Carlos Alamilla Coj

Expediente 236/2018 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Campeche. 3 actuaciones registradas, la última del 29 de agosto de 2018.

Datos del expediente

Expediente
236/2018
Año
2018
Actuaciones
3
Última actuación
29/08/2018

Partes del expediente

  • Carlos Alamilla Coj

Actuaciones

  1. Principal

    NOTIFICACIÓN POR LISTA A LA PARTE TERCERO INTERESADA.- Agréguese a los autos el escrito de cuenta signado por el apoderado legal de la quejosa mediante el cual interpone recurso de revisión en contra de la sentencia trece de agosto de dos mil dieciocho, dictada en el presente juicio de garantías; al efecto, dése trámite al citado medio de impugnación, por lo que se ordena remitir original del escrito de agravios, así como los autos originales del presente juicio al Tribunal Colegiado del Trigésimo Primer Circuito, con sede en esta ciudad, para la substanciación del recurso correspondiente. Asimismo, hágase saber a las partes la interposición del recurso, corriéndoles traslado con el escrito de agravios; haciéndose las anotaciones respectivas en el libro de gobierno correspondiente.

  2. Principal

    NOTIFICACIÓN POR LISTA.- Visto el contenido del escrito de cuenta, se tiene a la promovente ******************** apoderada y representante legal del ********************, cumpliendo la prevención realizada en auto de veintiséis de febrero del año en curso; en consecuencia, con fundamento en lo previsto en los artículos 103, fracción I, 107 fracciones I, VII y XV de la Constitución Federal, 1º, fracción I, 33, 35, 37, 107, 108, 112, 115, 116 y 117 de la Ley de Amparo, se admite a trámite la demanda de amparo promovida. Con dos copias simples de la demanda fórmese y tramítese el incidente de suspensión de los actos reclamados, dese al Representante Social de la adscripción la intervención que le compete; pídase a la autoridad responsable su informe justificado, que deberá rendir dentro del término de QUINCE DÍAS, siguientes al en que reciban el oficio notificatorio y con la debida anticipación que permita su conocimiento a la parte quejosa, apercibiéndose que si el informe no se rinde en el término señalado. Se fijan las ONCE HORAS CON CINCUENTA MINUTOS DEL SEIS DE ABRIL DE DOS MIL DIECIOCHO, para que tenga verificativo la audiencia constitucional. Con fundamento en el artículo 108, fracción III, de la Ley de Amparo, que establece entre las obligaciones de la parte quejosa, la de señalar con precisión a las autoridades responsables (tema sobre el que no opera la suplencia de la queja, como se advierte del artículo 79, fracción III, de la Ley de Amparo), se apercibe al quejoso que si las autoridades responsables no existen con la denominación que indica en su demanda, se les tendrá como inexistentes. Por otra parte, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 5º, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, se tiene como tercero interesado en este asunto a ******************** en consecuencia, con apoyo en los artículos 26, fracción I, inciso b) y 27, fracción I, de la Ley de Amparo, emplácese al citado tercero interesado por su propio derecho, por conducto de cualesquiera de los actuarios adscritos a este Juzgado de Distrito, o a través de su apoderado legal ******************** con domicilio en la ******************** debiendo notificarle el presente proveído y correrle traslado con la entrega de copia simple de la demanda de amparo, debiendo además, requerirlo para que dentro del término de tres días, señale domicilio en esta ciudad, para oír y recibir notificaciones, con el apercibimiento de que en caso de no hacerlo así, las subsecuentes notificaciones, aun las de carácter personal, se le harán por medio de lista de estrados de este Tribunal, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 27, fracción II de la Ley de Amparo. Ahora bien, para la celeridad del procedimiento, se habilitan desde ahora, los días y horas inhábiles en términos de lo dispuesto por el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo. En otro orden de ideas, con fundamento en el artículo 119 de la ley de amparo, ténganse como prueba de la parte quejosa la documental en copia certificada con la que la promovente acreditó la personalidad de apoderado legal de la quejosa, mismas que obran glosadas en autos; así como la presuncional en su doble aspecto legal y humana, sin perjuicio de hacer relación de ello en la audiencia constitucional respectiva. Respecto, a la prueba instrumental pública de actuaciones a que hace referencia, consistente en todo lo actuado en el juicio laboral ***, que deberá remitir la autoridad responsable, dígasele que una vez que obren en autos, y reiterada sea su petición, se acordará lo que en derecho corresponda.

  3. Incidental

    NOTIFICACIÓN POR LISTA.- Con dos copias simples de la demanda de amparo promovida por el ***, por conducto de su apoderado legal, contra actos de la Junta Especial Número Cuarenta y Ocho de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad. Como está ordenado en proveído de esta propia fecha dictado en el cuaderno principal del juicio de garantías número 236/2018, de donde deriva este incidente de suspensión y con fundamento en el numeral 138 de la citada ley, entréguese copia simple de la demanda de garantías a las autoridades responsables y pídase sus respectivos informes previos, el que deberán rendir dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a la notificación de este proveído, apercibidas que de no hacerlo dentro del término fijado, se les impondrá una multa de cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con los artículos 237, fracción I en relación con los diversos numerales 238 y 259, ambos de la Ley de Amparo, de acuerdo con los numerales 238 y 260, fracción I, de la referida ley de la materia, en relación con el artículo Tercero Transitorio del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en Materia de Desindexación del Salario Mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero del dos mil dieciséis. Se fijan las nueve horas con veinticinco minutos del ocho de marzo de dos mil dieciocho, para que tenga verificativo la audiencia incidental. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en el mencionado artículo 138 de la Ley de Amparo, el suscrito juzgador procede a pronunciarse sobre la suspensión provisional solicitada por la parte quejosa, respecto del acto reclamado consistente en la resolución interlocutoria de quince de diciembre de dos mil diecisiete, relativa al incidente de liquidación en el juicio laboral 321/2011, ponderando para ello la apariencia del buen derecho y la no afectación del interés social. En tal virtud, toda vez que la parte quejosa solicita la suspensión provisional de tal acto que reclama, debe tenerse en cuenta la naturaleza del mismo, el cual, en la especie, se trata de un acto que tiene efectos positivos que son susceptibles de suspenderse. En efecto, se dice lo anterior, pues en la resolución interlocutoria reclamada la junta responsable condenó a la aquí incidentista a cubrir al tercero interesado ***, el pago de una pensión jubilatoria cuya cuantía básica mensual corresponda a la categoría que ostentaba el aquí tercero interesado y, por ende, los efectos o consecuencias legales de dicha resolución reclamada son los de que se requiera a las paraestatales incidentistas el pago de las cantidades ahí cuantificadas en cumplimiento del laudo pronunciado en el juicio de origen, los cuales son susceptibles de suspenderse, pero para ello deben satisfacerse los requisitos de procedencia que se prevén en el artículo 128 de la nueva Ley de Amparo, esto es: 1.- Que la solicite el quejoso. Donde queda inmerso el concepto de demostración de la titularidad del derecho en controversia, para lo cual basta que se pruebe de manera indiciaria ese derecho, en atención a que la suspensión provisional de los actos reclamados se equipara a una medida cautelar, cuya finalidad es preservar las cosas en el estado que se encuentran al momento de concederse. En la especie se considera colmado este requisito en virtud de que la parte quejosa reclama una resolución en la que se cuantificó la condena del laudo y se les condenó la cantidad fijada en el incidente de liquidación dictado en su contra en el juicio natural, y, por tanto, esa sola circunstancia le da el carácter de parte quejosa con interés presuntivo en obtener la suspensión del acto reclamado, ya que el hecho de ser parte formal condenada en el juicio natural, trae como consecuencia una presunción legal de que la resolución reclamada puede afectar sus derechos o intereses que son materia de cuestionamiento en la etapa de ejecución del laudo en tal procedimiento de origen. 2.- Que no se siga perjuicio al interés social, ni se contravengan disposiciones de orden público. Igualmente se estima cubierto este requisito de procedencia de la medida cautelar que se peticiona, en virtud de que hasta este momento no existen indicios que acrediten que con la suspensión de los efectos del acto reclamado se actualice o puede actualizarse alguna de las hipótesis previstas en el artículo 129 de la Ley de Amparo vigente, en las que el legislador considera que se siguen perjuicios al interés social o se contravienen disposiciones de orden público. Además, en el caso concreto, con base en el análisis integral de la demanda de garantías, aunado a los principios de apariencia del buen derecho y del peligro en la demora, de conformidad con lo dispuesto en la fracción X del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, este juzgador, atendiendo a la naturaleza de los actos reclamados por la parte quejosa y ponderando el interés social, y tomando en cuenta además la naturaleza de la violación alegada, se advierte que tal parte quejosa está legitimada para solicitar la suspensión provisional de los actos reclamados, ello en atención a que de la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa puede resentir un perjuicio con la materialización de las consecuencias del acto reclamado y, por ende, de esa forma se acredita de manera presuntiva que le asiste interés en obtener la medida cautelar, esto es, demuestra presuntivamente un derecho respecto del cual recae el acto que se estima inconstitucional, pues con lo anterior genera la convicción de que el acto reclamado afecta real y directamente sus derechos tutelados en nuestra Carta Magna. Por tanto, a fin de evitar daños y perjuicios a la parte quejosa y conservar viva la materia del juicio, debe concederse la suspensión solicitada, ya que tal medida cautelar no lesiona el interés social ni el orden público, como se precisó en líneas precedentes. En tal virtud, establecida la procedencia de la medida de que se trata, con fundamento en el artículo 139 de la Ley de Amparo vigente, SE CONCEDE LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL solicitada por la parte incidentista, para el efecto de que las cosas se mantengan en el estado que actualmente guardan, esto es, para que las cantidades que fueron cuantificadas en la resolución reclamada no sea exigida al incidentista, hasta en tanto se dicte resolución interlocutoria que resuelva sobre la suspensión definitiva. Sin que obste a lo anterior la circunstancia de que en el caso concreto exista un laudo dictado a favor del tercero interesado en el juicio laboral de origen, ya que si bien es verdad que la ley obliga a asegurar la subsistencia del trabajador, también lo es que de la lectura integral de la demanda de amparo, se advierte que se trata de la inclusión de una determinada cantidad en el pago de una pensión jubilatoria y, por tanto, con el otorgamiento de la suspensión en los términos en que se hace, no se pone en peligro la subsistencia del tercero interesado Carlos Alamilla Coj. La anterior medida cautelar concedida surte sus efectos desde luego, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 136 de la nueva Ley de Amparo, sin que sea el caso de requerir garantía alguna a la parte incidentista en razón de que el artículo 7, párrafo segundo, de la Ley de Amparo establece que las personas morales oficiales estarán exentas de prestar las garantías que la ley exige a las partes y, por tanto, en la especie, la quejosa Instituto Mexicano del Seguro Social, por su naturaleza de personas morales oficiales se encuentran exentas de otorgar la garantía a que se refiere el artículo 132 de la ley en cita, para garantizar los posibles perjuicios que se puedan causar al tercero interesado con motivo de la concesión de la suspensión, puesto que aun cuando actúe desprovisto de imperio, ello no implica que pierda su calidad de persona moral oficial. Ahora bien, toda vez que la suspensión provisional de los actos reclamados fue concedida a la parte quejosa, notifíquese personalmente el presente acuerdo al tercero interesado: 1.- **** -parte actora-, con domicilio en la ... ciudad. Pudiendo ser emplazado por conducto de su apoderado legal. Ahora bien, toda vez que el domicilio proporcionado de dicha parte, se encuentra en la jurisdicción de la residencia de este Juzgado Federal y con apoyo en los artículos 115 y 116, relacionados con los diversos numerales 26, fracción I, inciso b) y 27, fracción I, todos de la Ley de Amparo, túrnense los autos a la ACTUARIA JUDICIAL correspondiente, para que proceda a notificarle personalmente el presente proveído. En otro orden de ideas, con fundamento en lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 143 de la ley de amparo, téngase como pruebas de la parte incidentista la documental en copia certificada con que la promovente acreditó la personalidad como apoderado legal de la quejosa, misma que obra glosadas en autos. Con fundamento en el artículo 27 fracción I, téngase como domicilio en esta ciudad para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa el señalado en el encabezado del escrito de demanda; como su autorizado en amplios términos que impone el artículo 12 de la ley de amparo a *** toda vez que cuentan con su cédula profesional inscrita en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho del Consejo de la Judicatura Federal y con las restricciones que impone a las restantes personas citadas para tales efectos, habida consideración que la presente demanda versa en materia laboral y quien promueve es la parte patronal.

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