Carlos Aaron Guzman Reyes
Expediente 198/2018 tramitado ante el Juzgado Decimotercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 13 actuaciones registradas, la última del 25 de mayo de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 198/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 13
- Última actuación
- 25/05/2018
Partes del expediente
- Carlos Aaron Guzman Reyes
Actuaciones
Las 4 más recientes de 13.
- Principal
Ciudad de México, a veinticinco de mayo de dos mil dieciocho. Vistas la constancia y certificación que anteceden, se advierte que no se recurrió la sentencia que sobresee en el juicio; en consecuencia, con fundamento en los artículos 86 de la Ley de Amparo, 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley en cita, se declara que ha causado ejecutoria dicha sentencia. En tal virtud, al no existir diligencias pendientes por desahogar, téngase este asunto como concluido y con fundamento en el precepto 214 de la Ley de Amparo, interpretado en sentido contrario, en su oportunidad envíese al archivo. En cumplimiento al punto décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de Distrito, toda vez que se sobreseyó en el juicio, que en autos no constan documentos originales exhibidos por las partes y que este expediente carece de relevancia documental, de conformidad con los puntos cuarto y décimo del acuerdo general en cita, una vez que transcurra el plazo de tres años que estipulan tales disposiciones, transfiérase el expediente en que se actúa a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la inteligencia que es susceptible de destrucción por encontrarse en la hipótesis a que se refiere la fracción II del punto vigésimo primero del referido acuerdo, hágase constar lo anterior en la carátula de este expediente. Asimismo, deberán conservarse los proveídos integrantes del cuaderno original del incidente respectivo, en los que en su caso, se haya concedido la suspensión ya sea provisional o definitiva, en términos del segundo párrafo de la fracción III de la disposición en consulta, siendo depurables los restantes. Por otra parte, con sustento en el punto vigésimo, fracción III del Acuerdo General en comento, toda vez que se cuenta con el expediente original del incidente de suspensión, el duplicado del mismo es susceptible de destrucción por este órgano jurisdiccional, en los seis meses posteriores al dictado de esta resolución, por lo que se señala como fecha probable para ello el veintiocho de noviembre de dos mil dieciocho. Con la finalidad de facilitar el cumplimiento de los lineamientos establecidos en el acuerdo general conjunto citado, elabórese el presente proveído por triplicado para que se integre en el incidente de suspensión.
- Principal
Vistos, para resolver los autos del juicio de amparo 198/2018, promovido por Carlos Aaron Guzman Reyes, contra el acto reclamado de la Subsecretaria Penitenciaria de esta ciudad y otras autoridades; y R E S U L T A N D O: I. Por escrito presentado el veinte de marzo de dos mil dieciocho, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en esta Ciudad, que por razón de turno correspondió conocer a este juzgado, el quejoso en cita solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra el acto que se precisará en el considerando segundo. II. El promovente de amparo narró los antecedentes del acto reclamado, formuló los conceptos de violación que consideró pertinentes e indicó que se transgreden sus derechos públicos subjetivos previstos en los artículos 1, 2, 3, 4, 17, 18, 19, 21 y 22, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. III. En la misma fecha, se admitió a trámite la demanda registrada con el orden 198/2018; se requirió a las autoridades responsables rindieran su informe justificado; se dio al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención legal que le compete; finalmente, se fijó fecha y hora para la audiencia constitucional, la cual tuvo verificativo al tenor del acta que antecede; y C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Este juzgado es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio, de conformidad con los artículos 103, fracción I, y 107, fracciones I y VII, constitucionales, 37 y 107, fracción II, de la Ley de Amparo, 51, 144 y 145 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en razón de la naturaleza jurídica de los actos reclamados. SEGUNDO. Conforme al artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo y la jurisprudencia que bajo el orden 169 aparece publicada en la página 207 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Tomo I, Materia Constitucional, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que enseguida se invoca, debe en principio hacerse la fijación clara y precisa del acto reclamado. Dicho criterio es del rubro siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD". En este orden de ideas, del análisis integral de todos los elementos de la demanda y de las constancias de autos, se precisa que el acto reclamado en este juicio consiste en la orden de traslado ejecutada, en razón de que se llevó a cabo el veintisiete de febrero pasado y se atribuye a la Subsecretaria Penitenciaria; Director del Centro Varonil de Seguridad Penitenciaria (CEVASEP I) y Director de la Penitenciaría de Santa Martha Acatitla, todos de la Ciudad de México. TERCERO. Son ciertos los actos reclamados de las autoridades mencionadas, ya que así lo afirmaron en su informe de ley, certeza que se corrobora con las copias certificadas que remitió el Subsecretario del Sistema Penitenciario de la Ciudad de México, documentales que tienen pleno valor probatorio, de conformidad con el artículo 129, en relación con los diversos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. No obstante la certeza de dicha orden, en el caso no se analizará el fondo del asunto, en virtud de que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que señala: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado.". De dicho precepto se obtiene que el juicio de amparo resulta improcedente cuando el acto reclamado deja de incidir en la esfera jurídica del peticionario, de modo que ya no puede producir efecto alguno. Ahora, conviene precisar que tal hipótesis puede actualizarse por dos circunstancias distintas: 1. Porque el acto reclamado sea sustituido procesalmente por otro. 2. Porque la responsable determinó revocarlo, anulando todos los efectos que producía. Este órgano de control constitucional concluye que en el caso se actualiza el primero de los supuestos mencionados para que opere la cesación de efectos del acto controvertido, ya que el subsecretario en cita solicitó a la Juez Vigésimo Sexto Penal de esta ciudad, se pronunciara en definitiva respecto de dicho traslado en la causa penal 42/2008, la que mediante proveído de seis de marzo de dos mil dieciocho calificó de legal el referido traslado. Por tanto, en la especie se actualiza la sustitución procesal del acto reclamado por otro diverso y, por ese motivo, no es factible realizar el estudio de las posibles violaciones que se hubieran cometido en aquel acto, sin afectar el nuevo contexto generado por el posterior, primordialmente porque la afectación a la esfera jurídica del amparista ya no se determina por el acto reclamado consistente en la orden de traslado referida, sino que ahora se rige por el nuevo acto contenido en la resolución emitida por la juez mencionada, determinación que rige la situación actual del amparista. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Tercer Circuito, publicada en la página 1579, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIII, febrero de 2006, titulada: "ACTO RECLAMADO. CESACIÓN DE SUS EFECTOS". Dicho de otra forma, la determinación emitida por la Juez Vigésimo Sexto mencionada, en que se pronunció en definitiva respecto del traslado del quejoso, sustituyó la diversa contenida en el oficio SG/SSP/0760/2018 (foja 140 del juicio de amparo) en que hace referencia al Acuerdo del Comité Sesión Segunda Extraordinaria de veintiséis de febrero pasado, en la que se determinó el traslado de internos a distintos centros penitenciarios, acorde al Dictamen Estructural de la Penitenciaría de Santa Martha, cesando las consecuencias que producía, porque tal determinación ya no agravia al quejoso, puesto que ahora es aquélla la que podría ocasionarle perjuicio. En tales condiciones, es evidente que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la ley de la materia por cuanto hace al acto consistente en la orden de traslado reclamada, contenida en el oficio SG/SSP/0731/2018 (foja 60 del juicio de amparo) de veintiséis de febrero de este año. Sobreseimiento que se hace extensivo por cuanto hace a los actos de ejecución reclamados del Director del Centro Varonil de Seguridad Penitenciaria (CEVASEP I) y Director de la Penitenciaría de Santa Martha Acatitla, ambos de la Ciudad de México, en razón de que no puede examinarse la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto de ejecución si no se combate por vicios propios. Apoya lo anterior, la jurisprudencia de la anterior Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 339, Primera Parte, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, Tomo VI, 1917-1995, de rubro: "SOBRESEIMIENTO RESPECTO DE LOS ACTOS DE LAS AUTORIDADES ORDENADORAS. PROCEDE PARA LOS DE LAS EJECUTORAS CUANDO LA EJECUCIÓN NO SE COMBATE POR VICIOS PROPIOS". Sin que en la especie se haya estimado necesario dar vista al quejoso, a fin de que manifestara si era su deseo ampliar la demanda de amparo respecto del acuerdo de seis de marzo pasado, en virtud de que el mismo le fue debidamente notificado al día siguiente y no se inconformó con el mismo. Por lo expuesto y con apoyo en los artículos 63, 73, 74, 75, 124 y 217, de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: ÚNICO. Por las razones expuestas en el considerando tercero, se sobresee en el juicio de amparo promovido por Carlos Aaron Guzman Reyes, contra el acto consistente en la orden de traslado ejecutada, atribuido a la Subsecretaria Penitenciaria; Director del Centro Varonil de Seguridad Penitenciaria (CEVASEP 1) y Director de la Penitenciaría de Santa Martha Acatitla, todos de la Ciudad de México.
- Principal
Ciudad de México, a dieciséis de abril de dos mil dieciocho. Agréguense a los autos el comunicado y anexo de cuenta, provenientes del Juzgado Vigésimo Sexto Penal de esta ciudad, mediante el cual da cumplimiento a lo requerido en proveído de once de abril del año en curso.
- Principal
Ciudad de México, a once de abril de dos mil dieciocho. Agréguese a los autos la constancia de notificación realizada al quejoso, de la que se advierte lo siguiente: ".si me fue notificado el acuerdo del 6 de Marzo del año en curso, emitido por el Jusgado 26 penal.". En atención a lo anterior, se tienen por hechas sus manifestaciones, y considerando que afirma tuvo conocimiento del acuerdo de seis de marzo pasado, dictado por la Juez Vigésimo Sexto Penal de esta ciudad, sin especificar la fecha, por tanto, requiérase a ese órgano jurisdiccional (autoridad no responsable), para que en el plazo de tres días contado a partir de la notificación de este auto, informe la fecha en que notificó el citado proveído al quejoso, en la causa penal 42/2008, asimismo, remita copia certificada completa, legible y ordenada que acredite su dicho, a fin de que este juzgado provea lo correspondiente. Se le apercibe que de no hacerlo se le impondrá multa de cincuenta veces la Unidad de Medida y Actualización, con apoyo en la fracción I del numeral 237, en relación con el precepto 259 de la Ley de Amparo.
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