Carlos Aguilar Guzman
Expediente 661/2023 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán. 20 actuaciones registradas, la última del 7 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 661/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 20
- Última actuación
- 07/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Carlos Aguilar Guzman
- Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional en Michoacán
Actuaciones
Las 4 más recientes de 20.
- Principal
Se notifica a la parte quejosa por medio de lista que se fija en un lugar visible de este juzgado, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), el proveído y/o resolución de 30 de octubre de dos mil veintitrés, lo anterior de conformidad con el artículo 27, fracción I, inciso c), de la Ley de Amparo.
- Principal
La parte quejosa invocó como derechos fundamentales violados en su perjuicio, los contenidos en el artículo 1, 6, 8, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Segundo. Admisión y trámite de la demanda. Por razón de turno correspondió conocer de la demanda a este Juzgado de Distrito; se registró con el número 661/2023, se admitió mediante proveído de dos de junio del año en curso (foja 6), se solicitó a las autoridades responsables su informe justificado y se dio vista al Agente del Ministerio Público Federal de la adscripción la intervención legal que le compete. En auto de seis de julio de esta anualidad (foja 124) se reconoció el carácter de tercero interesado a Grupo Radio Fórmula y se ordenó su emplazamiento, el cual se realizó por medio de lista, previo citatorio (fojas 174-177). Seguido el juicio por su cauce legal, el día de hoy tuvo verificativo la audiencia constitucional, al tenor del acta que antecede, por lo que ahora se procede a dictar sentencia al tenor de las siguientes: CONSIDERANDOS: Primero. Competencia. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, tiene competencia legal para conocer y resolver el presente juicio de amparo, en términos de lo previsto por los artículos 103, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, 49 y 57 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como en el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y sus modificaciones, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana, así como al número, jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito, dado que en el caso se reclama una resolución emitida por una autoridad administrativa con residencia en esta ciudad, dentro de la cual el suscrito tiene jurisdicción. Segundo. Fijación del acto reclamado. Conforme a lo establecido por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, lo procedente es fijar el acto reclamado. Al respecto resulta aplicable la tesis aislada P. VI/2004, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del siguiente contenido y rubro: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." En ese contexto, de conformidad con el citado precepto legal, con el criterio mencionado y atendiendo además el contenido de las constancias que obran en autos, el acto reclamado por la parte quejosa consiste en: Acto reclamado: *La entrega, difusión, reproducción, transmisión y exhibición de documentos que contienen datos de carácter personal del quejoso, sin previa autorización y/o consentimiento del quejoso, en cuanto titular de los mismos. Acto que se atribuye a las autoridades responsables siguientes: 1. Instituto Michoacano de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Estado de Michoacán de Ocampo; y 2. Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional de Michoacán. Ambas autoridades con residencia en esta ciudad. Cobra aplicación al caso la jurisprudencia, P./J. 40/2000, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del siguiente rubro y contenido: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." Tercero. Certeza del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado al Instituto Michoacano de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Estado de Michoacán de Ocampo, pues así se advierte del informe justificado que obra a partir de la foja 37. Determinación de certeza que, en términos de lo dispuesto en el artículo 117, cuarto párrafo, de la Ley de Amparo, se impone hacer extensiva a la autoridad Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional de Michoacán, ya que fue omisa en rendir su informe justificado, pese a que fue debidamente emplazada, como se aprecia del acuse respectivo que obra a foja 14. Por tanto, se tiene por demostrada fehacientemente la existencia del acto que se combate, como indica la jurisprudencia 278, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Tomo VI, Común, Jurisprudencia SCJN, del Apéndice 2000, al Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, materia común, con número de registro 917812, que dice: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Por lo que respecta al valor acreditativo de los documentos públicos, es ilustrativa la jurisprudencia 226 emitida por el Pleno de la Suprema corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 153 del Apéndice de 1995, Tomo VI, Parte SCJN, Materia Común, Quinta Época, registro 394182, de rubro y texto: "DOCUMENTOS PUBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena". Cuarto. Estudio de las causales de improcedencia. La procedencia del juicio de amparo constituye un presupuesto procesal que debe estudiarse por el juzgador, aun de oficio, antes de examinar las cuestiones de fondo de la litis constitucional lo aleguen o no las partes, de conformidad con lo establecido en el artículo 62 de la Ley de Amparo. Sin embargo, este juzgador no advierte -de manera oficiosa- la existencia de alguna causal ni las partes hicieron valer; por lo que se procede realizar el estudio de la constitucionalidad del acto reclamado. Quinto. Estudio de los conceptos de violación. El promovente del amparo hizo valer los conceptos de violación expuestos en su demanda, mismos que se tienen aquí por reproducidos como si al efecto se transcribiesen, en obvio de repeticiones innecesarias, pues este juzgador no se encuentra obligado a hacerlo, acorde con lo dispuesto en la jurisprudencia por contradicción de tesis 2a./J. 58/2010, de rubro y texto siguientes: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." Sintetizados los argumentos que hace valer el quejoso en sus conceptos de violación, se pueden resumir en las tres cuestiones que a continuación se anotan: 1. Las autoridades responsables estaban obligadas a obtener su consentimiento, previo a ordenar y entregar la información solicitada que contiene su datos personales y reservados, tales como sus ingresos, número de cuenta, institución financiera ante la cual se encuentra aperturada; 2. La entrega de esa información viola su derecho al secreto bancario; y, 3. La información solicitada que contiene sus datos personales no es de interés público, porque la misma está disponible en el sitio web de transparencia, la cual contiene los sueldos y salarios que percibe cada empleado en su servicio. Conceptos de violación que son infundados, como a continuación se demostrará; para hacerlo, primeramente debe señalarse como contexto del asunto que nos ocupa, lo señalado por la autoridad responsable Instituto Michoacano de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Estado de Michoacán de Ocampo, en el sentido que, el tres de marzo del año en curso, Grupo Radio Fórmula, presentó a través de la Plataforma Nacional de Transparencia PNT, solicitud de acceso a la información, la cual se registró bajo el folio 161282323000191, en la que se solicitó al Partido Acción Nacional, en su calidad de sujeto obligado, lo siguiente: En atención a ello, el veintidós de marzo del año que transcurre, el sujeto obligado Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional de Michoacán, notificó a la parte solicitante, a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, la respuesta emitida en sentido negativo, bajo el argumento esencial que la información solicitada tiene el carácter de confidencial: Inconforme con dicha negativa de información, el veinticuatro de marzo de este año, Grupo Radio Fórmula interpuso recurso de revisión a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, el cual se registró con el número de procedimiento IMAIP/REVISIÓN/0375/2023, mismo que fue resuelto mediante sentencia de veinticuatro de mayo de dos mil veintitrés por el Pleno del Instituto Michoacano de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Estado de Michoacán de Ocampo, la cual culminó con los resolutivos que se anotan: Establecido lo anterior, con relación al primer punto relativo a que, las autoridades responsables estaban obligadas a obtener su consentimiento, previo a ordenar y entregar la información solicitada que contiene su datos personales y reservados, tales como sus ingresos, número de cuenta e institución financiera ante la cual se encuentra aperturada; debe señalarse que dicha apreciación es incorrecta, conforme al marco jurídico aplicable al asunto que nos ocupa, esto es, conforme a la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, cuya aplicación deriva obligatoria de lo dispuesto en el artículo 1° que señala: "Artículo 1. La presente Ley es de orden público y de observancia general en toda la República, es reglamentaria del artículo 6o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de transparencia y acceso a la información. Tiene por objeto establecer los principios, bases generales y procedimientos para garantizar el derecho de acceso a la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad de la Federación, las Entidades Federativas y los municipios." Como sujetos obligados se encuentran definidos en el artículo 23 de esa ley, cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en los ámbitos federal, de las Entidades Federativas y municipal, quienes están obligados a transparentar y permitir el acceso a su información y proteger los datos personales que obren en su poder. De esta forma, podemos establecer que en el asunto que nos ocupa, el Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional de Michoacán tiene la calidad de sujeto obligado en posesión de los datos personales del aquí quejoso; no así, el Instituto Michoacano de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Estado de Michoacán de Ocampo, ya que éste último se trata de un organismo garante dotado de autonomía constitucional y con especialización en materia de acceso a la información y protección de datos personales, quien de conformidad con lo dispuesto en el artículo 89, de la citada Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, tiene como facultades el garantizar el ejercicio del derecho a la protección de datos personales en posesión de sujetos obligados; el interpretar dicha ley en el ámbito administrativo; el conocer y resolver los recursos de revisión que interpongan los titulares; el conocer y resolver, de oficio o a petición fundada por los organismos garantes, los recursos de revisión que por su interés y trascendencia así lo ameriten, el conocer y resolver los recursos de inconformidad que interpongan los titulares, en contra de las resoluciones emitidas por los organismos garantes, entre otras. Por lo mismo, el Instituto Michoacano de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Estado de Michoacán de Ocampo, al no constituir un sujeto obligado, no estaba obligado a obtener el consentimiento del quejoso, previo a ordenar y entregar la información solicitada que contiene sus datos personales y reservados Aclarado tal aspecto, tampoco es cierto que como lo afirma el quejoso, el Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional de Michoacán, en cuanto sujeto obligado, estuviera obligado a obtener su consentimiento, previo a entregar la información solicitada que contiene sus datos personales y reservados Lo que se afirma así, de acuerdo a lo dispuesto en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, la cual también tiene aplicación imperativa en esta entidad, conforme a lo dispuesto en su artículo 1°, que dispone: "Artículo 1. La presente Ley es de orden público y de observancia general en toda la República, reglamentaria de los artículos 6o., Base A y 16, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de protección de datos personales en posesión de sujetos obligados. Todas las disposiciones de esta Ley General, según corresponda, y en el ámbito de su competencia, son de aplicación y observancia directa para los sujetos obligados pertenecientes al orden federal. El Instituto ejercerá las atribuciones y facultades que le otorga esta Ley, independientemente de las otorgadas en las demás disposiciones aplicables. Tiene por objeto establecer las bases, principios y procedimientos para garantizar el derecho que tiene toda persona a la protección de sus datos personales, en posesión de sujetos obligados. Son sujetos obligados por esta Ley, en el ámbito federal, estatal y municipal, cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos. Los sindicatos y cualquier otra persona física o moral que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito federal, estatal y municipal serán responsables de los datos personales, de conformidad con la normatividad aplicable para la protección de datos personales en posesión de los particulares. En todos los demás supuestos diferentes a los mencionados en el párrafo anterior, las personas físicas y morales se sujetarán a lo previsto en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares." Como se ve, en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, se reitera que son sujetos obligados, en el ámbito federal, estatal y municipal, cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos. De esta forma, conforme al marco legal citado es posible arribar a la primera conclusión en el sentido que, la información personal del quejoso que en la actualidad se encuentra en posesión del Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional de Michoacán, es por principio pública y accesible a cualquier persona, en tanto se trata de información en posesión de un sujeto obligado (partido político), conforme al artículo 4° de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que establece que toda la información generada, obtenida, adquirida, transformada o en posesión de los sujetos obligados es pública y accesible a cualquier persona en los términos y condiciones que se establezcan en la propia ley, en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, la Ley Federal, las leyes de las Entidades Federativas y la normatividad aplicable en sus respectivas competencias; y que sólo podrá ser clasificada excepcionalmente como reservada temporalmente por razones de interés público y seguridad nacional, en los términos dispuestos en esa ley. Ahora, por lo que toca a si el consentimiento del quejoso se torna necesario para que el Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional de Michoacán, entregue o divulgue la información que contiene sus datos personales, debe señalarse que, aunque por principio es cierto que la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, en su artículo 7°, dispone que no pueden tratarse los datos personales sin el consentimiento expreso de su titular: "Artículo 7. Por regla general no podrán tratarse datos personales sensibles, salvo que se cuente con el consentimiento expreso de su titular o en su defecto, se trate de los casos establecidos en el artículo 22 de esta Ley." También lo es que, como lo señaló el Instituto Michoacano de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Estado de Michoacán de Ocampo, en la resolución reclamada, de conformidad con el artículo 30, apartado 1, inciso e), de la Ley General de Partidos Políticos, constituye información pública las remuneraciones ordinarias y extraordinarias que perciben los integrantes de los partidos políticos, así como de cualquier persona que reciba ingresos por parte de los mismos, independientemente de la función o cargo que desempeñe dentro o fuera de éste, tal y como se observa: Artículo 30. 1. Se considera información pública de los partidos políticos: a) Sus documentos básicos; b) Las facultades de sus órganos de dirección; c) Los reglamentos, acuerdos y demás disposiciones de carácter general, aprobados por sus órganos de dirección, que regulen su vida interna, las obligaciones y derechos de sus militantes, la elección de sus dirigentes y la postulación de sus candidatos a cargos de elección popular; d) El padrón de sus militantes, conteniendo exclusivamente el apellido paterno, materno, nombre o nombres, fecha de afiliación y entidad de residencia; e) [El directorio de sus órganos nacionales, estatales, municipales, del Distrito Federal y, en su caso, regionales, delegacionales y distritales;] Inciso reformado DOF 02-03-2023 Inciso declarado inválido y "recupera su vigencia con el texto que tenía al 2 de marzo de 2023" por sentencia de la SCJN a Acción de Inconstitucionalidad notificada para efectos legales el 23-06-2023 f) Las remuneraciones ordinarias y extraordinarias que perciben los integrantes de los órganos a que se refiere el inciso anterior, así como de cualquier persona que reciba ingresos por parte del partido político, independientemente de la función o cargo que desempeñe dentro o fuera de éste; g) Los contratos y convenios suscritos para la adquisición, arrendamiento, concesiones y prestación de bienes y servicios; h) Las plataformas electorales y programas de gobierno que registren ante el Instituto; i) Los convenios de frente, coalición o fusión que celebren, o de participación electoral que realicen con agrupaciones políticas nacionales; j) Las convocatorias que emitan para la elección de sus dirigentes o la postulación de sus candidatos a cargos de elección popular; k) [Los montos de financiamiento público otorgados en cualquier modalidad, a sus órganos nacionales, estatales, municipales y del Distrito Federal, durante los últimos cinco años y hasta el mes más reciente, así como los descuentos correspondientes a sanciones;] Inciso reformado DOF 02-03-2023 Inciso declarado inválido y "recupera su vigencia con el texto que tenía al 2 de marzo de 2023" por sentencia de la SCJN a Acción de Inconstitucionalidad notificada para efectos legales el 23-06-2023 l) Los informes que estén obligados a entregar en términos de lo dispuesto en la presente Ley, el estado de la situación patrimonial del partido político, el inventario de los bienes inmuebles de los que sean propietarios, tengan arrendados o estén en su posesión bajo cualquier figura jurídica, así como los anexos que formen parte integrante de los documentos anteriores, la relación de donantes y los montos aportados por cada uno; m) Resultados de revisiones, informes, verificaciones y auditorías de que sean objeto con motivo de la fiscalización de sus recursos, una vez concluidas; así como su debido cumplimiento; n) Sentencias de los órganos jurisdiccionales en los que el partido sea parte del proceso así como su forma de acatarla; o) Resoluciones dictadas por sus órganos de control interno; p) Las resoluciones relativas a garantizar los derechos de sus militantes, así como su cabal cumplimiento; q) Los nombres de sus representantes ante los órganos del Instituto; r) El listado de las fundaciones, centros o institutos de investigación o capacitación, o cualquier otro, que reciban apoyo económico del partido político; s) El dictamen y resolución que el Consejo General haya aprobado respecto de los informes a que se refiere el inciso l) de este párrafo, y t) La demás que señale esta Ley y las leyes aplicables en materia de transparencia. Bajo ese orden de ideas, si cualquier ingreso que reciba una persona por parte de algún partido político, sea en forma de remuneración o sea independiente de alguna función o cargo específico, constituye información pública; entonces, en el caso no se requería recabar el consentimiento del quejoso, porque dicho consentimiento aplica para aquella información que tiene la calidad de datos personales y en el caso, como la información solicitada del quejoso se vincula con ingresos provenientes de un partido político, por ley, dicha información tiene la calidad de información pública y por lo mismo, no está sujeta al otorgamiento de ese consentimiento. Sin que impida determinar lo anterior lo aducido por el quejoso, en el sentido que en dicha información se encuentran implícitos su datos confidenciales, tales como el número de cuenta y la institución financiera ante la cual se encuentra aperturada; ya que en la resolución reclamada el órgano garante determinó que el Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional de Michoacán, debería proporcionar la información requerida en versión pública, esto es, testando la información confidencial del quejoso relativa a su cuenta bancaria; incluso, señaló que de realizarse la prueba de daño, podrían testarse también los datos bancarios del sujeto obligado. De esta forma, dado que el órgano garante ordenó sólo la entrega de la información que legalmente ya es pública, esto es, de los ingresos que el quejoso ha recibido en su cuenta bancaria provenientes del Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional de Michoacán; y por lo que hace a la información confidencial relativa a la cuenta bancaria del quejoso, se ordenó la supresión de la misma, entonces, es evidente que tampoco se requería el consentimiento del quejoso, en tanto que, se ordenó que dichos datos confidenciales fueran testados. Respecto al argumento del peticionario del amparo en el sentido que la entrega de esa información viola su derecho al secreto bancario; debe señalarse que es igualmente incorrecta su apreciación, en tanto que dicha figura jurídica establecida por el legislador en el artículo 142, primer párrafo, de la Ley de Instituciones de Crédito, está dirigida específicamente a las autoridades bancarias y les impide brindar información, datos o documentación de sus clientes o usuarios, esto es, información personal del cliente. Al respecto, es necesario precisar que al secreto bancario lo debemos entender como el deber que tienen las instituciones de crédito de no dar noticias o proporcionar información de los depósitos, servicios o cualquier tipo de operaciones, salvo cuando así lo disponga la ley o cuando lo faculte el mismo cliente y el cual guarda relación con la vida privada de los gobernados en su condición de clientes o deudores de las entidades bancarias, en cuanto a que el acceso a la información no es de libre acceso, sino que se refiere a información privada o confidencial. De esta forma, el objetivo primordial del denominado secreto financiero o bancario, es la protección de la información relativa a los depósitos, servicios o cualquier tipo de operaciones de los que el gobernado es titular, en su condición de cliente o deudor de las entidades bancarias. Sin embargo, en el caso que nos ocupa, la figura jurídica del secreto bancario no tiene actualización, en primer lugar, porque la información que contiene los datos personales del quejoso y que está en posesión del Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional de Michoacán, ya no configura una información personal o reservada, sino como ya se dijo, pública y accesible a cualquier persona, en los términos del artículo 4° de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, porque se trata de información que está en posesión de un sujeto obligado. En segundo lugar, porque el secreto bancario está dirigido exclusivamente a las autoridades bancarias y les impide brindar información, datos o documentación de sus clientes o usuarios, de aquella información privada o confidencial cuyo acceso no es libre; empero, en el caso la información del quejoso está en posesión del Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional de Michoacán, quien tiene la calidad de un sujeto obligado y por lo mismo, dicha información no es personal o reservada, sino como ya se dijo, pública y accesible a cualquier persona, en los términos establecidos en el marco legal aplicable. En tercer lugar, porque como ya se dijo la única información que se va a entregar es la relativa a los ingresos reflejados en la cuenta bancaria del quejoso y transferidos por el Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional de Michoacán; no así sus datos confidenciales tales como el número de cuenta y la institución financiera ante la cual se encuentra aperturada, ya que en la resolución reclamada el órgano garante determinó que se debería proporcionar la información requerida en versión pública, esto es, testando la información confidencial del quejoso. De ahí que, como tercera conclusión sea posible señalar que tampoco es cierto que la entrega de la información personal del quejoso, en posesión del Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional de Michoacán, viole su secreto bancario. Finalmente, con relación al argumento del quejoso en el sentido que la información solicitada que contiene sus datos personales no es de interés público, porque la misma está disponible en el sitio web de transparencia, la cual contiene los sueldos y salarios que percibe cada empleado en su servicio; debe señalarse que, en términos de lo señalado en los párrafos que anteceden, es irrelevante si dicha información es o no de interés público, ya que, se insiste, al estar en posesión de un sujeto obligado, la misma tiene el carácter de pública y accesible a cualquier persona, de tal forma que, la calificación de su interés público no se erige como un obstáculo para su entrega o divulgación. En las condiciones apuntadas, lo que se impone es negar el amparo y protección de la justicia federal solicitados. Negativa que se hace extensiva al acto que se atribuye al Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional de Michoacán, dado que no se reclama por vicios propios, sino que su legalidad se hace depender de la resolución atribuida al Instituto Michoacano de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Estado de Michoacán de Ocampo. Sexto. Forma de publicación de la sentencia. En virtud de que las partes en este juicio no hicieron manifestación alguna respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, como se les hizo saber en el proveído en que se admitió la demanda de amparo; por tanto, esta sentencia estará a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, de conformidad con el procedimiento de acceso a la información gubernamental que contiene el nombre y datos personales, que se señala en el artículo 113, fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; en la inteligencia de que dichos datos se proporcionarán sin ser necesario su consentimiento cuando se actualice cualquiera de las hipótesis que precisa el precepto 117 de la ley referida, atento a los numerales 6° y 7° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia antes mencionada. Así, por lo expuesto y conforme a los artículos 73, 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, se resuelve: Primero. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Carlos Aguilar Guzmán, en contra del acto reclamado al Instituto Michoacano de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Estado de Michoacán de Ocampo y al Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional de Michoacán, por los motivos expuestos en el considerando quinto de esta resolución. Segundo. Publíquese la presente sentencia en los términos que se indican en el último considerando de este fallo. Notifíquese personalmente y mediante oficio a las autoridades responsables. Así lo resolvió y firma el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, hasta hoy treinta de octubre de dos mil veintitrés, en que lo permitieron las labores del juzgado, quien actúa asistido de la licenciada Karla Martínez Arenas, secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
En Morelia, Michoacán, a las once horas con treinta minutos del dieciséis de octubre de dos mil veintitrés, el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, ante la licenciada Isela Estefania Bueno Gallegos, secretaria adscrita a este órgano jurisdiccional, que autoriza y da fe, declara abierta la audiencia constitucional correspondiente al juicio de amparo 661/2023. Enseguida la secretaria da cuenta al Juez con la totalidad de constancias que obran en el expediente, que se encuentra debidamente integrado y guarda estado para dictar sentencia. El Juez acuerda: Con fundamento en los artículos 123 y 124 de la Ley de Amparo, téngase por hecha la relación de constancias para los efectos legales conducentes. Abierto el periodo probatorio se da cuenta al Juez con las documentales allegadas por las autoridades responsables. El Juez provee: Con apoyo en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por anunciadas, admitidas y desahogadas en razón de su propia y especial naturaleza las documentales que exhibió las autoridades responsables; asimismo, a las demás partes se les tiene por precluído el derecho para ofrecerlas. En el periodo de alegatos la secretaria hace constar que ninguna de las partes los formuló. El juez provee: Se declara precluido el derecho de las partes para formular alegatos. Una vez cerrado el periodo de alegatos, se da por concluida la presente audiencia y quedan los autos a la vista del juez para dictar sentencia.MAESTRO EN AMPARO JOSÉ RAMÓN ROCHA GONZÁLEZ, JUEZ SÉPTIMO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE MICHOACÁN.
- Principal
Morelia, Michoacán, cinco de octubre de dos mil veintitrés. Vista la cuenta precedente, agréguese a los autos el oficio de la Juez Tercera de Distrito en Materia Administrativa, con residencia en la Ciudad de México, por medio del cual devuelve diligenciado el exhorto 357/2023, por el cual se le encomendó emplazar a la parte tercera interesada Grupo Radio Fórmula. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y dése de baja el exhorto de referencia. Sin que sea necesario acusar recibo del exhorto de cuenta, en razón que el mismo se genera una vez enviada la presente comunicación por el medio que se trata. Ahora bien, dado que de las documentales remitidas por el juzgado homólogo se advierte que el emplazamiento encomendado se realizó siguiendo los lineamientos del artículo 27 de la Ley de Amparo, con fundamento en el artículo 5, fracción III, inciso a) de la mencionada Ley de Amparo, se tiene a la citada tercera parte, emplazada al presente juicio. Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido de la licenciada Angélica Estefanía Aponte Ayala, secretaria que autoriza y da fe.
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