Carlos Adrián Oropeza Gómez y Otros.

Expediente 65/2022 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 5 actuaciones registradas, la última del 11 de febrero de 2022.

Datos del expediente

Expediente
65/2022
Año
2022
Actuaciones
5
Última actuación
11/02/2022

Partes del expediente

  • Carlos Adrián Oropeza Gómez y Otros.
  • Carlos Adrián Oropeza Gómez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; once de febrero de dos mil veintidós. Con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, agréguese a los autos el oficio remitido vía Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), por el Secretario de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Civil del Vigésimo Circuito, con residencia en esta ciudad. Atento a su contenido, téngase a la autoridad oficiante remitiendo la literalidad del proveído de ocho de febrero de dos mil veintidós, dictado en el juicio de amparo directo ***, de su estadística, por el que informa que dicho órgano colegiado aceptó la competencia para conocer de dicho asunto. En ese sentido, al no existir acuerdo pendiente que proveer, ni diligencia pendiente por desahogar, previas las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), se ordena archivar el presente cuaderno de antecedentes, como asunto totalmente concluido. Ahora, en cumplimiento a lo dispuesto por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se ordena: 1. Destruir el presente cuaderno de antecedentes, ya que se actualiza la hipótesis de la fracción I, inciso a) del precepto 20 del citado Acuerdo General, pues se trata de un cuaderno de antecedentes en el que se declinó la competencia para conocer; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos seis meses a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expedientillo destruido. Es de precisar que el presente asunto, no se considera de relevancia documental, ya que no se encuentra dentro de los supuestos a que alude el artículo 15, del acuerdo citado en líneas que anteceden. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente. Notifíquese.

  2. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; nueve de febrero de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede, y el estado procesal que guardan los presentes autos, con fundamento en los numerales 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que ha causado estado el acuerdo que desechó parcialmente la demanda, considerando que la parte quejosa no interpuso recurso de queja contra dicho auto. Se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 155/2008, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "ADMISIÓN PARCIAL DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. ES IMPUGNABLE A TRAVÉS DEL RECURSO DE QUEJA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 95, FRACCIÓN VI, DE LA LEY RELATIVA". Notifíquese.

  3. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, tres de febrero de dos mil veintidós. Con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, glósese a los autos el oficio presentado vía electrónica por el Secretario del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Civil del Vigésimo Circuito, con residencia en esta ciudad. Atento a su contenido, téngase a la autoridad oficiante remitiendo la literalidad del proveído de treinta y uno de enero de dos mil veintidós, dictado dentro del juicio de amparo directo ***, con el que acusa recibo del oficio por el que se le remitió el expediente principal del cual deriva el presente cuaderno de antecedentes; por otra parte, se reservó a pronunciarse sobre la aceptación de competencia declinada, hasta en tanto la autoridad responsable rinda su informe justificado, certifique la demanda de amparo, emplace a la parte tercero interesada, determine lo relativo a la suspensión y remita los autos del expediente ***. Circunstancia de la cual se toma conocimiento, quedando en espera de lo que determine en cuanto a la competencia declinada. Notifíquese.

  4. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; veinticuatro de enero de dos mil veintidós. Vista la demanda de amparo promovida por ***, por propio derecho, contra actos de las autoridades señaladas como: 1. Juez Cuarto del Ramo Civil, del Tribunal Superior de Justicia del Poder Judicial del Estado, con sede en esta ciudad. 2. Segunda Secretaria de Acuerdos del Juzgado Cuarto del Ramo Civil, del Tribunal Superior de Justicia del Poder Judicial del Estado, con sede en esta ciudad. 3. Actuario adscrito al Juzgado Cuarto del Ramo Civil, del Tribunal Superior de Justicia del Poder Judicial del Estado, con sede en esta ciudad. ANOTACIONES Se ordena formar el expediente correspondiente, capturar su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), en el Libro de Gobierno de este juzgado y registrar bajo el número de juicio de amparo 65/2022-2-A. CUESTIONES PREVIAS De la lectura integral de la demanda se desprende que los actos tildados de inconstitucional por la parte quejosa son los siguientes: a) La falta de notificación del auto de veintiséis de noviembre de dos mil veintiuno, dictado dentro del juicio ***, del índice del Juzgado Cuarto Civil del Tribunal Superior de Justicia, del Poder Judicial del Estado de Chiapas. b) El acuerdo de fecha veintiséis de noviembre de dos mil veintiuno, dictado dentro del juicio ***, del índice del Juzgado Cuarto Civil, del Tribunal Superior de Justicia del Poder Judicial del Estado de Chiapas, relativo al juicio ordinario civil promovido por el aquí quejoso, en el que se desechó la demanda interpuesta, dejando a salvo los derechos de la parte actora para que promoviera en la vía y forma que correspondiera. DESECHAMIENTO Ahora bien, el artículo 113 de la Ley de Amparo impone la obligación de examinar la demanda de garantías, estudiando en su orden si es procedente o no. Para determinar la improcedencia del juicio es necesario analizar si los actos reclamados se sitúan en alguna de las hipótesis a que refiere el artículo 61 o 63 de la ley de la materia, así como analizar si esa causal es manifiesta e indudable; esto es, el primero de los conceptos refiere a que la causa de improcedencia se advierta en forma patente y absolutamente clara; el segundo, que haya certidumbre y plena convicción que es operante. Al respecto, a criterio de esta juzgadora se advierte, que respecto al acto reclamado identificado con el inciso a), se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, que a la letra señala: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo;" El citado precepto consagra uno de los principios rectores del juicio de amparo: el principio de definitividad del acto reclamado, que no es otra cosa que la improcedencia del juicio de amparo contra actos recurribles. De manera que, previamente a la interposición del juicio de amparo, la parte quejosa debe agotar o substanciar todos los medios ordinarios de defensa que tenga al alcance para modificar o revocar la resolución o acto reclamado, que le causa perjuicio; de lo contrario, la acción constitucional resultaría improcedente por no acatar el principio de definitividad que rige en el juicio de amparo. Los medios ordinarios de defensa son instituidos en las leyes para que los afectados los hagan valer, y sólo en el caso de no obtener satisfacción a sus pretensiones, se abre el medio extraordinario de defensa que es el juicio de amparo. Por lo que, si pasando por alto tales consideraciones las partes afectadas por actos de autoridad no tuvieren la carga de plantear sus defensas o recursos ante la autoridad responsable o ante la jurisdicción ordinaria, a fin de que ésta agote las facultades que le competen, el amparo se convertiría en un recurso ordinario y el Juez de Distrito se suplantaría en las facultades de la autoridad a quien correspondiera conocer del medio ordinario de defensa respectivo. El principio de definitividad que rige al juicio de amparo encuentra su justificación en el hecho de que, al tratarse de un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional, los gobernados deben, previamente a su promoción, acudir a las instancias que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, salvo los casos de excepción previstos legal y jurisprudencialmente que, en esencia, se relacionan con los siguiente tópicos: Por disposición constitucional: I. Actos que afectan a terceros extraños al juicio o al procedimiento del cual emanan. II. Actos respecto de los cuales, la ley que los rige, exige mayores requisitos que los que prevé la Ley de Amparo, para suspender su ejecución. III. Actos que importan una violación a los derechos fundamentales reconocidos en los artículos 16, en materia penal, 19 y 20 de la Constitución General de la República. Por disposición de la Ley de Amparo: I. Actos o resoluciones que se impugnan con motivo del primer acto de aplicación de una ley que se estima es inconstitucional. II. Actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; III. Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; IV. Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. V. Actos o resoluciones respecto de las cuales, la ley que las rige, no prevé la suspensión de su ejecución con la interposición de los recursos o medios de defensa ordinarios que proceden en su contra. VI. Actos o resoluciones que carezcan de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Por disposición de los criterios jurisprudenciales. I. Cuando únicamente se reclaman violaciones directas a la Constitución General de la República, como lo es la garantía de audiencia (con la salvedad de que si se conoce el acto y/o procedimiento reclamado antes de que se dicte sentencia o resolución definitiva, el quejoso está obligado a agotar los medios ordinarios de defensa, si es tercero extraño por equiparación, es decir, si fue señalado como parte demandada en el juicio o procedimiento de que se trate y no ha sido debidamente emplazado). II. Cuando los recursos ordinarios o medios de defensa legales, por virtud de los cuales se puede modificar, revocar o nulificar el acto reclamado, se encuentran previstos en un reglamento, y en la ley que éste reglamenta no se contempla su existencia. Respecto de los casos de excepción aludidos, es ilustrativa por identidad de razón la tesis de la Segunda Sala de nuestro Máximo Tribunal de rubro y texto: "DEFINITIVIDAD. EXCEPCIONES A ESE PRINCIPIO EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO.". Cabe aclarar que aun en los casos en los cuales se reclamen actos dentro de juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, el quejoso se encuentra obligado a agotar los recursos o medios ordinarios de defensa que la ley que rige el acto prevea, antes de acudir al juicio de amparo. Al respecto, resulta aplicable por identidad de razón, la jurisprudencia 1a./J. 44/2012 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece: "PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO EN CONTRA DE UN ACTO DE EJECUCIÓN IRREPARABLE DICTADO DENTRO DE UN JUICIO DEL ORDEN CIVIL.". En la especie, el acto reclamado identificado con el inciso a), se hace consistir, esencialmente, en la falta de notificación del auto de veintiséis de noviembre de dos mil veintiuno, dictado dentro del juicio ***, del índice del Juzgado Cuarto Civil del Tribunal Superior de Justicia, del Poder Judicial del Estado de Chiapas. En contra de dicha determinación, previo a ejercer la acción constitucional de amparo, el inconforme debió agotar el incidente de nulidad de notificaciones previsto en los artículos 76 y 78, primer párrafo, del Código de Procedimientos Civiles del Estado; normatividad que rige el procedimiento de donde emana el acto combatido; precepto que establece: "ART. 76.- LAS NOTIFICACIONES HECHAS EN FORMA DISTINTA A LA PREVENIDA EN EL CAPITULO V DEL TITULO SEGUNDO, SERAN NULAS; PERO SI LA PERSONA NOTIFICADA SE HUBIERE MANIFESTADO EN JUICIO SABEDORA DE LA PROVIDENCIA, LA NOTIFICACION SURTIRA DESDE ENTONCES SUS EFECTOS COMO SI ESTUVIESE LEGITIMAMENTE HECHA. (.) ART. 78.- SOLO FORMARA ARTICULO DE PREVIO Y ESPECIAL PRONUNCIAMIENTO LA NULIDAD DE ACTUACIONES POR FALTA DE EMPLAZAMIENTO. LOS INCIDENTES QUE SE SUSCITEN CON MOTIVO DE OTRAS NULIDADES DE ACTUACIONES O DE NOTIFICACIONES SE TRAMITARAN Y RESOLVERAN EN FORMA INCIDENTAL, SIN SUSPENSION DEL PROCEDIMIENTO". De los preceptos transcritos se advierte que contra las notificaciones hechas en forma distinta a la prevenida, es procedente el incidente de nulidad de notificaciones. Por tanto, en contra del acto combatido, procede el incidente de nulidad de notificaciones, de conformidad con los numerales invocados, pues a través de dicho medio ordinario de defensa, la parte quejosa puede controvertir las notificaciones que estima se realizaron de forma distinta a lo establecido en el Ley de la materia. En consecuencia, se reitera que el solicitante de amparo, previo a la promoción del juicio de amparo biinstancial, debió agotar el incidente de nulidad de notificaciones. Máxime que el aquí quejoso es parte formal en el juicio de origen, y como tal, se encuentra legitimado para hacer valer los medios ordinarios de defensa que tiene a su alcance en contra de las actuaciones que estime le agravian. De modo que al no haberlo hecho así, deviene improcedente la demanda de amparo que se estudia, en razón de no agotar el principio de definitividad que rige al presente juicio constitucional. En consecuencia, al haberse actualizado la causa de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, SE DESECHA PARCIALMENTE LA DEMANDA DE AMPARO promovida por el quejoso, en relación al acto descrito con el inciso a), por resultar notoriamente improcedente. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de Gobierno. INCOMPETENCIA Ahora, este Juzgado Federal estima que respecto del diverso acto reclamado precisado con el inciso b), es reclamable en amparo directo; es decir, corresponde a un Tribunal Colegiado de Circuito conocer y resolver respecto de la demanda de amparo de que se trata. De lo anterior, se colige que la suscrita resulta legalmente incompetente por razón de grado para conocer de la demanda en estudio, en términos de lo dispuesto en los artículos 47, 170, fracción I y 176 de la Ley de Amparo, por las siguientes consideraciones: El acto reclamado identificado con el inciso b), consiste en:  El acuerdo de fecha veintiséis de noviembre de dos mil veintiuno, dictado dentro del juicio ***, del índice del Juzgado Cuarto Civil, del Tribunal Superior de Justicia del Poder Judicial del Estado de Chiapas, relativo al juicio ordinario civil promovido por el aquí quejoso, en el que se desechó la demanda interpuesta, dejando a salvo los derechos de la parte actora para que promoviera en la vía y forma que correspondiera. Para corroborar lo anterior, en principio, resulta necesario acudir a lo establecido por el artículo 170, fracción I, de la Ley de Amparo, que a la letra señala: "Artículo 170. El juicio de amparo directo procede: I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. Se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal; por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. En materia penal, las sentencias condenatorias, absolutorias y de sobreseimiento, podrán ser impugnadas por la víctima u ofendido del delito. Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas o laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos. Cuando dentro del juicio surjan cuestiones sobre constitucionalidad de normas generales que sean de reparación posible por no afectar derechos sustantivos ni constituir violaciones procesales relevantes, sólo podrán hacerse valer en el amparo directo que proceda contra la resolución definitiva. Para efectos de esta Ley, el juicio se inicia con la presentación de la demanda. En materia penal el proceso comienza con la audiencia inicial ante el Juez de control." De los normativos en cita, se advierte que compete a los tribunales colegiados de circuito conocer del juicio de amparo directo, que es aquel que procede contra sentencias definitivas, laudos o resoluciones que ponen fin al juicio dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo. Las sentencias definitivas o laudos son aquellos que dictan los tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo que deciden el juicio en lo principal, es decir, los que contienen un pronunciamiento sobre la materia que constituyó la litis del asunto sometido a su potestad, declarando el derecho que corresponda a cada una de las partes como resultado del análisis de sus planteamientos y de las pruebas que aportaron. Cabe precisar que el concepto tribunal se debe entender en un sentido amplio, esto es, como ente jurídico dotado de atribuciones legales para decir el derecho en los asuntos que la ley le otorgue competencia. En este orden de ideas, quedan incluidos los juzgados y tribunales, con independencia de que la conformación de estos últimos sea unitaria o colegiada. Por su parte, las resoluciones que ponen fin al juicio son las que lo dan por concluido en forma anticipada; se distinguen de las sentencias definitivas, porque no contienen pronunciamiento sobre las pretensiones de las partes, sino que terminan el juicio por actualizarse causales de desechamiento, de sobreseimiento (desistimiento de la acción, muerte alguna de las partes, convenio judicial o extrajudicial, etcétera) o la incompetencia del tribunal que conoce, en algunos casos, así como la inactividad procesal de las partes interesadas en que se dirima la controversia legal de que se trate. De lo expuesto, podemos destacar dos notas distintivas del juicio de amparo directo: La primera es que sólo procede contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que sin decidir el litigio en lo principal tienen como efecto culminar con el mismo y, la segunda, que las resoluciones contra las que se promueve deben dictarse en juicio, sean civiles, penales, laborales, agrarios o administrativos. Esta última característica le ha valido el sobrenombre al juicio de amparo directo de "amparo judicial" o "amparo jurisdiccional", dado que como se ha establecido, no procede contra actos administrativos o emanados de procedimientos de esa naturaleza, aun cuando se hayan seguido en forma de juicio, pues, para estos supuestos, el artículo 107 de la Ley de Amparo vigente establece la procedencia del juicio de amparo ante los jueces de Distrito. Establecido lo anterior, de la lectura integra de la demanda se desprende que el quejoso señala como acto reclamado el acuerdo de fecha veintiséis de noviembre de dos mil veintiuno, dictado dentro del juicio ***, del índice del Juzgado Cuarto Civil, del Tribunal Superior de Justicia del Poder Judicial del Estado de Chiapas, relativo al juicio ordinario civil promovido por el aquí quejoso, en el que se desechó la demanda interpuesta, dejando a salvo los derechos de la parte actora para que promoviera en la vía y forma que correspondiera. Esto es, el peticionario se duele en el presente juicio de amparo de una resolución que ha puesto fin al juicio sin decidirlo en lo principal. Las anteriores consideraciones encuentran sustento por analogía, en la jurisprudencia 2a./J. 40/2002, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que tiene por rubro "AMPARO DIRECTO. PARA EFECTOS DEL MISMO SE CONSIDERA QUE PONE FIN AL JUICIO ORDINARIO FEDERAL LA RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL UNITARIO DE CIRCUITO QUE CONFIRMA EL AUTO DEL JUEZ DE DISTRITO EN QUE, POR DECLARARSE INCOMPETENTE, SE NIEGA A CONOCER DEL JUICIO Y ORDENA DEVOLVER LA DEMANDA". Asimismo, cobra aplicación por igualdad de razón, la tesis 2a./J. 87/98, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "DEMANDA LABORAL. EL ACUERDO QUE LA DESECHA PONE FIN AL JUICIO Y, POR TANTO, ES RECLAMABLE EN EL AMPARO DIRECTO." Ahora, en torno al trámite que debe seguirse cuando una demanda de amparo de la competencia de los Tribunales Colegiados de Circuito es presentada ante un Juez de Distrito, el artículo 47 de la Ley de Amparo, indica: "Artículo 47. Cuando se presente una demanda de amparo ante un juez de distrito o ante un tribunal unitario de circuito, en la que se reclamen actos que estimen sean materia de amparo directo, declararán carecer de competencia y de inmediato remitirán la demanda y sus anexos al tribunal colegiado de circuito que corresponda. El presidente del tribunal decidirá, sin trámite alguno, si acepta o no la competencia. En el primer caso, mandará tramitar el expediente y señalará al quejoso un plazo de cinco días para la presentación de las copias, notificará a la autoridad responsable para que en su caso, provea respecto a la suspensión del acto reclamado y le otorgará un plazo de diez días para que rinda el informe correspondiente. En el caso que decida no aceptar la competencia, remitirá los autos al juzgado o tribunal que estime competente, sin perjuicio de las cuestiones de competencia que pudieran suscitarse entre jueces de distrito o tribunales unitarios de circuito. Si la competencia del tribunal colegiado de circuito aparece del informe justificado de la autoridad responsable, el juez de distrito o tribunal unitario de circuito se declarará incompetente conforme a este artículo, remitirá los autos al tribunal colegiado de circuito que estime competente para el efecto previsto en el párrafo anterior y lo comunicará a la autoridad responsable para que ésta en su caso, continúe lo relativo a la suspensión del acto reclamado conforme a lo establecido en esta Ley." En mérito de anterior, este Juzgado Séptimo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, declara que carece de competencia legal para el conocimiento de la demanda de amparo de que se trata respecto del acto consistente en el acuerdo de fecha veintiséis de noviembre de dos mil veintiuno, dictado dentro del juicio ***, del índice del Juzgado Cuarto Civil, del Tribunal Superior de Justicia del Poder Judicial del Estado de Chiapas, relativo al juicio ordinario civil promovido por el aquí quejoso, en el que se desechó la demanda interpuesta, dejando a salvo los derechos de la parte actora para que promoviera en la vía y forma que correspondiera, y ordena remitir la misma, junto con sus copias de traslado al Tribunal Colegiado en Materias Penal y Civil del Vigésimo Circuito, con residencia en esta ciudad, en turno, para lo que a bien tenga determinar. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; con copia de la demanda y del presente proveído, fórmese el cuaderno de antecedentes respectivo, solicitándole el acuse de recibo correspondiente. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Se tiene a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el que al efecto indica en esta ciudad. Además con fundamento en el artículo 12, de la Ley de Amparo, se tienen por autorizados en términos amplios a ***, toda vez que cuentan con cédulas profesionales registradas en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Órganos Jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 5, fracción I, en relación con el diverso 22, fracción I, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, téngase a la parte quejosa de cuenta señalando los correos electrónicos y los números telefónicos que precisa, a fin de que, en su caso, a través de dichos medios se brinde atención respecto de comunicaciones no procesales; de lo que se toma conocimiento para los efectos correspondientes. DEVOLUCIÓN DE DOCUMENTOS El artículo 122 de la Ley de Amparo dispone que los documentos pueden ser objetados por las partes y que éstos no podrán devolverse hasta que precluya el derecho a ello o mientras no se haya resuelto definitivamente el juicio (artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles). En consecuencia se niega la devolución de los documentos que en su caso exhiban las partes, hasta el momento que la ley lo permita. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES PARA EL ACTUARIO En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles para que el actuario adscrito a este Juzgado pueda realizar las diligencias inherentes a sus funciones, haciéndolo constar en el acta correspondiente. Además, hágase del conocimiento del fedatario de la adscripción, que para el caso de que tenga a bien de realizar alguna notificación personal, deberá tomar las medidas necesarias y suficientes para evitar el contacto físico, siguiendo el Lineamiento de Higiene derivado de la Atención a Emergencia Sanitaria por coronavirus (COVID-19), para Notificadores y Defensores Públicos del Consejo de la Judicatura Federal que realizan notificaciones, emitido por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo, de la Secretaría Ejecutiva de Administración del Consejo de la Judicatura Federal, y empleando el equipo de protección proporcionado para ello. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Se autoriza la reproducción de las constancias que obren en el presente expediente mediante el uso de medios electrónicos de reproducción portátil, bastando en cada caso la solicitud verbal de la parte interesada y sin requerir que recaiga proveído al respecto; sin embargo, por seguridad jurídica, se dejará constancia en autos de tal acto. Es ilustrativa la tesis I.3o.C.725 C del Tercer Tribunal Colegiado en materia civil del Primer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIX, Marzo de 2009, Materia Civil, página 2847, registro 167640, de rubro: REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y TRANSPARENCIA Dígase a las partes que los datos personales y sensibles que se alleguen en el presente asunto, quedan sujetos a lo contemplado en los arábigos 1, 3 fracciones IX, X y XVII, 5, 18, 22, fracciones IV y V, 25, 26, 27 y 31 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Además, en cumplimiento a lo ordenado en los artículos 1, 9, 16, 113, fracción I y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como el numeral 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, las resoluciones y sentencia que se emitan en el presente asunto, estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten. Asimismo, de conformidad con lo estatuido en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, hágase saber a las partes la facultad que les asiste para oponerse a la publicación de sus nombres y datos personales en el presente asunto, lo que deberán manifestar expresamente siguiendo los lineamientos ahí señalados; en el entendido que de no realizar manifestación alguna, las resoluciones que se dicten se publicarán sin supresión de datos. Dígase a la parte quejosa que la demanda de amparo digitalizada y demás proveídos relativos al expediente electrónico que al efecto se forme, se encontrarán disponibles para su consulta en el expediente electrónico de los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, en la página de internet http://consultaexpedienteelectronico.cjf.gob.mx o para las autoridades responsables en el sistema informático de ingreso mediante la Firma Electrónica de Seguimiento de Expedientes (FESE) cuya liga es http://www.dgepj.cjf.gob.mx respectivamente. En ese sentido y, para otorgar la autorización, así como el acceso a la parte quejosa al sistema de consulta aducido en primer término, deberá solicitarlo por escrito señalando el nombre de usuario y por única ocasión en el expediente principal; lo anterior con fundamento en el artículo 22 del Acuerdo General 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. EXHORTACIÓN A TRAMITAR ASUNTOS "EN LÍNEA" Finalmente, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 28 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se exhorta a las partes a que, de ser posible, continúen la tramitación del caso mediante el esquema de "juicio en línea", esto es, privilegiando el uso de medios electrónicos y en su caso, los que se encuentran a su disposición a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Notifíquese.

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