Carlos Adán Bastidas Contreras

Expediente 741/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Baja California. 12 actuaciones registradas, la última del 5 de septiembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
741/2021
Año
2021
Actuaciones
12
Última actuación
05/09/2023

Partes del expediente

  • Carlos Adán Bastidas Contreras
  • Comisión Estatal de Servicios Públicos de Mexicali (CESPM)

Actuaciones

Las 4 más recientes de 12.

  1. Principal

    Mexicali, Baja California, cinco de septiembre de dos mil veintitrés. Vista la certificación secretarial de cuenta, se advierte que ha transcurrido el término de quince días previsto en el artículo 202 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa interpusiera recurso de inconformidad contra el proveído de diez de abril de dos mil veintitrés, en el que se declaró cumplido el fallo protector, por lo que queda firme dicho auto, para los efectos legales correspondientes. En consecuencia, de conformidad con el párrafo cuarto del ordinal 196 de la Ley de Amparo, archívese el presente expediente como asunto concluido; realícense las anotaciones correspondientes en el libro de control de este Juzgado, así como en la carátula de este expediente.

  2. Principal

    PERSONAL QUEJOSA

  3. Principal

    Mexicali, Baja California, veintidós de marzo de dos mil veintidós. Vista la certificación de cuenta, se advierte que el tercero interesado Sindicato Único de Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado, Municipios e Instituciones Descentralizadas de Baja California, Sección Mexicali, no ha sido notificado de la sentencia dictada en el presente juicio. Por lo anterior, se instruye a la Actuaria Judicial adscrita a este órgano jurisdiccional para que, sin demora, notifique de manera personal, al tercero en mención, la sentencia dictada en autos.

  4. Principal

    TODA VEZ QUE EL TERCERO INTERESADO NO ATENCIO EL CITATORIO DE 28 DE MARZO DE 2022, SE NOTIFICAN LAS DETERMINACIONES SIGUIENTES: S E N T E N C I A Vistos para resolver los autos del juicio de amparo 741/2021-2; y. R E S U L T A N D O: PRIMERO. Demanda de amparo. Mediante escrito presentado el trece de julio de dos mil veintiuno, en el Buzón Judicial y posteriormente ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de esta ciudad y turnado a este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Baja California, Carlos Adán Bastidas Contreras, demandó la protección de la justicia federal en contra de la autoridad y acto reclamado que ahí precisó. SEGUNDO. Auto de admisión. Recibida la demanda en este Juzgado de Distrito al que por razón de turno correspondió conocer del asunto, el catorce de julio de dos mil veintiuno, se admitió; se dio al Agente del Ministerio Público Federal adscrito la intervención que legalmente le compete; se solicitó a la autoridad señalada como responsable su informe con justificación, se ordenó emplazar a los terceros interesados y se fijó fecha para la celebración de la audiencia constitucional, misma que se desahogó al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Baja California, tiene competencia legal para fallar en definitiva en el presente juicio de amparo, de conformidad con los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35 y 107 de la Ley de Amparo vigente; 48 y 54, fracción II, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en relación con el Acuerdo General número 3/2013 modificado por el diverso 43/2018, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece, por reclamarse actos de ejecución de autoridades residentes en la demarcación territorial en que este juzgado federal ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Por cuestión de orden, en términos de lo dispuesto en la fracción I del artículo 74 de la Ley de Amparo y en cumplimiento al artículo 76 del cuerpo legal invocado, se procede a la fijación clara y precisa del acto reclamado en el presente juicio de amparo. Esto es así, porque antes de verificar la certeza o inexistencia de los actos impugnados en el juicio de amparo, deben quedar precisados cuáles son estos. Lo anterior encuentra apoyo, por identidad jurídica, en la tesis P. VI/2004, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 255, Tomo XIX, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, abril de dos mil cuatro, Materia Común, Novena Época, de rubro y texto siguientes: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." Igualmente es aplicable al caso, por no contravenir las disposiciones de la Ley de Amparo, de conformidad con su artículo Sexto Transitorio, la jurisprudencia 40/2000, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 32, del Tomo XI, Abril de 2000, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del siguiente rubro y contenido: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD". Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." Con base en esas premisas, de la lectura integral de la demanda de amparo, así como de la totalidad de la información allegada a este expediente, revela que la parte quejosa reclama: Violación al artículo 17 constitucional, al omitir concluir el desahogo de las pruebas ofrecidas por las partes en el juicio laboral 331/2020 1C. TERCERO. Consideración preliminar. Determinado el acto reclamado, lo siguiente es pronunciarse respecto de la certeza o inexistencia de éste, ya que por razón de método, en toda sentencia de amparo indirecto, dicha situación debe ocurrir previamente y, sólo en el primer caso, lo aleguen o no las partes, se deben estudiar las causas de improcedencia señaladas o que a criterio de esta juzgadora se actualicen, para que finalmente de ser procedente el juicio, se analice el fondo de la cuestión planteada. Esta situación es así, porque de no existir los actos combatidos, resultaría ocioso, por razones lógicas, entrar al estudio de cualquier causa de improcedencia y, en el evento de ser fundada alguna de éstas, legalmente sería imposible analizar las cuestiones de fondo; en otras palabras, el estudio de alguna causa de improcedencia o de la parte substancial del asunto, implica en el primer caso, que los actos reclamados sean ciertos y, en el segundo, que además de ciertos, el juicio de amparo sea procedente. Apoya la consideración anterior, la jurisprudencia XVII.2º.J/10, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, publicada en la página 68, Tomo 76, de la Gaceta al Semanario Judicial de la Federación, abril de mil novecientos noventa y cuatro, Octava Época, de rubro y texto siguientes: "ACTOS RECLAMADOS, CERTEZA O INEXISTENCIA DE LOS. TÉCNICA EN EL JUICIO DE AMPARO. El artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, establece que procede revocar la sentencia recurrida y mandar reponer el procedimiento cuando, entre otros casos, el Juez de Distrito o la autoridad que haya conocido del juicio en primera instancia haya incurrido en alguna omisión que pudiere influir en la sentencia que deba dictarse en definitiva. Por otra parte, de acuerdo con la técnica que rige al juicio de garantías, en toda sentencia de amparo, sea directo o indirecto, la autoridad que conozca del mismo, en primer lugar debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados y sólo en el primer caso, lo aleguen o no las partes, debe estudiar las causas de improcedencia aducidas o que en su criterio se actualicen, para, por último, de ser procedente el juicio, dictar la resolución de fondo que en derecho corresponda. Lo anterior es así, entre otras razones, ya que de no ser ciertos los actos combatidos, resultaría ocioso, por razones lógicas, ocuparse del estudio de cualquier causa de improcedencia y en el evento de ser fundada alguna de éstas, legalmente resulta imposible analizar las cuestiones de fondo; en otras palabras, el estudio de alguna causa de improcedencia o del fondo del asunto, implica, en el primer caso, que los actos reclamados sean ciertos y, en el segundo, que además de ser ciertos los actos reclamados, el juicio de garantías sea procedente. A mayor abundamiento, el no estudio de la certeza o inexistencia de los actos reclamados por parte del Juez de Distrito, independientemente de que es contrario a la técnica del juicio de amparo en los términos antes apuntados, entre otras cuestiones, trastoca la litis del recurso de revisión que hagan valer las partes y limita las defensas de éstas, porque la sentencia que se dicte en dicho recurso, podría carecer de sustento legal, al no poder precisarse con exactitud, en primer lugar, la materia del recurso y, en segundo lugar, sobre qué actos de los reclamados es procedente, en su caso, conceder el amparo, sin que el tribunal del conocimiento pueda suplir la omisión apuntada por carecer de facultades para ello, pues es obligación del Juez de Distrito ocuparse de la cuestión de que se trata, siguiéndose con ello el cumplimiento de la obligación constitucional de otorgar a las partes plenitud de defensa en contra de un acto de autoridad que afecte su esfera jurídica, como puede ser la resolución definitiva por él dictada. Así pues, si el Juez de Distrito omitió, previamente al estudio de la causa de improcedencia que estimó fundada, el análisis de la certeza o inexistencia de los actos reclamados, se actualiza la hipótesis jurídica que contempla el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, procediendo, en consecuencia, revocar la sentencia recurrida y mandar reponer el procedimiento." CUARTO. Existencia del acto reclamado. Son ciertos los actos reclamados que se atribuyen a la autoridad responsable Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje pues así lo manifestó expresamente al rendir su informe con justificación. Lo que además se corrobora con la copias certificadas de las constancias que integran el expediente 331/2020 1C de su índice, documentales a las que se otorga valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 202 y 207 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición expresa en su numeral 2, por haber sido expedida por funcionario público en el desempeño de sus funciones. Cobra vigencia en lo relativo a la valoración de las documentales públicas, la jurisprudencia 226, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 153, tomo VI, Parte SCJN, Quinta Época del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917-1995. "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." QUINTO. Causales de improcedencia. Previo al análisis de la constitucionalidad del acto reclamado procede, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo, el estudio de las causas de improcedencia, pues constituyen cuestiones de orden público cuyo estudio debe abordarse de oficio y de manera preferente a la cuestión de fondo. Apoya la consideración anterior la jurisprudencia II. 1º. J/5, emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito publicada en la página 95, del Tomo VII, Mayo de 1991, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, con número de registro 222780, de rubro y texto: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia". Al respecto debe decirse, que es infundada la causal de improcedencia que propone la responsable, en el sentido de que el acto reclamado no es de imposible reparación. Se dice lo anterior, porque del texto de la propia jurisprudencia, que cita se advierte que la Segunda Sala interpreta, la citada causal advirtiendo en un primer momento, que el amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación; y para ser calificados como "irreparables" deben producir una afectación material a derechos sustantivos; es decir, sus consecuencias deben impedir en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente producir una lesión jurídica formal o adjetiva, que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. De esta forma , concluyó que por regla general, cuando un particular se duele exclusivamente de una afectación cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional, aun cuando alegue violaciones a los artículos 8o., 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos -como en la presente demanda- los actos reclamados no pueden considerarse como de ejecución irreparable, sino como violaciones de carácter adjetivo, pues no se trata de una "omisión" autónoma al procedimiento, sino que se presenta justamente dentro de éste, como la falta de respuesta a una petición expresa sobre el desahogo de pruebas o de prosecución del trámite. Sin embargo, es destacable que la propia Sala, estableció en la citada jurisprudencia, una excepción a la regla de improcedencia, que es precisamente cuando el juez de amparo, advierta del contenido de la propia demanda, que existe una abierta dilación del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso el juicio será procedente. En tal virtud, del análisis del escrito inicial, así como de las constancias allegadas a este contradictorio federal, se advierte que en el caso concreto, nos encontramos ante una excepción a la regla general de que se trata, ya que sí existe una abierta dilación en la tramitación del procedimiento laboral sometido a su potestad, pues, de las propias constancias procesales, se advierte que obra el auto de diez de junio de dos mil veintiuno, a través del cual señaló como fecha para el desahogo de diversas pruebas ofrecidas en el juicio de origen, siendo la última de ellas el veintiuno de octubre del presente año; es decir, meses después. Por lo reseñado, resulta evidente que existe una abierta dilación en la tramitación del juicio laboral de origen que implica su paralización. De ahí, lo infundado de la citada causa de improcedencia. En la especie, las partes no invocaron diversa causal de improcedencia, ni se advierte que opere alguna de las establecidas en la Ley de Amparo, en consecuencia, lo procedente es entrar a analizar el fondo del asunto. SEXTO. Conceptos de violación. Los conceptos de violación expresados en la demanda de amparo no se transcriben, en razón de que en el artículo 74 de la Ley de Amparo no se obliga a ello, únicamente se establece que las sentencias que se dicten en los juicios de amparo deben contener la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, la apreciación de las pruebas que demuestren su existencia, los fundamentos legales en que se apoye su sentido y los puntos resolutivos con que deban concluir. Sirve de apoyo a lo anterior lo sustentado en la jurisprudencia por contradicción de tesis 2a./J. 58/2010, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de doce de mayo de dos mil diez, bajo el siguiente rubro y texto: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRASCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." SÉPTIMO. Estudio de fondo. Resultan fundados los conceptos de violación expresados por el quejoso, mismo que hace consistir esencialmente en que la junta laboral incumplió con lo dispuesto en los artículos 883 y 884 de la Ley Federal del Trabajo, lo que considera violatorio, del derecho fundamental consagrado en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Para sustentar tal aserto, es menester transcribir el segundo párrafo del artículo 17, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece: "...Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales... " El contenido del numeral en comento se traduce en la obligación de las autoridades encargadas de su impartición, de resolver las controversias ante ellas planteadas, dentro de los términos y plazos que para tal efecto se establezcan en las leyes. Es aplicable, en la especie, la tesis 2a. L/2002, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 299, Tomo XV, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, mayo de dos mil dos, Novena Época, de rubro y texto siguientes: "ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA. EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ESTABLECE DIVERSOS PRINCIPIOS QUE INTEGRAN AQUEL DERECHO PÚBLICO SUBJETIVO, A CUYA OBSERVANCIA ESTÁN OBLIGADAS LAS AUTORIDADES QUE REALIZAN ACTOS MATERIALMENTE JURISDICCIONALES. La garantía individual o el derecho público subjetivo de acceso a la impartición de justicia, consagra a favor de los gobernados los siguientes principios: 1. Justicia pronta, que se traduce en la obligación de las autoridades encargadas de su impartición, de resolver las controversias ante ellas planteadas, dentro de los términos y plazos que para tal efecto se establezcan en las leyes; 2. Justicia completa, consistente en que la autoridad que conoce del asunto emita pronunciamiento respecto de todos y cada uno de los aspectos debatidos, cuyo estudio sea necesario; y garantice al gobernado la obtención de una resolución en la que, mediante la aplicación de la ley al caso concreto, se resuelva si le asiste o no la razón sobre los derechos que le garanticen la tutela jurisdiccional que ha solicitado; 3. Justicia imparcial, que significa que el juzgador emita una resolución, no sólo apegada a derecho, sino, fundamentalmente, que no dé lugar a que pueda considerarse que existió favoritismo respecto de alguna de las partes o arbitrariedad en su sentido; y 4. Justicia gratuita, que estriba en que los órganos del Estado encargados de su impartición, así como los servidores públicos a quienes se les encomienda dicha función, no cobrarán a las partes en conflicto emolumento alguno por la prestación de ese servicio público. Ahora bien, si dicha garantía está encaminada a asegurar que las autoridades encargadas de aplicarla, lo hagan de manera pronta, completa, gratuita e imparcial, es claro que las autoridades que se encuentran obligadas a la observancia de la totalidad de los derechos que la integran son todas aquellas que realizan actos materialmente jurisdiccionales, es decir, las que en su ámbito de competencia tienen la atribución necesaria para dirimir un conflicto suscitado entre diversos sujetos de derecho, con independencia de que se trate de órganos judiciales, o bien, sólo materialmente jurisdiccionales." Es importante destacar que el procedimiento de origen, en lo atinente a las pruebas, se rige en los ordinales 883 y 884 de la Ley Federal del Trabajo, que establecen: "Artículo 883. La Junta, en el mismo acuerdo en que admita las pruebas, señalará día y hora para la celebración de la audiencia de desahogo de pruebas, que deberá efectuarse dentro de los diez días hábiles siguientes, y ordenará, en su caso, que se giren los oficios y exhortos necesarios para recabar los informes o copias que deba expedir alguna autoridad o exhibir persona ajena al juicio y que haya solicitado el oferente, con los apercibimientos señalados en esta ley; y dictará las medidas necesarias, a fin de que el día de la audiencia se puedan desahogar todas las pruebas que se hayan admitido. Cuando, por la naturaleza de las pruebas admitidas, la Junta considere que no es posible desahogarlas en una sola audiencia, en el mismo acuerdo señalará los días y horas en que deberán desahogarse, aunque no guarden el orden en que fueron ofrecidas, procurando que se reciban primero las del actor y después las del demandado. Este periodo no deberá exceder de treinta días." "Artículo 884. La audiencia de desahogo de pruebas se llevará a cabo conforme a las siguientes normas: I. Abierta la audiencia, se procederá a desahogar todas las pruebas que se encuentren debidamente preparadas, procurando que sean primero las del actor e inmediatamente las del demandado o, en su caso, las que hubieren sido señaladas para desahogarse en su fecha; II. Si alguna de las pruebas admitidas no estuviere debidamente preparada, se señalará nuevo día y hora para su desahogo dentro de los diez días siguientes, haciéndose uso de los medios de apremio; III. Si las pruebas por desahogar son únicamente copias o documentos que deban remitir autoridades o terceros, la Junta los requerirá en los siguientes términos: a) Si se tratare de autoridades, la Junta las requerirá para que envíen dichos documentos o copias y, si no lo cumplieren, a solicitud de parte, la Junta lo comunicará al superior inmediato para que se le apliquen las sanciones correspondientes; y b) Si se trata de terceros, la Junta dictará las medidas de apremio correspondientes, hasta que se logre la presentación de las copias o documentos respectivos; IV. La Junta deberá requerir a la persona que comparezca a desahogar la prueba correspondiente para que se identifique con cualquier documento oficial; y, si no lo hiciere en el momento de la audiencia, se le concederán tres días para ello, apercibiéndola de que, en caso contrario, se dejará sin efectos la declaración correspondiente; y V. Al concluir el desahogo de las pruebas, la Junta concederá a las partes un término de dos días para que presenten sus alegatos por escrito." De los preceptos transcritos se desprende que la autoridad responsable en el mismo acuerdo en que admita las pruebas, señalará día y hora para la celebración de la audiencia de desahogo de pruebas, que deberá efectuarse dentro de los diez días hábiles siguientes y ordenará, en su caso, que se giren los oficios y exhortos necesarios para recabar los informes o copias que deba expedir alguna autoridad o exhibir persona ajena al juicio y que haya solicitado el oferente, con los apercibimientos señalados en la ley; así como que dictará las medidas necesarias, a fin de que el día de la audiencia, se puedan desahogar todas las pruebas que se hayan admitido. Además, cuando por la naturaleza de las pruebas admitidas, la Junta considere que no es posible desahogarlas en una sola audiencia, en el mismo acuerdo señalará el día y hora en que deberán desahogarse, aunque no guarden el orden en que fueron ofrecidas, procurando que se reciban primero las del actor y después las del demandado, este periodo no deberá exceder de treinta días. Por su parte, el diverso artículo 884 de la Ley Federal del Trabajo, dispone que si alguna de las pruebas admitidas no estuviere debidamente preparada, se señalará nuevo día y hora para su desahogo dentro de los diez días siguientes. Preceptos que no fueron debidamente atendidos, en virtud de que la autoridad responsable, según se advierte de las constancias que acompañó a su informe justificado, en proveído de diez de junio de dos mil veintiuno, señaló como fecha para el desahogo de diversas pruebas, siendo la más lejana el veintiuno de octubre del presente año, es decir, cuatro meses después. Por tanto, es inconcuso que la autoridad responsable conculcó la garantía de justicia pronta, contenida en el artículo 17, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; por ende, como ya se adelantó, le asiste la razón a la parte quejosa. Es aplicable en lo conducente, la jurisprudencia I.5o.T. J/22, emitida por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, visible en la página 625, Tomo VII, del Semanario Judicial de La Federación y su Gaceta, marzo de mil novecientos noventa y ocho, Novena Época, de rubro y texto siguientes: "AMPARO INDIRECTO, PROCEDENCIA DEL, SI PARA LA CELEBRACIÓN DE AUDIENCIA O RECEPCIÓN DE PRUEBAS SE FIJA UNA FECHA EXCESIVAMENTE POSTERIOR, DE MODO QUE NO SE CUMPLA CON EL PRINCIPIO DE PRONTITUD Y EXPEDITEZ EN LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA. El señalamiento de fecha excesivamente posterior para continuar con la prosecución del juicio, verbigracia la celebración de una audiencia o la recepción de alguna prueba (casos de naturaleza adjetiva), sí tiene el carácter de un acto dentro del procedimiento, cuya realización es de imposible reparación, pues de consentirse tal disposición, no sería factible restituir al quejoso en el goce de la garantía violada (impartición de justicia pronta y expedita), dado que jamás podrán retrotraerse los efectos del transcurso del tiempo. A mayor abundamiento, la probable infracción no puede ser subsanada con el pronunciamiento del fallo respectivo, porque para entonces ya habría transcurrido inexorablemente el término fijado por la autoridad, y ningún fin práctico tendría conceder la medida solicitada, pues sólo se retardaría aún más el litigio, cuestión de la cual precisamente se resiente el inconforme. Cabe destacar, en apoyo al argumento de lo plasmado, que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis P. CXXXIV/96, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IV, noviembre de 1996, página 137, del rubro: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DIRIME ESTA CUESTIÓN, PREVIAMENTE AL FONDO, PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA PUBLICADA BAJO EL RUBRO 'PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, DEBIENDO RECLAMARSE EN AMPARO DIRECTO CUANDO SE IMPUGNA LA SENTENCIA DEFINITIVA.').", en lo conducente, señala: "... para establecer que en términos generales, la distinción entre actos dentro del juicio que afecten de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo protegido por las garantías individuales, y aquellos que sólo afecten derechos adjetivos o procesales, es un criterio útil para discernir que en el primer supuesto se trata de actos impugnables en amparo indirecto en virtud de que su ejecución es de imposible reparación, mientras que en la segunda hipótesis, por no tener esos actos tales características, deben reservarse para ser reclamados junto con la resolución definitiva en amparo directo; sin embargo, aunque de modo general tal criterio es útil, según se indicó, no puede válidamente subsistir como único y absoluto, sino que es necesario admitir, de manera excepcional, que también procede el amparo indirecto tratándose de algunas violaciones formales, adjetivas o procesales ...", y como en el caso la transgresión resulta esencialmente adjetiva, es de estimarse que la misma debe ser impugnada a través del amparo biinstancial". Así, al resultar fundado el concepto de violación que se hace valer en relación al artículo 17 constitucional, con fundamento en la fracción II, del artículo 77, de la Ley de Amparo, se concede a la parte quejosa el amparo y protección de la Justicia Federal solicitada. OCTAVO. Efectos. De conformidad con el ordinal 77, fracción II, de la Ley de Amparo, se concede a la parte quejosa el amparo y protección de la Justicia Federal para el efecto de que la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje de Mexicali: Deje vigente la fecha señalada para el veintiuno de octubre de dos mil veintiuno, para que tenga verificativo el desahogo de la prueba de cotejo y compulsa ordenada en auto de diez de junio del presente año; y, sólo en el caso de que no se desahogue en la data programada por razones legalmente justificadas, fije otra en los tiempos que establece la ley que rige el acto reclamado a fin de que se lleve a cabo, así como para que lleve a cabo el desahogo de las pruebas admitidas en el juicio laboral 331/2020 1C, en los términos que prevé la legislación aplicable, a fin de que concluya la etapa probatoria. Es de exacta aplicación, la tesis 2a. CV/2013 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 732, Libro I, Tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, diciembre de dos mil trece, Décima Época, de título y contenido siguientes: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. LOS ALCANCES POR LOS QUE SE OTORGUE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DEBEN DELIMITARSE EN FUNCIÓN DEL ACTO RECLAMADO Y EN CONSIDERACIÓN DE LA ETAPA PROCESAL EN LA QUE SE SITÚA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO LABORAL (ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 45/2007). Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia citada, sostuvo que cuando se concede la protección constitucional por violación a la garantía de impartición de justicia pronta, contenida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los efectos de la sentencia de amparo deben comprender no sólo las omisiones y dilaciones de tramitar un juicio laboral dentro de los plazos y términos legales, señaladas en la demanda de amparo, sino también las subsecuentes. Sin embargo, una nueva reflexión conduce a abandonar el criterio referido, toda vez que los alcances por los que se otorgue la protección constitucional deben delimitarse en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013." NOVENO. Transparencia. Se hace saber a las partes, en cumplimiento a los artículos 6°, apartado A, fracciones I y II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1, 8, 66, 67, fracción II, 68, 110, fracciones V, VII, X y XI, 113, fracción I y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como 73, fracción II, 111, 116 y Tercero Transitorio de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y considerando décimo quinto del reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley ya referida, así como los preceptos legales 1, 3, 5, 6, 7 y 8, de ese reglamento que fue creado para regular el Acceso de la Información que se encuentra bajo el resguardo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y Órganos Jurisdiccionales que lo componen: que para efectos de la versión pública de la presente sentencia se ha suprimido la información considerada como reservada o confidencial, derivada de datos personales concernientes a las personas identificadas o identificables, tales como: datos generales, sus bienes o posesiones, denominaciones de negociaciones o personas morales, montos económicos que puedan poner en riesgo la seguridad de las partes y aquellos respecto de los cuales se pueda identificar a alguna persona física o moral relacionada con el presente juicio. DÉCIMO. Captura del fallo en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 174, 180, fracción III, 182, 191 y 192 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de enero de dos mil quince, se ordena a la secretaría supervise que el analista jurídico encargado del aludido sistema capture la presente resolución y, a fin de corroborar que se llevó a cabo lo anterior, agregue la constancia que así lo acredite al expediente en que se actúa. En mérito de lo anteriormente expuesto, y fundado, además en lo establecido por los numerales 103 y 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1º fracción I, 2º, y 124, de la Ley de Amparo; así como por los numerales 1º, 42, 48 y 49, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. En mérito de lo expuesto y fundado, se R E S U E L V E: PRIMERO. La Justicia de la Unión ampara y protege a Carlos Adán Bastidas Contreras, contra actos de la autoridad responsable Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje de Mexicali, con domicilio en esta ciudad, precisado en el considerando segundo de ésta resolución, para los efectos descritos en el considerando octavo del mismo fallo. SEGUNDO. En la versión pública, impresa o electrónica de la presente determinación, se suprimirán los datos considerados como confidenciales o reservados, en términos del considerando noveno, de esta resolución. TERCERO. Se ordena a la Secretaría supervise la captura de esta resolución en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y agregue la constancia que así lo acredite. Para el cumplimiento al presente proveído, se instruye al actuario judicial realice las acciones correspondientes conforme a la ley aplicable, para ello se giran los oficios correspondientes. En caso que alguna de la autoridad responsable tenga cerrada sus instalaciones y por ello no sea dable entregar el oficio respectivo, con fundamento en el principio de economía procesal previsto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se comisiona al Actuario Judicial Federal de la adscripción mantener en su resguardo el comunicado oficial y una vez que se reanuden las actividades laborales correspondientes se constituya al local de las mismas y haga entrega. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió María del Socorro López Villarreal, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Mexicali, hasta hoy dieciséis de diciembre de dos mil veintiuno, fecha en que lo permitieron las labores de este órgano jurisdiccional, y firma electrónicamente ante Manuel Alejandro Valero Ortiz, Secretario que autoriza, da fe y certifica que la presente resolución se encuentra debidamente incorporada al expediente electrónico del juicio de amparo 741/2021-2. Mexicali, Baja California, veintidós de marzo de dos mil veintidós. Vista la certificación de cuenta, se advierte que el tercero interesado Sindicato Único de Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado, Municipios e Instituciones Descentralizadas de Baja California, Sección Mexicali, no ha sido notificado de la sentencia dictada en el presente juicio. Por lo anterior, se instruye a la Actuaria Judicial adscrita a este órgano jurisdiccional para que, sin demora, notifique de manera personal, al tercero en mención, la sentencia dictada en autos.

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