Carlos Adrián Hernández Mejía

Expediente 1939/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit. 8 actuaciones registradas, la última del 23 de octubre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1939/2019
Año
2019
Actuaciones
8
Última actuación
23/10/2019

Partes del expediente

  • Carlos Adrián Hernández Mejía
  • Director General de Tránsito Y Transporte del Estado de Nayarit, Con Sede En Esta Ciudad

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    RESUELVE: PRIMERO.- SE SOBRESEE SEGUNDO.- AMPARA

  2. Principal

    TEPIC, NAYARIT, VEINTICUATRO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIEICNUEVE. Se tiene por recibido el escrito de cuenta, signado por ***, en su carácter de apoderado general contra actos de administración de la persona moral quejosa denominada Consejo de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de la localidad de Sayulita, municipio de Bahía de Banderas, Nayarit, a través del cual solicita la expedición de copias certificadas de todo lo actuado dentro del presente juicio de garantías; en consecuencia, como lo solicita, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de forma supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su arábigo 2°, se autoriza la expedición de las copias que indica, a su costa, previa toma de razón y constancia que de su entrega deje en autos el promovente o la persona autorizada para ello. NOTIFÍQUESE.

  3. Principal

    ** TEPIC, NAYARIT, CINCO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE. Se tiene por recibido el ocurso de cuenta, suscrito por la Magistrada en ausencia del Titular del Tribunal Unitario Distrito 56, con sede en esta ciudad, mediante el cual informa las gestiones que se encuentra realizando a fin de cumplir con la sentencia de amparo. En consecuencia, con fundamento en el arábigo 193 de la Ley de la materia, agréguese a sus autos el oficio de cuenta y téngase por hechas las manifestaciones que refiere la citada autoridad responsable; en la inteligencia de que se estará a la espera del total cumplimiento a la sentencia protectora de garantías, por parte del Registro Agrario Nacional en el Estado de Nayarit. **

  4. Principal

    TEPIC, NAYARIT, CUATRO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE. Visto el estado procesal que guarda el presente juicio de garantías, se advierte que mediante oficio y anexo recibidos en la Oficialía de Partes de este Juzgado Federal el doce de agosto pasado, la Delegada de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con residencia en esta ciudad, informó el cumplimiento al fallo protector (fojas 184 a 186). En relación con lo anterior, por acuerdo de trece del mes próximo pasado (foja 187), se dio vista a la parte quejosa para que dentro del término de tres días, contados a partir del siguiente al en que surtiera efectos la notificación respectiva manifestara lo que a su interés legal conviniera y se le apercibió que de no hacer manifestación alguna en dicho plazo, este Órgano Jurisdiccional, de oficio, resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que revelaran las constancias de autos. Luego, con fundamento en el precepto 196, segundo párrafo de la Ley de Amparo, este Órgano Jurisdiccional procede a resolver si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Sirve de apoyo a lo aquí expuesto, en lo conducente, la Jurisprudencia número 2a./J. 201/2009, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página trescientos uno, Tomo XXX, Diciembre de dos mil nueve, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto es del tenor siguiente: Así pues, mediante resolución dictada el veinticinco de marzo de este año (fojas 76 a 96), se concedió a la parte quejosa el amparo y protección de la Justicia Federal, contra los actos que reclamó al Congreso del Estado de Nayarit, con domicilio en esta ciudad y otras autoridades, para que hicieran lo siguiente: (.) 2. Asimismo, para que el Director General de Ingresos y el Recaudador de Rentas, ambos de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, en el ámbito de sus respectivas competencias devuelvan a la quejosa la cantidad de *************) por concepto de inscripción de documento público o privado, fomento a la educación, asistencia social y Universidad Autónoma de Nayarit, al ser contraria a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por los razonamientos y motivos aducidos en el cuerpo de esta sentencia, cantidad pagada por la justiciable, con apoyo en la Ley de Ingresos del Estado, dada la naturaleza del mecanismo de tributación que se aplicó, relativos al instrumento público emitido por el Notario Público número Ocho, de la primera demarcación Notarial en esta ciudad de Tepic, Nayarit, que se pagó el cuatro de enero de dos mil diecinueve. Por tanto, al incidir la inconstitucionalidad aducida en un elemento esencial de la contribución analizada, la restitución correspondiente sólo implica que la quejosa deje de pagar la tarifa que le fue aplicada, sin relevarla de la obligación de enterar la cuota fija mínima de $************sin las contribuciones adicionales, que al efecto establece el último párrafo de las fracción I, del artículo 22 de la Ley de Ingresos del Estado Libre y Soberano de Nayarit, para el ejercicio fiscal dos mil diecinueve, dado que el efecto del amparo no puede traducirse en liberar a los contribuyentes de la totalidad del pago del derecho por el servicio proporcionado por el Estado, en virtud de que para respetar los principios tributarios de proporcionalidad y equidad contenidos en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es necesario que todos los individuos contribuyan al gasto público en la medida de su capacidad contributiva, que en el caso que nos ocupa, tal circunstancia se cumple al enterar la cantidad mínima que exige la contribución declarada inconstitucional. En la inteligencia de que el recibo de pago es por la suma de $6,250.24 (seis mil doscientos cincuenta pesos 24/100 moneda nacional); sin embargo, no será objeto de devolución la cantidad de $152 (ciento cincuenta y dos pesos 00/100 moneda nacional) por el concepto "solicitud de trámite urgente", dado que el mismo no forma parte del pago derivado de las disposiciones legales reclamadas. De igual forma, las responsables deberán devolver los montos relativos a "Fom. Educación, Asist. Social, U.A.N.", únicamente en la parte proporcional en que se haya causado respecto del impuesto por inscripción de documento público o privado, del cual se otorgó la protección constitucional. (.) En la inteligencia de que la cuota de $290.00 (doscientos noventa pesos 00/100 moneda nacional), que se comenta, es aplicable porque está referida a la inscripción de documento público o privado, tal como el que originó la impugnación en la vía de amparo; de ahí, que al ser una cuota fija y mínima para un caso similar, en la que no se aplica el cobro de los impuestos adicionales que prevén los artículos 11, 12 y 13 de la mencionada Ley de Ingresos, es esta cuota la que debe aplicarse y no otra. 3. De igual modo, deberá considerarse que la cantidad remanente a devolver deberá ser debidamente actualizada, toda vez que tratándose de las sentencias de amparo que declaran la inconstitucionalidad del pago de derechos por servicios registrales, a efecto de que la quejosa sea restituido en el pleno goce del derecho fundamental violado, conforme a lo dispuesto en el artículo 77 de la Ley de Amparo, las autoridades fiscales correspondientes se encuentran obligadas a reintegrarle las cantidades de dinero, debidamente actualizadas, que aquél cubrió al fisco en aplicación del precepto declarado inconstitucional, con el propósito de darles su valor real al momento en que aquélla se efectúe y para que el contribuyente reciba una suma equivalente a la que hubiera tenido en su patrimonio de no haber realizado el pago del impuesto." Luego, en auto de quince de julio de este año (foja 172), se tuvo al Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito, informando que se había desechado el recurso de revisión interpuesto contra la resolución antes indicada, por lo que, se requirió a la autoridad responsable Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas del Estado de Nayarit, con residencia en esta ciudad, para que en el término de diez días la acatara y remitiera las constancias que acreditaran dicho cumplimiento. Asimismo, el requerimiento precisado en el párrafo que antecede se hizo extensivo al Titular de la Secretaría en cita, en su carácter de superior jerárquico de la autoridad responsable citada (foja 175). De lo transcrito se colige, que los actos que debían realizar los entes aludidos para cumplir con dicha sentencia, son los siguientes: A).- Desincorporar de la esfera jurídica de la parte quejosa lo previsto en el ordinal 22, fracción I de la Ley de Ingresos del Estado de Nayarit, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho, en relación con los artículos 11, 12 y 13, del mismo ordenamiento legal, esto es, para que las autoridades responsables no le apliquen en el presente ni en el futuro, tales arábigos legales, hasta que no se modifique la normativa de mérito; y B).- Devolverle a la quejosa la cantidad de $6,250.24 (seis mil doscientos cincuenta pesos 24/100 moneda nacional) por concepto de inscripción de documento público o privado, fomento a la educación, asistencia social y Universidad Autónoma de Nayarit, sin relevarla de la obligación de enterar la cuota fija mínima de********** Así, mediante oficio signado por la delegada de las autoridades responsables pertenecientes a la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con residencia en esta ciudad y anexos, informó que se entregó el cheque 0001349, a la propia quejosa por la cantidad **********lo cual acreditó con las copias con firma original de la promovente del amparo, lo anterior, por suerte principal y concepto de actualización correspondiente. Ahora, atendiendo a los efectos de la sentencia protectora del amparo, los cuales han quedado precisados con anterioridad, se advierte que las autoridades responsables acataron los extremos de la concesión en los términos precisados en párrafos que anteceden, pues se desincorporaron de la esfera jurídica de la parte quejosa la porción normativa reclamada y se le devolvió la contribución principal erogada por ésta, así como lo relativo a la actualización fiscal correspondiente. Lo anterior es así, dado que la quejosa erogó a favor de la administración pública estatal, por los derechos e impuestos en comento, la cantidad de $6,250.24 (seis mil doscientos cincuenta pesos 24/100 moneda nacional). A la cual se le debía restar las cantidades de $290.00 (doscientos noventa pesos 00/100 moneda nacional),**************por las razones que se indican en los párrafos que anteceden y por el impuesto adicional en parte proporcional. Entonces, realizando la operación aritmética correspondiente, se advierte que la autoridad responsable en cita tenía que devolver el monto de **********Sin embargo, como se expuso, en la ejecutoria en análisis se determinó que la cantidad anterior debía devolverse con la actualización correspondiente, la que se encuentra contemplada en el artículo 35 del Código Fiscal del Estado de Nayarit (con excepción del pago de intereses por indemnización). Para lo cual debe atenderse al mes inicial de la obligación y al mes en que se realiza el pago actualizado, a efecto de dividir el Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes anterior al más reciente de dicho periodo entre el citado índice correspondiente al mes anterior al más antiguo. En ese sentido, el recibo fiscal materia de la concesión fue expedido el cuatro de enero dos mil diecinueve (fojas 11 y 12), y la responsable efectuó la devolución de la cantidad indicada a la parte quejosa el ocho de agosto de este año (foja 185), por la cantidad de ********** Así, el periodo de ajustes fiscal comprende del mes de enero a julio de dos mil diecinueve. Luego, el factor de actualización debe obtenerse de la división del índice en comento para el mes de diciembre de dos mil dieciocho a junio de dos mil diecinueve (al ser los meses inmediatos anteriores del periodo involucrado); esto tomando en cuenta que no es posible calcular la actualización por fracciones de mes en términos de la disposición normativa referida. Así, el Índice Nacional de Precios al Consumidor para el mes de diciembre de dos mil dieciocho fue de 103.020; y para el mes de junio de este año de 103.225. De la división de dichos factores (el más reciente entre el más antiguo) se obtiene el factor de actualización de las contribuciones erogadas: 1.00198990487284. En consecuencia, al multiplicar el factor anterior por la cantidad erogada por concepto del derecho e impuesto en comento, se obtiene el monto de dicha contribución actualizado a la fecha de su pago, esto es la cantidad de $5,740.60 (cinco mil setecientos cuarenta pesos 60/100 moneda nacional); por tanto, se desprende que la cantidad que corresponde al concepto de actualización es de ************* Así de las constancias que obran en autos se advierte que las responsables acataron los extremos de la concesión en los términos precisados en párrafos que anteceden, toda vez que, la Recaudación de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas del Estado de Nayarit, devolvió a la parte quejosa la cantidad de ************* por concepto de la devolución de los derechos e impuestos materia del presente juicio y su actualización. Por tanto, es evidente que con ello se ha restituido a la solicitante del amparo en el goce de las garantías individuales violadas, en términos del numeral 196 de la Ley de la materia vigente; motivo por el que debe concluirse que lo procedente es declarar que el fallo protector dictado en el presente juicio de amparo, ha quedado cumplimentado. No pasa inadvertido que la autoridad responsable debía devolver al quejoso la cantidad de *********************, pero el mismo no tiene relevancia económica para considerar que el fallo protector no se encuentra cumplido, pues dada la magnitud de la diferencia a nada práctico conduciría reintegrarla. Lo anterior, en razón de que los gastos administrativos que realizarían tanto la autoridad responsable, así como los que efectúe la parte agraviada, a fin de obtener dicho monto, serían mayores al beneficio de reintegrar el numerario referido. Entonces, con fundamento en lo que dispone el párrafo cuarto del arábigo 196 de la Ley de Amparo vigente, en relación con el diverso 214, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO de este expediente como asunto totalmente concluido; hágase las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno respectivo. En ese tenor, en cumplimiento al Acuerdo General Conjunto 01/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en su punto Vigésimo Primero, fracción I, del Capítulo Quinto, prevé que en los Juzgados de Distrito son susceptibles de depuración o destrucción aquellos expedientes que cuentan con cinco años de haberse ordenado su archivo como asuntos concluidos y que no obstante que tengan documentos originales, los mismos no se hayan recogido por las partes, conforme a los procedimientos indicados en los puntos Décimo Primero, párrafo último y Vigésimo Segundo; siempre que dichos expedientes encuadren en las hipótesis contempladas en el dicho acuerdo; en ese sentido, se establece que el juicio en que se actúa, se ubica en la hipótesis prevista en el Capítulo Quinto, Apartado Vigésimo Primero, fracción IV, en virtud de que se sobreeyó y se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión a la parte quejosa, no existen documentos originales exhibidos por las partes y no se tramitó incidente de suspensión, aunado a que carece de relevancia documental, acorde a lo establecido en el ordinal 11 del citado Acuerdo; por lo tanto, una vez que transcurran cinco años, contados a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido, es depurable, previa acta que se elabore para constancia y anotación que se realice en el libro de gobierno que corresponda, a excepción de la demanda de garantías y la sentencia dictada, las cuales deberán conservarse de conformidad con la fracción antes citada. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa.

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