Carlos Alán Moreno Valenzuela

Expediente 288/2023 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 9 actuaciones registradas, la última del 8 de mayo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
288/2023
Año
2023
Actuaciones
9
Última actuación
08/05/2023

Partes del expediente

  • Carlos Alán Moreno Valenzuela

Actuaciones

Las 4 más recientes de 9.

  1. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; ocho de mayo de dos mil veintitrés. Vista la certificación de cuenta y toda vez que ha transcurrido el término de diez días que la ley establece para que las partes interpusieran recurso de revisión, contra el auto dictado en el presente asunto, en que se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia, sin que se haya presentado promoción alguna al respecto; por tanto, con fundamento en el artículo 81, fracción I, inciso e) de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por mandato expreso de su numeral 2º, se declara que dicha resolución HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales procedentes. Por otra parte, de la certificación de cuenta se advierte que no existe actuación alguna que practicar ni promoción pendiente por acordar, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, remítase la pieza de autos en que se actúa al archivo de este juzgado federal para su guarda y custodia. Luego, atento a la certificación de cuenta, el expediente principal, no encuadra en los supuestos de relevancia documental, no tiene valor jurídico, ni valor histórico y no obran documentos originales; por lo que al haberse sobreseído, es susceptible de DESTRUCCIÓN dentro del plazo de tres años, conforme lo establece el numeral 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. En cuanto al incidente de suspensión, de conformidad con lo dispuesto por la Circular de ocho de marzo de dos mil veintiuno CAP/DGAD/392/2021 de la Dirección General de Archivo y Documentación, el mismo es susceptible de depuración. De este modo, atento a que la Dirección General de Archivo y Documentación determinó que aquellos expedientes que se encuentren bajo resguardo de los órganos jurisdiccionales y que actualmente cuenten con más de tres años de haberse acordado su archivo como asunto concluido, en términos del punto vigésimo primero de cualquiera de los Acuerdos Generales Conjuntos de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los órganos jurisdiccionales, será el propio órgano el encargado de realizar las actividades de depuración o destrucción, según corresponda, toda vez que han alcanzado la temporalidad que estipula dicho numeral para ejecutar su valoración documental. Por tanto, una vez concluido el plazo de tres años, este órgano jurisdiccional deberá destruir el presente juicio de amparo. Tal como se estableció en la cuenta, quien resuelve califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales tal como se indica en el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. El asunto no tiene información clasificada como reservada según el numeral 110 del ordenamiento legal invocado; y, las partes entregaron información con carácter de confidencial en el presente expediente, en términos de lo que dispone el ordinal 113 de la legislación en comento. Notifíquese por lista electrónica y por oficio a las autoridades responsables. Lo proveyó y firma la licenciada **********, Secretaria del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, Encargada del Despacho por licencia de la Titular, autorizada por la Secretaría Técnica de la Comisión Permanente de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de trece de febrero de dos mil veintitrés, conforme a lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, relación con el numeral 175 del Acuerdo General del Pleno del Consejo, que reglamenta la Carrera Judicial, quien actúa ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado **********. Doy fe.

  2. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; quince de marzo de dos mil veintitrés. Sobresee fuera de audiencia Visto el estado que guardan los autos, se advierte una causa de manera manifiesta y notoria para no seguir substanciándose el presente juicio, porque la demanda de amparo no aparece signada electrónicamente por el quejoso ********************, quien promovió por propio derecho, pues de la evidencia criptográfica de la demanda presentada por medios electrónicos corresponde a la de una persona diferente al quejoso, de nombre ********************, persona a quien el impetrante señaló como su autorizada legal en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo. En ese sentido, se estima que se incumple con lo dispuesto por los artículos 6° y 108 de la Ley de Amparo, por ser la firma, una formalidad esencial que denota la voluntad de quien ha sido afectado en sus intereses jurídicos de promover ese medio de defensa que se rige por el principio de instancia de parte agraviada, por lo que el presente juicio resulta notoriamente improcedente, por ello se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 5° y 6°, y el numeral 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los cuales disponen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley. Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico (...) Artículo 6. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en término de la fracción I del artículo 5º de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. (...) Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; [...] Sobre este aspecto, es menester citar el numeral 3° de la Ley de Amparo, que en su literalidad dice: Artículo 3o. En el juicio de amparo las promociones deberán hacerse por escrito. Podrán ser orales las que se hagan en las audiencias, notificaciones y comparecencias autorizadas por la ley, dejándose constancia de lo esencial. Es optativo para el promovente presentar su escrito en forma impresa o electrónicamente. Las copias certificadas que se expidan para la substanciación del juicio de amparo no causarán contribución alguna. Los escritos en forma electrónica se presentarán mediante el empleo de las tecnologías de la información, utilizando la Firma Electrónica conforme la regulación que para tal efecto emita el Consejo de la Judicatura Federal. La Firma Electrónica es el medio de ingreso al sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación y producirá los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa, como opción para enviar y recibir promociones, documentos, comunicaciones y notificaciones oficiales, así como consultar acuerdos, resoluciones y sentencias relacionadas con los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales. En cualquier caso, sea que las partes promuevan en forma impresa o electrónica, los órganos jurisdiccionales están obligados a que el expediente electrónico e impreso coincidan íntegramente para la consulta de las partes. El Consejo de la Judicatura Federal, mediante reglas y acuerdos generales, determinará la forma en que se deberá integrar, en su caso, el expediente impreso. Los titulares de los órganos jurisdiccionales serán los responsables de vigilar la digitalización de todas las promociones y documentos que presenten las partes, así como los acuerdos, resoluciones o sentencias y toda información relacionada con los expedientes en el sistema, o en el caso de que éstas se presenten en forma electrónica, se procederá a su impresión para ser incorporada al expediente impreso. Los secretarios de acuerdos de los órganos jurisdiccionales darán fe de que tanto en el expediente electrónico como en el impreso, sea incorporada cada promoción, documento, auto y resolución, a fin de que coincidan en su totalidad. El Consejo de la Judicatura Federal, en ejercicio de las facultades que le confiere la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, emitirá los acuerdos generales que considere necesarios a efecto de establecer las bases y el correcto funcionamiento de la Firma Electrónica. No se requerirá Firma Electrónica cuando el amparo se promueva en los términos del artículo 15 de esta Ley. Al respecto, es necesario precisar que los artículos 9, 10,11, 14, 16, 17, 18 y 45 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el doce de junio de dos mil veinte, que establecen: 9. En los órganos jurisdiccionales a cargo del CJF, la presentación de demandas, solicitudes, recursos, incidentes y promociones, así como la consulta del expediente electrónico y la práctica de notificaciones electrónicas con independencia del tipo de asunto o materia de que se trate, se realizarán a través del Sistema Electrónico del PJF, conforme a las disposiciones del presente Acuerdo General y atendiendo a la normatividad aplicable en cada materia. 10. Las disposiciones contenidas en este Capítulo son aplicables a todos los asuntos que tramiten los Juzgados de Distrito, Tribunales de Circuito, Centros de Justicia Penal Federal y en los órganos jurisdiccionales federales del nuevo modelo de justicia laboral, con independencia de que en los Capítulos finales del presente Acuerdo se precisan algunos alcances para cada materia, de acuerdo con la legislación adjetiva que la rige. En todos los servicios en línea que presta el CJF se utilizará la Firma Electrónica, salvo para la promoción de demandas electrónicas en términos del artículo 15 de la Ley de Amparo. 11. A través del Sistema Electrónico del PJF, el CJF implementará la tramitación electrónica del juicio de amparo y, en general, de todos los asuntos competencia del PJF, así como de las comunicaciones oficiales. 14. El Portal de Servicios en Línea es un sitio web a través del cual las partes, sus representantes y, según sea el caso, sus autorizados, podrán acceder electrónicamente a las OCC y a los órganos jurisdiccionales para presentar solicitudes, demandas, recursos y promociones en general, así como para acceder a los expedientes electrónicos y notificarse electrónicamente de las resoluciones judiciales que se emitan en éstos. Las promociones de las partes recibidas en el Portal recibirán el mismo tratamiento que las presentadas en formato impreso, siempre que se cumpla con las disposiciones previstas en el presente Acuerdo General. El Portal de Servicios en Línea cuenta con los módulos para presentación de demandas, solicitudes y escritos iniciales, envío de promociones y recursos, acceso y consulta de expediente electrónico, generación de notificaciones, consulta de expedientes y lista de acuerdos. Los módulos del Sistema Electrónico del PJF deberán alojarse dentro de la infraestructura de almacenamiento y procesamiento de datos propiedad del CJF. Adicionalmente, en el Portal se establecerán los vínculos necesarios para que las personas justiciables tramiten su FIREL y tengan acceso a la normativa que rige el sistema. También se podrá acceder al listado de las firmas electrónicas o certificados digitales emitidos por otros órganos del Estado con los cuales el PJF haya celebrado convenio de coordinación para el reconocimiento de certificados digitales homologados, en términos del artículo 5, párrafo segundo, del Acuerdo General Conjunto Número 1/2013. 16. Para acceder a los servicios que se prestan en el Portal de Servicios en Línea será necesario que las personas interesadas cuenten con una firma electrónica emitida o reconocida por el PJF a través de la Unidad en términos de lo establecido en el último párrafo del artículo 14 del presente Acuerdo General y se registren en el sistema. Para registrarse en el Portal las personas usuarias deberán: (i) indicar su nombre, correo electrónico y CURP; (ii) crear un "Nombre de Usuario" y una "Contraseña"; y (iii) vincular su Firma Electrónica al registro respectivo. El registro de cada usuaria o usuario en el sistema es de carácter personal y en ningún caso una persona podrá hacerlo a nombre de otra. 17. El registro en el Portal no es obligatorio tratándose de demandas de amparo en los que se señalen como reclamados actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en términos del artículo 15 de la Ley de Amparo. En este caso, tampoco se exigirá que el archivo que contenga la demanda de amparo sea firmado electrónicamente. Sin embargo, para la consulta del expediente electrónico y la práctica de notificaciones electrónicas, será necesario que las personas usuarias se registren en el Portal. 18. El registro en el Portal no implica la consulta de los expedientes electrónicos en los que la persona tenga interés, ni tampoco la práctica de notificaciones electrónicas de las resoluciones judiciales, pues ello depende que así lo haya solicitado quien cuente con capacidad procesal para ello, y que, a su vez, lo haya autorizado el órgano jurisdiccional que conozca del expediente respectivo. 45. Para la presentación de solicitudes, demandas y otros escritos iniciales de manera electrónica, con excepción de las señaladas en la sección previa, las personas usuarias ya registradas deberán ingresar al Portal, señalando el "Nombre de Usuario y Contraseña" que generaron al momento de registrarse conforme al artículo 16 del presente Acuerdo General, o bien, lo harán con su Firma Electrónica vigente. Hecho lo anterior, ingresarán al módulo para presentar demandas, solicitudes y escritos iniciales, y elegirán el apartado para presentar escritos de demanda, donde señalarán el nombre del quejoso, una cuenta de correo electrónico en caso de contar con ella, y seleccionarán la OCC de los órganos jurisdiccionales a los que se solicite el amparo o, en caso de que no exista, la Oficialía de Partes del órgano jurisdiccional. Posteriormente, deberán ingresar el archivo electrónico que contenga la demanda, utilizarán el formato predeterminado o llenarán el cuadro de texto en blanco que se encontrará a su disposición. Finalmente, agregarán a la solicitud o escrito de demanda su Firma Electrónica vigente, capturarán un código de seguridad y lo enviarán. Asimismo, podrán enviar los archivos electrónicos que contengan documentos anexos al escrito de demanda. (lo destacado es para hacer énfasis) Asimismo, el considerando DÉCIMO y el artículo 3°, ambos del Acuerdo General del conjunto 1/2013 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico, dicen lo siguiente: DÉCIMO. De conformidad con lo previsto en el artículo 3o. de la Ley de Amparo, la Firma Electrónica que establezca el Poder Judicial de la Federación será el medio de ingreso al sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación, como opción para enviar y recibir promociones, documentos, comunicaciones y notificaciones oficiales, así como consultar acuerdos, resoluciones y sentencias relacionadas con los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales, y producirá los mismos efectos que la firma autógrafa, siendo conveniente que la regulación que rija la referida firma sea uniforme en la Suprema Corte de Justicia de la Nación y en el Consejo de la Judicatura Federal, lo que brindará mayor certeza a los justiciables y permitirá un uso más eficiente y eficaz de los recursos públicos asignados a esos órganos constitucionales. El Tribunal Electoral, por conducto de su Sala Superior o de su Comisión de Administración, según corresponda, conforme a sus atribuciones constitucionales y legales, realizará las adecuaciones a sus Acuerdos Generales y emitirá el o los necesarios para dar operatividad a la firma y el expediente electrónicos, y 3. Se establece la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) como el instrumento a través del cual se ingresa al Sistema Electrónico para presentar medios de impugnación (demandas), enviar promociones y/o documentos, recibir comunicaciones, notificaciones y/o documentos oficiales, así como consultar acuerdos, resoluciones y sentencias relacionadas con los asuntos competencia de la Suprema Corte, del Tribunal Electoral, de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados, la cual producirá los mismos efectos que la firma autógrafa, tomando en cuenta lo previsto en el artículo 3o. de la Ley de Amparo o en las disposiciones generales aplicables a los demás asuntos de la competencia de la Suprema Corte, del Tribunal Electoral, de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados. De estos preceptos, se deduce que para acceder a los servicios que se prestan en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación será necesario que las personas interesadas cuenten con firma electrónica emitida o reconocida por el Poder Judicial de la Federación. De ahí que la demanda de cuenta al haberse presentado con la firma electrónica de una persona diferente del directo quejoso, se torna improcedente, pues no existe la instancia de parte agraviada que se exige para la procedencia del juicio de amparo. No se soslaya que en el escrito de la demanda de amparo aparece la imagen de una signatura sobre la línea en la que consta el nombre de la persona quejosa; sin embargo, esa escritura digitalizada no constituye por sí misma una manifestación de voluntad para instar el juicio de amparo, ya que no representa una evidencia criptográfica del código de seguridad que compone la firma electrónica a que se refiere el artículo 3° de la Ley de Amparo, pues la equiparación de ese tipo de firma a la que se plasma de manera autógrafa deriva precisamente de la fiabilidad que proporciona ese método, lo cual no se satisface con la sola digitalización de un escrito. Resulta exactamente aplicable al presente caso, la jurisprudencia con número de registro 2018943, Materia Común, emitida por el Pleno de la Suprema corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Libro 62, Enero de 2019, Tomo I, página 5 la cual establece: "DEMANDA DE AMPARO PRESENTADA EN EL PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN CON LA FIRMA ELECTRÓNICA CERTIFICADA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN (FIREL) DEL AUTORIZADO POR EL QUEJOSO. EL JUEZ DE DISTRITO ESTÁ FACULTADO PARA DESECHARLA DE PLANO AL NO APRECIARSE LA VOLUNTAD DE QUIEN APARECE COMO PROMOVENTE. La implementación del Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación y la utilización de la firma electrónica a que hacen referencia el artículo 3o. de la Ley de Amparo, el Acuerdo General Conjunto Número 1/2013 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico y el Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, para presentar demandas, recursos, promociones y documentos, recibir comunicaciones, notificaciones oficiales y consultar expedientes, acuerdos, resoluciones y sentencias relacionados con los asuntos de la competencia de los órganos jurisdiccionales a través de los sistemas tecnológicos del Consejo y del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, no implicaron soslayar el principio de "instancia de parte agraviada" contenido en los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6o. de la Ley de Amparo, sino que únicamente tuvieron como objetivos fundamentales, entre otros, simplificar la actuación procesal de los órganos jurisdiccionales y modernizar el sistema de impartición de justicia, al otorgar validez a las promociones judiciales realizadas a través de medios digitales como el correo electrónico y la firma electrónica, con los mismos efectos jurídicos que los comunicados oficiales y las firmas autógrafas. En ese sentido, cuando se presenta una demanda de amparo en el Portal indicado, firmada electrónicamente con la FIREL de la persona que el quejoso señala como su autorizado en el escrito de demanda, no puede considerarse una irregularidad de las previstas en el numeral 114 de la Ley de Amparo que dé lugar a requerir o prevenir al quejoso para que comparezca a ratificar el escrito de demanda, pues al no contener su firma electrónica no se aprecia la voluntad de quien aparece como promovente, es decir, no hay instancia de parte y, consecuentemente, el Juez de Distrito está facultado para desecharla de plano." Así como la jurisprudencia P./J. 8/2019 (10a.), sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época, con número de registro 2019715, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Libro 65, de abril de 2019, Tomo I, Página: 79, de rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO PRESENTADA A TRAVÉS DEL PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. PROCEDE DESECHARLA DE PLANO CUANDO CARECE DE LA FIRMA ELECTRÓNICA DEL QUEJOSO. El artículo 3o. de la Ley de Amparo establece la posibilidad de actuar ante el Poder Judicial de la Federación mediante el empleo de las tecnologías de la información utilizando una firma electrónica, cuya regulación se encomendó al Consejo de la Judicatura Federal, órgano que actuando con la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, expidió los Acuerdos Generales Conjuntos Número 1/2013 y 1/2015, de los que se advierte, en suma, que la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), es equiparable a un documento de identidad, al ser el instrumento a través del cual se ingresa al sistema electrónico para actuar en los asuntos de la competencia de la Suprema Corte, del Tribunal Electoral, de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, con los mismos efectos jurídicos de la firma autógrafa; de suerte que la posibilidad de presentar una demanda de amparo por vía electrónica no implicó soslayar el principio de "instancia de parte agraviada" previsto en los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6o. de la Ley de Amparo, sino que únicamente tuvo como objetivos fundamentales, entre otros, simplificar la actuación procesal de los órganos jurisdiccionales y modernizar el sistema de impartición de justicia otorgando validez a las promociones judiciales realizadas a través de medios digitales usando la FIREL. En consecuencia, debe desecharse de plano la demanda de amparo indirecto presentada por vía electrónica cuando carezca de la FIREL del quejoso, porque la falta de la firma electrónica de quien promueve el amparo no puede equipararse a una irregularidad subsanable a través de la prevención a que hace alusión el artículo 114 de la Ley de Amparo, sino que se trata del incumplimiento de uno de los principios rectores del juicio de amparo que no amerita prevención alguna, como sucede ante la falta de la firma autógrafa de una demanda de amparo presentada de forma ordinaria. Cabe señalar que este criterio resulta inaplicable tratándose del supuesto expreso del artículo 109 de la Ley de Amparo, conforme al cual será innecesaria la firma electrónica cuando el juicio de amparo se promueva con fundamento en el artículo 15 de la ley referida." Sin que la presente determinación contravenga lo sustentado en la jurisprudencia con registro digital: 2024103, del Pleno en Materia Civil del Primer Circuito, Undécima Época, Materias Común, Civil, Tesis: PC.I.C. J/6 C (11a.), publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 9, Enero de 2022, Tomo III, página 2098, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. CUANDO SE PRESENTA A TRAVÉS DEL PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN SIN LA FIRMA ELECTRÓNICA CERTIFICADA (FIREL) DEL PROMOVENTE, PROCEDE REQUERIRLO PARA QUE LA RATIFIQUE SÓLO SI SE ENCUENTRAN ACTIVOS LOS PROTOCOLOS DEL SEMÁFORO EPIDEMIOLÓGICO ROJO A CAUSA DE LA EMERGENCIA SANITARIA GENERADA POR EL VIRUS SARS-CoV-2 (COVID 19)." En la jurisprudencia trascrita se sustentó en síntesis que si la demanda de amparo es presentada bajo la modalidad de juicio en línea y carece de la firma electrónica del promovente, no resulta procedente desecharla, sino que debe prevenirse al impetrante para que la ratifique, siempre y cuando el semáforo epidemiológico se encuentre en rojo, lo cual no acontece en el caso a estudio, ya que actualmente las oficinas del Consejo de la Judicatura Federal se encuentra laborando ordinariamente. Por lo tanto, al carecer de la multicitada firma electrónica correspondiente, o firma criptográfica, ésta equivale a no encontrarse firmada por el promovente no subsanable; de ahí que resulte legal sobreseer el presente juicio fuera de audiencia, ante la ausencia de las formalidades que establece el artículo 3° del Acuerdo General conjunto 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico, por lo que se estima afectan la validez de la demanda recibida. En ese orden, es acertado precisar que los actos reclamados no están contemplados en la hipótesis prevista en el artículo 15 de la Ley de Amparo, sino se hizo consistir en la orden de aprehensión. Consecuentemente, es evidente que dicha orden de sigilo no se tratan de alguno de los señalados en el artículo 15 de la Ley de Amparo, único supuesto en que no se requiere la firma electrónica, en términos del numeral 3° de la propia ley, transcrito en párrafos anteriores, son aplicables los preceptos mencionados, ni de aquellos otros en que pueda ser presentada la demanda por persona distinta de la quejosa. Incluso, tampoco se está en la hipótesis contemplada en el artículo 14 de la Ley de Amparo, es decir que lo promueva el defensor del imputado (quejoso) designado en la causa penal; pues se insiste, del contenido de la demanda se aprecia que no se planteó así. En esta tesitura, la ausencia de la manifestación de la voluntad en la forma legal que establecen las leyes, únicamente le es atribuible al directo quejoso, lo cual no puede ser subsanada, como se analizó, por la firma electrónica de su autorizada, lo cual impone sobreseer fuera de audiencia el presente juicio de amparo. En torno a lo notorio y manifiesto de la causa de improcedencia que se actualiza en el presente caso, que conduce a sobreseer fuera de audiencia el presente juicio de amparo, es aplicable la tesis XXVII.1o.(VIII Región) 6 K (9a.), del Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Octava Región, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Libro III, de diciembre de 2011, Tomo 5, materia común, página 3772, del siguiente tenor: IMPROCEDENCIA DEL AMPARO. ES MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE ÉSTA, LA EXISTENCIA DE JURISPRUDENCIA EXACTAMENTE APLICABLE AL CASO, EN LA QUE SE DEFINE CIERTO ASPECTO QUE DIRECTAMENTE DA LUGAR A LA ACTUALIZACIÓN DE UNA CAUSA DE IMPROCEDENCIA. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis 2a. LXXI/2002, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVI, julio de 2002, página 448, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O DE TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO.", definió que un motivo manifiesto e indudable de improcedencia del juicio de amparo es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos que se anexan a esas promociones, de manera que aun en el supuesto de admitirse la demanda y sustanciarse el procedimiento, sería imposible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes. Sobre esa base, será motivo manifiesto e indudable de improcedencia la existencia de jurisprudencia exactamente aplicable al caso, en la que se define cierto aspecto que directamente da lugar a la actualización de una causa de improcedencia de ese medio de control constitucional, no desvirtuable con posterioridad a la admisión de la demanda, porque si la aplicación de la jurisprudencia, la cual es obligatoria en términos de los artículos 192 y 193 de la ley de la materia, presupone el examen de su adecuación concreta al asunto que mediante ella pretende fundamentarse o directamente resolver, entonces, es precisamente ese solo ejercicio de subsunción el que dará pie a que el juzgador de amparo advierta de manera clara y evidente que, por sus elementos, la pretensión que se somete a su potestad tiene las mismas características que el asunto que originó la formación de la jurisprudencia, de suerte que si en ésta se dilucida un aspecto que directamente produce la improcedencia del juicio, para efectos del desechamiento de la demanda, tal hipótesis debe considerarse como manifiesta e indudable respecto del caso concreto. En consecuencia, al actualizarse la causa de improcedencia analizada, procede el sobreseimiento, fuera de audiencia, en el presente juicio de amparo, conforme lo dispone el numeral 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 5° y 6°, y el numeral 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Solamente resulta necesario precisar que, para decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, antes de celebrar la audiencia constitucional, resulta imperante que se actualice una causa de sobreseimiento que no pueda ser desvirtuada, aun cuando las partes ofrezcan pruebas; es decir, debe ser tal su materialización, que ningún medio de convicción pueda hacer patente su inconstitucionalidad. Las causas de improcedencia que dan origen al sobreseimiento fuera de audiencia, deben ser manifiestas, notorias e indudables, pues de lo contrario el juzgador estaría obligado a pronunciarse sobre la cuestión de fondo, concediendo o negando la protección constitucional solicitada, hipótesis que se actualiza en el presente caso, pues si el presente juicio de amparo se tramitó por la vía electrónica y carece de la firma del directamente quejoso, y que ateniendo al acto reclamado (orden de aprehensión) no se actualiza alguna de las hipótesis previstas en el artículo 15 de la Ley de Amparo, ni la demanda de amparo se planteó la figura del defensor particular reconocido en la causa penal, pues la firma electrónica corresponde al autorizado legal en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo; lo anterior obviamente la ausencia de la manifestación de la voluntad en la forma legal que establecen las leyes, únicamente le es atribuible al directo quejoso, lo cual no puede ser subsanada, como se analizó, por la firma electrónica de su autorizada, lo cual impone sobreseer fuera de audiencia el presente juicio de amparo, lo cual da margen a que se actualice en la especie la citada causal de improcedencia. Ilustra lo anterior, la jurisprudencia 10/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a foja 386 del tomo XVII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente al mes de marzo de dos mil tres, Novena Época, que dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". En tales circunstancias, lo procedente es decretar el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio de amparo al actualizarse la causa de improcedencia a que se refiere el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 5° y 6°, y el numeral 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En tales condiciones, se deja sin efectos la fecha señalada para celebrar la audiencia constitucional. Informe justificado Por último, agréguese a sus autos como simple antecedente el informe justificado signado por la Agente del Ministerio Púbico, en Funciones de Coordinadora del Área de Amparo y Derechos Humanos de la Fiscalía de Distrito Zona Norte, en ausencia de la autoridad responsable, Fiscal de Distrito Zona Norte, con sede esta ciudad; en virtud de que con el presente auto se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia. Lo anterior, de conformidad con el artículo 219 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Notifíquese personalmente y por oficio a las autoridades responsables.- Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada **********, quien actúa ante el Secretario que autoriza y da fe, licenciado **********. Doy fe.Ciudad Juárez, Chihuahua; trece de abril de dos mil veintitrés. Visto el estado que guardan los presentes autos de los cuales se advierte que no consta la notificación personal a la parte quejosa vía electrónica, del auto de quince de quince de marzo de dos mil veintitrés, encomendada en proveído del diecisiete de ese mes y año; por tanto se comisiona al Actuario Judicial de la adscripción realice la citada notificación del acuerdo de quince de marzo de dos mil veintitrés vía electrónica a través del usuario "**********". Notifíquese por lista electrónica y personalmente a la parte quejosa a través del usuario "MELISSACM" el auto de quince de marzo del año en curso. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada **********, quien actúa ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado **********. Doy fe.spm

  3. Incidental

    Ciudad Juárez, Chihuahua; veintisiete de marzo de dos mil veintitrés. Vista la certificación de cuenta, se advierte que el término de tres días otorgado al Subrepresentante Local del Instituto Nacional de Migración en el Estado de Chihuahua, en auto de quince de marzo de dos mil veintitrés, transcurrió en su totalidad, sin que a la fecha haya dado cumplimiento al requerimiento inserto en dicho auto. Por ende, de conformidad con el artículo 258 de la ley de Amparo, así como con los preceptos 2, fracción III y 3 de la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización, ante su evidente contumacia, se hace efectiva al Subrepresentante Local del Instituto Nacional de Migración en el Estado de Chihuahua, *******, la multa por cien unidades de medida y actualización, equivalente a diez mil trescientos setenta y cuatro pesos 00/100 moneda nacional ($10,374.00), con que se le apercibió en auto de quince de marzo de dos mil veintidós. Gírese atento oficio al Administrador Desconcentrado de Recaudación en Chihuahua "2", a fin de hacer efectiva la multa impuesta a dicha autoridad y para que una vez hecho lo anterior, lo informe a este Juzgado con las constancias respectivas, haciendo de su conocimiento que la información indicada es la única con la que cuenta este órgano jurisdiccional. Por lo tanto, se requiere nuevamente al Subrepresentante Local del Instituto Nacional de Migración en el Estado de Chihuahua, para que, dentro de termino de tres días, contados a partir de su legal notificación, se pronuncie, respecto de las documentales que se tuvieron recibidas el treinta de diciembre de dos mil veintidós, consistentes en los procedimientos administrativos migratorios con números de expediente ******* y *******, en términos del artículo 3, del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; y de cumplir la prevención de forma física, presente las copias, debidamente certificadas, de las constancias respectivas. Es así, para que los documentos presentados vía electrónica puedan tener valor probatorio y tomarse en consideración deberá manifestar -bajo protesta de decir verdad- que el documento digitalizado respectivo es copia íntegra e inalterada del documento impreso, sin perjuicio de que se realice el cotejo con el documento original, o su incorporación al expediente hasta el momento procesal oportuno; sin que, en el caso, la autoridad responsable, lo haya efectuado. Apercibido que de no hacerlo así dentro del término que se les señala, conforme a lo dispuesto por el 237, fracción I, de la Ley de Amparo, se le impondrá una multa por cien unidades de medida y actualización, equivalente a la cantidad de diez mil trescientos setenta y cuatro pesos 00/100 moneda nacional ($10,374.00), previstas en el artículo 26, apartado B, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Sin perjuicio de lo anterior, se ordena girar oficio -vía acelerada o vía correo electrónico- al Comisionado del Instituto Nacional de Migración, en la Ciudad de México, a efecto de que conmine a su inferior para que dé inmediata observancia a lo aquí dispuesto, apercibido que en caso de no pronunciarse al respecto, dentro del plazo de tres días, se le hará efectivo el apercibimiento ordenado en el párrafo precedente. Notifíquese por lista electrónica y por oficio a las autoridades en cita. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada *******, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.

  4. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; diecisiete de marzo de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio remitido -por duplicado- por el Sub Comisionado Jurídico del Instituto Nacional de Migración, con sede en la Ciudad de México; toda vez que en auto de veintidós de febrero de dos mil veintitrés, se tuvo al Subrepresentante Local del Instituto Nacional de Migración en el Estado de Chihuahua, por sí y en su carácter de Encargado de la Estancia Provisional Juárez, dando cumplimiento a los requerimientos realizados por esta Juzgadora. Lo previo, de conformidad con el numeral 219 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°. Notifíquese mediante lista electrónica. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada *******, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.

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