Carlos Akira Sato Sato

Expediente 1652/2019 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 30 de diciembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1652/2019
Año
2019
Actuaciones
2
Última actuación
30/12/2019

Partes del expediente

  • Carlos Akira Sato Sato

Actuaciones

  1. Principal

    Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, por disposición expresa del numeral 2° de la Ley de Amparo, téngase por recibido escrito firmado digitalmente por ***, mediante el cual manifiesta que se desiste del presente juicio de amparo. En consecuencia, con fundamento en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia se le requiere para que dentro del término de TRES DÍAS, contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación de este proveído, ratifique el escrito de cuenta, apercibido que de no hacerlo en el tiempo y forma indicados, se tendrá por no presentado. De conformidad con lo establecido en el sexto artículo transitorio de la Ley de Amparo, resulta aplicable, la tesis de jurisprudencia 2a./J. 119/2006, visible a página 295, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XXIV, Agosto de 2006, Novena Época, del rubro siguiente: "DESISTIMIENTO EN EL AMPARO. DEBE SER RATIFICADO POR EL QUEJOSO.". No obstante lo anterior, hágase del conocimiento a la parte quejosa que en determinación de veintisiete de diciembre de dos mil diecinueve, fue desechada su demanda de amparo.

  2. Principal

    Se tiene por recibido el ocurso de demanda suscrito por ****, personalidad que acredita en términos del instrumento notarial que exhibe electrónicamente. ANOTACIONES En consecuencia, se ordena formar el expediente correspondiente, capturar su ingreso en el Libro de Gobierno de este juzgado con el número 1652/2019-IV-A, y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); asimismo, de conformidad con el artículo 21 del Acuerdo General Conjunto Número 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, intégrese tanto el expediente impreso como el electrónico. PROCEDENCIA DE LA DEMANDA Ahora bien, del escrito de demanda se obtiene que el impetrante de amparo reclama: "III. ACTOS RECLAMADOS a) La falta o ausencia de respuesta respecto del escrito presentado con fecha 21 de noviembre de 2019 ante la Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de México "2" con sede en México, del Servicio de Administración Tributaria, a través del cual se atendió el "Atento Exhorto" identificado con el número de folio SAS330310QN7/01/2019, escrito por que se exhibió diversa información y documentación de mi representado relacionada con los ingresos obtenidos en los años 2017 y 2018." Tal precisión se realiza, con fundamento en el artículo 74 de la Ley de Amparo, en atención a la obligación del Juez de Distrito de analizar en su integridad la demanda de amparo, buscando qué realmente pretende impugnar el quejoso y no solamente lo que en apariencia indicó. A lo expuesto resulta aplicable, la jurisprudencia P./J. 40/2000 con registro 192097, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, visible en la página 32 del Tomo XI, Abril de 2000, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dispone: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo.". Previo a la admisión o desechamiento de la demanda de amparo, es menester establecer que en términos de lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se debe analizar el escrito de demanda para saber si existe o no un motivo manifiesto e indudable de improcedencia y, en tal supuesto, debe desecharse de plano la demanda. En efecto, el artículo 113 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." En esencia, lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda, mientras que lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultaría factible formarse convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Tiene aplicación la jurisprudencia I.1o.A. J/4, publicada en la página 890, Tomo VII, Mayo de 1998, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, con número de registro 196196, que establece: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes.". En ese sentido, toda vez que el estudio de las causas de improcedencia debe hacerse de oficio, en términos de lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo, a continuación se analiza la que se actualiza, esto es, la contenida en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso numeral 8, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ambos interpretados en sentido contrario; preceptos legales que se citan a continuación: "(.) Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 8o.- Los funcionarios y empleados públicos respetarán el ejercicio del derecho de petición, siempre que ésta se formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa; pero en materia política sólo podrán hacer uso de ese derecho los ciudadanos de la República. A toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, la cual tiene obligación de hacerlo conocer en breve término al peticionario." El acto que por esta vía se reclama, consistente en la omisión de la responsable de contestar su petición formulada el veintiuno de noviembre de dos mil diecinueve; resulta improcedente pues se estima que no ha transcurrido un plazo razonable para efectos de emitir la respuesta respectiva, considerando la fecha de la presentación del escrito de la petición y la promoción del amparo. Resulta conveniente destacar que el artículo 8º constitucional, en el cual se reconoce el derecho fundamental de petición, no establece un plazo determinado para que las autoridades den respuesta a las solicitudes formuladas por los gobernados. En su segundo párrafo se limita a señalar que el acuerdo recaído a la petición deberá hacerse del conocimiento del solicitante en un "breve término", sin que se haya establecido un referente temporal definido. Ante tal indefinición, los Tribunales de la Federación han emitido diversos criterios en los que han sostenido que el plazo con que cuentan las autoridades para emitir una respuesta a las solicitudes formuladas por los gobernados es aquel en que racionalmente pueden estudiarse y acordarse, atendiendo a las particularidades del caso concreto y a la naturaleza de la petición. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis aislada de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 39 del Semanario Judicial de la Federación, Volumen CXXIII, Tercera Parte, que dispone: "PETICION, DERECHO DE. CONCEPTO DE BREVE TÉRMINO. La expresión "breve término" a que se refiere el artículo 8 constitucional, es aquél en que racionalmente puede estudiarse una petición y acordarse.". De conformidad con lo anterior, se estima que el hecho de que en el ámbito jurídico se haya aceptado con cierta uniformidad que el "breve término" a que se refiere el artículo 8º constitucional no debe exceder de cuatro meses, no constituye una habilitación irrestricta para que en cualquier caso las autoridades puedan extender la falta de respuesta a las peticiones dirigidas por los gobernados hasta la conclusión de dicho plazo. En cambio, la regularidad constitucional del silencio de las autoridades se encontrará determinada por la razonabilidad de las condiciones que, en su caso, hayan originado la dilación en la respuesta de la solicitud, para lo cual resulta útil atender al concepto de "plazo razonable". Se afirma lo anterior, pues la situación que regula el artículo 8° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en torno al derecho que tiene un gobernado de que la autoridad a la que formule una petición en las condiciones establecidas en dicho precepto, le dé respuesta en un breve término, guarda una relación de similaridad con la referida al tiempo de resolución de un proceso judicial, en tanto que no es dable fijar un plazo genérico para el cumplimiento de la obligación de dar respuesta al gobernado, sino que deben atenderse las circunstancias específicas de cada caso. Además, la interpretación del contenido de los derechos humanos debe ir a la par de la evolución de los tiempos y las condiciones actuales de vida, por lo que sus alcances no se limitan al texto expreso de la norma en que se reconozcan aquéllos, sino que se robustece con la interpretación evolutiva o progresiva que hagan los tribunales de constitucionalidad nacionales, como intérpretes últimos de sus normas fundamentales, así como con la interpretación que hagan los organismos internacionales, intérpretes autorizados en relación con tratados específicos, en una relación dialéctica. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis sustentada por el Primer Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en el Distrito Federal y Jurisdicción en toda la República, apreciable en la página 2004, Libro 19, Junio de 2015, Tomo III, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, cuyo epígrafe y contenido son: "DERECHO FUNDAMENTAL DE PETICIÓN. PARA DETERMINAR SU ALCANCE Y CONTENIDO, PUEDE ATENDERSE AL CONCEPTO DE "PLAZO RAZONABLE" DESARROLLADO POR LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, EN APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE PROGRESIVIDAD. En la tesis 1a. CDV/2014 (10a.), publicada en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 21 de noviembre de 2014 a las 9:20 horas y en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 12, Tomo I, noviembre de 2014, página 714, de título y subtítulo: "DERECHOS HUMANOS. SU CONTENIDO NO SE LIMITA AL TEXTO EXPRESO DE LA NORMA QUE LO PREVÉ, SINO QUE SE EXTIENDE A LA INTERPRETACIÓN QUE LOS ÓRGANOS AUTORIZADOS HAGAN AL RESPECTO.", la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostuvo el criterio consistente en que el contenido de los derechos humanos no se limita al texto expreso de las normas que los reconocen, sino que se robustece con la interpretación evolutiva o progresiva que al respecto realicen tanto los tribunales de constitucionalidad nacionales, como los organismos internacionales autorizados en la materia. Así, en nuestro sistema jurídico, el derecho fundamental de petición se reconoce en el artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cuyo texto no dispone un plazo determinado para que las autoridades den respuesta a las solicitudes formuladas por los gobernados, pues su segundo párrafo se limita a señalar que el acuerdo recaído a la petición deberá hacerse del conocimiento del solicitante en "breve término", sin que establezca un referente temporal concreto. Ante esa indefinición, en aplicación del principio de progresividad previsto en el artículo 1o., párrafo tercero, de la Constitución Federal, válidamente puede atenderse al concepto de "plazo razonable" desarrollado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos a partir de los artículos 7, numeral 5 y 8, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, con la finalidad de determinar el alcance y contenido del derecho mencionado.". Entonces, por los razonamientos vertidos, como se adelantó, de una interpretación progresiva el silencio de la autoridad se encontrará determinado por la razonabilidad de las condiciones que, en su caso, hayan originado la dilación en la respuesta de la solicitud, para lo cual resulta útil atender al concepto de "plazo razonable". Precisado lo anterior, si la parte quejosa presentó su petición ante la autoridad responsable el veintiuno de noviembre del año en curso, en tanto que la demanda de amparo fue recibida el veintiséis de diciembre de dos mil diecinueve en la oficialía de parte de este juzgado, por ende, es inconcuso que no ha transcurrido un breve término ó plazo razonable, a afecto de que la autoridad responsable dé contestación a su escrito de petición, pues dicho plazo no resulta prudente a efecto de proporcionarle la respuesta, dado que su petición se encuentra encaminada a regularizar su situación fiscal ante la autoridad responsable. Se cita al caso la tesis I.1°.A.E.64 A (10ª.), emitida por los Primer Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en el Distrito Federal (ahora Ciudad de México) y Jurisdicción en toda la República, publicada en la página 2003 del Libro 19, Junio de 2015, Tomo III, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, cuya literalidad es: "DERECHO FUNDAMENTAL DE PETICIÓN. LAS CONDICIONES QUE DETERMINAN LA RAZONABILIDAD DE LOS PLAZOS EN LOS QUE DEBEN DESARROLLARSE LOS PROCESOS JUDICIALES, SOSTENIDAS POR LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, SON APLICABLES AL "BREVE TÉRMINO" A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 8o. DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL QUE LO PREVÉ. La Corte Interamericana de Derechos Humanos sostiene, consistentemente, que la razonabilidad de los plazos en los que deben desarrollarse los procesos judiciales, en términos de los artículos 7, numeral 5 y 8, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, está determinada por: la complejidad del asunto, la actividad procesal del interesado y la conducta de las autoridades, de manera que la justificación de la dilación de una decisión judicial depende de las circunstancias concretas que concurran en el asunto de que se trate. Por su parte, la situación que regula el artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en torno al derecho fundamental que tiene un gobernado de que la autoridad a la que formule una petición en las condiciones establecidas en dicho precepto, le dé respuesta en "breve término", guarda similitud con la referida al tiempo de resolución de un proceso judicial. Consecuentemente, las condiciones que determinan la razonabilidad indicada le son aplicables, en tanto que no es dable fijar un plazo genérico para el cumplimiento de la obligación de dar respuesta al gobernado, sino que debe atenderse a las circunstancias específicas de cada caso, como pueden ser las relacionadas con su complejidad técnica, jurídica y material, con la actividad que el solicitante hubiera desplegado en seguimiento a su petición, con la que las autoridades hayan llevado a cabo para dar respuesta y sus cargas de trabajo, lo cual corresponde al concepto de "plazo razonable descrito.". De ahí que en la especie se actualiza la causa de improcedencia invocada, prevista en la fracción XXIII en el artículo 61, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso numeral 8, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ambos interpretados en sentido contrario; por lo que debe desecharse de plano la demanda de amparo, promovida por José Alejandro Luna Monroy, apoderado legal del quejoso, Carlos Akira Sato Sato, contra actos del Titular de la Administración Desconcentrada de Auditoria Fiscal de México "2" con sede en México, del Servicio de Administración Tributaria. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Por otra parte, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones las listas, lo anterior hasta en tanto señale domicilio para tal efecto dentro de la residencia de este Órgano Jurisdiccional (municipio de Naucalpan de Juárez). Ahora bien, dada la naturaleza del presente acuerdo, se ordena por única ocasión notificar personalmente a la parte quejosa del presente auto, por ello, comisiónese al actuario judicial de la adscripción, para que se constituya en el domicilio señalado en el escrito de demanda, sito en Viveros de Tlalnepantla, número 71, local B1, Viveros de la Loma, código postal 54080, municipio de Tlalnepantla, Estado de México, y le notifique el presente auto. Asimismo, ténganse como autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a María Lizbeth Ortiz Aguilar, Luis Ernesto Hernández Luna, Alejandro Romero Pérez de León y Mayra Jazmín Cortes Martínez y en términos de la parte final del segundo párrafo del numeral en cita a las demás personas que refiere; en virtud de no tener permiso temporal para ejercer la abogacía registrado en este Juzgado, como tampoco en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. CONSULTA ELECTRÓNICA Atento a lo anterior, y de conformidad con el artículo 3° de la Ley de Amparo, que reglamenta la posibilidad para enviar y recibir promociones, documentos, comunicaciones y notificaciones oficiales, así como consultar acuerdos, resoluciones y sentencias relacionadas con los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales, sea de forma impresa o electrónica, mediante el empleo de las tecnologías de la información; y en virtud de que los autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo de la parte quejosa se encuentran registrados en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, bajo los nombres de usuario "alabama88", "alejandrorpl" y "maycol", se les autoriza para consultar vía internet las actuaciones del presente juicio de amparo. En atención a su contenido y toda vez que proporcionó los nombres de los usuarios que les fueron otorgados para tal efecto, los cuales son: "alabama88", "alejandrorpl" y "maycol"; y de la revisión efectuada en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), se observa que los citados usuarios se encuentran dados de alta, correspondiéndole los nombres de Luis Ernesto Hernández Luna, Alejandro Romero Pérez de León y Mayra Jazmín Cortes Martínez, respectivamente; por tanto, se satisface el requisito señalado para dicho fin. En tal virtud, instrúyase a la analista jurídico del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.) a efecto de que le permita el acceso a la consulta del presente expediente vía electrónica a la quejosa. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES PARA LOS ACTUARIOS Y SECRETARIOS En términos del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles para que los actuarios o secretarios adscritos a este Juzgado puedan realizar las diligencias inherentes a sus funciones, cuando exista causa urgente que lo exija, debiendo hacerlo constar en el acta que se levante para tal efecto. PRUEBAS Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene por exhibida la documental que adjunto electrónicamente a su escrito de demanda, asimismo, se tienen por anunciadas las diversas pruebas presuncional en su doble aspecto (legal y humana) e instrumental de actuaciones, relativas al juicio de amparo en que se actúa, sin perjuicio de relacionarlas en la audiencia constitucional. SOLICITUD DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Con fundamento en la circular 12/2009 emitida por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza a la parte quejosa como a sus autorizados el uso de dispositivos electrónicos, para la reproducción de las actuaciones que generen en el expediente en que se actúa. Da sustento a lo anterior, el criterio emitido por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver la tesis I.1º.A.23 K (10a.), publicada en la Décimo Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo II, abril de dos mil quince, página mil ochocientos treinta, del rubro siguiente: REPRODUCCIÓN DE CONSTANCIAS DEL EXPEDIENTE DE AMPARO. LAS PARTES Y SUS AUTORIZADOS PARA IMPONERSE DE LOS AUTOS, PUEDEN EMPLEAR CÁMARAS FOTOGRÁFICAS U OTROS MEDIOS ELECTRÓNICOS, SIN QUE DEBAN LIMITARSE A LOS PROVEÍDOS DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013).

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