Carlos Adrián Soto Almaraz
Expediente 860/2022 tramitado ante el Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 2 actuaciones registradas, la última del 19 de diciembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 860/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 19/12/2022
Partes del expediente
- Carlos Adrián Soto Almaraz
Actuaciones
- Principal
RESUELVE: PRIMERO. Se sobresee en el presente juicio de amparo que promovió... por los motivos y fundamentos expuestos en el considerando cuarto de la presente resolución. SEGUNDO. En su oportunidad hágase la captura correspondiente en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes.
- Principal
Vista la demanda de amparo promovida por Carlos Adrián Soto Almaraz, contra actos del Juez Sexto de lo Civil de este Partido Judicial, con sede en esta ciudad; en consecuencia, fórmese y regístrese el expediente número 860/2022; con fundamento en los artículos 103, fracción I, 107, fracciones I y VII de la Constitución Federal, 1o., párrafo primero, 2, 33, fracción IV, 35, 37, 107, 108, 112, 115, 116, 117 y demás relativos de la Ley de Amparo, se admite la demanda; sin tramitarse el incidente de suspensión por no haberse solicitado expresamente; pídase informe justificado a la autoridad responsable, quien deberá rendirlo dentro del término de quince días, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 117 de la legislación invocada, acompañándole al efecto copia simple del escrito inicial de demanda, en observancia a lo dispuesto en el diverso ordinal 116 de la ley de la materia. Se señalan las diez horas con diez minutos del diecinueve de diciembre de dos mil veintidós, para llevar a cabo la audiencia constitucional en este juicio. En relación con lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52 bis, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio consejo, vigente a partir del siete de noviembre de dos mil veintidós; hágase saber a las partes que para el trámite del presente asunto, de resultar necesario se podrán realizar diligencias, recibir alegatos y celebrar la audiencia constitucional a través de los medios tecnológicos disponibles. Requiérase a la autoridad responsable para que con su informe justificado remita copia certificada completa y legible de las constancias para apoyarlo, así como de las necesarias para la solución del juicio constitucional, en caso de tener actos que justificar, tal y como lo exige el artículo 117 de la Ley de Amparo, con el apercibimiento que de no rendir su informe, o de hacerlo sin remitir las constancias antes indicadas, se le impondrá multa de cien veces el valor diario de la unidad de medida y actualización, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 260, fracción II, en relación con el diverso ordinal 238, de la invocada legislación. Por otra parte, hágase del conocimiento de la autoridad responsable que conforme lo dispone el artículo 28 de la Ley de la materia, está obligada a recibir el oficio que se le dirija, aun cuando su denominación no sea la actual pero lleve a cabo la función de la autoridad que señala la parte quejosa. La notificación surtirá todos sus efectos legales, desde que se entregue el oficio respectivo, ya sea a la propia autoridad responsable o al encargado de recibir la correspondencia en su oficina; y si se negare a recibir dicho oficio, se tendrá por hecha la notificación, será responsable de la falta de cumplimiento de la resolución que contenga y podrá hacerse acreedora a una multa de cien Unidades de Medida y Actualización, que establece el artículo 245 de la Ley de la materia. En ese sentido, se requiere a la autoridad responsable para que al momento de rendir su informe justificado indique cuál es su denominación correcta, o bien, las razones por la que la autoridad a quien se encuentra dirigida la comunicación es inexistente; asimismo, en el supuesto de que dicho informe se rinda en representación de la autoridad señalada como responsable, deberá hacer constar tal circunstancia en el oficio correspondiente. Por tanto, se hace del conocimiento de la parte quejosa que si la autoridad responsable no existe con la denominación que indica en su demanda, se suspenderá comunicación con la citada y, en su oportunidad, se resolverá conforme su inexistencia, salvo prueba en contrario o que se corrija el señalamiento en la denominación de la autoridad responsable, ya que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 108, fracción III, de la Ley de Amparo, es una obligación a su cargo señalar con precisión a la autoridad responsable; en la inteligencia de que de existir prueba en contrario o en la hipótesis de que se corrija el señalamiento de la denominación de la autoridad, se tomará en consideración en su oportunidad. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 64 de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, se previene a las partes para que en caso de que tengan conocimiento de alguna causa de sobreseimiento, la comuniquen de inmediato y de ser posible acompañen las constancias que la acrediten, con el apercibimiento que de no hacerlo así, se les impondrá multa de treinta veces el valor diario de la unidad de medida y actualización, de conformidad con lo establecido en el arábigo 251, de la ley de la materia. En términos de lo señalado en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene a la quejosa ofreciendo como prueba de su parte, la documental que acompañó a su escrito inicial de demanda, de la cual se acordará lo relativo a su admisión y desahogo en la audiencia constitucional que en este juicio se celebre. En términos de lo dispuesto en el artículo 5°, fracción IV de la Ley de Amparo, dese al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, la intervención que legalmente le compete, corriéndole traslado con copia simple de la demanda de amparo. En otro orden, se tiene a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el precisado en el proemio de la demanda; como autorizados de su parte, en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Juan Pablo Martín Ornelas, Felipe Salcedo Ruvalcaba, Marco Antonio Mejía Cisneros y Juan Gabriel Mejía Cisneros, cuyas cédulas profesionales se encuentran registradas en la base de datos relativa al establecimiento del Sistema Computacional para el Registro Único de Profesionales de Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación, de dieciocho de julio de dos mil cinco, así como únicamente para imponerse de autos y recibir notificaciones a Mayerling Rochin Soto, por así haberlo solicitado el promovente. Asimismo, se autoriza para oír y recibir notificaciones e imponerse de autos a Fredy Miguel Rentería Bojórquez, en virtud de no tener registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. En otro aspecto, respecto a la solicitud que formula en el sentido que se le autorice el uso de los medios y servicios electrónicos a través de la página oficial http://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea, respecto al juicio de amparo 860/2022-D del índice de este órgano jurisdiccional, con el usuario licjpmo. Dado que de la certificación secretarial de cuenta, se aprecia el estado de vigencia en el que se encuentra el certificado digital (Firel), conforme lo previsto en el Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, así como en el Acuerdo General Conjunto 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los Servicios Tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, expedido el uno de diciembre de dos mil quince, en sus artículos 10 y 14, así como en el artículo 5, párrafo segundo, del diverso Acuerdo General Conjunto Número 1/2013, en relación con el dispositivo legal 3 de la Ley de Amparo, se autoriza a Juan Pablo Martín Ornelas cuenta con el usuario licjpmo, para que realice la consulta en línea del juicio de amparo 860/2022-D, del índice de este órgano jurisdiccional; quien también podrá presentar las promociones, documentos y medios de prueba que considere necesarios. De igual forma, como lo solicita se hace de su conocimiento que acorde a lo establecido en los artículos 26, fracción IV, 30, fracciones I, II y III y 31 fracciones II y III, todos de la Ley de Amparo, le serán practicadas las notificaciones en forma electrónica correspondientes al presente juicio, en los términos y lineamientos establecidos en los preceptos legales invocados. Por consiguiente, una vez que se encuentre autorizado el presente auto, la Secretaría realizará el trámite correspondiente, para el registro de acceso al sistema del servicio en línea a Juan Pablo Martín Ornelas cuenta con el usuario licjpmo, para la consulta en forma electrónica única y exclusivamente para el presente asunto, quien deberá realizar la certificación e impresión respectiva. Ahora, de conformidad con los artículos 52 bis y 251 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio consejo, vigente a partir del siete de noviembre de dos mil veintidós, se exhorta a las partes para que, de ser posible, accedan a las herramientas tecnológicas continuar con la tramitación del presente asunto, a través del esquema de juicio en línea, hasta su conclusión y archivo. De igual forma, para que proporcionen un número de teléfono móvil, una cuenta de correo electrónico o servicios de mensajería instantánea, para que se establezca el contacto respectivo en los casos en que se estimen necesario. Hágase saber a las autoridades que cualquier promoción que pretendan presentar, habrá de efectuarlo - mientras sea viable- al correo oficial 2jdo15ctoaj@correo.cjf.gob.mx; lo anterior, atento a lo establecido en el Acuerdo General de referencia, mismo que establece los principios rectores y disposiciones generales de la utilización preferente de medios tecnológicos y soluciones digitales en el consejo, para el trámite de los diversos asuntos de la competencia de los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación. Por último, atento a lo previsto en los artículos 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 3, fracción XIV, inciso c), 4, fracción III, 8, 20 y 21 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como en los ordinales 5, 6, 7 y 8 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la invocada legislación, hágase saber a las partes el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, al hacerse pública la sentencia que se dicte en este asunto; apercibidas que de no hacerlo, en la versión pública que se realice de dicha determinación, se suprimirá la información considerada legalmente reservada o confidencial que encuadre en los supuestos señalados en los numerales 3, 13, 14, 18 y 22 de la ley citada en primer término, lo que se hará en los términos de los criterios para la supresión de información confidencial o reservada y de la elaboración de versiones públicas, previstos en los artículos 5, 14, 25, 28, 44, 54, 55 y 56 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce.
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