Carlos Acevedo Ortega
Expediente 714/2023 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Morelos. 5 actuaciones registradas, la última del 17 de agosto de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 714/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 17/08/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Carlos Acevedo Ortega
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, a diecisiete de agosto de dos mil veintitrés. Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que a la fecha ha transcurrido el término establecido por el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes hubiesen recurrido la sentencia de veinticinco de julio de dos mil veintitrés, por medio de la cual se sobreseyó el presente juicio. Causa Ejecutoria En consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo 2°, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria, para todos los efectos legales correspondientes. Se ordena archivo Atento a lo anterior, previas las anotaciones correspondientes en el libro electrónico respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido. Por consiguiente, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 20, fracción I, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el siete de junio de dos mil veintitrés; y toda vez que se sobreseyó en el presente juicio de amparo, se declara que este expediente es susceptible de destrucción, por lo que pasados los tres años que refiere el referido artículo, deberá destruirse el presente cuaderno y hacerse constar en el acta de baja documental respectiva. Asimismo del análisis de las constancias que lo integran, se advierte que, en términos del artículo 15, del citado Acuerdo General, no tiene relevancia documental, jurídica ni histórica, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y la gestión ambiental, tampoco contiene resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendentes, no es un juicio relativo al patrimonio histórico, arqueológico y artístico, no fue generado por un Pleno de Circuito en el que se haya establecido jurisprudencia, ni versa sobre materia agraria, tampoco fue utilizado para integrar jurisprudencia o tesis aislada de un Tribunal de Circuito, por lo que no es necesaria su conservación. Más aún, no contiene información reservada, ni existen documentos originales exhibidos por las partes, lo que deberá hacerse constar en la carátula del presente expediente. Por otro lado, se comisiona al secretario encargado del presente expediente, verificar que todas y cada una de las constancias y documentos del expediente físico se encuentren digitalizadas e incorporadas al expediente electrónico, en el entendido que tratándose de constancias y documentos presentados de manera electrónica, no será necesaria su incorporación al expediente físico. Háganse las anotaciones respectivas en el libro electrónico correspondiente y procédase a la captura del presente proveído en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), que se lleva en este Juzgado Federal, asimismo con fundamento en el segundo párrafo del artículo 34 del mencionado acuerdo general, deberá hacerse constar la leyenda "Destruible", en la carátula de este expediente. Notifíquese.
- Principal
V I S T O S para resolver los autos relativos al juicio de amparo 714/2023-II, promovido por ********************, contra el acto que reclaman de la Presidenta de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Morelos, por considerarlo violatorio del derecho humano de acceso efectivo a la jurisdicción. R E S U L T A N D O: PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el veintiséis de mayo de dos mil veintitrés (fojas 2 y 3), ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito del Decimoctavo Circuito, remitido al día siguiente hábil por razón de turno, a este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, ********************, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra la autoridad y el acto que se transcriben a continuación: "III.- AUTORIDAD RESPONSABLE.- Presidente de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Morelos. (...) IV.- ACTO RECLAMADO: La indebida suspensión (de hecho, no de derecho) del procedimiento laboral, lo que ha impedido continuar con el desarrollo normal de la etapa de ejecución" SEGUNDO. Admisión, de la demanda. Por auto de treinta de mayo de dos mil veintitrés, se admitió la demanda de amparo, se solicitó informe justificado a la autoridad responsable; se dio la intervención legal que compete al agente del Ministerio Público Federal de la adscripción y señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. TERCERO. Audiencia constitucional. Finalmente, seguidos los trámites de ley, tuvo verificativo la audiencia constitucional al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, es legalmente competente para conocer y resolver del presente juicio de amparo, en términos de lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 35 y 37 de la Ley de Amparo, 1°, fracción V, 49 y 61, fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y conforme a lo previsto en el Acuerdo 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece, dado que se reclama un acto de naturaleza laboral atribuido a autoridades en esa materia en la jurisdicción que corresponde a este órgano constitucional. Previamente a la precisión del acto reclamado, se destaca que conforme a lo dispuesto en el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, para la resolución del presente asunto se citan, entre otras tesis, jurisprudencias integradas conforme a la legislación de amparo abrogada, al no oponerse a lo previsto en la Ley de la Materia vigente. Apoya a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 10/2016 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 27, Febrero de dos mil dieciséis, Tomo I, Materia, Común. Página: 705, Décima Época, Registro, 2010982 de rubro y texto: "JURISPRUDENCIA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN Y DE LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. LA REFORMA AL ARTÍCULO 1o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 10 DE JUNIO DE 2011, NO IMPLICA QUE LA EMITIDA CON ANTERIORIDAD A AQUÉLLA SE TORNE OBSOLETA. La citada reforma que dio origen a la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación, no implica que la jurisprudencia emitida en términos de los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo abrogada, con anterioridad a aquélla, se torne obsoleta, por el contrario, sigue vigente y es obligatoria. No obsta a lo anterior, el hecho de que tomando como sustento el cambio de parámetros que originó el nuevo contenido del artículo 1o. constitucional, los órganos autorizados para integrar jurisprudencia puedan variar algunos de los criterios sostenidos tradicionalmente, atendiendo para ello a las particularidades de cada asunto". SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. En términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, debe fijarse de manera clara y precisa el acto reclamado. Ahora, de la lectura íntegra de la demanda de amparo, se advierte que en el caso se reclama: I.- De la Presidenta de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Morelos, lo siguiente: a.- La omisión de acordar el escrito por el cual se solicitó llevar a cabo la diligencia de requerimiento de pago dentro del expediente ********************. TERCERO. Acto reclamado inexistente. Previamente al estudio de la inexistencia del acto reclamado, resulta pertinente destacar el contenido de los artículos 1°, fracción I, 63, fracción IV y 75 de la Ley de Amparo, que estipulan: "Artículo 1º. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; [.]" "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: [.] IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional; y [.]" "Artículo 75. En las sentencias que se dicten en los juicios de amparo el acto reclamado se apreciará tal y como aparezca probado ante la autoridad responsable. No se admitirán ni se tomarán en consideración las pruebas que no se hubiesen rendido ante dicha autoridad. [.]". El artículo 1°, fracción I, de la Ley de Amparo establece que el objetivo del juicio de amparo es resolver toda controversia que se origine por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, es decir, se refiere a actos existentes, no probables o eventuales, conclusión que se corrobora con lo dispuesto por el diverso 75 de la propia ley, al establecer que en las sentencias que se dicten en los juicios de amparo el acto reclamado se apreciará tal como aparezca probado ante la autoridad responsable. Luego, al analizar el artículo 63, fracción IV, de la ley reglamentaria del juicio de amparo en armonía con los diversos 1º, fracción I, y 75, se advierte, sin lugar a dudas, que los actos reclamados deben estudiarse atendiendo a la fecha en que se presentó la demanda de amparo. Al rendir su informe justificado la Presidenta de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos (foja 9); manifestó que es cierto el acto reclamado, sin embargo, de las documentales remitidas con su informe justificado, a las que se les concede valor probatorio pleno, con apoyo en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la Materia, por disposición de su artículo 2º, se aprecia que la responsable no incurrió en la omisión que se le imputa. Lo anterior, toda vez que mediante auto de dieciocho de mayo de dos mil veintidós (fojas 23 y 24), dictado en el juicio laboral de origen, se acordó la promoción presentada y comisionó al actuario adscrito a fin de que desahogara la diligencia de requerimiento de pago y embargo; proveído que fue notificado a la parte actora el veinticuatro de junio de dos mil veintidós, es decir, con anterioridad a la fecha de presentación de la demanda de amparo (veintiséis de mayo de dos mil veintitrés, foja 1). Aunado a lo anterior, el treinta de agosto del año próximo pasado, la actuaria adscrita a la junta responsable intento desahogar la diligencia de requerimiento de pago en el juicio laboral ********************, sin que haya tenido éxito, por los motivos asentados en el acta relativo (fojas 26 a 28). Bajo esas circunstancias, se pone de manifiesto la inexistencia de la omisión que se reclama a la Presidenta de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Morelos, en virtud de que, como se dijo al momento de la presentación de la demanda de amparo (veintiséis de mayo de dos mil veintitrés), la responsable ya había acordado la promoción presentada en la que se solicitó llevar a cabo la diligencia de requerimiento de pago dentro del expediente ********************. Apoya lo anterior, la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Octava Época del Semanario Judicial de la Federación con los siguientes datos Registro: 206346, Instancia: Segunda Sala. Tipo de Tesis: Jurisprudencia. Número 79. Julio de 1994. Materia(s): Común. Tesis: 2a. /J. 3/94. Página: 15. cuya sinopsis es la siguiente: "ACTO RECLAMADO. SU EXISTENCIA DEBE RELACIONARSE CON LA FECHA EN QUE SE PRESENTO LA DEMANDA. La existencia del acto reclamado debe analizarse, por regla general, atendiendo a la fecha en que se presentó la demanda de amparo, pues de otra manera la sentencia tendría que ocuparse de actos posteriores y distintos a los que dieron origen a la queja." Sin que desde esa fecha se advierta una nueva solicitud para llevar a cabo el requerimiento de pago a la demandada y que la autoridad responsable haya sido omisa en atenderla, en el entendido que es necesaria la actividad del actor para continuar la ejecución del laudo. Apoya lo anterior, la tesis aislada sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Decimoctavo Circuito, consultable en la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación con los siguientes datos Registró: 2002144. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Tipo de tesis: Aislada. Noviembre de 2012. Materia(s): Laboral. Tesis: XVIII.1o.2 L (10a.). Página: 1860. cuya sinopsis es la siguiente: "EJECUCIÓN DE LAUDO EN EL JUICIO LABORAL BUROCRÁTICO DEL ESTADO DE MORELOS. PARA LLEVAR A CABO EL PROCEDIMIENTO RESPECTIVO ES INDISPENSABLE LA SOLICITUD EXPRESA Y LA POSTERIOR INTERVENCIÓN DE QUIEN OBTUVO RESOLUCIÓN FAVORABLE. Conforme al artículo 151 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, de aplicación supletoria a la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, la primera actuación en el procedimiento de ejecución por parte del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje se inicia a petición expresa del actor, para enseguida dictar acuerdo ordenando la ejecución del laudo a través de la presencia de un actuario en compañía de la parte actora en el domicilio de la demandada, a fin de requerirle el cumplimiento de la resolución bajo el apercibimiento de que en caso de no hacerlo, se le impondrán las medidas de apremio previstas en la ley, específicamente las descritas en el artículo 124 de la citada ley del servicio civil, es decir, para llevar a cabo el procedimiento de ejecución de un laudo es indispensable la solicitud expresa y la posterior intervención de quien obtuvo resolución a su favor, adquiriendo por esa razón el carácter de ejecutante. Sostener lo contrario, implicaría desconocer la razón de ser de la figura jurídica de la prescripción prevista en el artículo 106, fracción III, de la referida ley, que establece que prescriben en dos años las acciones para ejecutar las resoluciones del tribunal. De ahí que el impulso para la ejecución de un laudo burocrático no corresponde al presidente ejecutor, pues es necesaria la intervención del actor." Asimismo, cabe destacar que la negativa de la existencia del acto reclamado en el juicio de amparo, arroja la carga probatoria a la parte quejosa para demostrar su existencia, sin que hasta el dictado de la presente resolución, haya realizado manifestaciones al respecto, u ofrecido prueba alguna con la que acreditara la omisión reclamada, transcurriendo debidamente el plazo establecido en el artículo 117 de la Ley de Amparo. Circunstancia que pone de manifiesto la inexistencia del acto reclamado a la autoridad señalada como responsable. En esas circunstancias, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de la Materia, procede sobreseer en el juicio respecto de la autoridad y por el acto precisado en este considerando. En virtud del sentido del presente fallo, resulta inadmisible jurídicamente estudiar los conceptos de violación formulados por la parte quejosa, pues frente al análisis del fondo del asunto se presentó una razón de mayor relevancia como lo es el sobreseimiento por inexistencia del acto reclamado; por tanto, al actualizarse un impedimento procesal para conocer de este asunto, este órgano jurisdiccional se encuentra legalmente imposibilitado para analizar el tema debatido, sin que ello pueda ser considerado como una negación de justicia, pues así lo obliga la ley y jurisprudencia aplicable al caso. Sustenta lo anterior, la tesis con registro 239006, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Volumen 24, Tercera Parte, materia común, página 49, de rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio". CUARTO. Protección de datos personales. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 6, Base A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como en los numerales 1, 3, 11, fracción VI, 16, 68, 110, 113, y 118, todos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con los diversos preceptos 1, 3, fracciones IX y X del decreto por el que se expide la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicados en el Diario Oficial de la Federación nueve de mayo de dos mil dieciséis y el veintiséis de enero de dos mil diecisiete, respectivamente, se hace del conocimiento de las partes que este órgano jurisdiccional con el objeto de respetar el derecho humano de acceso a la información elaborará la versión publica protegiendo los datos considerados sensibles, confidenciales o reservados. Por lo anteriormente expuesto y fundado, y con apoyo en los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los artículos 1, fracción I, 61 a 63, 73 a 76 y demás relativos y aplicables de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: ÚNICO. SE SOBRESEE en el juicio de amparo promovido por ********************, respecto de la autoridad y acto precisados en el considerando segundo, así como por los motivos expuestos en el considerando tercero de esta sentencia. Notifíquese.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, a veintisiete de junio de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal que guardan los autos del presente juicio, se advierte que por acuerdo de veintidós de junio del año en curso, se dio vista a las partes con el informe justificado rendido por la Presidenta de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Morelos, por lo que no ha transcurrido el plazo de ocho días establecido en el segundo párrafo del artículo 117 de la Ley de Amparo, que debe mediar entre la fecha de notificación a las partes de dicho informe y la de celebración de la audiencia constitucional; en consecuencia, se difiere y se fijan las DIEZ HORAS CON DOS MINUTOS DEL VEINTICINCO DE JULIO DE DOS MIL VEINTITRÉS, para su celebración. Lo anterior, encuentra sustento en la jurisprudencia P./J. 54/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 29/98, visible en la página 5, Tomo XI, Abril de 2000, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyo rubro establece: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. DEBE, EN PRINCIPIO, DIFERIRSE DE OFICIO CUANDO LOS INFORMES JUSTIFICADOS NO SE RINDEN CON OCHO DÍAS DE ANTICIPACIÓN A LA PRIMERA FECHA SEÑALADA PARA SU CELEBRACIÓN, SI EL QUEJOSO O EL TERCERO PERJUDICADO NO TIENEN CONOCIMIENTO DE SU CONTENIDO." Notifíquese.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, a veintidós de junio de dos mil veintitrés. Agréguese a los presentes autos el informe justificado rendido por la Presidenta de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Morelos; por tal motivo, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes con dicho informe para que se impongan de su contenido y manifiesten lo que a su interés convenga. De igual forma, con apoyo en los numerales 9 y 26, fracción II, de la ley en cita, se tienen como sus delegados a las personas que menciona, y por señalado para oír y recibir notificaciones el domicilio que indica, siempre y cuando corresponda al de su residencia oficial. Por otra parte, con fundamento en los arábigos 119 y 123 del cuerpo normativo en mención, se tienen por ofrecidas las documentales que anexa, mismas que se desahogan por su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de su relación al momento de celebrar la audiencia constitucional. Notifíquese.
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