agravio correspondiente. Así también, la Sala indicó que los elementos constitutivos destacados son concurrentes; por tanto, basta la ausencia de alguno de ellos para que el medio de defensa intentado sea improcedente. Las anteriores consideraciones se contienen en la jurisprudencia 2a./J.51/2019, registro 2019456, que se consulta en la página 1598 del Libro 64, marzo de 2019, Tomo II, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se cita a continuación: "INTERÉS LEGÍTIMO E INTERÉS JURÍDICO. SUS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS COMO REQUISITOS PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CONFORME AL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. El citado precepto establece que el juicio de amparo indirecto se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, "teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo", con lo que atribuye consecuencias de derecho, desde el punto de vista de la legitimación del promovente, tanto al interés jurídico en sentido estricto, como al legítimo, pues en ambos supuestos a la persona que se ubique dentro de ellos se le otorga legitimación para instar la acción de amparo. En tal virtud, atento a la naturaleza del acto reclamado y a la de la autoridad que lo emite, el quejoso en el juicio de amparo debe acreditar fehacientemente el interés, jurídico o legítimo, que le asiste para ello y no inferirse con base en presunciones. Así, los elementos constitutivos del interés jurídico consisten en demostrar: a) la existencia del derecho subjetivo que se dice vulnerado; y, b) que el acto de autoridad afecta ese derecho, de donde deriva el agravio correspondiente. Por su parte, para probar el interés legítimo, deberá acreditarse que: a) exista una norma constitucional en la que se establezca o tutele algún interés difuso en beneficio de una colectividad determinada; b) el acto reclamado transgreda ese interés difuso, ya sea de manera individual o colectiva; y, c) el promovente pertenezca a esa colectividad. Lo anterior, porque si el interés legítimo supone una afectación jurídica al quejoso, éste debe demostrar su pertenencia al grupo que en específico sufrió o sufre el agravio que se aduce en la demanda de amparo. Sobre el particular es dable indicar que los elementos constitutivos destacados son concurrentes, por tanto, basta la ausencia de alguno de ellos para que el medio de defensa intentado sea improcedente." Precisado lo anterior, se destaca que el quejoso acude a esta vía constitucional en contra de la suspensión del servicio de agua potable realizado en su domicilio; empero, de las constancias que obran en autos, específicamente las que acompañó a su escrito inicial de demanda y de las exhibidas por la responsable Grupo Metropolitano de Agua y Saneamiento, Sociedad Anónima Promotora de Inversión de Capital Variable, con residencia en Veracruz, queda evidenciado que no acreditó su interés jurídico, como se precisa enseguida. Entonces, el interés jurídico representa uno de los presupuestos básicos para la procedencia del juicio de amparo, en atención a que si éste no se demuestra o si los actos reclamados no lesionan la esfera jurídica del gobernado, sino otros de variada índole que no tengan ese carácter, no existe motivo real para entablar el juicio constitucional y así, el quejoso debe acreditar en forma fehaciente, cuando acude en demanda de amparo, que la ley o acto de autoridad combatido vulnera en su perjuicio un derecho subjetivo protegido por la norma jurídica o sea, que le causa un daño, perjuicio o menoscabo en sus derechos, de tal manera que si esta circunstancia no se encuentra plenamente acreditada, resultará improcedente. En este tenor, es aplicable la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 242, Tomo VI, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Octava Época, registro 917827, que señala: "INTERÉS JURÍDICO, AFECTACIÓN DEL. DEBE PROBARSE FEHACIENTEMENTE. En el juicio de amparo, la afectación del interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones". En el caso, conviene reiterar que la parte quejosa señaló como acto reclamado la suspensión del servicio de agua potable, en el domicilio ubicado en calle Rosario Andrade, número cuatrocientos treinta y dos, fraccionamiento Villa Rica, en Veracruz, Veracruz. Pero, al respecto, únicamente ofreció en el presente juicio constitucional las siguientes documentales: 1. Acta de suspensión de servicios relativo al inmueble 275093 de dos de septiembre de dos mil veintidós. 2. Copia simple de la constancia de residencia expedida por la Jefa de Manzana a nombre del quejoso respecto del inmueble ubicado en calle Rosario Andrade, número cuatrocientos treinta y dos, fraccionamiento Villa Rica, en Veracruz, Veracruz. 3. Copia simple de la credencial de la Jefa de Manzana que expidió la constancia de residencia aludida. 4. Copia simple de la credencial para votar expedida por el Instituto Federal Electoral a nombre de la Jefa de Manzana. 5. Copia simple del acta de nacimiento 03392 de veintinueve de diciembre de mil novecientos cincuenta y seis que contiene los datos del registro de nacimiento de la parte quejosa. Así, respecto de las constancias indicadas en los numerales 1 y 2 adminiculadas con la ofrecida por la responsable únicamente podría acreditar que el nombrado quejoso se llevó a cabo una suspensión del servicio de agua potable en el inmueble en el que reside, esto es, en calle Rosario Andrade, número cuatrocientos treinta y dos, fraccionamiento Villa Rica, en Veracruz, Veracruz, sin que de tal circunstancia se advierta que aquél sea el titular del citado servicio. Por tanto, son ineficaces para demostrar los extremos que pretende el quejoso, ya que no acredita que sea titular del derecho que se dice vulnerado, porque no exhibe constancia alguna que revele que el inmueble en el que manifestó que se llevó a cabo el acto de autoridad (ubicado en calle Rosario Andrade, número cuatrocientos treinta y dos, fraccionamiento Villa Rica, en Veracruz, Veracruz), cuente con un contrato de servicio de agua potable a su nombre. En efecto, de las referidas documentales no se desprende que la aquí parte quejosa sea el titular del mencionado servicio de agua potable y tampoco exhibió contrato alguno relacionado con dicho servicio respecto del inmueble que indicó en su ocurso inicial. De modo que dichas probanzas no son eficaces para acreditar que tiene un derecho derivado de un contrato relacionado con la prestación del mencionado servicio en el citado bien inmueble, por lo que al no probarlo, no puede exigirse a la autoridad responsable que respete un derecho que al momento no se ha probado que exista. De ahí que los documentos allegados al presente controvertido constitucional no son aptos ni suficientes para acreditar la afectación a su interés jurídico, ya que éste no puede inferirse con base en presunciones, sino que debe probarse plenamente, dado el carácter excepcional que tiene el procedimiento constitucional y los efectos que debe tener la sentencia que conceda el amparo, ya que encierra una declaración de restitución de esos derechos afectados o violados por el acto de autoridad. Apoya lo anterior, la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, página 288, Volumen 139-144, Primera Parte, del Semanario Judicial de la Federación, con registro 232562, de rubro y texto siguientes: "IMPUESTO DEL 15% ADICIONAL ESTABLECIDO POR LA LEY DE HACIENDA DEL DEPARTAMENTO DEL DISTRITO FEDERAL SOBRE EL PAGO DE IMPUESTOS Y DERECHOS QUE ESTABLEZCA LA LEY DE INGRESOS. DERECHOS POR CONSUMO DE AGUA. FALTA DE INTERES JURIDICO. Si se reclama la inconstitucionalidad de los artículos 521 reformado y 931 de la Ley de Hacienda del Departamento del Distrito Federal, así como la ley de ingresos de dicha dependencia, ni el informe justificado que rinda el jefe del Departamento de Contribuciones de Agua de la Tesorería del Distrito Federal, ni el recibo de pago que el quejoso aporte al presentar su demanda, son aptos para demostrar por sí solos, ni aun adminiculados, el interés jurídico del peticionario, al resultar que no es verdad que con ellos se acredite que el agraviado sea el obligado al pago de los derechos fiscales que en aplicación de la ley reclamada se cobra al "usuario de la toma", puesto que en los recibos de pago expedidos por la Tesorería del Distrito Federal por concepto de "derechos por servicio de agua", se formula la liquidación fiscal correspondiente y se dirigen "al usuario de la toma". Por otra parte, si en el informe justificado se reconoce que sí son ciertos los actos que el quejoso le atribuye a esta autoridad informante en su demanda de amparo, pero solamente en cuanto respecta a la aplicación de los artículos 521 y 931 de la Ley de Hacienda del Departamento del Distrito Federal, de lo anterior puede inferirse, únicamente, que la autoridad ejecutora que rindió el mencionado informe con justificación aplicó los preceptos legales que se tachan de inconstitucionales y efectuó las liquidaciones contenidas en las documentales aportadas por la parte quejosa al presentar su demanda, las cuales, como ya se dijo, se dirigen "al usuario de la toma", pero no puede colegirse que en tal informe justificado la autoridad citada admita que quien suscribe la demanda de garantías sea el usufructuario de las tomas de agua que se gravan con el tributo, pues no se dice a nombre de quien se tienen registradas las cuentas mencionadas en las oficinas fiscales, ni se proporciona ningún otro dato de que pudiera advertirse, siquiera de manera presuntiva, la identidad del quejoso con la del causante del gravamen, y en tales circunstancias, es evidente que ni los recibos de pago ni el informe justificado de cuyo examen se trata, son aptos para demostrar el interés jurídico del quejoso." En este sentido, se hace patente que la parte quejosa no demostró su interés jurídico para reclamar el acto que se traduce en el corte de suministro de agua potable realizado en el domicilio en comento, por lo que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, así como 5, fracción I, y 6, párrafo primero, de la Ley de Amparo, en relación con el 107, fracción I, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. De ahí que respecto de dichos actos procede decretar el sobreseimiento en el presente juicio constitucional, con fundamento en el numeral 63, fracción V, de la ley de la materia. Quinto. Tratamiento de datos personales. Por otra parte en cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 11, 73, fracción II, y 68 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y en atención a que durante la integración del expediente, las partes no expresaron su inconformidad respecto a la publicación de su nombre y demás datos personales en la sentencia que ahora se dicta, en tales condiciones, publíquense los mismos, con supresión de datos sensibles, en la inteligencia que dicho fallo quedará a disposición del público para su consulta cuando lo soliciten. Sexto. Expedición de copias. En aras de cumplir con la impartición de una justicia pronta, completa e imparcial, como lo establece el artículo 17 Constitucional, y con el fin de evitar las promociones de las partes solicitando copia de la sentencia, de conformidad con lo establecido en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2, expídase a costa de las partes una copia simple o certificada, según lo soliciten al momento de comparecer ante el personal actuante, de la sentencia dictada, previa razón de entrega que se realice y firma de recibo de parte interesada que se recabe. Por lo expuesto y fundado, se RESUELVE: Primero. Se sobresee en el presente juicio de amparo 717/2022 promovido por Carlos Alarcón Domínguez, respecto del acto reclamado y autoridad responsable señalados en los considerandos segundo y tercero, por los motivos expuestos en el considerando cuarto de esta sentencia. Segundo. Publíquese la sentencia que ahora se dicta en términos del penúltimo considerando de esta resolución. Tercero. Expídase a costa de las partes una copia simple o certificada, según lo soliciten al momento de comparecer ante el personal actuante, de la sentencia dictada, previa razón de entrega que se realice y firma de recibo de parte interesada que se recabe. Notifíquese por oficio a la autoridad responsable, por correo electrónico a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este juzgado. Así lo proveyó y firma el Juez Tercero de Distrito en el Estado de Veracruz, Luis Rafael Bautista Cruz, asistido de Gandhi de Jesús Alarcón Ramírez, secretario con quien actúa y da fe, con fundamento en el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y el regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, así como el Acuerdo General 21/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura que reforma el acuerdo antes citado con relación al periodo de vigencia, y las personas en situación de vulnerabilidad, y en términos de la Circular DGGJ/05/2020, de catorce de mayo de dos mil veinte. Doy Fe.LXRO/mekd

  3. Incidental

    .. Por lo expuesto y fundado, se RESUELVE: PRIMERO. Se niega a Carlos Alarcón Domínguez la suspensión definitiva, por los motivos expuestos en el considerando tercero y cuarto de esta interlocutoria. SEGUNDO. Expídase a costa de las partes copia simple o certificada, según lo soliciten al momento de comparecer ante el personal actuante, de la interlocutoria dictada, previa razón de entrega que se realice y firma de recibo. Notifíquese y por oficio a las autoridades responsables...

  4. Principal

    Boca del Río, Veracruz, nueve de septiembre de dos mil veintidós. Agréguese a los autos para que surtan los efectos legales conducentes, el oficio remitido por el apoderado legal de la sociedad mercantil denominada Grupo Metropolitano de Agua y Saneamiento, Sociedad Anónima Promotora de Inversión de Capital Variable, con residencia en Veracruz, Veracruz, a través del cual rinde informe justificado en términos de lo que dispone el artículo 117 de la Ley de Amparo, con el cual se da vista a las partes para los efectos legales a que haya lugar. Asimismo, de conformidad con el numeral 119 de la ley de la materia, ténganse como pruebas de la responsable, las documentales anexas a su oficio de cuenta, sin perjuicio de su relación en la audiencia constitucional. Por otra parte, se le tiene señalando domicilio para oír y recibir notificaciones el que describe en su informe, y designando como delegados a las personas que refiere en el oficio de cuenta, en términos del artículo 9 de la Ley de Amparo. Notifíquese...

Quedan 6 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Veracruz · 8,101 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano